Salud, trabajadores!!

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Totalmente impune

Por Leandro Grille – Caras y caretas – 28 4 19

Ahora sabemos, por su  propia confesión ante un Tribunal de Honor, que Nino Gavazzo trasladó el cuerpo de Roberto Gomensoro en marzo de 1973 y lo arrojó en el lago de Rincón del Bonete. Sabemos por los testimonios de Jorge Silveira, que era su subalterno en ese entonces, que Gavazzo lo mató seis días antes de que el cuerpo apareciera flotando en el agua. Sabemos por el testimonio del general retirado Enrique Debal que el cuerpo de Gomensoro colgaba ya sin vida en un galpón al fondo de Artillería 1 y que Gavazzo estaba junto a él con los cables de la picana. 

Sabemos, porque Debat lo testificó, que esa noche en el casino de oficiales sólo se hablaba de ese homicidio, que el cuerpo sería fondeado en el lago cerca de Paso de los Toros para ocultarlo y que otro de los encargados de trasladarlo sería el capitán Ruben Sosa Tejera.

Ahora que sabemos todo eso, en una secuencia violenta e inexplicable, la jueza de Canelones Elsa Montín dispuso beneficiar a Gavazzo, que goza de prisión domiciliaria desde 2015, retirándole la tobillera y suspendiéndole la vigilancia de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida por un supuesto problemas de salud, mientras la jueza de Paso de los Toros, donde radicaba la causa por el asesinato de Gomensoro, resolvió no reabrir la investigación, pese al pedido del fiscal Perciballe, porque le parece que no hay suficientes fundamentos jurídicos.

Tenemos entonces, por un lado, un crimen atroz aclarado y en buena parte reconocido por su autor -por lo menos confesó que ocurrió en su cuartel y que se deshizo del cuerpo-, confirmado por su subalterno y hasta por un testigo ocular del homicidio, pero igual el Poder Judicial se niega a reabrir el caso y hacer justicia. 

Y todo esto cuando el asesinato de Gomensoro no está ni siquiera comprendido por los supuestos de la Ley de Caducidad porque ocurrió en marzo de 1973,  tres meses antes del golpe de Estado, y así lo ratificó el Poder Ejecutivo mediante un decreto del 10 de junio de 2010, con la firma del expresidente José Mujica.

Es notable la solidez de la impunidad. No se sostiene sólo en la omertá que ha reinado en las fuerzas armadas y que ha impedido encontrar a los desaparecidos, ni en la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado ni en la poca o nula voluntad de investigar que hayan tenido las autoridades de la posdictadura. 

Cuando un crimen se aclara, un desaparecido aparece y se determina quién lo mató, dónde, cuándo, cómo se deshicieron del cuerpo y hasta se confirma que lo mataron antes del período comprendido por la impunidad, opera la pusilanimidad de jueces que directamente se hacen los bobos ante un caso evidente, flagrante, insoslayable, por cuya omisión de denuncia fue destituido la mitad del generalato y cayeron las autoridades del Ministerio de Defensa.

En otro orden, la actitud benefactora de la jueza Montín con este salvaje es insultante. Gavazzo es un asesino múltiple, torturador, cobarde, repudiado hasta por sus camaradas de armas. Es el peor entre los peores, y aun así goza del privilegio de la prisión domiciliara por razones de edad y salud, lo cual es harto discutible e indignante, pero si a la jauja de la prisión domiciliaria además se le quita la tobillera y la vigilancia, la diferencia con la libertad ambulatoria es una sutileza administrativa. 

Y Gavazzo, que sigue siendo una bestia sin ninguna clase de remordimiento, la va aprovechar para fugarse a disfrutar una fortuna mal habida, prófugo para siempre en un lugar recóndito e inaccesible para nuestra Justicia, que, por cierto, lo más probable es que ni lo busque, dado los profusos antecedentes de fanática indulgencia con los responsables de los crímenes de la dictadura.

La reapertura del caso Gomensoro es ineludible. Si no se reabre en Paso de los Toros, donde apareció el cuerpo, debe investigarse en Montevideo, donde fue asesinado. Es un caso clave que debe permitir alcanzar otras alturas, más allá de los ejecutores materiales. Porque Gavazzo no actuó solo, sino que lo hizo en el marco de instituciones que lo ampararon y el asesinato sucedió en un cuartel. 

Las Fuerzas Conjuntas lo encubrieron, los principales diarios difundieron la noticia falsa de que Gomensoro se había fugado  y las autoridades políticas de ese gobierno del Partido Colorado estuvieron al tanto. Hay que tirar de la madeja hasta desentrañar toda la urdimbre de este homicidio, sus cómplices y sus partícipes necesarios, militares, civiles y, sobre todo, los jerarcas políticos.

Los que se la han llevado de gratis todos estos años y blanden una perversa teoría de los dos demonios, para no asumir el cargo de ser el demonio omitido, el que nunca aparece como culpable, el verdadero instigador y beneficiario de los años de oprobio, o acaso nos vamos a creer que los militares actuaron solos, por sí y ante sí, despegados de todo, bajo el mando de nadie, armados de una doctrina genocida huérfana de arquitectos de guante blanco.

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(*) La difusión de la presente nota periodística es meramente de carácter informativo y no supone ningún grado de aceptación y/o compromiso con los conceptos, juicios o comentarios que en la misma se formulan.

Rastros de unos vagones

Rastros de unos vagones perdidos

Canelones tendrá el primer sitio de memoria del

país concebido según los protocolos internacionales.

Por Mariana Abreu – Brecha  - 26 4 19

Foto: gentileza equipo de excavación arqueológica.

La investigación antropológica de un antiguo centro clandestino de tortura en Canelones, próximo a convertirse en sitio de memoria, reafirma que la lógica represiva de la dictadura no fue la misma en todos los rincones del país. La formación de quienes practicaban la tortura y el vínculo entre secuestrados y represores son algunas de las características que distinguen a Los Vagones de los centros clandestinos de la capital.

Año 1976, faltaba poco para la primavera. Caminaba por la plaza cuando sintió el caño del revólver en sus costillas. Dos policías vestidos de civil lo empujaron hasta una combi y le taparon los ojos con la bufanda que llevaba. La noche estaba fresca. Prestó atención al sentido de la marcha de la camioneta y a las veces que doblaba, hasta que se desorientó. El vehículo se detenía a recoger a otros como él.

No supo dónde se encontraba hasta después de algunos días, cuando se las ingenió para oír y ver a pesar de la capucha. Estaba secuestrado en el centro clandestino Los Vagones, en el barrio Olímpico de Canelones. El mote guarda relación con los vagones de tren que había en el interior de la edificación, junto a un conjunto de celdas y otras construcciones precarias.

Eduardo Saldombide, ahora con 65 años, vuelve a estar parado donde antes se hallaban los vagones. “Nos tenían en un baño, todos de plantón. Cada tanto entraban, sabíamos por el olor a cigarro, y si te habías aflojado o recostado un poco a la pared, ya te daban. Los vagones se usaban para interrogatorios, en el pasillo que los separaba te colgaban con las manos hacia atrás hasta que te desmayabas”, cuenta.

Saldombide, que era militante estudiantil y tenía 23 años cuando lo secuestraron, nunca vio al resto de los presos con los que convivió, pero les conocía la voz. Eran alrededor de 15; los policías los llamaban “cerdos” o “ratas de caño”.

“El primer ablande –dice– era usarte de pelota de fútbol.” “Había un patio al que nos llevaban cuando traían a alguien de Punta Carretas. Nos sacaban de la mano con unos lentes sellados, para que no pudiéramos ver, y nos dejaban ahí unos días mientras atormentaban a los compañeros que habían traído”, relata el ex preso. También había simulacros de fusilamiento: “Te llevaban a un terreno, te decían ‘acá vinimos a fusilarte, como ya fusilamos a tu hijo’, y te mostraban una camiseta con manchas que parecían sangre”.

Saldombide permaneció en Los Vagones alrededor de dos meses, hasta que fue “blanqueado” y marchó a la cárcel procesado por “encubrimiento a la asociación subversiva”. Sobre los días en el centro clandestino recuerda: “Nos preparábamos para morir”.

MATERIALIDADES REPRESIVAS.

Un grupo de antropólogos excava y mide el predio ruinoso que contenía los vagones. La mayoría de las estructuras de la época en que el sitio funcionó como centro clandestino no se conserva. Reconstruir ese espacio, y entender cómo se utilizaba y con qué intencionalidad es la tarea a la que está abocado el equipo.

“En Uruguay las investigaciones oficiales sobre el terrorismo de Estado están centradas sólo en un crimen de lesa humanidad: el de los desaparecidos. Todo aquello que no se vincula materialmente con los desaparecidos no se indaga, por eso Los Vagones no aparecen en ninguna investigación oficial”, señala Carlos Marín, ex integrante del Grupo de Investigación en Arqueología Forense de la Udelar y uno de los antropólogos que trabajan en el lugar.

Más allá de que, aun sin desaparecidos, el sitio pueda albergar pruebas que documenten ante la justicia violaciones a los derechos humanos, el interés por preservar Los Vagones no existió siempre. En el predio, ya entrada la democracia, funcionó una policlínica y, cuando esta cerró, fue una intendencia frenteamplista la que estuvo a punto de destruir el lugar. La demolición no llegó a concretarse debido a las reivindicaciones de ex presos políticos que habían sido secuestrados allí. 

En 2016 la recién creada Secretaría de Derechos Humanos de la comuna de Canelones se propuso hacer de Los Vagones un sitio de memoria, en conjunto con la Asociación de Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria, Ágora, integrada por ex prisioneros políticos.

“Los mejores lugares para contar los relatos sobre la dictadura y los crímenes de lesa humanidad, y acercar esas historias a la gente, son los propios espacios donde ocurrieron, esos nodos represivos que fue instalando el Estado desde una lógica sistemática”, dice Marín. 

En eso consisten los llamados “sitios de memoria”, definidos por la ley 19.641 como lugares donde las víctimas del terrorismo de Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos “por motivos políticos, ideológicos o gremiales”, que se abren al público para la recuperación de memorias y como forma de reparación “a las víctimas y a las comunidades”.

“Cualquier objeto material, un lugar, un paisaje, tiene una biografía que devela información. Mediante el análisis de la evolución arquitectónica y estratigráfica de Los Vagones se puede determinar cómo era la fisonomía del espacio cuando fue centro clandestino”, explica el investigador.

El estudio arqueológico se complementa con las memorias de las personas que se vincularon al lugar, las de los ex prisioneros, vecinos e, incluso, las de personas que trabajaron para la Policía. “No se llega a nada sin una mínima colaboración de alguien que no tuviera los ojos vendados”, ilustra la directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la intendencia canaria, Valeria Rubino.

Hay otros “aportes” que provienen desde los propios represores y echan luz sobre algunas cuestiones, aun sin proponérselo. Comenta un habitante de Canelones que cuando uno de los torturadores de Los Vagones vio la noticia sobre la aspiración de preservar la memoria del ex centro clandestino escribió en su cuenta de Facebook: “Por fin alguien reconoce el trabajo que hicimos por la patria”.

MATICES.

La investigación sobre Los Vagones arribó a importantes conclusiones: “Es un modelo totalmente distinto al de otros centros clandestinos, como el 300 Carlos o La Tablada. Estos últimos, ubicados en Montevideo y gestionados por militares, funcionaron en una lógica represiva mucho más sistematizada dentro de los parámetros del Plan Cóndor. Los Vagones, gestionados por policías,1 bebe más de la tradición represiva de la propia fuerza policial que se remonta a la dictadura de Gabriel Terra y se aplica luego a los presos comunes”.

En Los Vagones, a diferencia de los centros clandestinos montevideanos, la tortura se aplicó de forma sistemática pero no sistematizada. En este sentido, el informe preliminar del equipo de antropólogos indica: “Gracias a las entrevistas realizadas podemos saber que los propios policías se quejaban de no tener ni las infraestructuras ni el conocimiento especializado que tenían los especialistas en tortura del Ejército. (…) Se ven intentos de imitar las tecnologías represivas al uso del Plan Cóndor, pero sin la capacidad para llevarlas a cabo. Si bien a lo largo de 1976 se amplió el baño de la pared norte, instalando una bañera con patas para realizar el submarino, en 1975 este se intentaba hacer con un balde de agua en el que prácticamente no cabía la cabeza del prisionero. Del mismo modo la picana era sustituida por dos cables pelados que se hacían sostener al detenido, pero que no estaban conectados a la red eléctrica”.

Marín señala que en el 300 Carlos y La Tablada los secuestrados fueron totalmente deshumanizados, pero en el centro canario hubo “tanto torturas y bestialidad como actos de humanidad”. Resta por investigar, dice, qué sucedió en otros espacios represivos del Interior.

El principal hallazgo arqueológico son los cuatro grandes bloques de hormigón que hacían de sustento de los vagones; estos corroboran que el lugar fue preparado para trasladar las unidades de tren y develan la clara intención de modificar el espacio con fines represivos.

“Ha habido una destrucción de los muros, de las celdas, de los baños, los vagones no están (la Intendencia continúa buscándolos). Muchos centros clandestinos en Argentina han sido destruidos para ocultar el uso que tuvieron. ¿Es el caso de Los Vagones o la destrucción se debe a la necesidad de reutilizar el espacio?”, pregunta Marín, quien, de todos modos, afirma: “Por muchas evidencias que quieran borrar, la arqueología siempre va a encontrar restos que permitan reconstruir el espacio”.

EL VECINO TORTURADOR.

La cercanía entre los habitantes de una ciudad del interior del país, como Canelones, es una particularidad respecto de la circunstancia montevideana. Muchos de los policías no sólo conocían previamente a los presos políticos, sino que, en algunos casos, eran sus vecinos, los médicos –del pueblo– o las maestras de sus hijos.

Saldombide y sus compañeros conocían a varios de los represores de Los Vagones desde antes de ir a parar a ese lugar: “Nos sorprendió que hubiera gente que había jugado al fútbol con nosotros, que había compartido con nosotros, actuando a ese nivel”.

“Pudo haber alguno que haya sido más benevolente con alguien que conocía, si te habías criado con él, si te valoraba; ese a vos no te tocaba”, dice el ex prisionero, que agrega no haber sido testigo de la empatía de los policías, salvo cuando una guardia femenina le dio los saludos que le enviaba un conocido.

Son otros los testimonios, recogidos por los antropólogos, que mencionan ciertos gestos de humanidad por parte de algunos de los represores. “Uno de los policías viejos, pobre, con una familia numerosa, tenía una vaca y se ganaba un sobresueldo vendiendo leche a la gente del pueblo. Él llevaba parte de esa leche a Los Vagones para dársela a las mujeres; lo hacía a escondidas”, ilustra Marín. 

Otro caso es el de un grupo de obreros de la construcción, sindicalistas, a quienes les permitieron hacer tareas de albañilería: “Tenían la preparación del Partido Comunista de cómo hay que resistir, sabían que trabajar era la mejor forma de que no los deshumanizaran. Ellos terminaron la pared del patio de atrás y los llevaban andando hasta la cárcel para hacer reformas, sin capucha ni esposas”.

“A los que no conocíamos los conocimos después”, cuenta Saldombide sobre quienes “trabajaban” en Los Vagones. A algunos se los cruza en la calle hasta el día de hoy: “Debe de ser peor para ellos que para nosotros, ¿no? No creo que una persona medianamente cuerda, por más que la hayan convencido de que éramos vendepatrias, como decían ellos… Con el paso del tiempo, supongo que a alguno le debe de remorder la conciencia”.

DONDE ANCLAR LA MEMORIA.

El primer paso para convertir un lugar en un espacio de memoria es documentarlo. A ello se dedica el equipo contratado por la Intendencia de Canelones (que incluye arqueólogos, arquitectos y museólogos) y Ágora, que ha buceado en los archivos y recabado decenas de testimonios. Sobre la investigación se cimienta la siguiente etapa: la creación de una propuesta arquitectónica y expositiva para construir el sitio de memoria.

“Como todo el proceso, la propuesta de intervención será consensuada entre el Estado y la sociedad civil”, afirma la directora de Derechos Humanos de la Intendencia. “Es una zona que se inunda seguido, lo que dificulta la conservación de los materiales. Por otro lado, hay que pensar en algo que vaya más allá de un memorial clásico, porque el lugar tiene la capacidad de contar la historia de una forma más completa y de ser recorrido”, sostiene.

Por el momento, se piensa en hacer de Los Vagones un museo a cielo abierto, “que pueda funcionar sin mucho mantenimiento y recibir tanto a personas que llegan por su cuenta como visitas guiadas”, explica Rubino, que agrega que “los sitios de memoria no tienen que seguir una fórmula determinada, sino aprovechar las características del entorno”.

“No se trata de salir a buscar dos vagones iguales y hacer un falso histórico, sino de evocarlos, de explicarlos, de reconstruirlos de forma reversible, ya sea con tecnología 3D, sobre un papel o en una pantalla, o mediante una arquitectura efímera, por si hay que sacarla y seguir investigando”, dice Marín, aunque todavía no se hayan abierto causas judiciales que involucren Los Vagones.

“Es la primera vez en Uruguay que se erige un sitio de memoria con todas las fases, como hay que hacerlo, con la investigación histórica, arqueológica y en vínculo con el entorno. Esto no sucedió en la Casona de Palmar (la actual sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos), donde primero se destruyó todo y luego se hizo el sitio de memoria”, señala el antropólogo. “El proceso de Los Vagones es el inverso –añade–, primero se ve cómo es el sitio y la intervención arquitectónica se hace en función de eso.”

Años atrás nuestro país suscribió el documento “Principios fundamentales para las políticas públicas en materia de sitios de memoria”, del Mercosur, que establece que el Estado debe preservar la materialidad de esos lugares como pruebas judiciales y convertirlos en sitios de memoria, incluidas las cárceles y los centros clandestinos. Por ello, según el investigador, el trabajo en Los Vagones es el que más se ajusta a los protocolos internacionales.

Los centros represivos buscaron instalar el terror también hacia el exterior de sus muros, por eso el documento sostiene que los sitios de memoria deben vincular tanto a los ex presos políticos como a la comunidad, que de alguna forma fue afectada. El caso de Los Vagones es paradigmático. 

La cualidad de clandestinidad del sitio está dada por la falta de reconocimiento oficial, y no por que la población desconociera su existencia. Además de los familiares de las víctimas, que les llevaban allí ropa y comestibles, los vecinos debían convivir con el centro.

Marín alude al testimonio de un vecino que relata que de pequeño su madre lo enviaba a buscar agua a Los Vagones, pues “en los setenta el barrio Olímpico, un barrio pobre, no tenía calles ni agua corriente y uno de los puntos de abastecimiento de agua estaba dentro del centro clandestino”. 

El antropólogo sostiene que existía una ambigüedad, en parte intencionada, en el vínculo con el barrio. Por un lado, se había colocado una malla de tela negra casi sobre las casas de los vecinos para que no tuvieran vista al sitio, pero, por el otro, se permitía que un niño ingresara al centro clandestino en busca de agua. Testimonios de otros vecinos de la época mencionan que los jóvenes jugaban al fútbol en los alrededores de Los Vagones mientras los policías armados hacían guardia en la zona.

“Si la comunidad no se apropia del sitio –dice el investigador–, el objetivo de preservar la memoria no se cumple.”

1.   Aunque Los Vagones era gestionado por el Departamento de Investigaciones de la Policía, se presume que respondía al Cuartel de San Ramón. Además, existía una clara coordinación entre militares y policías (que formaban las Fuerzas Conjuntas), y una articulación con otros centros clandestinos administrados por militares.

Coordenadas contra el olvido

El centro clandestino Los Vagones funcionó en dos espacios físicos distintos, en tiempos que aún no se pueden precisar con detalle. El primero estuvo instalado en la antigua escuela de Policía de Canelones, desde antes del golpe de Estado hasta 1975. El segundo, sobre cuyas ruinas se erigirá el sitio de memoria, operó en el barrio Olímpico, en la calle Rodó y la ruta 5, desde 1975 hasta fines de los años setenta o principios de los ochenta, según diversos testimonios.

Los Vagones pertenecían a la zona militar 1, que abarca Montevideo y Canelones, departamentos que constituyeron el eje de la lucha obrera y del movimiento estudiantil de la época. Más de cien prisioneros políticos estuvieron detenidos en este sitio. El grueso de ellos, militantes comunistas, socialistas y sindicalistas, permanecieron allí entre 1975 y 1976. Por estos espacios también circularon presos sociales, aunque de ellos se tiene menos información.

Múltiples significaciones

Los Vagones, además de ser un sitio donde se intenta preservar la memoria, es un hogar. Parte del predio permanece ocupado por una pareja de origen humilde con hijos pequeños, que acordó con la Intendencia de Canelones permitir el acceso al lugar y cuidar de él mientras aguarda ser realojada. La familia contó a Brecha que cuando se instaló en el sitio desconocía su historia, pero que poco a poco fue involucrándose con ella.

Como si todo acabara siendo un círculo, el tío del joven que vive actualmente en el ex centro clandestino fue desaparecido por la dictadura. Esta historia integra el documental Presentes, próximo a estrenarse, y fue contada desde el interior de los muros de Los Vagones.

La memoria del 300 Carlos

Hombres verdes y dorados

Es raro que haya pasto y pájaros alrededor del infierno, que el sol brille y bañe las paredes. El galpón conocido como “infierno grande” no intimida tanto.

Los prisioneros también lo llamaban “la fábrica”, por las máquinas que guarda hasta el día de hoy. Los militares lo bautizaron “300 Carlos” aludiendo, se sospecha, a un código de muerte (el número) y a Karl Marx (el nombre). Se trata del centro clandestino de detención y tortura que funcionó durante la dictadura en el Servicio de Material y Armamento del Ejército, próximo al Batallón 13.

Dos uniformados escoltan a la quincena de visitantes que se desplazan por el predio con motivo de una recorrida organizada por el Museo de la Memoria.1 El galpón es húmedo, adentro hay más soldados y maquinaria. Cantidad de miniaturas de bronce, indiecitos y bustos de Artigas se desparraman sobre las mesas. En un rincón, el mate y el termo olvidado de algún oficial.

El techo de bóveda está muy alto y el espacio también es amplio hacia los costados. Subiendo las escaleras, están las oficinas, que antes fueron salas de tortura. Los visitantes escuchan el relato del antropólogo que los guía y olvidan los muñequitos dorados. Se imaginan encapuchados suspendidos en el aire y les parece estar escuchando alaridos en lugar de pájaros.

Como acostumbrado a la presencia de intrusos, o para matar el aburrimiento, un soldado fija los ojos en la pantalla de su teléfono. Sus pares continúan atendiendo en silencio cada movimiento de los visitantes, que no pueden dejar de preguntarse qué estarán pensando esos jóvenes uniformados.

1.   El museo pretende que el galpón deje de ser utilizado para tareas militares y se convierta en un sitio de memoria que involucre a vecinos, organizaciones e instituciones de la zona. Además, trabaja en un circuito de memoria barrial en el entorno del lugar.

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(*) La difusión de la presente nota periodística es meramente de carácter informativo y no supone ningún grado de aceptación y/o compromiso con los conceptos, juicios o comentarios que en la misma se formulan.

Otro escollo judicial

Fallo de Tribunal de Apelaciones pone freno a investigación contra 

Gavazzo por la desaparición del tupamaro Eduardo Pérez (*)

El fiscal Perciballe sostuvo que de mantenerse la posición, las investigaciones “se verán irremediablemente frustradas”

Búsqueda Nº 2017 - 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2019

Escribe Victoria Fernández

Foto AFP. Miguel Rojo

El tupamaro Eduardo Pérez, conocido como el Gordo Marcos, murió presuntamente como consecuencia de una bomba de gas que arrojaron en su celda en el cuartel de Artillería Nº 1, en 1974. José Gavazzo —condenado por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985)— admitió ante un Tribunal de Honor Militar que él tiró la granada. Pero dijo que Pérez se había puesto violento y estaba golpeando al personal. Y que luego lo llevaron al Hospital Militar y ya no volvió.

Jorge Pajarito Silveira, que era subordinado de Gavazzo en el Grupo de Artillería 1, dio otra versión. Según publicó El Observador el 30 de marzo —a partir de las actas del tribunal que investigó la responsabilidad de los militares retirados Gavazzo, Silveira y Luis Maurente en el llamado segundo vuelo y la muerte de 28 militantes de izquierda exiliados en Buenos Aires—, Silveira negó que Pérez se hubiera rebelado o insubordinado, y dijo que “el comentario” era que Gavazzo lo “gaseó” para interrogarlo.

La desaparición de Pérez está siendo investigada por el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien tras las revelaciones de las actas del Tribunal de Honor planeaba citar pronto a Gavazzo y a otros indagados (en el expediente también se investiga a Silveira y a Ernesto Ramas), dijeron a Búsqueda fuentes de la fiscalía.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2do turno puso un freno a esos planes. El fallo, al que accedió Búsqueda, revocó una decisión de la jueza de primera instancia Silvia Urioste y dispuso que la investigación se suspenda hasta tanto la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no resuelva una excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Gavazzo contra la creación de la fiscalía especializada para investigar los crímenes de la dictadura.

El fiscal Perciballe había decidido realizar una copia del expediente para elevar a la SCJ, y continuar indagando el caso mientras se resuelve la inconstitucionalidad. La jueza estuvo de acuerdo con la posición de la fiscalía.

Pero el tribunal discrepó y ordenó que toda la investigación quede en suspenso mientras la Corte resuelve. La sentencia fue firmada a fines de febrero y comunicada en marzo.

Perciballe presentó un recurso de casación ante la SCJ para que revea la decisión. En el escrito, al que accedió Búsqueda, el fiscal cuestionó duramente la posición del tribunal, y señaló que de mantenerse ese criterio “la pervivencia de las investigaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos infligidas en el pasado reciente se verán irremediablemente frustradas”. Pues “cada vez que un indagado invoque una excepción —sin importar la naturaleza de la misma— las actuaciones deberán suspenderse”.

De acuerdo con el criterio del tribunal, la investigación debe “paralizarse” no solo para quien interpone el recurso, sino para todos los indagados. “Y de esa forma, se genera un grave perjuicio para las víctimas, que esperan una respuesta en tiempo y forma de la Justicia”, cuestionó Perciballe.

El fiscal también advirtió que, de prosperar, el criterio del tribunal será un “fuerte” incentivo para las defensas que “deseen dilatar las investigaciones”. Porque con “solo interponer excepciones individuales, las causas se verán paralizadas”.

Ayer miércoles 24 TNU informó que la jueza de Ejecución de Canelones, Elsa Montín, ordenó quitarle la tobillera electrónica a Gavazzo, quien desde 2015 cumple régimen de prisión domiciliaria en el marco de otra causa. Además, accedió a su pedido de suspender la vigilancia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) durante sus trasladados para hacerse controles médicos. El fiscal Perciballe apeló la decisión.

Suspensión inmediata

La detención ilegítima y desaparición de Eduardo Pérez —cuyo cuerpo nunca fue encontrado– fue denunciada en la Justicia en diciembre de 1985, pero la investigación se congeló con la aprobación de la ley de caducidad. Se reactivó en 2011, luego de que el Poder Ejecutivo habilitara retomar las indagatorias. Pero cuando en agosto de 2016 Gavazzo fue citado a declarar, su defensa interpuso un recurso alegando que los delitos habían prescripto. 

Dos años más tarde la Suprema Corte de Justicia desestimó la prescripción, y cuando la nueva Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad se aprestaba a retomar la investigación, Gavazzo presentó otro recurso: esta vez alegó que la creación de esa sede especializada contravenía la Constitución.

El fiscal Perciballe y la jueza de primera instancia entendieron que la investigación no debía detenerse, porque eran varios los involucrados en la causa y esta ya venía largamente demorada. Decidieron suspender las actuaciones solo respecto a Gavazzo, pero continuar trabajando en lo concerniente a los demás indagados.

La defensa de Gavazzo protestó por la decisión. “En ningún precepto legal se prevé la suspensión solo para quien interpone la excepción de inconstitucionalidad”, dice el escrito que presentaron ante el tribunal. “Ni la Constitución ni la ley ordenan formar pieza separada de la inconstitucionalidad planteada para continuar con el trámite”, agrega, y solicita “suspender la totalidad de las actuaciones”.

El tribunal hizo lugar al reclamo y ordenó la “suspensión inmediata del trámite del presumario”. Los ministros José Balcaldi, Daniel Tapié y Carlos García entendieron que las normas que regulan el proceso de inconstitucionalidad son “claras” en cuanto a que deben suspenderse los procedimientos. “No puede fraccionarse el trámite según entiendan las partes o el director del proceso”, sostuvieron. Si no existe “ninguna razón de imposibilidad material para seguir el procedimiento en forma unificada, no puede ser justificación para apartarse de debido proceso y de los principios generales que lo rigen alegar el interés de una de las partes involucradas, por más justificado que el criterio pueda parecer antes posibles demoras en la definición de los juicios”, concluyó el tribunal.

La preocupación de Perciballe es que si se mantiene firme esa decisión, los expedientes podrán estar paralizados por años. Es que la estrategia de las defensas de los militares indagados ha sido la de presentar diversos recursos. Y como estas investigaciones suelen tener varios indagados, si los recursos se presentan de forma escalonada —primero lo interpone un indagado y, cuando se resuelve su caso, un segundo indagado, y así sucesivamente—, las causas se frenarán una y otra vez.

En la casación que presentó ante la Corte, Perciballe señaló que “en más de 33 años” de presentada la denuncia por la desaparición de Pérez y en “8 años desde que se retomaran las actuaciones, y pese a la gravedad de lo denunciado, aún no ha comparecido a declarar un solo indagado”. Y, prosiguió, “de admitirse el temperamento del tribunal, seguramente tampoco lo hagan en el futuro, puesto que en la medida en que se interpongan excepciones perladas, el presumario se prolongará sine die”.

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(*) La difusión de la presente nota periodística es meramente de carácter informativo y no supone ningún grado de aceptación y/o compromiso con los conceptos, juicios o comentarios que en la misma se formulan.

Ni bolazos ni chicanas (*)

Diez precisiones al general Manini Ríos sobre Gavazzo 

y “el caso Gomensoro”

El excomandante en jefe del Ejército habló de “bolazo”, “chicana” y falta de novedad en el Tribunal de Honor, pero los hechos puros y duros dan una versión distinta y hablan de su responsabilidad en la crisis que se originó.

Los integrantes del Tribunal de Honor del Ejército le informaron a su comandante, el general Guido Manini Ríos, que Gavazzo había confesado haber tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro.

Por Leonardo Haberkorn – El Observador – 27 4 19 

Manini Ríos les ordenó que siguieran adelante con su tarea, en lugar de denunciar semejante confesión de inmediato a la Justicia.

Diez meses después de la primera confesión de Gavazzo, Manini elevó las actas al Ministerio de Defensa para que el fallo del Tribunal fuera homologado. Les adjuntó un escrito de su autoría que nada decía sobre el caso Gomensoro y que, en cambio, llevó la discusión hacia otros temas polémicos.

Tan polémicos que provocaron su destitución.

De inmediato vino su postulación a la Presidencia y una nutrida recorrida por los medios de comunicación.

En esas entrevistas, Manini Ríos explicó por qué ordenó seguir las actuaciones del Tribunal y no denunciar ante la Justicia las confesiones de Gavazzo. Sus declaraciones merecen diez precisiones.

1) La “chicana” de Gavazzo

Manini ha repetido que la confesión de Gavazzo fue “una chicana”. En radio Universal dijo que el represor “estaba buscando redireccionar las actuaciones”. En Carve agregó que Gavazzo confesó para derivar el caso al “terreno de la Justicia”. En Búsqueda afirmó: “Esto era una chicana para alargar el proceso”.

Incluso llegó a insinuar que Gavazzo habló de este tema en forma intempestiva. “Cuando se estaba actuando, de repente aparece esta confesión de Gavazzo”, manifestó en el programa Buen Día Gente, de Canal 10.

Las actas, sin embargo, dicen otra cosa. El Tribunal estaba convocado para analizar el “segundo vuelo”. No correspondía tratar la muerte de Gomensoro. Pero no fue Gavazzo quien introdujo el tema.

Lo que ocurrió fue lo opuesto. Está en las actas. En la primera comparecencia de Gavazzo, los generales le hicieron una pregunta muy concreta, no vinculada al “segundo vuelo”, que introdujo el “caso Gomensoro”: “En alguno de los interrogatorios que usted participó o que haya sabido, ¿usted sabe de algún detenido que haya perdido la vida como consecuencia de esos interrogatorios?”

Entonces Gavazzo habló por primera vez del “caso Gomensoro”.

Los generales también llevaron a Jorge “Pajarito” Silveira al mismo punto.

Es decir, es cierto que la muerte de Gomensoro no guarda relación con el “segundo vuelo”, pero quienes introdujeron el tema no fueron Gavazzo y Silveira sino los propios miembros del Tribunal.

¿Qué esperaba Manini? ¿Que se tratara el caso Gomensoro solo para hablar de la injusta prisión del coronel Juan Carlos Gómez, pero que se omitiera toda referencia a su muerte y desaparición?

Libro "Gavazzo. Sin Piedad"

2) “Era un tema viejo”

Manini Ríos dijo en Carve que las revelaciones del Tribunal de Honor no tenían novedad ni valor: “Se sabía del tema Gomensoro desde hace muchos años, porque era un tema viejo, se entendió que no se estaba aportando nada nuevo”.

En Búsqueda sostuvo: “ni siquiera era nueva la información, por lo menos en el 90%”.

Estos dichos son asombrosos. ¡Así que Manini Ríos y el Ejército ya sabían quién había matado y desaparecido a Gomensoro! Siendo así uno se pregunta desde cuándo conocían los hechos y por qué hasta hoy nunca los denunciaron.

La verdad es que -al contrario de lo que declara el excomandante- no todo se sabía ni se sabe.

Lo que se conocía era que Gomensoro había muerto en Artillería 1 y lo habían tirado en Rincón del Bonete.

También consta el testimonio del entonces capitán Enrique Debat que vio a Gavazzo sentado al lado del cuerpo colgado e inerte de Gomensoro y una máquina para aplicar electricidad.

Pero -aunque Gavazzo aparecía ya implicado por Debat- nunca se había aclarado quién mató a Gomensoro y quiénes hicieron desaparecer su cuerpo. Y por supuesto: no existía confesión ni nadie preso por este crimen.

Lo nuevo -es increíble tener que aclararlo- es la confesión de Gavazzo de que él mismo tiró el cuerpo al río Negro.

También es nueva la acusación de “Pajarito” Silveira de que Gavazzo fue responsable de la muerte.

Y hay otra novedad: la versión que da Gavazzo respecto a que fue el propio general Esteban Cristi, jefe de la Región Militar I, fue quien le ordenó desaparecer a Gomensoro.

Artigas Pessio

¿Fue así? Gomensoro fue el primer desaparecido de las Fuerzas Armadas. ¿La decisión de no entregar los cuerpos a sus familias fue de los mandos más altos?

¿Hay que explicarle al general Manini que esa respuesta está pendiente y el Uruguay la espera desde hace muchos años?

¿Hay que explicar qué cuando hay un asesinato y no se conoce el asesino, ni quién ocultó el cadáver, ni los cómplices, ni los encubridores, no está resuelto el 90%?

3) “Es un bolazo”

Además de viejas y ya conocidas, el general Manini Ríos calificó las revelaciones que emergieron del Tribunal de Honor como disparates sin sentido.

Dijo en Carve: “Lo que dijo (Gavazzo) es un bolazo, una cosa que no tiene ningún tipo de asidero. Entonces se decidió seguir para adelante”.

Sin embargo, esos “bolazos” coinciden con lo denunciado ante la Justicia y en el libro “Gavazzo. Sin Piedad” por el capitán Debat, quien vio a Gavazzo al lado del cuerpo colgado y desfallecido de Gomensoro, cables y un aparato usado para aplicar choques eléctricos.

También guardan relación con el testimonio del contador Carlos Koncke, detenido en esos días en el cuartel de La Paloma, sede de Artillería 1. Koncke relató en el libro “Milicos y tupas” que algunos oficiales del cuartel le contaron que a Gavazzo se le había muerto un detenido en un interrogatorio.

Y también coinciden con lo que en ese mismo libro relató el hoy coronel retirado Luis Agosto, entonces capitán del Agrupamiento Antiaéreo, una unidad que funcionaba en el mismo predio.

Agosto contó en “Milicos y tupas” que, en esos días, una mañana llegó al cuartel y encontró un clima de gran nerviosismo. A varios oficiales, como él, les prohibieron circular por la unidad y los obligaron a permanecer en el casino de oficiales. Solo podían moverse libremente Gavazzo y sus hombres.

Tras leer las revelaciones del Tribunal de Honor, Agosto afirmó días atrás en el portal Ecos: “Ahora, por lo declarado por Gavazzo y Silveira, me doy cuenta que la noche anterior mataron a Gomensoro”.

También narró que el entonces jefe de aquella unidad, el fallecido coronel Alfredo Rubio, aquella mañana “estaba desencajado”. “Me mandó llamar y me dijo, a los gritos: ‘¡Cómo usted capitán no me advirtió lo que era Gavazzo!’. Yo le respondí: ‘¿Y usted no conocía quién es Gavazzo?’. Todos ya sabíamos cómo era Gavazzo”.

Ante el Tribunal de Honor “Pajarito” Silveira acusó a Gavazzo de ser el responsable de la muerte de Gomensoro y contó que los oficiales de Artillería 1 hablaron de ello.

Gavazzo, en cambio, dijo que se murió solo y él recibió la orden de hacerlo desaparecer.

Son declaraciones que guardan contradicciones, pero giran alrededor de dos puntos en común: la muerte de Gomensoro en Artillería 1 y la directa participación de Gavazzo.

Sume todo, general: Koncke, Agosto, Debat, Silveira, Gavazzo. Todo guarda mucha relación. Entonces, ¿cuál es el bolazo?

4) “No era creíble”

Manini Ríos ha recordado que otras veces Gavazzo y Silveira han mentido, por lo cual no habría razón para creerles. Dijo en radio Universal: “no se le creyó a Gavazzo”. Y en Búsqueda: “Nadie le cree a Gavazzo porque él ha mentido reiteradas veces”.

Es curioso, porque el Tribunal de Honor en cambio sí les creyó cuando ambos se sacaron toda responsabilidad sobre el “segundo vuelo”.

Diego Battiste.

Dice por ejemplo el fallo del Tribunal respecto a esta causa: “José Nino Gavazzo Pereira no admite y niega haber participado en los hechos que se le imputan y por los que ha sido condenado por la Justicia Penal Ordinaria”. Y agrega: “Colabora con el proceso de investigación brindando respuestas a todas las preguntas con respeto y educación”.

Parecería que a veces se le cree a Gavazzo y a veces no.

Por supuesto que es probable que Gavazzo le mintiera al Tribunal. No es creíble, por ejemplo, que Gomensoro muriera solo, como declaró. El propio Silveira lo desmintió en su comparecencia.

No es creíble tampoco que Gavazzo completara solo la operación de trasladar y arrojar el cuerpo al río Negro, envuelto en una malla de alambre y con tres grandes piedras atadas. Él mismo dijo que le mintió a la Justicia para no involucrar a sus subordinados. Cabe concluir que aquí también puede estar encubriendo a otros subalternos.

En ese sentido, la confesión de Gavazzo es solo parcialmente creíble. Pero lejos de ser descartable como pretende Manini, es un avance en una trama aún no develada por completo.

5) “Era otro tema”

En varias entrevistas, el general Manini habló de la injusta prisión del coronel Gómez como si no guardara relación alguna con la muerte de Gomensoro.

Dijo el 9 de abril en Carve, refiriéndose a la confesión de Gavazzo: “El caso éste no era creíble. Lo que sí era confirmado era que permitieron que un compañero, que un coronel, un compañero a los 80 años, estuviera tres años y pico preso por un falso testimonio”.

Y el 10 de abril sostuvo en Búsqueda: “El Tribunal de Honor falló y lo condenó a Gavazzo con la máxima pena. Lo condenó por otro tema (dejar que Gómez estuviera preso), distinto al del artículo periodístico que detonó este escándalo. Porque el tema de Roberto Gomensoro para el tribunal y para mí no era un tema nuevo”.

Manini se equivoca. La muerte de Gomensoro y la prisión injusta de Gómez no son temas distintos. Por el contrario, son dos facetas de un mismo asunto: Gavazzo y Silveira sabían con certeza que Gómez era inocente de matar a Gomensoro porque ellos mismos estuvieron implicados en su tortura, muerte y desaparición.

Gavazzo sabía que Gómez era inocente porque él era el segundo jefe de Artillería 1, donde murió Gomensoro. Y porque él mismo estuvo al lado de su cuerpo colgado y desfallecido (según Debat) y habría sido responsable de su muerte (según Silveira y Koncke).

Silveira sabía que Gómez era inocente porque él era uno de los oficiales de Artillería 1 el día que mataron a Gomensoro y él mismo admite haberse enterado esa misma jornada.

¿Cómo es posible que el excomandante diga que son dos temas distintos?

6) “Gomensoro no es un desaparecido”.

Manini Ríos dijo en Canal 10 que “Gomensoro apareció hace muchos años y el cuerpo estaba identificado desde hace muchos años”.

No es del todo cierto.

Tras haber sido arrojado al río Negro, el cuerpo de Gomensoro emergió a la superficie pocos días después. Se le tomaron fotos y se le hizo una autopsia. No pudo ser identificado. Fue enterrado en una tumba NN en Tacuarembó. Pero otra vez fue vuelto a desaparecer.

Quienes desparecieron por segunda vez a Gomensoro no sabían que el forense que le hizo la autopsia, Emilio Laca, se había guardado el cráneo para sí. Solo esa pieza apareció y fue identificada. El resto del cuerpo continúa desaparecido.

7) La muerte de Pérez Silveira

Manini Ríos no suele referirse a lo que se dijo en el Tribunal de Honor sobre la muerte de Eduardo Pérez Silveira, el Gordo Marcos, también en Artillería 1.

Gavazzo ya había confesado su participación en este crimen en el libro “Gavazzo. Sin Piedad” (2016).  Ante el Tribunal, repitió lo dicho en el libro: que le arrojó al prisionero una granada de gas porque se había insubordinado y no podía controlarlo.

Sin embargo, “Pajarito” Silveira confirmó que Gavazzo “gaseó” al Gordo Marcos, pero señaló que en el cuartel la versión era que Gavazzo lo hizo “para interrogarlo”.

Gavazzo admitió ante el Tribunal que Pérez Silveira se negó a hablar en los interrogatorios.

En “Gavazzo. Sin Piedad” hay otros testimonios que dan cuenta de las torturas salvajes que recibió Pérez Silveira en Artillería 1. En una edición ampliada que estará en las librerías en los próximos días se incorporará un nuevo testimonio inédito. Alguien que con nombre y apellido relata las torturas de Gavazzo.

¿Este tema también es viejo, aclarado, chicana y bolazo?

8) La prisión del coronel Gómez

El general Manini Ríos da a entender que lo único importante, nuevo y comprobado es que Gavazzo y Silveira dejaron que el coronel Gómez permaneciera preso tres años, siendo inocente del crimen de Gomensoro.

La verdad es que el asunto no es nuevo. Todo está contado con lujo de detalles en “Gavazzo. Sin Piedad”. Allí está todo: quiénes respetaron y quiénes falsearon los hechos, quiénes buscaron ayudar y quiénes engañar a la justicia, qué declaró cada uno: los que dijeron la verdad y los que mintieron.

Gómez hoy está libre porque sus hijas se pusieron el caso al hombro, investigaron por su cuenta, consiguieron pruebas y testigos y hasta grabaron en forma clandestina a Gavazzo admitiendo que había mentido a la Justicia.

Con todas las pruebas reunidas y mucho coraje las hijas de Gómez confrontaron a la Justicia, al Ejército y al Ministerio de Defensa.

Recién ahí, cuando Gómez ya llevaba años preso, lograron que el Ejército y el Ministerio de Defensa intercedieran algo.

Quién oye hablar hoy a Manini Ríos puede creer que el Ejército movió cielo y tierra para liberar a Gómez de su injusta prisión.

No es cierto.

Fueron sus hijas.

9) Lo que no dicen las actas

Lo que dice Manini Ríos no consta en el fallo del Tribunal de Honor.

En el fallo no dice: Gavazzo confesó un crimen horrible pero no lo tomamos en cuenta porque “ya se sabía todo”, “es un bolazo” o “no tiene asidero”.

La chicana y el bolazo solo aparecieron luego que se filtrara la noticia de la confesión de Gavazzo.

10) La decisión colectiva

Manini Ríos ha dicho que los generales que integraron el Tribunal de Honor le informaron de los graves dichos de Gavazzo y que él ordenó continuar. Sin embargo, habla en plural e involucra en la decisión a los generales.

“Cuando el Tribunal de Honor me informa de las declaraciones de Gavazzo convenimos en que esto era una chicana para alargar el proceso”, le dijo a Búsqueda.

“El Tribunal de Honor hizo lo correcto, me informa a mí. Y juntos entendimos que esto era una estrategia para dilatar en mucho tiempo el fallo del Tribunal”, dijo a Buen Día Gente.

El Ejército no es un club. Los generales podrían tener su opinión, pero le informaron como correspondía a su comandante. Fue Manini quien ordenó seguir adelante y no denunciar a la Justicia. Luego aprobó el fallo. Y escribió un documento que no mencionó los crímenes admitidos por Gavazzo y Silveira y, por el contrario, criticó en forma virulenta al Poder Judicial.

No pudo ser una decisión plural ni colectiva, porque así no funciona el Ejército.

En cuanto a la decisión en sí, Gavazzo y Silveira fueron sancionados por haber dejado que Gómez fuera preso siendo inocente, pero no por su participación o implicancia en la muerte y desaparición de Gomensoro y Pérez Silveira, ni por el segundo vuelo.

Para que ello fuera posible, se saltearon confesiones y acusaciones muy concretas. No las borraron de las actas, pero las subvaloraron, las minimizaron, las ignoraron.

Manini pudo no haber homologado lo actuado por el Tribunal. ¡En plena dictadura el comandante Luis Queirolo mandó para atrás un Tribunal de Honor al represor Ernesto Ramas por considerar que había sido muy blando!

En cambio, el comandante ordenó seguir adelante y no denunciar en la Justicia, aprobó el fallo del Tribunal y lo redobló con un ataque al Poder Judicial.

Los efectos de sus actos están a la vista.

Se cumplió el objetivo de sancionar a Gavazzo y a Silveira por un hecho muy concreto y particular, que se agota en sí mismo. No hay otros oficiales acusados de mentir o callar para encarcelar a Gómez.

Haberlos denunciado en la Justicia, en cambio, por matar y desaparecer hubiera abierto una puerta a que otros oficiales también sean sancionados o denunciados.  Y hubiera obligado a un sinceramiento del Ejército respecto sus prácticas en aquellos años. Pero habría sido un gran logro para el Ejército, un hito histórico, un gol, como le gusta decir a Manini.

Es algo largamente pendiente. Algún día, para bien del país y del propio Ejército, algún comandante tendrá el coraje de hacerlo.

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