Gobierno y sociedad civil colocan placa en memoria de
Roslik y otras víctimas de dictadura
Tomado de www.presidencia.gub.uy
Los asesinatos como el de
Vladimir Roslik son delitos de lesa humanidad que no prescriben y no quedarán
impunes, enfatizó la ministra María Julia Muñoz al hablar este domingo en el
descubrimiento de una marca de la memoria en el cuartel de Fray Bentos donde
fue torturado hasta la muerte el último mártir de la dictadura. Horas antes se
procedió a un acto similar en el sitio donde estaba asentado el Batallón Nº 5
de Mercedes.
La primera cita se cumplió
en el edificio donde funcionó el Batallón Nº 5 de Infantería del Ejército y que
hoy alberga una terminal de ómnibus y centro de compras. En ese lugar,
numerosas personas cumplieron detención ilegal durante la dictadura (1973-1985)
y fueron víctimas de crueles abusos y torturas.
La fecha elegida para el
descubrimiento de placa recuerda el asesinato en 1972, en Montevideo, del
estudiante mercedario Joaquín Klüver a manos de un comando de las entonces
Fuerzas Conjuntas, mientras repartía volantes en defensa de la educación.
Luego la comitiva se
trasladó al Batallón de Infantería Nº 9 del Ejército, en Fray Bentos, donde el
médico Roslik, un descendiente de inmigrantes rusos nacido en San Javier,
departamento de Río Negro, fue torturado hasta morir el 16 de abril de 1984, en
las postrimerías de la dictadura.
En el acto realizado en la
entrada del cuartel se leyó una carta de la viuda de Roslik, la actual diputada
suplente María Cristina Zavalkin, ante la presencia de autoridades del
Ministerio de Educación y Cultura encabezadas por Muñoz, de Río Negro, de la Secretaria
de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, del Sindicato Médico del Uruguay y
de la Federación Médica del Interior.
Esta placa también fue
respuesta al pedido de un grupo de ciudadanos fraybentinos.
Estos sendos actos de
memoria y homenaje forman parte de una serie de actividades de ese tenor
previstas por la Comisión Especial creada por la Ley 18.596, integrada por los
ministerios de Educación y Cultura, de Salud Pública y de Economía y Finanzas,
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y por Crysol -
Asociación de ex Presas y Presos Políticos de Uruguay.
Los reconocimientos
públicos forman parte de una política pública que promueve acciones simbólicas
tendientes a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso
ilegitimo del poder del Estado uruguayo, como indica la norma.
Anteriormente se fijaron
sitios de memoria en el cuartel de Infantería Mecanizada N° 10 de Treinta y
Tres, donde fue asesinado por torturas Luis Batalla el 25 de mayo de 1972,
cuando aún regía el sistema democrático en el país gobernado por Juan María
Bordaberry, y en el Batallón de Infantería N° 4 de Colonia del Sacramento,
donde murió de igual manera Aldo Perrini, el 3 de marzo de 1974.
También se colocó una
placa de la memoria en la seccional 3ª de Policía de la ciudad de Paso de los
Toros, en memoria a las 157 expresas políticas sometidas a tortura, tratos
crueles, inhumanos y degradantes que resistieron las imposiciones de la
dictadura entre 1972 y 1985.
Un médico entregado a su
pueblo
Para Muñoz, el homenaje en memoria de Roslik tiene un significado especial dado su condición de colega y por lo que fue su muerte por torturas cuando la dictadura expiraba.
Roslik dio su vida para
trabajar con su gente de manera con total capacidad, pero con mucha modestia y
entrega para su pueblo, dijo la ministra.
Recordó que en la fecha de
su muerte “todos estábamos convencidos de la pronta caída de la dictadura
cívico militar del país”.
“Para todo la comunidad
médica fue terriblemente doloroso cerciorarnos que, además de Manuel Liberoff
(1976) y María Antonia Castro (1977) detenidos-desaparecidos en Argentina,
teníamos un compañero asesinado en Fray Bentos”, repasó.
Añadió que en ese momento
el Sindicato Médico del Uruguay denunció todas las violaciones de derechos
humanos, levantando en alto la bandera de la ética de la profesión. En ese
sentido señaló que la Federación Médica del Interior fue la identidad gremial
que juzgó a sus propios colegas implicados en delitos de lesa humanidad.
Muñoz subrayó que el
asesinato de Roslik no va a quedar impune y, dirigiéndose a su viuda, dijo que
comprende su dolor y la dificultad por ello para hacerse presente en el lugar
del homenaje a su esposo.
Luego aseguró, en nombre
de todos los médicos uruguayos y del Gobierno nacional, que esos asesinatos son
delitos de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben y no pueden quedar
impunes.
La máxima garantía de que
no exista la impunidad y que nunca más haya procesos dictatoriales que afecten
la dignidad de las personas son los jóvenes y las organizaciones sociales que
están siempre buscando la verdad, puntualizó.
Los familiares de los
detenidos desaparecidos, Crysol como organización social que siempre van a
estar presentes por verdad y justicia, son parte de esa garantía.
La ministra de Educación y
Cultura enfatizó que, con las organizaciones sociales, cualquier gobierno puede
estar siempre apoyado.
Por su parte, Nicolás
Pons, en nombre de la Comisión de Reparación, dijo que estos espacios de
memoria aportan información valiosa para reconstruir la verdad de lo corrido
entorno a esas violaciones y servir como material probatorio en los procesos
judiciales aquellos que están en curso y los que se pueden abrir en el futuro.
También brindan reparación
simbólica para las víctimas y ofrece garantías de no repetición, además de
asegurar el derecho a la verdad que fue definido por la comunidad internacional
como aquel que tienen las víctimas y sus familiares de conocer lo ocurrido, en
particular la identidad de los autores de los crímenes, las causas, los hechos
y circunstancias en que estos se produjeron.
Pons sostuvo que las
políticas de identificación señalización y creación de sitios de memoria en
predios que estuvieron y están bajo la órbita de las Fuerzas Armadas puedan
brindar información sobre los hechos y contribuir con los procesos de reforma y
concientización de estas instituciones.
Expresó que el ministerio
trabaja transversalmente para encontrar los espacios para que los diferentes
actores sociales, en especial los vinculados al campo educativo, participen de
la reflexión y el debate de como incluir los derechos humanos como componente
sustancial de las políticas de enseñanza.
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