Acto de inauguración del Espacio Memorial Penal de Libertad en mayo de 2018
A fines de febrero finalizará un período histórico en la vida del país. Comenzó en marzo de 2005 cuando asumió el Dr. Tabaré Vázquez. Finalizará cuando él mismo le entregue la banda presidencial a su sucesor electo, en marzo del próximo año. Desde la perspectiva de las y de los ex presos políticos han sido años que marcaron un viraje radical, de tono positivo, en la vida del Uruguay. Ya nada será igual.
Los Derechos Humanos en la agenda pública
El gran aspecto a resaltar ha sido la introducción de la temática de los Derechos Humanos en la agenda política e institucional del país, en todos los planos, algo inconcebible e impensable. Las normas de DDHH son una conquista de la humanidad, un gran logro histórico que siempre ha despertado las más histéricas reacciones, de los esclavistas, de los racistas, de los dueños de la riqueza y, obviamente, de los genocidas.
Se ha traducido en políticas públicas, globales y particulares, en planes de estudio, en promoción de actividades, en leyes, decretos, fundamentalmente, dándole un lugar prominente en la estructura del Estado. La creación de la Secretaría de Derechos Humanos, trabajando a nivel de la Presidencia, dándole visibilidad a la temática y demostrando el compromiso con la doctrina, junto con la conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) han sido dos ejemplos notables de ello.
Pasado reciente: terrorismo de Estado
En segundo lugar, en lo referido al pasado reciente, al terrorismo de Estado, en la lucha contra la impunidad, los avances logrados figurarán en los libros de historia. El ingreso a los cuarteles para buscar los restos de los detenidos desaparecidos, una nueva y distinta interpretación del Artículo 4 de la Ley de Caducidad que permitió los primeros procesamientos de criminales significativos, la aprobación de leyes en las cuales se reconoció oficialmente la actuación ilegítima y el terrorismo estatal, posteriormente, el restablecimiento pleno de la pretensión punitiva del Estado, el desarchivo de todas las causas que habían sido amparadas en la impunidad por los gobiernos de los partidos tradicionales, la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), el activo involucramiento en la causa del Plan Cóndor en Roma y la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y la designación del Dr. Ricardo Perciballe al frente de ella con todo el respaldo institucional, son medidas fundamentales que se promovieron y que deben evaluarse adecuadamente al definir estrategias futuras.
Las fallas, los errores, las incongruencias, las carencias, todos los aspectos que a lo largo de estos años hemos venido señalando públicamente y en los encuentros privados con los jerarcas gubernamentales, siempre con ánimo propositivo, ofreciendo propuestas, sugerencias, recomendaciones concretas, haciendo política en serio, no le quitan valor a todo lo avanzado en este plano tan trascendente. Uruguay está en un escalón mucho más alto y elevado.
La Memoria también construye futuro
La creación del Museo de la Memoria (MUME), una decisión municipal que se concretó gracias al apoyo económico sustancial del Poder Ejecutivo en un momento crítico, fue el inicio de la implementación de políticas públicas de Memoria y también de Memorialización, para construir la conciencia histórica de lo ocurrido y elaborar un relato histórico científico y necesario para la democracia y la libertad.
El MUME es un gran logro: un Museo que desempeña la función que todos los museos llevan a cabo, destinado a una época que marcó trágicamente la vida del país.
La aprobación de la Ley N° 19 640 para preservar los Sitios de Memoria, aquellos lugares específicos y emblemáticos de la saña represiva, aquellos recintos y edificios en los cuales los ciudadanos permanecieron secuestrados y desaparecidos o asesinados, fue una gran conquista que ya comenzó a dar sus frutos aunque no ha contado hasta el momento con el presupuesto indispensable..
Cuando el 9 de julio del año 2007 Crysol reclamó que el edificio ocupado en aquel momento por el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) de las Fuerzas Armadas fuera transformado en un Sitio de Memoria, el Estado comenzó a tomar conciencia de la necesidad de implementar políticas públicas de Memoria.
La experiencia acumulada a través de la Comisión Especial de la Ley 18 596, presidida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la colocación de placas de memoria en todo el territorio nacional, fue la base para llegar a la creación de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria.
Leyes reparatorias: un antes y un después
Un aspecto nada menor lo fue la aprobación de medidas de resarcimiento para las víctimas del terrorismo de Estado, a través de las leyes reparatorias 17 949, 18 033 y 18 596. Las tres fueron, sin ninguna duda, las leyes reparatorias más profundas y generosas de acuerdo a las normas de DDHH que Uruguay ratificó. En gobiernos anteriores, primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti y en el gobierno del Dr. Jorge Batlle, hubo esfuerzos reparatorios y es justo señalarlo.
Las leyes reparatorias del primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez han sido un inmenso logro, al cual supimos contribuir muy activamente, con nuestras propuestas y con nuestra movilización, como colectivo. La creación de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado (OAVTE) para implementar las políticas de salud, Decreto 297/2010 fue otro gran acierto, demostrativo de una sensibilidad humanitaria y respetuosa de las normas de DDHH.
Gracias a estas leyes, durísimamente cuestionadas hasta el día de hoy por los genocidas y los medios de comunicación a su servicio, miles de luchadores sociales, gremiales y políticos, desde hace 13 años, han recuperado su categoría de ciudadanos independientes, con acceso a los servicios básicos y esenciales. Uruguay comenzó a ser un país más justo.
El respeto a la sociedad civil organizada
Los Estados deben apoyar y promover la participación ciudadana y de la sociedad civil organizada. Los funcionarios deben respetar a las organizaciones, no deben intentar sustituirlas o reemplazarlas. Los sectores económicos poderosos siempre se agrupan para defender sus intereses y sus proyectos, cuentan con recursos para ello, para hacerse oir. Los otros sectores sociales cuentan con mayores dificultades.
Una característica muy valiosa de estos 15 años, ha sido el respeto otorgado a las organizaciones sociales representativas de las víctimas del terrorismo de Estado y la interacción con ellas, por lo menos con nuestro colectivo. En general siempre se contó con interlocutores gubernamentales al mayor nivel para interactuar y expresar opiniones y puntos de vista de manera directa y frontal.
Es harto significativo que al aprobarse las leyes 18 033 y la 18 596, en las Comisiones Especiales creadas para implementarlas, se dio cabida a las organizaciones representativas de las víctimas.
En la Comisión Especial de la Ley 18 033 presidida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) participaron el Pit – Cnt y Crysol. En la Comisión Especial de la Ley 18 596 participaron Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol. Esta integración ayudó muchísimo a los beneficiarios de las leyes. También ayudó al propio gobierno que estuvo en mejores condiciones para cumplir con sus responsabilidades gracias al aporte constructivo de ellas. En el caso de nuestro colectivo, en base a una sabia y unitaria conducción interna, esta participación ha permitido un fortalecimiento institucional sumamente destacable.
La lucha continuará en mejores condiciones
El próximo gobierno está conformado por los partidos que promovieron activamente la impunidad para los responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos, de sectores políticos que han hecho la apología de esa etapa histórica y con protagonistas como el general Guido Manini Ríos que violó las leyes vigentes para encubrir al múltiple asesino José Nino Gavazzo.
Como colectivo organizado continuaremos la lucha, en mejores condiciones, gracias a los logros de estos 15 años. Más de 100.000 uruguayas y uruguayos marcharon el pasado 20 de mayo por 18 de Julio bajo un aguacero torrencial. La lucha por Verdad y Justicia, ha calado bien hondo en el corazón del país y de su gente.
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Opinando N° 30 – Año 8 – Jueves 26 de diciembre de 2019
