En 2011, 28 ex presas
políticas presentaron denuncia penal por delitos sexuales de los que fueron
víctimas en diversos establecimientos de detención durante la dictadura
uruguaya, en la que entienden la jueza Julia Staricco y la fiscal Diana Salvo.
La República - 23 11 14
Una de las denunciantes es Beatriz Benzano, detenida en
julio de 1972, interrogada y torturada en el Batallón de Artillería Nro. 5,
desde donde fue llevada al Regimiento de Caballería Nro. 9 y luego al Penal de
Punta de Rieles. En la nota que sigue, Benzano repasa el horror sufrido desde
una mirada de género.
Desde que hay guerras en el mundo se consideró siempre el
cuerpo de la mujer como trofeo o como botín de guerra, para uso y abuso de los
vencedores. Pero a partir de la masiva violencia sexual contra las mujeres en
los conflictos armados de la ex Yugoslavia y de Ruanda (cincuenta mil mujeres
violadas), cuando se usaron sus cuerpos no sólo como arma y como campo de
batalla, sino también para limpieza étnica, haciéndoles hijos con la sangre del
enemigo, la comunidad internacional reaccionó y tomó conciencia de la gravedad
de los crímenes de violencia sexual, que fueron calificados como crímenes de
lesa humanidad en los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia
y para Ruanda, y después en el Estatuto de Roma y en múltiples Resoluciones de
las Naciones Unidas (ONU).
Durante la dictadura militar, todas las presas políticas
uruguayas sufrimos en mayor o menor grado todo tipo de prácticas sexuales
aberrantes y humillantes, desde la desnudez forzada y expuesta, manoseos y
toqueteos, insultos y comentarios ofensivos y degradantes cuando nos hacían
bañar y hacer nuestras necesidades delante de ellos, hasta la violación con o
sin penetración, con palos o con bichos, con picana (electricidad) en los
genitales, por muchos y repetidas veces. Los varones también sufrieron
violencia sexual, pero con las mujeres tuvo particularidades y efectos
específicos.
Con ambivalencias y todo tipo de resistencias a volver a
un pasado tan doloroso y a revivir el horror sufrido, y a medida que oíamos
historias desgarradoras de las compañeras, fuimos viendo que el dolor y los
daños que nos habían infligido a nosotras, a nuestras familias y a la sociedad
toda, eran irreversibles y se prolongaban en el tiempo; que lo que habían
hecho desde el poder del Estado y usando todo el aparato estatal, era
terrorismo de Estado y sus crímenes de lesa humanidad, por atacar a la
persona humana en su esencia y en su dignidad, y en ella afectar y
lesionar a la humanidad entera, que pasaba a ser víctima; y por haber sido
planificados, sistemáticos y generalizados (en todos los cuarteles, por las
tres Fuerzas Armadas y por la Policía, durante todos los años del terrorismo de
Estado y a todas las mujeres). Denunciar se volvió para nosotras un imperativo
ético-político, un deber insoslayable de justicia y una forma de reparación.
Sin justicia no hay reparación posible. El acceso efectivo
a la justicia es condición sine qua non para que sean posibles tanto la
reparación como la no repetición de los crímenes, que son tres derechos de las
víctimas, reconocidos por todos los tratados internacionales.
La huella indeleble
El recuerdo queda como huella permanente en la
memoria del cuerpo -la sangre, las lágrimas están ahí- y sigue aún hoy
dañándonos y condicionando también la vida sexual de muchas de
nosotras. El dolor y el daño han sido tan grandes que durante más de treinta
años no hemos podido decírselo a nadie, ni a la familia, ni al compañero de
vida ni a la psicóloga. Los efectos traumáticos perduran en el tiempo y recién
ahora y en el grupo -quizá por los vínculos de afecto y de cuidado que se dan
entre nosotras, eso tan fuerte que nos une a pesar de las diferencias
políticas, generacionales y de vidas tan distintas- hemos podido ponerlo en
palabras, recordando y reviviendo el horror con la voz quebrada y llanto en los
ojos.
En este largo y doloroso proceso de denuncia y de
reparación, escuchamos relatos de los más crueles, inimaginables y
escalofriantes actos de violencia sexual contra mujeres presas: violencia
sexual después de la tortura, cuando no se podía ni caminar ni tenerse en pie ;
a mujeres delante de sus compañeros, para castigarlos y humillarlos a los dos;
a mujeres embarazadas, particularmente vulnerables, a quienes hicieron perder
el embarazo; abortos obligados a las que dejaron embarazadas (no sabemos
cuántos niños nacieron de las violaciones, ni lo terrible que pudo ser la vida
de ellos y la de sus madres, en esa situación que ilustra tan bien el film
“Sarajevo, mi amor”); partos en cautiverio de madres atadas y hostigadas; niños
nacidos muertos, cuyos cuerpos nunca vieron sus madres ni fueron entregados a
la familia, que plantean el interrogante de cuál fue su paradero, y muchos
casos de simulacro de torturas y de violencia sexual a los hijos de las
víctimas (a Angélica le hacían oír gritos y llantos de niños, diciéndole que
eran sus hijos).
Degradación y destrucción femenina
Castigos de género por habernos salido del modelo de
mujer, esposa, madre y ama de casa, y habernos metido en “cosas de hombres”, lo
cual los enfurecía y más se ensañaban. Modos de degradarnos y de destruirnos
como mujeres y como personas, y de hacernos sentir “cosas” en sus manos, que
podían hacer lo que querían con nosotras, que eran impunes y todopoderosos.
Esos castigos, desde que los sufrimos y hasta ahora, nos han generado
dificultades en nuestra vida sexual, pesadillas, ansiedad y angustia, problemas
gástricos e intestinales, etc. Una compañera, de sólo pensar en denunciar la
violencia sexual sufrida, empezó a tener hemorragias intestinales y desistió.
Otras dos, de sólo oír el relato espeluznante de una compañera violada por
varios y de las formas más degradantes, tienen problema ahora en la relación
sexual con sus parejas. Otra no puede todavía tener relaciones con su marido en
las posiciones en que la forzaron a tenerlas con ellos.
Hay que hablar del tema, ponerlo sobre el tapete, que la
sociedad lo conozca y lo repudie. El silencio conspira contra nosotras y a
favor del criminal. Es hora de no naturalizar más la violencia sexual
(“era una fija que si nos agarraban nos iban a hacer de todo”; “bien
sabíamos en lo que nos metíamos”; “los hombres pueden hacer cualquier cosa con
el cuerpo de la mujer sin que se los condene”), ni minimizarla considerándola
un delito “menor” con el paso del tiempo o al compararla con los “infiernos” de
la tortura.
Romper el silencio
La violencia sexual es un crimen silenciado e
invisibilizado, por la humillación, la vergüenza, la culpa y el miedo a la
estigmatización. Sabemos de la estigmatización en países lejanos, pero también
se da en nuestros países, a veces asociada a la revictimización y al destierro
emocional. A la humillación y vergüenza que siente la mujer por lo que sufrió,
se le suma la culpa -que desde Eva nos persigue a las mujeres- y el dolor
de sentirse juzgada o rechazada por su propia familia. Una compañera sentía
mucha culpa por no haberse resistido a la violación, pero no había ninguna
posibilidad de resistencia frente a la fuerza bruta, en un cuerpo debilitado
por el ayuno y la tortura de días, semanas, meses. Además, habría significado
más tortura, más violencia sexual, el traslado a otro cuartel para recomenzar
la tortura, y/o la desaparición y la muerte, cuando no la tortura a los hijos.
Pero la culpa, la humillación y la vergüenza son sólo del violador, no nos
confundamos.
Por eso es oportuno mencionar también la imposibilidad de
consentimiento. No puede haber un consentimiento voluntario y libre, no existe
el consentimiento en esas condiciones de privación de libertad, de total
indefensión y de peligro y amenaza permanentes de muerte. Sólo puede haber
estrategias de supervivencia.
Ese
descubrimiento le cambió la vida y la liberó a una compañera, que durante años
vivió agobiada por la culpa. Para muchas, hablar de la violencia sexual sufrida
y denunciarla, significó recuperar un pasado negado o bloqueado o suprimido por
lo doloroso y traumático y, en el proceso, recuperar también la dignidad al ir
sintiendo los efectos de la reparación.
Violada de mil formas aberrantes y torturada salvajemente
durante meses, Mirta se sintió liberada cuando al fin pudo decirlo en el grupo,
acompañada, con lágrimas compartidas: “Ya no me siento sucia, ahora me puedo
morir tranquila”, y murió de cáncer al poco tiempo. Compartir relatos
opera como una suerte de catarsis. Si no se habla, no se sana. Después de
denunciar ante el juez, muchas de nosotras sentimos un inmenso alivio de “tarea
cumplida”, de “poder al fin dormir en paz”.
La genitalidad y el poder
Así como la genitalidad es el lugar del sufrimiento y de
la vulnerabilidad de las mujeres, pero también el del amor, del placer y de la
maravilla de dar vida, la genitalidad masculina es el símbolo del poder y de la
dominación que física y culturalmente los hombres ejercen sobre las mujeres.
Por eso centran ahí toda su virilidad, su autoestima y hasta su identidad, y su
vida gira en torno a su buen funcionamiento. En general la usan para su propio
placer, rara vez para el amor y para el placer de otra persona. Pero cuando
ejercen violencia sexual, lamentablemente hacen un tan mal uso de ella, un uso
tan perverso que los envilece y degrada como seres humanos, y los rebaja a un
nivel más bajo que las bestias. Y llegan a extremos como lo que contó una
compañera: las ponían desnudas en ronda y pasaban uno tras otro frotando con su
pene erecto senos y genitales, como forma de tortura. Y eyaculaban sobre nuestros
rostros. Otra compañera aún guarda en su memoria olfativa el olor del semen en
su cara. ¡Y se sentían los tales machos haciéndonos esas cosas! ¡Qué poco y qué
mal querían a su miembro “fetiche”! Y qué ignorantes de la belleza y perfección
del cuerpo humano, que se atrevían a profanar, destrozar, mutilar!.
El reconocimiento de Asencio Lucero
quedó corto
Por primera vez, un militar retirado reconoció la práctica
de torturas durante las detenciones dispuestas por la dictadura militar
uruguaya. Según sus declaraciones, recogidas por el semanario “Búsqueda”
Asencio Lucero, que durante la década del 70 fue uno de los encargados de
la inteligencia en el Regimiento de Caballería Nro 9, admitió que durante los
interrogatorios se sometía a las personas privadas de libertad a prolongados
plantones hasta que se desplomaban por no aguantar el peso de sus propios
cuerpos, al “tacho” o submarino y al submarino seco (les envolvían la cabeza en
una bufanda) hasta que sintieran asfixia, a la picana eléctrica, privación el sueño,
suspensión de visitas.
Lucero indicó que esos métodos eran aplicados tanto a
hombres como a mujeres, aunque considera que estas últimas eran “más
sensibles”, porque “las ablandaba” el desnudo y el pudor. Negó en cambio que él
al menos aplicara picana en los genitales, porque es “muy respetuoso del cuerpo
humano”(?).
Las declaraciones de Lucero se recogieron durante el
proceso a que dio lugar la denuncia penal por violencia sexual que presentaron
las ex presas políticas, patrocinadas por el abogado y ex juez Federico
Alvarez Petraglia junto a su colega Martha Scarpita y que se encuentra radicado
en el Juzgado Penal de 16 Turno.
Visibilizar y castigar
Visibilizar la violencia sexual pasada significa echar luz
sobre la violencia sexual actual. Hablar de esas violaciones y lograr el
castigo de sus responsables, es también una forma de combatir la impunidad
actual. Queremos que el tema se hable, que se discuta, que se haga visible, que
esté en los medios. El silencio es el mejor cómplice de la impunidad. Que se
diga lo que le pasa a la mujer violada, los efectos devastadores en su
subjetividad, cómo condiciona para siempre su vida sexual. Y que los hombres,
para poder entender y sentir la gravedad de lo que hacen, piensen en qué
sentirían si se lo hicieran a su madre, a sus hermanas, a su mujer o a sus
hijas. Por eso son tan importantes el intercambio y la ampliación de miradas
sobre un tema tabú por excelencia.
Queremos que legisladores y jueces entiendan que la
violencia sexual es un delito grave, con un impacto gravísimo en la víctima,
que debe ser penado de acuerdo a esa gravedad, y que la sociedad toda condene
ese delito. Una forma habitual de invisibilizarlo y de minimizar su gravedad,
es incluirlo en otras conductas delictivas (“homicidio especialmente agravado”
y no mencionar la violación), o banalizarlo con eufemismos (“atentado violento
al pudor, a las buenas costumbres o a la honra”), que no dicen nada y
desconocen la singularidad del delito contra la integridad sexual, no sólo por
sus efectos en la víctima, sino también por su significado social. Es una
paradoja que sean los presos sociales los que parecen tener más conciencia de
la gravedad de la violación, porque castigan duramente a los violadores,
haciéndoles la vida imposible en prisión.
Ahora el tema está en la jurisprudencia de países vecinos
y en el debate internacional de derechos humanos, y el derecho internacional le
atribuye la gravedad que tiene, calificándolo de genocidio, crimen de lesa
humanidad, crimen de guerra. Queremos que la Suprema Corte de Justicia
establezca de una vez por todas las características y la existencia de un plan
sistemático de represión y de exterminio, y sancione las violaciones a los
derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado como crímenes de lesa
humanidad, y por lo tanto imprescriptibles.
En conclusión, tenemos el derecho de denunciar y de
reclamar justicia, y también la obligación: por las compañeras que todavía no
lo han podido decir, y son muchísimas; por las compañeras muertas que también
lo sufrieron y por el NUNCA MÁS. También por todas las mujeres de todos
los tiempos y de todos los lugares, que han sufrido y sufren violencia sexual,
y a las que nunca se les prestó oído ni se les hizo justicia.
TEXTUAL
“Durante la dictadura militar, todas las presas políticas
uruguayas sufrimos en mayor o menor grado todo tipo de prácticas sexuales
aberrantes y humillantes”.
“Castigos de género por habernos salido del modelo de
mujer, esposa, madre y ama de casa, y habernos metido en ‘cosas de hombres’, lo
cual los enfurecía y más se ensañaban”.
“El recuerdo queda como huella permanente en la
memoria del cuerpo –la sangre, las lágrimas están ahí- y sigue aún hoy
dañándonos”.
“Denunciar se volvió para nosotras un imperativo
ético-político, un deber insoslayable de justicia y una forma de reparación”.
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