¡¡¡ Bienvenida INDDHH !!!

Dra. Mirtha Guianze.

El Parlamento acaba de designar a los miembros de la Comisión Directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) lo cual permitirá que en las próximas semanas la misma comience a funcionar.

Creada por la Ley 18.446 en diciembre de 2008, tendrá como cometidos básicos la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos. Es un órgano autónomo e independiente e incluye a las organizaciones de la sociedad civil defensoras y promotoras de los derechos humanos en su más amplia acepción. De acuerdo a lo dispuesto por la norma legal, las mismas tendrán dentro de ella, amplia y probablemente fecunda participación para garantizar un adecuado trabajo en la temática.

Una democracia más democrática.

La puesta en funcionamiento de la INDDHH mejorará la institucionalidad democrática del país. Fortalece el Estado de derecho y es un paso importante para asegurar su consolidación y desarrollo de cara a las realidades ciudadanas. Uruguay contará con un órgano específico de promoción de las normas de DDHH y de contralor  de que se respete y se garantice el ejercicio pleno de las libertades y garantías individuales de todas las personas que consagran las normas internacionales y nacionales en la materia.

A partir de este momento, todos los ciudadanos del país cuentan con un órgano legal al cual recurrir cuando sus derechos sean vulnerados o violentados por el accionar de los diferentes espacios estatales, sus funcionarios o sus agentes, sin tener que recurrir solamente al poder judicial u otros tribunales que han demostrado, históricamente hablando, una gran inoperancia al respecto. Las dos condenas que recibió Uruguay en el año 2011 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pone claramente de manifiesto las debilidades e insuficiencias de la sociedad uruguaya y que el relator de la ONU, Manfred Nowak había señalado para el sistema carcelario.

La Comisión Directiva electa: abrumador respaldo de la sociedad civil.

Los integrantes votados por el Parlamento han dado una presencia mayoritaria a mujeres, lo cual es un hecho digno de destacar en nuestro país. En la Comisión Directiva de la INDDHH habrá equilibrio de género como lo establece la ley, pero son mayoría las mujeres. Nos reconforta y hace justicia con lo que ha sido la lucha por los derechos humanos en Uruguay en los últimos 50 años.

Mariana González Guyer, Mirtha Guianze, Ariela Peralta, Juan Faroppa y Juan Raúl Ferreira reúnen los requisitos establecidos formalmente por la Ley 18 446 para integrar la Comisión Directiva. También cumplen con la aspiración de la mayoría de las organizaciones sociales de Uruguay de que los integrantes de la INDDHH fueran personas que hubiesen puesto de manifiesto un compromiso de vida, una trayectoria militante en la defensa y promoción activa de las normas de DDHH y tuvieran un relacionamiento fluido con ellas.

Los designados han ejercido un claro y comprometido respeto a las organizaciones de la sociedad civil, se han diferenciado claramente de los funcionarios, académicos y parlamentarios que consideran, explícita o implícitamente, que las organizaciones sociales son “sujetos molestos” u organizaciones con “capacidades diferentes” desde el punto de vista intelectual. La votación parlamentaria lo ejemplificó.

La elección de Mirtha Guianze como integrante de la Comisión Directiva es muy significativa. Fracasó estrepitosamente la proscripción solapada y de guante de seda hacia su persona propiciada por los sectores nostálgicos del proceso, aunque ganó adeptos, lamentablemente, en otras filas. El amplísimo, contundente y militante respaldo de las organizaciones sociales dio resultados.

Pasado, presente y futuro.

La INDDHH tiene grandes desafíos por delante. Más allá de los grandes avances registrados en materia de DDHH desde el año 2005 cuando asumió el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez y que  mantuvo y profundizó la administración Mujica, Uruguay aún tiene muchos asuntos pendientes de resolución con respecto al pasado reciente y al terrorismo estatal.

Dentro de sus competencias legales, la INDDHH deberá contribuir a la efectiva implementación de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas y vigilar, atentamente, el acatamiento a cabalidad por parte de los poderes del Estado uruguayo de las sentencias de la Corte IDH para evitar el bochorno de que Uruguay vuelva a ser sancionado por los máximos órganos jurisdiccionales continentales.

En su accionar, en lo inmediato, no podrá soslayar el pasado reciente porque es indudable que el mismo influye y contamina el presente social en materia de DDHH. Esencialmente, su gran desafío es la actual realidad nacional y la explosiva situación que se vive en ámbitos específicos por no actuar con la debida celeridad y compromiso para cumplir con las normas internacionales de DDHH y las recomendaciones formuladas en su momento.

La concepción desvalorativa de que las normas internacionales son asunto de los países  desarrollados o del primer mundo y las presiones tecnocráticas de gastar lo menos posible porque las prioridades son otras, han demostrado su total fracaso a nivel estatal. En el caso uruguayo, lo barato ha salido carísimo.

El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. La implementación de las normas legales que los viabilizan en la realidad cotidiana es de fundamental importancia para dignificar y humanizar la vida social y hacer de Uruguay un país en el que valga la pena vivir.

Involucrar y comprometer activamente a la sociedad civil.

La INDDHH parte desde cero. Habrá que construirla con paciencia y mucho trabajo inteligente, metódico y sistemático. La Comisión Directiva deberá ser consciente de que su éxito, en gran medida, dependerá de lograr involucrar activa y responsablemente a todas las organizaciones de la sociedad civil, tal como lo establece la Ley 18 446, en su funcionamiento para que ellas la fecundicen y la dinamicen de cara a la realidad del país y a las necesidades de los ciudadanos y de los distintos universos sociales.

Las organizaciones de la sociedad civil tenemos nuestro propio desafío: incorporar a nuestras agendas institucionales contribuir activamente a su edificación, consolidación y desarrollo. Vale la pena.

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Nº 18 - Jueves 10 de mayo de 2012

Un protocolo necesario e

indispensable para la justicia.

De izquierda a derecha: Baldemar Taroco, Gastón
Grisoni, Uberfil Martínez, Chela Fontora, Dr. Daniel
Gutiérrez (Pte de la Suprema Corte de Justicia) y
Enrique Chalar.

El pasado miércoles 3 de mayo una delegación de Crysol se entrevistó con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Daniel Gutiérrez. El propósito de la reunión fue expresarle de manera directa la opinión del colectivo con respecto a la conveniencia y necesidad de que el poder judicial cuente con un protocolo para la comparecencia de las víctimas testigos en los juicios por las graves violaciones a los DDHH cometidas durante el período del terrorismo de Estado.

De acuerdo a lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman vs Uruguay de febrero de 2011 y que luego refrendara el Parlamento mediante la Ley 18.831, no existen en el país obstáculos legales que impidan que el poder judicial pueda cumplir con sus cometidos constitucionales.

Durante el transcurso del año pasado se presentaron centenares de denuncias por las atrocidades cometidas durante el proceso cívico militar. Una parte muy importante de ellas corresponde a quienes denuncian haber sido víctimas de torturas en diferentes épocas y en distintas dependencias militares y policiales.

La tortura es abyecta e imprescriptible

La tortura es una práctica abyecta y despreciable que cuando es llevada a cabo en forma masiva, sistemática y generalizada por agentes y funcionarios del Estado es considerada un crimen de Lesa Humanidad por las normas internacionales y nacionales de DDHH. Por lo mismo es un delito imprescriptible, jurídicamente no admite el perdón ni el indulto, siendo inamnistiable.

La Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas establece que las víctimas que reclaman reparación y justicia deben ser tratadas con respeto y dignidad para que no vuelvan a ser revictimizadas durante las instancias judiciales y administrativas que correspondan para el esclarecimiento de los hechos, para identificar a los culpables y cuando corresponda sancionarlos.

La aprobación de un protocolo para las víctimas testigos que regule, sin limitar o restringir la independencia de los jueces y asegurando las máximas garantías a todos los involucrados, es una medida razonable para que los denunciantes no sean ni puedan sentirse revictimizados.

Las víctimas testigos merecen el mayor apoyo social

Las personas que han tenido el compromiso democrático, el coraje y la valentía de presentar denuncias judiciales por las torturas sufridas, que incluyen abusos sexuales en muchos casos, merecen el apoyo de los poderes del Estado, del sistema político y de la sociedad civil organizada, de sus familiares, amigos y compañeros. La justicia es reparadora pero también dolorosa. Las víctimas vuelven a revivir lo ocurrido y sufrido. El protocolo debe ayudar, proteger, dignificar, humanizar, evitar que sean hostilizadas o agredidas con procedimientos burocráticos o preguntas inadecuadas que denotan falta de sensibilidad.

La investigación, identificación y castigo de todas las graves violaciones a los derechos humanos es el camino ineludible para afirmar las normas legales, proteger las libertades y garantías ciudadanas, afirmar el Estado de derecho, la institucionalidad democrática y evitar que ellas vuelvan a ocurrir.

Recorrer este camino hasta sus últimas consecuencias como lo indica la Resolución 60/147 de la ONU,  es el único que asegura el Nunca Más, el desarrollo democrático sustentable,  un auténtico país de primera, la liberación nacional y potenciales horizontes socialistas.

Todo el apoyo, legal, afectivo, sicológico, a las víctimas testigos. De los poderes del Estado y del colectivo organizado.

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Nº 17 - Lunes 7 de mayo de 2012

Mariana Mota, Mirtha Guianze: puntadas con nudo

La proscripción no encubierta de la fiscal Mirtha Guianze para integrar la Comisión Directiva de la INDDHH, por parte de algunos parlamentarios de la oposición, ha hecho naufragar la constitución de la misma en la sesión de la Asamblea General del pasado 12 de abril.

Su candidatura fue presentada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Pit – Cnt, Serpaj y de nuestra organización, Crysol. Cuenta con el respaldo de más de 20 organizaciones sociales que públicamente lo han señalado en reconocimiento a su trayectoria en la vida del país.

La Dra. Mirtha Guianze cumple con todos los requisitos formales establecidos por la Ley 18 446 que creó la Institución Nacional de DDHH. Ha tenido un rol destacado  en defensa de las disposiciones constitucionales y promoviendo el accionar de la justicia por las atrocidades cometidas durante el terrorismo de Estado.

Por el momento solamente cuenta con el respaldo de la bancada gubernamental que unánimemente se ha pronunciado a su favor. Ha declarado, además, que su designación es innegociable.

Hemiplejia y desconocimiento de las normas de DDHH.

Según trascendidos de prensa, hay parlamentarios que no respaldan su designación por entender que la Dra. Mirtha Guianze tiene una visión hemipléjica con respecto a los DDHH. Increíble.

Afirmar que la Dra. Guianze tiene una visión hemipléjica acerca de los derechos humanos es inadmisible. Muestra cabalmente que quienes la impugnan con tales argumentos no tienen la más mínima idea acerca de la temática involucrada.

Es una verdadera paradoja que algunos de quienes tienen la facultad de participar en la designación de los integrantes del órgano que ha de promover, proteger y defender los DDHH estén demostrando de una manera ostensible su desconocimiento de los principios básicos y esenciales que los regulan y les dan sentido.

Solo el Estado viola los DDHH

Las normas de DDHH, desde su lejano antecedente del 12 de agosto de 1789 en Francia, Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, surgen para poner freno al descontrol y la arbitrariedad del poder estatal, para proteger a los ciudadanos frente a él. Los Derechos Humanos solamente son violentados por los órganos, los agentes o los funcionarios del Estado.  Son los agentes y funcionarios del Estado quienes vulneran los derechos humanos.

Cuando se equiparan las conductas de los civiles con las de los funcionarios del Estado se desconoce que algunos de ellos, los militares y los policías, cuentan con el privilegio exclusivo de portar armas con la finalidad, entre otras, de garantizar el pleno goce de las libertades fundamentales y de los derechos esenciales al resto de la población. En este campo no existe hemiplejia posible. Lo que existe es desconocimiento de los principios fundamentales de la temática y una muy poca identificación con ellos.

Mirtha Guianze y Mariana Mota: piezas del ajedrez nostálgico

El rechazo a la candidatura de la Dra. Mirtha Guianze es parte del mismo plan orquestado por los terroristas de Estado contra la Dra. Mariana Mota. Por diferentes medios, criminalizan a dos mujeres que han jugado un papel decisivo en el esclarecimiento y sanción de las graves violaciones a los DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado. Se las castiga personalmente por su conducta y su compromiso con la justicia para intimidar a los fiscales y a los jueces que han de intervenir en los procesos en curso.

Al mismo tiempo se presiona a la Suprema Corte de Justicia para que no cumpla con la resolución de la Corte Interamericana de DDHH en caso Gelman que tiene carácter vinculante para el Estado uruguayo. Pero la maniobra va mucho más lejos. Apunta a crear las condiciones socio políticas destinadas a que el máximo órgano declare la inconstitucionalidad de la Ley 18.831, muy especialmente, en lo referido a los plazos de prescripción y a la tipificación de los delitos cometidos. Hacia ese objetivo transitan desde su centro de operaciones en Domingo Arena. Ya han presentado formalmente un recurso en tal sentido.

La ley 18.831: un gran avance en la lucha contra la impunidad

Cumpliendo con lo dispuesto por la Corte IDH en el caso Gelman, el pasado 26 de octubre, el Parlamento restableció la pretensión punitiva del Estado. Al mismo tiempo señaló que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado son crímenes de lesa humanidad. Por lo mismo, imprescriptibles e inamnistiables.

La eliminación de los obstáculos legales que impedían al Poder Judicial llevar a cabo sus cometidos constitucionales sin contar con la autorización expresa del Poder Ejecutivo fue un enorme avance en todos los planos. El Poder Judicial, que ya en octubre de 2009 había declarado que la Ley de Caducidad era inconstitucional, recobró plenamente su independencia en lo referido a los temas del pasado dictatorial.

La plena independencia de los tres poderes del Estado es uno de los principios básicos del sistema republicano uruguayo que fue vulnerado por la Ley de Caducidad en el afán de consagrar la impunidad para los golpistas y perpretradores de graves violaciones a los derechos humanos.

La aprobación de la Ley 18. 831 restableció el derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo de Estado. Fue un acto militante por parte del Parlamento, de reafirmación democrática, de afirmación de las normas internacionales de DDHH en el camino de evitar que los hechos repudiados por la inmensa mayoría de los uruguayos vuelvan a ocurrir.

Resolución 60/147 de la ONU: estándar de la calidad democrática.

La implementación a cabalidad y en profundidad de las directrices de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas en todos los planos: restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición es el camino a transitar por Uruguay para superar las heridas y los sufrimientos ocasionados por el terrorismo de Estado.

Las ex presas y los ex presos políticos seguiremos demandando a todo el sistema político comprometido con un futuro de paz, de justicia social, de plena vigencia de las normas constitucionales y democráticas, al gobierno y a los poderes del Estado la implementación de ellas. Las directrices de la Resolución 60/147 son el único camino que asegura el Nunca Más terrorismo de Estado.

En lo inmediato, llamamos a la defensa de la Dra. Mariana Mota, convocamos a todos los parlamentarios, a todo el sistema político, a votar a la Dra. Mirtha Guianze y a constituir a la mayor brevedad la Comisión Directiva de la INDDHH con integrantes que se hayan caracterizado por su trayectoria y compromiso con las grandes causas de la vida nacional junto a las organizaciones de la sociedad civil.

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Nº 16 - Miércoles 18 de abril de 2012

Ahora es el momento:

Avancemos en todos los DDHH (*)

Chela Fontora leyendo el saludo de Crysol
en el Día del Liberad@ (14.03.2012)

Muchas gracias a todas y a todos por haber concurrido en el día de hoy a esta nueva celebración del Día de la y del Liberado. Celebramos como colectivo el día en que lograron su libertad los últimos presos políticos de la dictadura, las decenas de compañeros que no fueron incluidos en la Ley de Amnistía y que recuperaron su libertad gracias a la lucha inclaudicable de los trabajadores y de los sectores populares dentro y fuera del país. 

Fuimos y somos protagonistas 

Fuimos protagonistas de primera línea en la lucha por los cambios y las transformaciones sociales en la época fatídica en que Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad para iniciar el camino tortuoso que condujo al terrorismo de Estado. Por ser protagonistas de la lucha, de la resistencia, fuimos de acuerdo a las definiciones legales de las normas de DDHH, víctimas del terrorismo de Estado.  

Por seguir siendo protagonistas, por seguir comprometidos con las mejores causas, con nuestros mejores ideales, estamos nuevamente hoy, celebrando colectivamente, una vez más, el Día de la y del Liberado. 

Un triunfo popular: no hay obstáculos legales para la justicia 

Por primera vez desde que somos Crysol celebramos el día del Liberad@ sin que existan obstáculos legales para el accionar de la justicia. La eliminación de los obstáculos legales que imponía al Poder Judicial la ley de Caducidad  ha mejorado la calidad institucional. Ha creado nuevas y mejores condiciones en la vida del país para la Verdad y la Justicia. También nos impone, como colectivo organizado, nuevos desafíos para seguir afirmando la institucionalidad democrática, la plena vigencia de todas las normas de DDHH, para superar los resabios del pasado reciente y construir un Uruguay plenamente democrático. 

Implementar la Resolución 60/147 de la ONU 

Desde su aprobación por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2005, la Resolución 60/147 es el instrumento internacional que detalla pormenorizadamente las tareas a llevar a cabo para mitigar las graves consecuencias de los períodos dictatoriales y crear las condiciones para que dichos sucesos no vuelvan a repetirse.  

Enfocada esencialmente a reivindicar y dignificar a quienes han sufrido graves violaciones a sus DDHH, establece las pautas generales que deben recorrer las sociedades, detalla explícitamente los derechos de las víctimas y también las obligaciones de los Estados auténticamente comprometidos con la filosofía, los valores y las prácticas de derechos humanos. Es una guía orientadora ineludible. 

Los desafíos para seguir avanzando como sociedad 

Por lo mismo seguimos reclamando la implementación de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas,  que el Estado, sus autoridades, sus poderes, se responsabilicen por las graves violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado y cumplan con su obligación de investigarlas, de esclarecerlas, de identificar a los responsables y de castigarlos penalmente.  

En este sentido demandamos que el Estado se involucre activamente como litigante en los juicios, que los promueva y  que apoye, con compromiso real, a las víctimas testigos tanto en el plano jurídico como con asistencia legal, psicológica y sanitaria y vele por su seguridad. 

Al mismo tiempo, el Estado debe asumir públicamente su responsabilidad por las graves violaciones a los DDHH y pedir disculpas a los familiares de las víctimas, a los sobrevivientes, a los niños y adolescentes de la época que eran familiares directos de los ex presos políticos  y al conjunto de la sociedad en una ceremonia pública con las más altas autoridades tal como lo impuso la Corte Interamericana de DDHH para el caso Gelman. 

Para dignificar colectivamente a las víctimas, para construir una auténtica memoria sobre lo ocurrido, para cumplir con la Resolución 60/147 de la ONU, el Estado debe declarar  un Día oficial de Homenaje y Recordación a las víctimas del terrorismo de Estado para educación de lo que no puede volver a ocurrir.  

Con ese mismo enfoque, el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN), lugar emblemático de la represión que vivió Uruguay, la sede en la época del Servicio de Información y Defensa, de los servicios de inteligencia, un paradigma de la represión transnacional en el marco del Plan Cóndor, debe ser declarado un Centro de Memoria y Recordación a las víctimas del terrorismo de Estado, con estatus jurídico propio, cogestionado por las organizaciones de DDHH y con el apoyo imprescindible del Estado en el marco de políticas públicas activas de Memoria sobre el pasado de violencia estatal contra el conjunto de la población. 

Una nueva ley reparatoria es necesaria ahora 

El fallo de la Corte IDH en el caso Gelman puso de manifiesto claramente las insuficiencias  y carencias de las leyes reparatorias, de corte positivo, que fueron aprobadas durante el anterior gobierno y que Crysol ya ha señalado.  

Al iniciarse el tercer año de gobierno de la actual administración, como colectivo organizado reclamamos al Presidente de la República, a los integrantes del Poder Ejecutivo y al sistema político todo, la aprobación de una ley en tal sentido, con especial énfasis en que se restablezca el derecho a percibir las legítimas jubilaciones y pensiones y se conceda la Pensión Especial Reparatoria a todas y a todos los presos políticos, sin excepciones, sin restricciones y sin limitaciones. 

Es el camino para que el Estado cumpla con sus obligaciones hacia las víctimas, es el camino de la justicia en todos los planos, de la plena afirmación en este ámbito de las normas de derechos humanos. 

Lograr que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto de ley que supere las carencias, insuficiencias e inconsistencias de las diferentes leyes reparatorias y que el mismo tenga sanción legislativa a la mayor brevedad es uno de los principales desafíos para nuestro colectivo en este período. Nos demandará una amplia y masiva movilización si queremos alcanzarlo. Para esta gran campaña, convocamos a todas y a todos desde ya. 

La salud: un asunto pendiente de resolver 

De la misma manera, la movilización del colectivo será imprescindible para lograr que los beneficios en el área de salud que fueron otorgados por el Decreto 297 del año 2010 sean efectivamente implementados, de una manera efectiva por parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de Salud Pública. Los avances logrados en base a las gestiones de Crysol, de corte positivo, son aún insuficientes. 

Aspiramos a que este año, todos los beneficios sean instrumentados adecuadamente a través de la Oficina de Atención a las víctimas del terrorismo de Estado. Haremos las gestiones que correspondan, pero debemos ser conscientes de que si no contamos con el respaldo activo y militante de todo el colectivo será difícil obtener los resultados que pretendemos. 

Seguiremos contribuyendo al Nunca Más 

Nuestros reclamos de Verdad, Justicia, Memoria,de implementación de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, apuntan a superar los daños y las secuelas del pasado terrorista estatal, a construir una democracia plena en todos los aspectos, a consagrar las normas de DDHH como principios de convivencia justa y solidaria.  

Seguiremos contribuyendo como colectivo que se siente y quiere ser protagonista, a crear las condiciones para que en Uruguay Nunca Más haya dictadura ni terrorismo de Estado. 

Por eso saludamos la inminente formalización de la Institución Nacional de DDHH. Deberá ser una herramienta eficaz para la promoción, para la defensa y la protección de los derechos humanos, para mejorar la institucionalidad y la calidad de vida de la ciudadanía frente a los abusos del Estado. El respeto a la sociedad civil, a sus propuestas de candidatos para elegir su Comisión Directiva deberá ser un claro mensaje en tal sentido por parte del Parlamento. 

A 27 años del regreso a la institucionalidad democrática, los trabajadores uruguayos aún no han recuperado el poder adquisitivo de sus salarios que perdieron durante  el proceso dictatorial. La enorme deuda externa que se generó y se desarrolló en dicho período condiciona hasta el día de hoy el desarrollo social, cultural y productivo del país. Los jubilados y pensionistas no han recuperado su derecho a los aguinaldos que tenían antes del proceso militar y que les fue arrancado. Tampoco han recuperado las primas por edad hasta el momento.  

En un país donde la tortura, masiva, sistemática, generalizada, incluso con abusos sexuales, fue el mecanismo represivo por excelencia para reprimir a todos los opositores al régimen, para amedrentar a la población y lograr perpetuarse en el poder, no hay, hasta el día de hoy, un solo criminal procesado por dicho delito. 

Y el destino de los Detenidos Desaparecidos, el qué ocurrió, el cuándo, el porqué, las circunstancias y los responsables, intelectuales y materiales sigue sin conocerse. 

La movilización del colectivo es el camino para avanzar 

En estos 27 años, hemos avanzado mucho, sin dudas, gracias a la lucha y a la movilización, junto a los trabajadores, a las organizaciones de DDHH, junto a los gremios estudiantiles, junto a los sectores populares  concitando la más amplia adhesión de la ciudadanía.

Es mucho aún lo que falta. Seguiremos unidos, organizados, codo con codo y fundamentalmente, movilizados, para librar las batallas que nos restan y que exigen el respaldo activo de todos para que sean exitosas.

Adelante, compañeras y compañeros.

¡Ahora es el momento! ¡Avancemos en todos los Derechos Humanos!

La movilización en todos los planos, como siempre, es el camino a transitar como colectivo para seguir avanzando.

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(*) Mensaje leído por Chela Fontora en la celebración del Día del Liberad@ en el Club Larrañaga en la noche del miércoles 14 de marzo.

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Nº 12 - Jueves 15 de marzo de 2012

Día del Liberad@: un compromiso militante

El próximo miércoles 14 de marzo se cumplen 27 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura cívico militar. Ese día, en medio de una enorme algarabía popular que conmovió a toda la ciudad, recobraron su libertad los últimos prisioneros que no habían sido incluidos en la ley de amnistía para los presos políticos que aprobara el gobierno asumido el 1º de mes.

La liberación de los presos políticos fue una enorme victoria popular. Fue la concreción de un sueño largamente acariciado y soñado. Exigió más de una década de lucha y movilización, dentro y fuera del país, al frente de la cual estuvieron, siempre al firme, los familiares.

Como todos los años, Crysol celebrará el Día del Liberad@ con un encuentro militante que incluye un festival artístico que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Larrañaga en el corazón de La Blanqueada.

Reviviremos una vez más, la alegría de aquel momento y los abrazos de entonces que aún nos acarician el corazón. Reviviremos la alegría y la emoción de todos los encuentros que llevamos a cabo.

Será también, como todas las instancias y actividades organizadas por Crysol, un acto militante por la Verdad, por la Justicia y la Memoria, acompañando el reclamo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, por la implementación efectiva de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas en todos los planos que ella abarca: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Al iniciarse el tercer año del actual gobierno, un año que debe ser de concreciones imprescindibles e impostergables, la demanda al titular del Poder Ejecutivo de una ley que supere las insuficiencias y carencias de las leyes reparatorias que se aprobaron por el anterior gobierno, estará en el centro de la convocatoria. Muy especialmente que se restablezca el legítimo derecho  a percibir sus jubilaciones y pensiones y que la Per le sea otorgada, sin exclusiones, sin restricciones, a todos los ex presos políticos.

Fuimos protagonistas en la lucha contra el modelo de sociedad que impulsaron los sectores conservadores y reaccionarios desde el 13 de junio de 1968 y que desembocó, con el respaldo de EEUU, en la dictadura cívico militar. Fuimos protagonistas de la resistencia al terrorismo de Estado. Fuimos protagonistas en la lucha contra la maldita Ley de Caducidad.

Como colectivo de luchadores sociales y políticos tenemos la edad en que las cosas se miran con más calma pero con el interés de seguir creciendo. Tenemos la edad en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos y las ilusiones se convierten en esperanza militante. Seguimos siendo protagonistas en la lucha por un Uruguay plenamente democrático construyendo el Nunca Más. Por eso somos el Crysol de todas y de todos.

El 14 de marzo comenzamos nuestro trabajo anual para seguir avanzando.

Una vez más la celebración del Día del Liberad@ nos convoca a todas y a todos, junto a nuestros familiares y amigos. Para seguir siendo protagonistas hasta que las energías nos abandonen.

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Ofensiva nostálgica 

El anuncio oficial de que el miércoles 21 se realizará la ceremonia dispuesta por el fallo de la Corte Interamericana de DDHH de la OEA en el caso Gelman ha desatado un vendaval de cuestionamientos y exigencias por parte de los nostálgicos del proceso y sus acólitos post proceso, intentando impedir o desnaturalizar y modificar su significado.

El creador intelectual de la impunidad ha liderado nuevamente la puesta en acción mediática y ha incorporado a la misma a otros que por desconocimiento de las normas de DDHH o por simple talante opositor nada les viene bien.

El reconocimiento de la competencia de la Corte IDH como máximo órgano en materia de DDHH por parte de Uruguay fue promovido por el Dr. Julio María Sanguinetti en 1985 y aprobado por el Parlamento por amplísimas mayorías.

Coincidiendo con planteos formulados por autoridades de los centros militares, desconoce las obligaciones del Estado en materia de DDHH, ignora las normas más elementales de ellas y ofende la inteligencia ciudadana al equiparar jurídica y políticamente los delitos cometidos por civiles con los cometidos en forma masiva, sistemática y generalizada por las instituciones, los agentes y los funcionarios del Estado.

La sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman condenó a Uruguay por las atrocidades que algunos de los procesados realizaron contra María Claudia García en 1976 y por la denegación de justicia a Macarena y a Juan Gelman violentando sus legítimos derechos.

Empleando el lenguaje propio de un órgano de justicia, la Corte IDH, en forma contundente, repudió el accionar de la dictadura cívico militar. También condenó el accionar de aquellos que han batallado a capa y espada para mantener la Ley de Caducidad y la impunidad y que aplauden sus fallos cuando ellos benefician a estafadores como los hermanos Peirano.

El movimiento sindical y las organizaciones de DDHH con el apoyo de la inmensa mayoría de la población hemos demandado el cumplimiento a cabalidad de la sentencia de la Corte IDH por parte de los órganos del Estado uruguayo como un paso importante y decisivo en la lucha contra la impunidad y por afirmar las normas de DDHH.

La resolución 029 de la Comisión de DDHH de la OEA fue ignorada y desconocida por el gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle en 1992 para vergüenza nacional. Nos congratulamos de que exista  ahora en el país un gobierno que respeta las decisiones de los órganos de justicia continentales en materia de DDHH. Para ello hemos bregado sin descanso como colectivo organizado desde nuestra constitución crysolera.

Nos congratulamos además de que quien de cumplimiento a la sentencia sea un luchador social que sufrió en carne propia los mismos dolores, los mismos sufrimientos y las mismas vicisitudes que sufrieron miles de uruguayos por haber enfrentado al pachecato y resistido al terrorismo de Estado.

La Resolución 60/147 de la ONU es el camino a seguir.

Como lo establece la Resolución 60/147 de la organización de las Naciones Unidas, resolución promovida por las organizaciones sindicales y de DDHH de todo el mundo, los Estados tienen la obligación de asumir su responsabilidad por las graves violaciones a los DDHH y deben disculparse formalmente en una ceremonia oficial ante sus víctimas, sus familiares y ante el conjunto de la ciudadanía.

Desde julio de 2007, desde el día 9 en que presentó en APU su proyecto de Ley de Reparación Integral con el concurso del Dr. Oscar López Goldaracena, Crysol ha reclamado la implementación a cabalidad en el país de la Resolución 60/147 de la ONU. Es el camino para dignificar a las víctimas y también para eliminar todos los resabios del terrorismo de Estado, la lacra pustulenta de la impunidad y cimentar las bases de un auténtico Nunca Más.

El cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH por parte del Poder Ejecutivo, del Parlamento y del Poder Judicial se inscribe dentro de las obligaciones establecidas por la Resolución 60/147 de la ONU.

Los crímenes de lesa humanidad no son perdonables. Por eso son imprescriptibles e inamnistiables. Pero los Estados tienen la obligación de asumir su responsabilidad, disculparse y actuar en consecuencia, promoviendo la investigación y el esclarecimiento para su castigo de las graves violaciones a los DDHH, establecer días de homenaje a las víctimas y repararlas en forma integral.

Que a los efectos de organizar la ceremonia oficial, hasta el momento, el gobierno haya prescindido del concurso del movimiento sindical y de las organizaciones sociales que históricamente han tenido sobre sus hombros la lucha contra la impunidad, es un error reiterado de la actual administración.

No le quita importancia ni mérito ni trascendencia al acto del 21 de marzo. La lucha y la movilización continuarán. Hubo un solo demonio: el terrorismo de Estado.

El acto del 21 lo hará oficial aunque resuellen por la herida el ocultador de Macarena, el Dr. Julio María Sanguinetti, el Dr. Jorge Batlle y los que quieran sumarse.

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Nº 11 - Lunes 12 de marzo de 2012

Bien dada

Ayer, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la intendencia capitalina otorgó la condecoración de “ciudadana ilustre de Montevideo” a Belela Herrera, por el compromiso con la defensa de los derechos humanos y la integración latinoamericana que ha demostrado durante décadas, tanto en la militancia anónima como en cargos de gobierno y organismos internacionales.

Ella quiso compartir el homenaje con los familiares de detenidos desaparecidos: “las Luisa, las Amalia, las Quica, las Luz, las María Ester y tantas y tantas otras que siguen esperando verdad y justicia”.

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Para Mujica, el acto por los crímenes de la dictadura no implicará "ni un antes ni un después"

08.03.2012

BUENOS AIRES, 8 Mar (UYPRESS) – El diario Clarín le dedica una amplia nota al discurso que pronunciará el presidente de Uruguay José Mujica el próximo 21 de marzo ante el parlamento sobre la responsabilidad del Estado en la desaparición de la nuera de Juan Gelman.

La Nota:

El presidente uruguayo dijo que en la ceremonia en la que, frente a la familia Gelman, el Estado reconocerá su responsabilidad durante la dictadura “es una obligación jurídica” y que no se trata de “una fecha definitiva ni nada por el estilo”.

El presidente uruguayo José Mujica dijo hoy que el acto en el que el Estado uruguayo asumirá la responsabilidad por los crímenes cometidos en la última dictadura (1973- 1985), el gobierno se limitará a cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Justicia (IDH), pero no implica "ni un antes ni un después".

"Frente a la familia Gelman, como lo mandata la decisión de la Corte Interamericana de Justicia en su fallo, vamos a asumir la responsabilidad del Estado -que no es lo mismo que el gobierno- como tal frente a los acontecimientos juzgados que tienen que ver con la suerte de esa familia", dijo el mandatario en su audición radial semanal.

"Y lo vamos a hacer en el estricto orden de requerimiento jurídico que nos plantea el fallo, ni un milímetro más ni un milímetro menos", añadió.

"No pensamos que es una fecha definitiva ni nada por el estilo, ni un antes ni un después. Es una obligación jurídica del Estado uruguayo ante una decisión de un organismo que hemos reconocido en su momento", enfatizó Mujica.

Sobre la valoración que hace del acto, aclaró: "Nosotros no creemos ni que resuélvamos (sic) la historia ni que signifique un paréntesis o un mojón de carácter decisivo. Es en todo caso apenas una etapa en donde el Estado asume su obligación. La historia y la vida van a continuar".

El gobierno anunció que realizará el 21 de marzo un acto en el Palacio Legislativo en el que el Estado asumirá la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura, pero no pedirá perdón por ellas.

En marzo de 2011 la Corte IDH emitió un fallo que obliga al Estado a investigar, juzgar los delitos de la dictadura, reparar a las víctimas y sus familiares y realizar un acto público en el que reconozca su responsabilidad en el llamado "caso Gelman".

María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, fue secuestrada en Buenos Aires en 1976 y trasladada a Uruguay embarazada y luego de dar a luz a una niña fue asesinada en Montevideo. Su hija Macarena fue entregada ilegalmente a la familia de un policía uruguayo y recién conoció su origen en el año 2000. Los restos de su madre no han sido encontrados.

Macarena y Juan Gelman interpusieron la demanda contra el Estado uruguayo ante la Corte-IDH.

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Familiares de Desaparecidos reclaman perdón del Ejército

La organización concurrirá al acto del 21 para acompañar a Macarena Gelman

Ultimas Noticias 7 3 12

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos no está conforme con el acto de pedido de perdón que encabezará el presidente José Mujica por los hechos de la dictadura. Entienden que las disculpas y la autocrítica deben provenir del Ejército.

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reclama que el pedido de perdón por los hechos ocurridos en la dictadura provenga del Ejército y no del Estado. El vocero de la organización, Oscar Urtasún, manifestó a Ultimas Noticias que “la institución Ejército todavía no ha hecho autocrítica” sobre los hechos ocurridos en la dictadura. Explicó que es necesario que los militares realicen un “reconocimiento formal” de lo que pasó. En ese sentido, estableció que “siguen hablando de lógicas de guerra y de la teoría de los dos demonios para explicar lo que pasó y eso no lo admitimos”.

“Por parte de de los familiares no es hora de hablar de reconciliación”, afirmó Urtasún.

Los familiares reclaman responsabilidad del Ejército pero entienden que “la pelota y la responsabilidad se pasa de un lado para el otro”.

Urtasún aseguró que el Ejército no esta arrepentido de lo ocurrido y manifestó que para que exista una reconciliación “el Ejército tiene que demostrar que está en la búsqueda de la verdad. Hasta ahora, de lo que han aportado, el 75% son mentiras. Nosotros seguimos reclamando por Verdad y Justicia y eso es lo único que esperamos del Estado. Trabajamos solo en esa línea”.

Hasta el momento, de los tres comandantes, solo el comandante del Ejército, general Pedro Aguerre, ha hecho declaraciones públicas por los hechos ocurridos durante la dictadura. Incluso una vez aparecidos los restos del maestro Julio Castro en el Batallón 14º de Paracaidistas de Toledo, tomó distancia de lo ocurrido.

“El Ejército Nacional debe conducir en base a las principios artiguistas. El Ejército Nacional no es una horda, malón o algo similar. El Ejército no aceptará, tolerará o encubrirá a homicidas o delincuentes”, afirmó en ese momento.

En relación al acto del próximo 21, Aguerre dijo el martes a Ultimas Noticias que es el Estado quien debe pedir disculpas. “Los que piden perdón son los jefes y mi jefe es el presidente de la República y el Ministerio de Defensa. El resto son lucubraciones, temas políticos y partidarios y en eso no voy a entrar”, afirmó.

Aguerre aún no recibió la invitación para concurrir al Parlamento el 21 de este mes pero está dispuesto a ir aunque aclaró que no se trata de pedir perdón sino disculpas, lo que implica asumir la responsabilidad sobre lo ocurrido en una dimensión correcta.

En relación al acto, Urtasún afirmó que “se dará cumplimiento a una sentencia. Nosotros no tenemos nada que ver y no es por nosotros que deben hacerlo. Si vamos, es para acompañar a Macarena (Gelman)”. Consultado sobre la posibilidad de que el mensaje se haga extensivo a todos los desaparecidos, afirmó que “no es el Estado quien debe pedir perdón. Si el presidente lo cree conveniente que lo haga, pero no somos los destinatarios del mensaje como lo es Macarena”.

El próximo 21 de marzo el presidente José Mujica dará cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En ese acto asumirá la responsabilidad del Estado por el crimen cometido contra María Claudia García de Gelman. Lo planificado hasta el momento establece que el presidente leerá un discurso redactado por una comisión interministerial que también integra Macarena Gelman, quien ya expresó su visto bueno al contenido. El presidente Mujica entiende que es necesario que los tres comandantes concurran al acto el próximo 21 pero todavía no se les cursó la invitación. En caso de ser invitados, los comandantes deberán concurrir, dado que el artículo 168 de la Constitución establece la obligación de obedecer al mandatario.

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