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Militar citado por muerte por torturas en 1972 no asistió a juzgado, se fugó y estaría prófugo en Brasil.

La diaria - 31 12 13

El coronel retirado Pedro Antonio Mato Narbondo se fugó del país y estaría prófugo en Brasil tras ser citado por la jueza penal de 9º Turno, Blanca Isabel Rieiro, que investiga la muerte por torturas del militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Luis Batalla Piedrabuena, ocurrida el 25 de mayo de 1972 en el Batallón de Infantería Nº 10 de Treinta y Tres. 

Según una investigación del periodista Roger Rodríguez publicada ayer en el portal Agesor de Soriano, el militar indagado estuvo radicado en la ciudad de Rivera con su actual esposa Juliana de Sarro, pero recientemente se mudó a Santana do Livramento, ubicada del otro lado de la frontera con Brasil. Según la nota, Mato se fue a vivir cerca de la frontera al pasar a retiro en 1984 y consiguió trabajo en la Zona Franca de Rivera. La crónica de Rodríguez señala que en el perfil de Facebook de la esposa de Mato aparecen varias fotografías del militar en viajes a diversos lugares de Brasil.

La causa de Batalla estaba archivada junto a un conjunto de casos y fue reactivada por iniciativa del Observatorio Luz Ibarburu, de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo por el caso Gelman. 

Raúl Olivera, vocero de la organización, dijo que el Observatorio “aportó al juzgado la investigación parlamentaria sobre el caso y declaraciones de varios testigos provenientes de Treinta y Tres”. Olivera explicó además que “basta con remitirse al sumario realizado por la Justicia Militar” en ocasión de la muerte de Batalla, para notar “que surgen claramente las responsabilidades” de Mato en el hecho. “Se trata del oficial que fue enviado desde Montevideo para realizar los interrogatorios a Batalla”, agregó Olivera.

Pero Mato también figura en la lista de imputados de la causa sobre el Plan Cóndor que investiga el Tribunal de Roma a cargo del fiscal Giancarlo Capaldo, por violaciones a los derechos humanos contra 23 ciudadanos italianos, 13 de ellos nacidos en Uruguay, y que implica a 17 militares uruguayos. Por esta causa, la Justicia italiana ordenó la detención y captura de varios militares entre los que se encuentra Mato. Según informa Rodríguez en su nota, Mato habría quedado bajo requisitoria internacional de Interpol.

Investigación parlamentaria

La muerte de Batalla fue denunciada e investigada en el Parlamento en 1972 por el diputado del PDC Daniel Sosa Días y el caso motivó una interpelación al ministro de Defensa Nacional del gobierno de Juan María Bordaberry, el general Enrique Magnani (Partido Colorado), quien renunció al quedar probada la muerte del detenido por torturas en un cuartel. 

Batalla era casado, tenía dos hijas y se desempeñaba como trabajador de la construcción. Fue detenido el 21 de mayo de 1972 y el 25 se le comunicó a su padre, subcomisario de la Policía de Treinta y Tres, que su hijo había muerto por un ataque al corazón, pero éste no padecía afecciones cardiovasculares. Un edil del PDC denunció el hecho a las autoridades de su partido y entonces Sosa Días pidió ayuda a un par de médicos de Melo, quienes al examinar el cadáver consignaron en un acta que Batalla había sido atado y brutalmente golpeado. 

Tras la presentación de la denuncia penal, el juez a cargo ordenó una autopsia y el médico forense dictaminó que la muerte se produjo por anemia aguda por ruptura del hígado. Después de la comparecencia de Magnani, la Cámara de Diputados emitió una declaración reconociendo la existencia de torturas en el caso y exigiendo una investigación a fondo.

Pero Mato también confesó a la enfermera Haydeé Trías haber asesinado a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires en 1976. Trías contó en 1985 a la Comisión Investigadora sobre la muerte de ambos políticos, que De Sarro, que era amiga suya, recurrió a su ayuda porque Mato estaba deprimido y necesitaba algún medicamento tranquilizante. 

Cuando Trías lo fue a atender, Mato le confesó ser el autor de los asesinatos. Trías declaró ante la investigadora lo que Mato le dijo, pero la filtración de su testimonio, que apareció en ese entonces en la sección “El duende de la trastienda” del diario El País, motivó que los legisladores decidieran cerrar la comisión.

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Argentina: 130 represores más fueron condenados

JUSTICIA

130 condenados más suben a 515 los represores de la dictadura purgando cárcel en Argentina

La república - 30 12 13

Un total de 130 personas fueron condenadas en 2013 por delitos cometidos en la última dictadura argentina (1976/83), con lo que se eleva a 515 el total de sentenciados desde 2003, cuando se anularon las leyes de perdón, informó el domingo el ministerio de Justicia.

“Desde la reactivación en 2003 de los juicios, 2013 fue el año en que hubo más represores llevados a prisión por primera vez, con 130 condenados, aunque muchos ya estaban a la sombra por condenas anteriores”, señala la página web Infojus que depende del ministerio de Justicia.

La misma precisa que “entre el total de 515 sentenciados, hay 30 mujeres”.

Entre las últimas sentencias conocidas la semana pasada figura la del exjefe de inteligencia de la provincia de Santiago del Estero (norte) Antonio Musa Azar, encontrado culpable de asesinar a una empleada doméstica y torturar a 31 detenidos políticos.

De las 30 mujeres sentenciadas, 19 fueron halladas culpables del robo de bebés de detenidas en centros clandestinos de detención, que fueron desaparecidas luego de dar a luz.

De los juicios iniciados este año, nueve continuarán en 2014, entre ellos el que investiga el Plan Cóndor de coordinación represiva entre las dictadura en los 70 y 80, que incluye caso de detenidos de distintos países limítrofes.

De los que comenzarán el año próximo, el más significativo tendrá lugar en Mendoza (1.000 km al oeste de Buenos Aires) donde se ventilará el caso de 207 jóvenes asesinados y donde 41 personas están acusadas.

En este caso, por primera vez se sentarán en el banquillo cinco exjueces que colaboraron con la dictadura, entre ellos Otilio Romano, quien fue extraditado tras huir a Chile.

En 2003, por impulso del presidente Néxtor Kirchner (2003/2007), se declararon anticonstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que habían bloqueado la continuidad de los juicios.

El exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, conocido como “Hiena” o “Chacal”, es con siete prisiones perpetuas, quien más penas máximas ha recibido.

En tanto, el exdictador Rafael Videla condenado a dos prisiones de por vida, falleció en marzo pasado, y el último de los gobernantes del régimen de facto, Reynaldo Bignone, está en una cárcel común cumpliendo dos penas máximas.

Unas 30.000 personas desaparecieron durante el régimen de facto y unos 500 bebés fueron robados, según los organismos defensores de derechos humanos. AFP

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Chile: tareas pendientes en materia de DDHH

A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO DE PINOCHET EN CHILE, LA TRANSICIÓN NO TERMINA.

Tareas pendientes en materia de DD.HH.

Página 12 - 29 12 13 - Por Christian Palma - Desde Santiago

Bachelet entre una multitud durante un acto en el

 ex centro de tortura Villa Grimaldi,

en septiembre de este año.

La tenacidad de quienes han sido parte de las demandas de las agrupaciones de derechos humanos tuvo grandes logros en avanzar para crear conciencia. Pero falta conocer el presunto rol de civiles en los crímenes de la dictadura.

A la hora de los balances de cierre de año, sin duda, el tema de los derechos humanos es una temática que en Chile seguirá presente mientras las víctimas de los atropellos ocurridos durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990) no sientan de verdad que llegaron la verdad y la justicia. 

En septiembre pasado, mes en que se conmemoraron 40 años desde que los militares tomaran el poder por la fuerza, el país se polarizó una vez más entre los cada vez menos visibles pinochetistas y quienes rechazan el horror vivido en el país, sector al cual se han sumado las nuevas camadas de la derecha chilena, que arrinconada bajo ese manto de desprestigio perdió por paliza las elecciones presidenciales y quedó en minoría en el Congreso.

En este escenario, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, al comentar a los medios su análisis de este 2013, advirtió que “es el tiempo” de comenzar a responder frente a las demandas de verdad y justicia, tras largos años de transición. De esta forma, afirmó que este año en particular la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado significó una gran remezón en la conciencia nacional.

Pizarro, quien vivió el horror en carne propia, aseguró que la tenacidad de quienes han sido parte de las demandas de las agrupaciones de derechos humanos tuvo grandes logros en avanzar para crear conciencia respecto de lo que significó la vulneración de derechos durante la dictadura. Sin embargo, señaló tajantemente que entre las tareas pendientes está conocer el presunto el rol de civiles en las violaciones a los DD. HH.

“Son muchas las tareas pendientes, porque un país que vive 23 años de transición, con 20 años de ellos por una coalición (Concertación) y luego con la Alianza (de derecha), creemos que ya es tiempo de empezar a vivir en una democracia verdadera, y eso significa que la deuda es enorme, porque durante estos largos años, al no tener en el centro los derechos de las personas, se acrecienta la injusticia, la deuda ha crecido demasiado, por lo tanto ya es tiempo de resolverlo”, sostuvo.

Junto a ello, la histórica dirigente afirmó que la consigna del “nunca más” es más fundamental que nunca. “Tenemos una tarea gigante, los violadores de los derechos humanos han envejecido, la demanda de verdad y justicia se tiene que materializar ahora, porque si no se nos va a pasar el tiempo y ellos van a morir de viejos, como lo hizo el dictador (Augusto Pinochet) en la absoluta impunidad.”

Volviendo al balance, Lorena Pizarro dijo que “el principal avance para la causa de la verdad, la justicia y la lucha contra la impunidad fue el remezón nacional este año en el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe. Esto no se dio en forma mágica, esto tiene que ver con el entendimiento, nivel de conciencia y de conocimiento que tuvo la inmensa mayoría de la población de lo que fue el golpe, tiene que ver con que se ha avanzado y se ha materializado una lucha demasiado larga, con poca voluntad política por parte de las autoridades para enfrentar el tema”.

En relación con los logros que esperan obtener el año que viene, con Michelle Bachelet a la cabeza de La Moneda, Pizarro aseguró que “esperamos que las voluntades políticas materialicen aquel derecho que está escrito y que Chile ha firmado en reiteradas ocasiones, sin duda que debiera ser distinto si no tenemos a la derecha en el poder, sin duda hoy hay que hacer lo que no se hizo en estos 23 años, tenemos toda la fuerza para demandar verdad y justicia”.

Agregó que “hoy resulta injustificable no avanzar en el enjuiciamiento de civiles y militares que están impunes, en terminar con el penal Punta Peuco, en terminar con la aplicación de la Ley Antiterrorista, en terminar con los presos políticos mapuches, tenemos toda la fuerza para demandar el respeto a los derechos humanos”.

Finalmente señaló que “todo lo que fue la planificación, la colusión genocida, toda esa desestabilización que se estableció en el gobierno de Salvador Allende para justificar el golpe, tuvo participación además de civiles chilenos y extranjeros, de destacados sujetos que han participado de la política y será el Poder Judicial el que tiene que investigar y desenmascarar aquella parte de la impunidad que hoy está presente en el país”.

A pesar de la lentitud de los juicios, la Justicia avanza. Esta semana, por ejemplo, ocho ex miembros del Ejército de Chile fueron condenados en primera instancia por los homicidios calificados de 14 personas en el llamado caso Caravana de la Muerte.

El juez Leopoldo Llanos impuso penas que van desde 3 a 15 años de cárcel a los ex militares, según su grado de responsabilidad en los asesinatos perpetrados el 19 de octubre de 1973 en Antofagasta.

Los sentenciados a 15 años y un día son Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud.

Pablo Martínez Latorre fue condenado a cinco años y Pedro Espinoza Bravo, Luis Felipe Planco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González a tres años.

Gonzalo Santelices Cuevas fue absuelto por falta de participación en los hechos.

La Caravana de la Muerte, uno de los casos de violaciones de los derechos humanos más emblemáticos en Chile, fue una comitiva militar dirigida principalmente por el entonces general Sergio Arellano Stark, que recorrió el país después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, ejecutando prisioneros políticos.

El fallo del juez Llanos determinó que el 19 de octubre, cuando la delegación de militares que se trasladaba en helicópteros llegó a la norteña ciudad de Antofagasta, el “oficial delegado (...) dispuso que 14 prisioneros políticos debían ser retirados de la Cárcel Pública (...) y trasladados a la Quebrada El Way”.

Agregó que una vez que se produjo el traslado, “los prisioneros fueron separados en grupos de tres o cuatro y llevados frente a un paredón (...) y ejecutados por miembros de la comitiva del oficial delegado y personal militar de la zona, mediante diferentes ráfagas de fuego, provenientes de las armas que portaban”.

Las personas fusiladas se encontraban procesadas por la Fiscalía Militar, sin que aún se hubiese dictado sentencia en contra de ellas.

Llanos ordenó que el Estado y los condenados deberán pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas por concepto de daño moral.

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Una pasión argentina

EL TERRIBLE TESTIMONIO DE SYRA VILLALAIN EN LA CAUSA ESMA

Página 12 -  29 12 13 - Por Alejandra Dandan.

A los 87 años contó en detalle, con perfecta ilación y fechas exactas, la destrucción de su familia. Dos violentos allanamientos y dos secuestros, un padre que escucha cómo torturan a su hijo, el exilio de los sobrevivientes.

Syra Villalain tiene 87 años. Hace rato ya que enumera con toda precisión una serie de fechas ante los jueces del tribunal de la causa ESMA. Son tantas que parecen dar cuenta de un enorme clan de familia, pero en este caso no hay aniversarios festivos, sino una cadena interminable de días, meses y hasta años que enumeran los efectos de la dictadura sobre su familia.

Una de las primeras fechas que aparece es la madrugada del 17 de febrero de 1977, en la casa de Floresta. Una patota revisa los doce ambientes de las dos plantas, revuelve todo, da vuelta todo y se lleva a la fuerza a Eduardo Alvaro, el hijo más chico de los siete que tienen Syra y su marido, el médico del barrio Eduardo Manuel Franconetti. Unico varón, de la familia, tenía 18 años, había militado en la UES, pero a esa altura ya no lo hacía.

“Yo quiero destacar entre las secuelas de la represión del terrorismo de Estado la destrucción de tantas familias como la mía”, dijo la mujer al Tribunal Oral Federal 5. “Nosotros, yo, tenía siete hijos. Mi marido era médico, médico de gente pobre, médico de barrio como los que había antes. Eramos una familia con dificultades y con problemas, como ocurre en tantísimos hogares, pero mi esposo tenía derecho a conocer a sus nietos y mi hija y su marido (también desaparecidos más tarde) tenían derecho a ver crecer a sus hijas. Lo que pasó con mi familia no fue solamente con una o dos familias, sino con treinta mil que sufrieron lo más terrible que le puede pasar a un adulto, que es vivir la muerte de un hijo.”

Syra habló sin pedir recesos. Sólo alguna vez les pidió a los jueces “un segundito”. Tomó agua como quien aprendió a darse fuerza con lo que tiene a mano y siguió. El grupo armado que entró a la casa hizo una revisión minuciosa. “Los doce ambientes quedaron totalmente desordenados, con los pisos cubiertos por las cosas que fueron sacando de los placards y muebles.” 

Además de llevarse a su hijo Eduardo, se llevaron por unas horas a su esposo Eduardo Manuel, al que liberaron a la mañana siguiente. Eduardo padre estuvo alojado en una celda de un sótano, desde donde pudo sentir lo peor. “Pudo llegar a oír –dijo Syra– los gritos de mi hijo, que estaba siendo torturado.”

Ese mismo 17 de febrero, otra patota entraba a una casa de Sarandí donde vivía la segunda hija de Syra, Ana María, poco más grande que Eduardo, también antigua militante de la UES y para ese momento artesana en Plaza Francia. Ana María vivía con su compañero y el padre de su compañero, ambos uruguayos. 

Esa noche, su compañero no estaba. La patota entró, ató al hombre mayor, a una pareja que estaba de visita y se llevó a la chica. Con el tiempo, lo único que supo la familia de los dos hijos más chicos es que fueron vistos en el centro clandestino del Atlético. “Fue un día terrible porque ese día entraron al centro clandestino del Club Atlético 19 pibes de la UES, muchos del Nacional Rivadavia y de los cuales sólo hay dos sobrevivientes.”

Las fechas de las que Syra habló en la audiencia continuaron. Un 29 de marzo de ese mismo año, 1977, no hubo patotas, ni secuestros pero Eduardo padre murió de algo que su familia menciona como tristeza. “Los secuestros, de sus hijos no sólo lo afectaron afectivamente, sino que –agregó su mujer– lo sacudió enormemente en la visión que tenía de la sociedad. No pudo resistir. Era un hombre joven. En el momento en que murió tenía 64 años. Y se murió de pena, de dolor, como murieron tantos padres y madres ante semejante situaciones.”

Syra fue convocada en la audiencia de la ESMA para dar cuenta de lo que en realidad siguió a partir de ese momento. El 11 de septiembre de 1977 una patota secuestraba a Adriana María, su hija más grande, y a su compañero, Jorge Donato Calvo. Ellos hacían la cola en el cine Ritz de Cabildo y Olleros para ver una película de Buñuel, Los olvidados, apuntó Syra en unas notas. 

Se llevaron a los dos. Tenían dos hijas, una había cumplido un año y “no caminaba”, escribió su abuela alguna vez. La otra tenía casi tres años. Esa tarde las habían dejado con los padres de Jorge. Ellos fueron los primeros que se dieron cuenta de que no volvían. Adriana estudiaba antropología, era empleada administrativa en Obras Sanitarias. Jorge era médico residente en el Hospital Ramos Mejía. Los dos militaban en Montoneros zona norte, él en el área de Sanidad.

“En el primero de los homenajes que se hizo en el Ramos Mejía por sus desaparecidos, creo que son nueve –dijo Syra a los jueces–, tuve la suerte de encontrar a un compañero de Jorge que todavía está en el hospital y que había guardado dos cuadernos de anotaciones que habían quedado en el armario donde mi yerno guardaba sus cosas. Me los entregó y ahora los atesoran mis nietas.”

Adriana y Jorge se habían conocido en el Nacional de Buenos Aires. “Los dos fueron excelentes alumnos, fueron alumnos brillantes, eran personas inteligentes, preocupadas por la realidad y deseosos de promover una igualdad de oportunidades para todos. Era un momento en que en toda América latina despertaban movimientos populares. Y ellos estaban inmersos en ese deseo colectivo de transformación de la sociedad.”

Desde Montoneros trabajaron en una serie de barrios populares, desde San Fernando hasta Carupá, que hoy ya no existen, dijo. “Todo eso fue loteado y urbanizado, ayudaron a los que allí vivían a organizarse para pedir la luz, el asfalto, las cloacas, el agua corriente, una guardería, una salita de primeros auxilios. Al mismo tiempo se dedicó mi hija a hacer trabajos de alfabetización y de ayuda escolar y Jorge trabajó en el área de Sanidad.”

Syra supo que no estaban cuando la llamaron al trabajo. Al otro día presentaron un hábeas corpus y al otro publicaron una nota con la denuncia en el diario Buenos Aires Herald. Gracias a la nota, dijo la mujer, supieron con los años que Adriana y Jorge habían estado en la ESMA. Un grupo de detenidos desaparecidos obligados a realizar trabajo esclavo leyeron la noticia y la relacionaron con la llegada a Capucha de una pareja que aparentaba ser muy joven.

“En verdad, tanto mi hija como mi yerno tenían 27 años, pero aparentaban muchísimo menos –dijo ella–; de hecho, en algunos cines les pedían documentos para entrar porque pensaban que eran pibes.”

En la ESMA los vieron varios sobrevivientes. Syra fue conociendo distintos relatos. Alguna vez los situaron en momentos distintos al operativo y para certificarlo todo de nuevo ella fue al Herald a revisar toda la edición 1977. Buscó operativos en cines. Vio uno en el Splendid de la avenida Santa Fe, otro enfrente, pero sólo uno en Belgrano, el de su hija. Lila Pastoriza los mencionó en el Juicio a las Juntas y Alicia Milia de Pirles dijo que lo vio a Jorge desde su cucha, “y que la sorprendió porque tenía un aspecto muy, muy joven y le llamó la atención porque estaba bien vestido y limpio, no como los que estaban en el campo”. Ese dato es importante para la familia, pero también para los fiscales por ejemplo. Aunque parezca pequeño, la idea del estar bien vestidos puede asociarse a la ida al cine.

Adriana al parecer estuvo sólo unos días en la ESMA y Jorge unas semanas. Ambos están de-saparecidos. También lo están los dos hijos más chicos de la familia, Eduardo y Ana María.

Cuando terminó de contar todo esto, Pablo Llonto, abogado de la querella, le preguntó si podía explicar qué pasó con el resto de los hijas.

“Yo, después de que sucedió todo esto, tenía cuatro hijas que habían salvado sus vidas. Tres de ellas viajaron a México, donde estuvieron exiliadas. México realmente fue un país que acogió a los exiliados argentinos, los ayudó, pero el exilio siempre fue duro. Una de mis hijas hizo estudios universitarios, estudió psicología y allí estuvieron. Una volvió junto con la democracia, vino con Alfonsín. Y las otras dos volvieron más tarde. Y aquí quedó una sola, que no viajó porque en ese momento estaba casada con un chico que a los 23 años murió de cáncer.”

En México vivieron María Teresa, María Mercedes y María Gloria. María Victoria fue la que quedó viviendo en Buenos Aires.

“Yo quiero simplemente expresar mi satisfacción por la concreción de estos juicios que, la verdad, llegan un poco tarde, pero están funcionando”, dijo Syra. Y agradeció a los que sobrevivieron a los campos. “Ellos, después de vivir las atrocidades por las que tuvieron que pasar, tuvieron el coraje de dar sus testimonios y en gran parte muchos dieron sus testimonios antes de llegar la democracia. Eran noticias terribles, pero paradójicamente nos dieron seguridad porque uno ahí supo dónde estábamos parados y qué es lo que teníamos que hacer.”

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La tortura no se olvida

El grueso manto que ocultaba la realidad de la tortura ha comenzado a descorrerse. En ello ha influido, notoriamente, la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Chile, por negar el derecho a la justicia a Leopoldo García Lucero.

El Ciudadano* –  26 de diciembre de 2013 - Por Francisco Marín

Este hombre, que vive en el Reino Unido desde 1975, fue víctima de torturas reiteradas –en diversos recintos–, entre el 16 de septiembre de 1973 y el 12 de junio de 1975, fecha en que salió de Chile, gracias a un decreto del Ministerio de Interior.

 La CIDH no castigó el delito de torturas en sí, si no el hecho que Chile no hiciera una investigación de oficio, pese a conocer lo ocurrido con García Lucero desde 1994Este ex prisionero había remitido -el 23 de diciembre de 1993– una misiva al estatal Programa de Reconocimiento al Exonerado Político en Chile, en la que narraba lo sufrido. Este ente estatal acusó recibo de la carta un año después.

 Aunque, en octubre de 2011, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una denuncia de García Lucero y ordenó que se iniciara una investigación judicial por su caso, el tiempo transcurrido entre cuando fue informado de los hechos y comenzó el juicio –16 años, 10 meses y siete días– fue considerado demasiado largo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 “Debido a la excesiva demora en iniciar la investigación de las torturas, Chile es internacionalmente responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial”, señala el fallo condenatorio. El citado tribunal internacional ordenó a Chile continuar y concluir la investigación “dentro de un plazo razonable” y pagar la cantidad fijada por daño inmaterial (cerca de 20 mil libras esterlinas).

La memoria pertinaz

Este fallo condenatorio, en el caso García Lucero, ocurre en un momento de despertar de la memoria colectiva respecto del drama de la tortura. Ese fenómeno se desplegó, con fuerza nunca antes vista, en el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe militar. Numerosos programas de televisión abordaron esta temática. Víctimas de la tortura entregaron minuciosos detalles de lo sufrido. El País entero se enfrentó a una realidad que se mantenía oculta, bajo la alfombra.

Dos semanas antes del 11 de septiembre, se presentó en la ciudad-puerto de San Antonio el libro El despertar de los cuervos [Editorial CEIBO], del periodista Javier Rebolledo. El auditorio del nuevo centro cultural de esta ciudad –con capacidad para 500 personas– se repletó, y cientos quedaron afuera. El hecho causó conmoción, quizás porque –a pesar de haber sido una de las ciudades más afectadas por la represión política– sus habitantes nunca se han podido liberar del todo del yugo que significó haber sido sometidos por el entonces coronel Manuel Contreras.

Este genocida era, en septiembre de 1973, comandante del Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes, que fue el laboratorio que dio forma a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) de la que fue creador y director. Según se señala en el referido libro, Tejas Verdes fue “el nido de la DINA”. Allí se capacitaron en métodos de tortura cientos de uniformados, que pasaron a integrar las filas de la DINA. 

Cosme Caracciolo, líder histórico de los pescadores artesanales chilenos, entregó el testimonio del horror vivido por él en dicho centro de detención, tortura y exterminio. “Tejas Verdes representa, para mí, una de las cuestiones más tristes, más turbias y más oscuras que se pueda recordar de la Dictadura. Fíjate que cualquier persona que pasaba por el puente Las Rocas, hacia San Antonio o hacia Las Rocas de Santo Domingo, podía ver el campo de concentración, podía ver las torretas con las ametralladoras. Era igual que las imágenes que guardábamos de las terribles películas de los campos de concentración nazi. Eso era lo que la gente veía y yo creo que eso se hizo para infundir terror en la población”.

Cosme Caracciolo señala que fue detenido el 10 de marzo de 1975, en una redada que se hizo en San Antonio en contra de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR): “Yo estaba en mi casa; ese día, habíamos estado trabajando en la mar con mi padre y con otro par de compañeros pescadores […] cuando me desperté me di cuenta que los militares estaban dentro del dormitorio y me habían puesto en la cabeza el cañón de la ametralladora […] había uno que me pegaba con el cañón en la cabeza, y yo miro al lado y veo a mi esposa, la Tere, que estaba sentada en la cama: estaba llorando con la guagua [su hijo Luciano] en brazos, y yo les pedía a los militares, que venían con gorro pasamontaña […] que si me iban a hacer algo, me sacaran de ahí”.

“Me sacaron del dormitorio; mi mujer quedó llorando, en la casa; en el patio me golpearon, me amarraron y me vendaron […] Cuando me llevan a la camioneta, sentí el llanto de mi hermana Belinda… ella estaba en la cabina de la camioneta y me pedía perdón… ahí me di cuenta, por sus gritos […] que la habían sacado de la casa para que dijese dónde yo vivía”.

Al llegar al lugar de reclusión y después de tenerlo un par de horas en el piso, iniciaron el `interrogatorio´. “Yo, lo único que pedía era que liberaran a mi hermana: [ella] había tenido un parto hacía muy poco tiempo… entonces. yo lo único que quería era que la liberaran”. Como a los tres días, uno de los guardias le informó que la habían soltado. Poco después, ella se fue a Suiza, país en el que aún está radicada.

Cosme continúa su narración: “Esa noche me llevaron a sesión de interrogatorio; es decir, de tortura […] Me metieron a una sala con la ropa que estaba no más y me tiraron sobre una camilla, o cama. Me pusieron unos perros metálicos en los lóbulos de los oídos y bueno, ahí [comenzó] una sesión de electricidad. Llegaba el momento en que era tan fuerte la electricidad que uno empezaba como a convulsionarse… y ahí te paraban la electricidad y volvían a preguntarte huevadas, tonteras, estupideces […] Para mí eran cuentos, invenciones; entonces, no podía tener respuestas a esas cuestiones… creo que me desmayé después, porque sentí como me llevaban en el aire y me tiraron entre medio de los compañeros que estaban en el piso”.

“Toda esa noche, estuvieron sacando compañeros y los sometían a lo mismo que me habían sometido a mí […] no podías dormir… no sabías si la luz estaba encendida, o apagada. No sabías si estaban los guardias adentro… de repente escuchabas: ‘aquí viene un huevón, aquí traemos uno’ y lo tiraban al piso […] yo intenté conversar con los compañeros que llegaban, para darle un poco de fuerza […] y nos agarraban a puntapiés y culatazos a los que tratábamos de conversar con los que venían llegando. Esa fue la primera noche, fue una noche horrible y esto continuó así, sin parar”.

El pescador Caracciolo, que durante la primera década de este siglo presidió la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), expresa que, a pesar de lo horrible de las torturas, lo que más le afectó fueron las humillaciones.

Dice que durante los primeros cinco o seis días de reclusión no recibió alimento alguno. Transcurrido ese tiempo, le soltaron las manos a él y a otros cuatro detenidos y los invitaron a comer. “Era sólo una fuente para cuatro prisioneros. Yo, instintivamente, traté de apropiarme de la fuente, y para hacerlo atiné a golpear a mis compañeros”.

Dice que, luego de unos segundos, recapacitó, lloró y dejó de comer. Esa experiencia la recuerda como la peor de toda su vida. “Nos rebajaron a la categoría de seres irracionales, porque podría haber sido un hermano al que le pegaba, por un poco de comida”, manifiesta.

Caracciolo estuvo detenido cerca de tres meses, en los que fue torturado casi todos los días. Al ser liberado, le pidieron a él y a otros prisioneros que contaran que habían sido tratados bien. A pesar de los tormentos vividos, Caracciolo –que, ahora, tiene 60 años– inició una lucha clandestina contra la Dictadura, que nunca abandonó. De hecho, aún es uno los dirigentes sociales más combativos de Chile.

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Doce represores que van a juicio oral

ELEVARON A JUICIO LA CAUSA POR LOS CRIMENES COMETIDOS EN EL CENTRO CLANDESTINO CUATRERISMO

Doce represores que van a juicio oral.

Página 12 - 28 12 13

El juez federal Daniel Rafecas tiene a su cargo la

megacausa del Primer Cuerpo de Ejército.

El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral y público a doce acusados –tres militares de alto rango y nueve policías de la provincia de Buenos Aires–, por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención y tortura Cuatrerismo y en la comisaría de Monte Grande. Cuatrerismo funcionó en el cruce de Autopista Riccheri y Camino de Cintura, en La Matanza, a partir de 1974, durante más de tres años.

La resolución de Rafecas incluye a 137 víctimas –la mitad permanece desaparecida o fue asesinada y todas fueron sometidas a torturas en cautiverio– y es uno de los desprendimientos de la megacausa sobre los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

Entre los acusados se encuentran los ex comisarios de la Bonaerense José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein y los suboficiales José Sánchez, Angel Salerno y Carlos Tarantino. El juez los imputó porque el 4 de noviembre de 1975 desplegaron un operativo ilegal en Palermo y detuvieron a seis personas que fueron llevadas al centro clandestino Cuatrerismo-Brigada Güemes, donde fueron torturadas. 

En el mismo operativo fue asesinada María Teresa Barvich, de 24 años, embarazada de dos meses según el informe de autopsia. Charo Moreno, embarazada de cuatro meses, habría sido víctima de una paliza. A Norberto Rey lo golpearon hasta quebrarle las costillas y a Blanca Becher hasta que quedó inconsciente. Tanto Rey como Washington Mogordoy fueron alcanzados por disparos de arma y tuvieron que ser hospitalizados. El centro clandestino que funcionó en la División Cuatrerismo de La Matanza estuvo a cargo del comisario Juan Modesto Carabajal, fallecido en 1977.

El magistrado dispuso también la elevación a juicio del entonces teniente coronel Hugo Idelbrando Pascarelli y Miguel Osvaldo Etchecolatz, comisario general a cargo de la Dirección de Investigaciones de policía de la provincia de Buenos Aires. A ellos les imputó el cautiverio y el sometimiento a torturas de 122 víctimas que estuvieron en Cuatrerismo-Brigada Güemes y la muerte de Jorge Marcelo Scelso y los hermanos Rubén Gerardo y Jorge Luis Salinas. A Scelso, de 26 años, padre de dos niños, que fue detenido el 6 de septiembre de 1976, le habrían perforado los pulmones y quebrado las costillas.

Los Salinas, que estuvieron secuestrados en ese centro clandestino la primera semana de enero de 1977, también fueron sometidos a una salvaje golpiza y torturas. Fueron sacados de Cuatrerismo durante algunas horas y al volver no pudieron sobreponerse. Fallecieron con una diferencia de media hora y los guardias se llevaron los cuerpos.

Al procesar a estos acusados Rafecas había mencionado las condiciones infrahumanas de existencia, constitutivas de tormentos a las que fueron sometidas las víctimas, como “la sujeción e inmovilización, la prohibición del habla, el tabicamiento, la privación de agua y alimento, la frecuente prohibición de ir al baño, la exposición a desnudez, la amenaza constante con ser torturado físicamente, el sometimiento a abusos sexuales o la amenaza de ellos, los interrogatorios y, en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino o golpes; mecanismos que se encaminaban a obtener la despersonalización de las víctimas; y en particular, hizo hincapié en el salvajismo de las torturas físicas que provocaron la muerte de tres víctimas”.

En la comisaría de Monte Grande estuvieron cautivas unas veinte personas y todas ellas fueron sometidas a tormentos. Rafecas sostuvo que “las víctimas fueron mantenidas en un régimen brutal de inanición, mantenidas en absoluta oscuridad, privadas de la posibilidad de higienizarse e ir al baño, abstraídos del conocimiento de sus familiares y sin poder mantener contacto con el exterior y con la amenaza de la tortura o de la desaparición”. 

Por estos hechos y por el homicidio de Rachel Venegas Illanes, torturada en la comisaría y asesinada el mismo día en que se dispuso “su traslado”, fueron responsabilizados los entonces tenientes coroneles Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis (por ser jefes de área), el comisario Guillermo Néstor Díaz, jefe de la seccional, y los ex suboficiales de la Bonaerense Nildo Delgado, Daniel Mancuso y Alberto Faustino Bulacio.

El juicio oral por Cuatrerismo estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6, el mismo que ha tenido a su cargo el juicio de los hechos que tuvieron lugar en Superintendencia de Seguridad Federal y el circuito represivo que tuvo lugar en la ciudad de Junín, en donde funcionaron cinco centros clandestinos.

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Los Fusilados de Soca demandan justicia

Con  la presencia de autoridades nacionales y departamentales, de familiares de las víctimas, vecinos de la zona, representantes de organizaciones sociales y políticas, el día sábado 21 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la ceremonia oficial de designar con el nombre de Camino de los Fusilados a la ex Ruta 70 en el Departamento de Canelones en homenaje a  María de los Ángeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García.

La actividad se realizó junto al Memorial que los recuerda en el lugar en que el 21 de diciembre de 1974 aparecieron sus cuerpos acribillados a balazos y con señales de haber sido sometidos a torturas.

En la parte oratoria hicieron uso de la palabra el Edil Ubaldo Aita, por la Junta Departamental de Canelones, Helena Bicera por la Comisión de Memoria de los Fusilados de Soca, Roberto “mono” Herrera por Crysol (Asociación de expres@s polític@s de Uruguay), Charo Estefanell como familiar de una de las víctimas y el Intendente de Canelones Dr. Marcos Carámbula.

La parte artística contó con la actuación de Daniel Viglietti.

Roberto "mono" Herrera haciendo uso de la palabra en nombre
de Crysol.

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Juan Carlos Gómez fue absuelto

Justicia para todos

Montevideo Portal - 20 12 13

Tras dos años de prisión, la justicia absolvió al coronel Juan Carlos Gómez, por el asesinato por torturas de Roberto Gomensoro en marzo de 1973. El ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro y el ex Secretario de Presidencia Gonzalo Fernández habían advertido su convencimiento sobre la inocencia del militar.

El coronel Juan Carlos Gómez había sido procesado con prisión por la jueza de Paso de los Toros Lilián Elorriburu, en agosto de 2010, junto a José Nino Gavazzo, por el asesinato del militante tupamaro Roberto Gomensoro, ocurrido en marzo de 1973.

En agosto de 2012, Montevideo Portal dio a conocer una carta del ministro Eleuterio Fernández Huidobro en la que expresaba su convencimiento de que Gómez no había participado en el homicidio.

El principal elemento era que Gomensoro había muerto en Montevideo y no en Paso de los Toros donde fue hallado su cuerpo. Fernández Huidobro y muchos otros actores de la investigación advirtieron sobre un falso o equivocado testimonio por parte de un ex miembro del MLN-T.

En la carta, Fernández Huidobro señalaba la existencia de “una infinidad de relatos escritos y orales de prisioneros y oficiales del Grupo de Artillería nº1 que confirmarían la muerte de Gomensoro allí”.

“Tengo la convicción personal por motivo de información que me llegó durante la prisión y luego de mi liberación que Roberto Gomensoro fue asesinado en el Grupo de Artillería Nº1 en 1973”, comienza la misiva escrita por Fernández Huidobro, con fecha del 19 de julio pasado.

“Hacia febrero de 1973 empezó a operarse un cambio en los métodos de lucha antisubversiva, centralizando y profesionalizando la represión alrededor del Servicio de Información de Defensa (SID) La muerte de Roberto Gomensoro se da en medio de ese cambio y su repercusión dentro del Grupo de Artillería Nº1. Su cadáver fue trasladado a Paso de los Toros y se pretendió desaparecerlo, al poco tiempo el cuerpo apareció, pasó muchos años como NN hasta que hace unos años salió a luz la verdad sobre su identidad”, señala la carta.

Fernández Huidobro señaló también que el pedido de captura no surgió de una unidad militar, sino del SID: “Ninguna Unidad Militar requirió su captura, ni emitió comunicados al respecto. El Servicio de Información de Defensa fue quien comandó esta operación. Los comunicados, requisitorias e informes de una falsa fuga fueron emitidos por las Fuerzas Conjuntas coordinadas por el Servicio de Información de Defensa dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. Esto es muy importante: hoy mismo la DINACIE depende directamente del Ministerio de Defensa, así como Sanidad Militar y otras dependencias”.

Además, el ministro mencionó el libro de Leonardo Haberkorn, Milicos y Tupas en el que el contador Carlos Koncke cuenta que él le preguntó a uno de los militares qué había pasado y este le respondió: “A Gavazzo se le murió un chico, Se le pasó de tiempo en el tacho”.

”Hay que investigar las responsabilidades del entonces ministro de Defensa, Jefe del SID, Jefe y Segundo Jefe de Artillería nº1 y oficiales que operaban dentro y fuera de la Unidad. Analizar aquella transición en las formas de represión, que con Roberto Gomensoro cambia la metodología al decidirse no entregar los restos a los familiares, como sucedió con otros muertos en la tortura puede ayudar a esclarecer otros casos de detenidos desaparecidos posteriormente”, agrega la carta señalando también el hecho de que las investigaciones de la Comisión para la Paz y las investigaciones elevadas al ex presidente Vázquez en 2005 confirmar la versión que Fernández Huidobro escuchó “durante tantos años”.

“Temo que esté pagando con cárcel un oficial que nada tuvo que ver en este caso”, señala en referencia a Juan Gómez “y se esté encubriendo a los verdaderos culpables. Cortando, además, la línea de investigación”, concluye la misiva enviada al juzgado de Paso de los Toros.

El caso Gomensoro

La carta de Fernández Huidobro, publicada por Montevideo Portal, no es la única que llegó a la sede del juzgado de Paso de los Toros; el Comandante en Jefe del Ejército, Pedro Aguerre también ratificó lo planteado en el informe entregado a Presidencia de la República en 2007, al igual que lo hiciera el ex comandante en Jefe Ángel Bertolotti, en sus declaraciones.

La misiva de Pedro Aguerre está firmada el 25 de junio de 2012 y responde a una solicitud de la sede judicial en la que se le pregunta quién pidió la captura de Gomensoro, quien inventó la fuga del militante, quién admitió su muerte y a quién fue entregado su cuerpo.

Aguerre, en su respuesta, no aporta más que los datos entregados en la investigación realizada a partir de 2005 y publicada en 2007, dando cuenta que Gomensoro murió a las pocas horas de ser detenido en Artillería 1, conocido como el cuartel de La Paloma, y todas las instancias vinculadas al caso se dan desde ese cuartel, lo que podría quitar responsabilidad al militar Juan Carlos Gómez, quien era oficial en la región donde apareció el cuerpo, en el lago Rincón del Bonete.

El titular de Defensa respondió por escrito a la jueza a Lilián Elhorriburu, el pasado 19 de julio, expresándole su convicción de que la muerte de Roberto Gomensoro ocurrió en el cuartel de artillería nº1, en el Cerro y no en Paso de los Toros, tal como declaró el testigo Mario Blanco, otro ex integrante del MLN.

Roberto Gomensoro pertenecía a la Columna 70 del MLN-T. Fue detenido en su casa de Malvin el 12 de marzo de 1973 y fue trasladado al cuartel de Artillería Nº1, en el cerro, conocido como el cuartel de La Paloma.

Sus captores inventaron una fuga y libraron una orden de captura nacional e internacional. Su cuerpo apareció en la zona de Rincón del Bonete, en Tacuarembó el 18 de marzo de ese mismo año, cubierto con una malla de alambres y piedras que no lograron hacer el peso suficiente para hundir el cuerpo.

Todos los testimonios apuntaban a que Gomensoro fue asesinado en torturas en el cuartel de La Paloma y su cuerpo trasladado a Paso de los Toros y tirado al Lago de Rincón del Bonete, pero en noviembre de 2009 apareció el testigo Mario Blanco, ex miembro del MLN, quien dijo haber estado preso junto a Gomensoro en Paso de los Toros y haber sido testigo de su tortura y castración, involucrando a Juan Carlos Gómez, quien era Oficial del Estado Mayor de la Región que incluía a Paso de los Toros.

Otros elementos contradictorios con los del testigo

Otros elementos que contradicen los dichos de Blanco, son las autopsias realizadas por los médicos forenses Emilio Laca y Guido Berro. El primero en ningún momento menciona la castración, mientras que Berro, a partir de muestras fotográficas asegura que el militante no fue castrado.

También las declaraciones del militante de izquierda Luis Otormin, que estaba preso en Rivera junto a Blanco y otros militantes tupamaros. Otormin declaró ante el Tribunal de Apelaciones que estuvo detenido en Rivera en marzo de 1973 y que luego todos fueron trasladados a Salto, en la semana de turismo, sin que nunca Blanco le comentara nada de un traslado a Paso de los Toros, ni de la herida en la rodilla, que Blanco declaró haber sufrido por un golpe recibido “con la bayoneta que lo había castrado a Gomensoro”.

En sus declaraciones ante el Tribunal Otormin agregó que no puede saber si en una noche Blanco hubiese sido llevado a esa localidad de Tacuarembó, pero agregó que nunca lo vio renguear o quejarse por la herida.

Mario Blanco también señala que Gomensoro era rubio, pero el militante de la columna 70 era morocho y así lo determina los resultados de la autopsia realizada cuando fue encontrado el cuerpo.

Al ser consultado sobre este punto, el Cnel (r) Luis Agosto-uno de los militares de La Paloma- prefirió no realizar declaraciones sobre el caso. Otras fuentes de ese cuartel, dijeron a Montevideo Portal que en su momento le confirmaron que había muerto un chico en tortura, pero que nunca supo su nombre, agregando que seguramente era alguien que recién llegaba a La Paloma.

“No fue un rumor, ni un invento, fue una cosa muy concreta. Murió un chico, se les fue la mano y se ahogó. Todo el mundo lo sabía, era una cosa conocida. Estaban doloridos y avergonzados”, agregó.

El jueves pasado declararon en la causa los integrantes para la Comisión para la Paz, Carlos Ramela y Gonzalo Fernández, quienes señalaron que según la información que habían recabado en su momento Gomensoro habría muerto en La Paloma, al tiempo que el ex Comandante en Jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, declaró en el mismo sentido, respecto a la información que obtuvo cuando realizó las investigaciones que pidió el ex presidente Tabaré Vázquez en 2005.

Otras dudas e inconsistencias de la investigación

El ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández, el Dr. Carlos Ramela y el ex comandante en Jefe del Ejército Ángel Bertolotti confirmaron ante la jueza de Paso de los Toros Lilián Elorriburu que el militante Roberto Gomensoro murió en el cuartel de La Paloma y no en Paso de los Toros como declaró un testigo del MLN.

Varios testigos declararon por el caso del militante tupamaro Roberto Gomensoro, quien fue asesinado en marzo de 1973. Gomensoro fue detenido en Malvín y su cuerpo apareció seis días después en el departamento de Tacuarembó. En agosto de 2010, luego de un testimonio que asegura a ver visto a Gomensoro en Paso de los Toros, fueron procesados los militares José Gavazzo y Juan Carlos Gómez.

El abogado Gustavo Bordes, defensor del militar Juan Carlos Gómez, dijo a Montevideo Portal que en sus declaraciones como testigos tanto el Dr. Carlos Ramela, como el abogado Gonzalo Fernández y el ex Comandante en Jefe del Ejército Ángel Bertolotti dijeron ante la Justicia que la información con la que contaban era que el militante tupamaro, Roberto Gomensoro fue asesinado durante torturas en el cuartel de Artillería Nº1, conocido como La Paloma-ubicado en el Cerro- y no en Paso de los Toros, tal como declaró el testigo Mario Blanco.

Fernández, que tiene vínculos familiares con la familia Gomensoro, dijo a la Justicia no tener dudas de que el militante tupamaro fue detenido en Malvin en marzo de 1973 y trasladado al cuartel de La Paloma donde murió a las pocas horas.

Por su parte el ex secretario de Presidencia durante el gobierno de Batlle e integrante junto a Fernández de la Comisión para la Paz, Carlos Ramela, ratificó los dichos señalando que en todo momento de la investigación sobre el caso manejaron la información de que había muerto en La Paloma.

En tanto, el ex Comandante en Jefe del Ejército, Ángel Bertolotti dijo que consultando a los involucrados llegó a la misma conclusión, cuando realizó las investigaciones pedidas por el presidente Tabaré Vázquez en 2005.

“No había otra versión, no hubo nunca otra versión”, señaló Bordes, haciendo hincapié en que “el único que dijo que murió en Paso de los Toros es Blanco. Además se contradice en las tres veces que fue a declarar”.

Bordes señaló que el testigo dijo que estaba preso en Rivera, fue trasladado a Paso de los Toros y allí le lastimaron una rodilla con la misma bayoneta en que supuestamente castraron a Gomensoro, vio morir a Gomensoro en Paso de los Toros y luego lo trasladaron nuevamente a Rivera.

El Dr. Luis Otormin, que estaba preso en Rivera junto a Valerio y otros militantes tupamaros, declaró ante el Tribunal de Apelaciones que fue detenido en Rivera en marzo de 1973 y que luego todos fueron trasladados a Salto, en la semana de turismo, sin que nunca Blanco le comentara nada de un traslado a Paso de los Toros, ni de la herida en la rodilla.

En sus declaraciones ante el Tribunal Otormin agregó que no puede saber si en una noche Blanco hubiese sido llevado a esa localidad de Tacuarembó, pero agregó que nunca lo vio renguear o quejarse por la herida.

Blanco declaró en noviembre de 2009 y sus declaraciones fueron tomadas en cuenta para procesar a Juan Carlos Gómez que en ese momento era Oficial del Estado Mayor de la Región que incluía a Paso de los Toros.

Luego de la muerte de Gomensoro, en vez de entregar el cuerpo, como habían hecho en otras oportunidades hasta aquel momento, decidieron inventar una fuga y librar una orden de captura nacional e internacional contra Gomensoro: “Montevideo se hizo responsable en todo momento”.

El cuerpo de Gomensoro fue trasladado y encontrado en la represa del Rincón del Bonete el 18 de marzo, seis días después de su detención. El cuerpo tenía alambres y piedras que no hicieron suficiente peso para que el cuerpo se hundiera.

Si bien en su momento autoridades policiales de la época señalaron que estaba castrado, y pusieron ese elemento como una forma de vincularlo a una víctima de un ajuste de cuentas en una causa de contrabando, existen dos informes forenses, uno del Dr. Emilio Laca y el otro, sobre fotocopias de fotografía realizado por el Dr. Guido Berro-en junio de 2012- que señala que el hombre no fue castrado.

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