A cuarenta y ocho años de los sucesos, a más de treinta y siete del retorno a la democracia y a once de la anulación de la Ley de Caducidad, no hay un solo procesado en una causa que involucra a las primeras acciones represivas fuera del territorio nacional. (*)
Foto de La Diaria
El asesinato en el verano de 1974 de Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor
Brum, María de los Angeles Corbo, quién cursaba un avanzado embarazo, y de
Graciela Estefanel, fue brutal y estremecedor. En Francia, había sido asesinado
el coronel Ramón Trabal ex jefe de inteligencia militar durante 1972 y uno de
los supuestos autores de los Comunicados 4 y 7.
Estos cinco uruguayos, luchadores sociales y políticos que se encontraban
exiliados en la Argentina, junto con Julio Abreu y Amaral García, un niño
pequeño en aquel entonces, fueron secuestrados en Buenos Aires, lugar donde
residían luego de instaurada la dictadura en Uruguay. Juan Domingo Perón había
fallecido y la Triple A, actuando desde el Ministerio de Bienestar Social de Jóse
López Rega, comenzaba a causar estragos entre la militancia de izquierda.
Julio Abreu, luego de semanas, fue liberado en suelo uruguayo y amenazado de
muerte para que no brindara testimonio. Durante mucho tiempo permaneció
vigilado por los servicios de Inteligencia. Su testimonio, a principios de este
siglo, fue decisivo para arrojar luz sobre lo ocurrido.
El operativo de los comandos uruguayos se llevó a cabo en los primeros días del
mes de noviembre de 1974. Fueron secuestrados un sábado al mediodía. Luego
de ser torturados en centros clandestinos de Argentina, las Fuerzas Armadas
(FFAA) los trasladó en secreto a Uruguay, los volvió a torturar, durante varios
días, en la Casa de Punta Gorda. De acuerdo a las pericias forenses, fueron
ametrallados en la zona en que fueron encontrados sus cadáveres.
Un crimen de Estado
La activa participación de integrantes de las fuerzas armadas uruguayas es un
hecho indudable. El asesinato de los secuestrados fue decidido en el Consejo de
Seguridad Nacional (Cosena), presidido por Juan María Bordaberry e integrado
por el Tte. Gral ® Grego
rio Alvarez.
El horrendo crimen fue un supuesto acto de represalia, ante la muerte del
Coronel Ramón Trabal.
Lo poco que se ha avanzado en el esclarecimiento de estos hechos se debe a
esfuerzos privados de familiares, de compañeros y amigos. Desde hace unos
años, de manera privada se han realizado importantes hallazgos para esclarecer
lo sucedido. Desde que en febrero de 2013 la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
presidida por el juez Jorge Ruibal Pino, sancionó a la Dra. Mariana Mota y a
apartó del área penal, es notable la falta de involucramiento real del órgano que
tiene todas las potestades y facultades para investigar en nuestro país: el Poder
Judicial.
La justicia en deuda
Aunque desde octubre del año 2011 no existen obstáculos legales para actuar,
aunque la Ley de Caducidad ya no sea un impedimento legal, la causa judicial,
a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía Especializada en delitos de Lesa
Humanidad, sigue sin avanzar. Incluso, algunos de los más que probables
involucrados en los sucesos hasta gozan de prisión domiciliaria, sin haber sido
nunca, pero nunca, interrogados al respecto.
La investigación criminalística, con todas las garantías del debido proceso, y con
el rigor que corresponda, es el camino para llegar a la verdad, para esclarecer
los hechos e identificar a los responsables.
Políticas de Estado integrales
El enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un
elemento decisivo, fundamental, incluso, para llegar a la verdad de lo ocurrido
con los detenidos desaparecidos. La creación de la Fiscalía Especializada en
Crímenes de Lesa Humanidad fue un gran acierto. Su desempeño, desde sus
inicios, ha sido un elemento determinante para promover todas las causas.
El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. Su máximo
órgano, la Suprema Corte de Justicia, debe dejar de tolerar las mil y una
artimañas que en forma permanente emplean los presuntos delincuentes para
enlentecer las causas. Debe aceptar, como lo señalan los organismos de DDHH,
que desde el Tribunal de Nuremberg, al cual Uruguay adhirió, estos asesinatos
son “crímenes de Lesa Humanidad”.
Debe generar, además, las condiciones que permitan que los jueces actúen, se
enfoquen y resuelvan. Debe rechazar las indebidas prisiones domiciliarias de
quienes han sido condenados por los peores crímenes que conoce la historia de
nuestro país.
La lucha por la justicia es la lucha contra la impunidad, contra la cultura de la
impunidad, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la
institucionalidad democrática. Es la lucha por afirmar las normas de Derechos
Humanos, como pilares de la convivencia ciudadana, para dignificar la vida
humana. El viernes concurriremos al Memorial de los Fusilados de Soca a
homenajear a las víctimas pero también será un acto militante para seguir
avanzando por Verdad, Memoria y Justicia.
-----
(*) Silencio Roto. Los fusilados de Soca, un crimen de Lesa Humanidad. Editorial
Fin de Siglo.
-----------------
Opinando N° 21 – Año 11 – Miércoles 13 de diciembre de 2022
