De izquierda a derecha: Julio Martínez, Gastón Grisoni, José Pepe Mujica, Carmen Vernier, Baldemar Taroco, Carlos "Tito" López y Brenda Falero
1. Ratificamos el apoyo de nuestra institución a la ley que elimina los efectos de la Ley de Caducidad, para que se allane el camino a la verdad y la justicia.
2. Que el Estado uruguayo en una ceremonia oficial y pública asuma su responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar y pida disculpas al pueblo uruguayo, y en particular a las víctimas.
3. Que el Estado cumpla con su obligación de investigar las violaciones de los Derechos Humanos y de enjuiciar a los responsables de las mismas a través del Ministerio Público, en base a lo establecido por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, siendo promotor y querellante en las causas.
4. Que se implementen las disposiciones del Decreto 297/10 reglamentario del Artículo 10 de la ley de reparación 18.596 a nivel del MSP y ASSE, cumpliendo con lo establecido en el mismo; y se lo modifique asegurando la libre opción del prestador en salud para todos los beneficiarios tal como lo establece el texto legal.
5. Efectivizar el traspaso anunciado por el Ministro Rosadilla del Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) para transformarlo en un espacio de Memoria y Derechos Humanos.
6. Dotar a la Comisión Especial de la Ley 18.596 de los recursos humanos y materiales necesarios para una pronta y efectiva implementación de la misma en plazos razonables.
7. Enviar al Parlamento, por parte del Poder Ejecutivo, una ley modificativa de la Ley de Reparación 18.596 para solucionar sus carencias e insuficiencias, y para compatibilizarla con lo dispuesto en la sentencia de la CIDH en beneficio de todas las víctimas del Terrorismo de Estado abordando los siguientes aspectos:
a) reparar en la ley a los niños y adolescentes de la época de la dictadura que eran familiares directos de los ex-presos políticos.
b) dar cumplimiento al Artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura.
c) eliminar la discriminación de los ex-presos políticos que fueron liberados antes del 9 de febrero de 1973 y permitir que perciban la PER, Artículo 11 de la Ley 18.033.
d) extender la PER a todos los ex-presos políticos sin exclusiones.
e) compatibilizar el cobro de la PER con las jubilaciones y pensiones propias.
f) incrementar los montos indemnizatorios establecidos por la ley para todos los beneficiarios, en sintonía con lo dispuesto por la resolución de la CIDH.
g) Establecer que el monto mínimo jubilatorio de la ley 18033 sean 8,5 BPC.
8. Poner en funcionamiento la Institución Nacional de Derechos Humanos a la brevedad.
9. Posibilitar el acceso a las historias clínicas de los ex presos políticos del Hospital Militar.
10. Asegurar el acceso a todos los Archivos de la represión.
11. Declarar al 14 de marzo el Día de la y del Liberado en reconocimiento oficial destinado a dignificar públicamente a las y a los ex-presos políticos del Terrorismo de Estado.
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26 04 2011
