El desconocimiento y el menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad
Para afirmar la democracia y mejorar la calidad de
vida de sus habitantes, Uruguay necesita, imperiosamente, fortalecer una
cultura de Derechos Humanos, a nivel de las instituciones, de los funcionarios
y agentes del Estado. Debe fortalecer los organismos de control, básicamente la
Institución Nacional de DDHH y Defensoría del pueblo (INDDHH). Debe extender
los conocimientos a nivel educativo en todos los niveles de la educación y de
la población en general. Debe hacerlo de una manera seria y convincente, sin
falsear los conceptos por el mero hecho de que los mismos al principio puedan
parecer incomprensibles cuando no se conocen los orígenes históricos de los
mismos.
DDHH: una gran conquista
El surgimiento de las normas internacionales de
Derechos Humanos luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de la
derrota de la coalición nazi fascista por las fuerzas aliadas fue un inmenso
logro para toda la humanidad. En 1948 se proclamó la Declaración Universal de
los Derechos del hombre. Los representantes de más de un centenar de países
adoptaron un conjunto de principios y valores destinados a proteger la dignidad
de las personas ante los abusos potenciales de los gobernantes. Aprobaron una
serie de derechos de las personas que los Estados, sus instituciones, sus
funcionarios y agentes debían promover, garantizar y respetar con el propósito
de propiciar la paz a nivel de las naciones y a nivel internacional.
La vida en sociedad demanda que los miembros de ella
ajusten su conducta a un conjunto de normas que garanticen una convivencia
pacífica. Desde la más remota antigüedad existen disposiciones destinadas a
regular la vida social y cuya violación cuando son cometidas por individuos
particulares o grupos de ellos acarrean sanciones de diferente naturaleza.
Solo los Estados violan las
normas de Derechos Humanos
La proclamación de la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre supuso el surgimiento de normas, valores y principios
destinados a regular la conducta de los Estados para impedir que las personas fueran
avasalladas por ellos.
La enumeración de derechos que Proclama la Declaración
Universal pone de manifiesto que es un acuerdo de Estados para regular sus
propias conductas con el propósito de garantizar la dignidad de las personas. Fácilmente
se deduce, por lo mismo, que son los organismos de los Estados, sus
funcionarios y agentes quienes violan las normas de DDHH tal como ellas
surgieron en el siglo pasado.
Los particulares cometen delitos
En nuestro país, luego del restablecimiento de la
pretensión punitiva del Estado, en octubre de 2011, los involucrados
directamente en las graves violaciones a los DDHH durante la dictadura, sus
centros sociales, sus cómplices civiles a nivel político, económico y
mediático, los partidarios de la impunidad, los nostálgicos de la dictadura, comenzaron
a impulsar la tesis de que los grupos que desarrollaron acciones armadas para
enfrentar al gobierno de Pacheco Areco y de Juan María Bordaberry habían llevado
a cabo violaciones a los Derechos Humanos. En los últimos tiempos, el exministro
de Defensa Nacional Dr. Javier García, el más asiduo portavoz gubernamental al respecto, se ha caracterizado por propagar, a los cuatros
vientos, este punto de vista, a contramano de la doctrina mundialmente
aceptada.
El propósito evidente de esta tesis es amplificar el
carácter de las acciones que se llevaron
a cabo por dichos grupos, equipararlos con el accionar de los servicios
represivos y, al mismo tiempo, quitarle gravedad al accionar delictivo de las
Fuerzas Armadas y de la Policía.
Equiparar la acción de los particulares con la de los
funcionarios y agentes del Estado es un grave error conceptual, desde el punto
de vista de la normativa derivada de la Declaración Universal de los Derechos
del hombre. Los funcionarios y agentes estatales tienen como cometido básico y
esencial, a la hora de gobernar, de garantizar y asegurar el pleno goce de las
libertades y derechos de los ciudadanos. En función de esa obligación es que
cuentan con prerrogativas y facultades extraordinarias que los particulares,
individual o colectivamente no poseen.
Esa obligación de garantizar el pleno ejercicio de las
libertades y derechos de los ciudadanos es la que determina que los delitos
cometidos por los Estados violentando las normas de DDHH tengan una mayor
gravedad política, jurídica y ética.
Una cultura de DDHH
Promover a nivel de todos los funcionarios y agentes
del Estado una clara comprensión de la
normativa demanda un esfuerzo permanente a nivel de educación y también de
procedimientos acordes a los principios que se proclaman y a los compromisos
asumidos al respecto. Debe comenzar por explicar lo más complicado y difícil,
aquello que por ser esencial es invisible a los ojos: es obligación de los
Estados garantizar y respetar los DDHH de todas las personas bajo su
jurisdicción. En función de ello los delitos que cometen, al amparo de la
estructura gubernamental, son de mayor gravedad que los cometidos por
particulares, son violaciones de los DDHH. Es lo primero que hay que enseñar.
Hay que difundir y explicar a todos los niveles sociales este concepto básico.
La convivencia pacífica y armoniosa demanda que todas
y todos respetemos las normas legales vigentes y los derechos de todas las
personas. Es obvio. Pero el Estado es el Estado.
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Opinando N° 3 – Año
13 – Martes 7 de mayo de 2024
