Página 12 – 15 2 13 - Por Adrián Pérez.
Mota tramitaba cincuenta causas por violaciones a los
derechos humanos cometidas en la dictadura. Estaba en la mira de militares que
criticaron su participación en la marcha del silencio en reclamo por los
desaparecidos.
En un enroque que despertó la indignación de los organismos
de derechos humanos, la jueza uruguaya Mariana Mota fue apartada del Juzgado de
Primera Instancia en lo Penal de 7º turno donde tramitaba cincuenta causas por
violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. Anteayer la
Suprema Corte de Justicia la destinó al fuero civil, donde reemplazará a
Loreley Opperti, jueza ascendida al rango de ministra del Tribunal de
Apelaciones. Beatriz Larrieu, por su parte, tomará el lugar de la jurista
desplazada por motivos no explicados, pero cercanos a una sanción. “Se le
habían sacado varias tarjetas amarillas. Era una cuestión de tiempo”, publicó
el diario El Observador citando declaraciones de un ministro de la SCJ
brindadas al semanario Búsqueda.
En solidaridad con Mota, Madres y Familiares
de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, HIJOS Uruguay, la Asociación de Ex Presos
Políticos Crysol y la Federación de Estudiantes Universitarios, más el
Colectivo de Denunciantes Octubre de 2011, convocaron a concentrarse hoy a
partir de las 10 frente a la Corte.
Aunque intempestivo, el desplazamiento de Mota es la crónica
de una salida anunciada: estaba en la mira de militares críticos a los juicios
por violaciones a los derechos humanos y de un sector de la prensa que suele
amplificar voces como la de Guillermo Cedrez, difundida por el diario El País.
“El militar retirado insistió en que Mota cometió ‘irregularidades de todo
tipo’ y aseguró que no era ‘imparcial’, algo ‘inadmisible para un juez’”, cita
el medio uruguayo, en su edición de ayer, al presidente del Círculo Militar.
“Aún hay gente que es independiente. Esto es una demostración clara de eso”,
afirmó a ese diario Cedrez. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló
que el organismo entendió que la doctora Mota “ya cumplió su ciclo en lo penal
y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera”. Y agregó: “Tuvo algunos
sumarios, algunos de los que ya terminaron sin responsabilidad para ella”.
En marzo del año pasado, Página/12 conversó con la magistrada
sobre el sistema jurídico uruguayo, en ocasión de una actividad organizada en
la Facultad de Derecho, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Durante la entrevista, Mota resaltaba dilaciones en la investigación de los
crímenes de la dictadura en su país. Por ese artículo, el diario Búsqueda la
presentó enfrentada al gobierno del presidente José Mujica. También criticó su
participación en la marcha del silencio, organizada por los organismos de
derechos humanos que reclaman por sus desaparecidos.
Con la confirmación de su traspaso al fuero civil, este
cronista conversó nuevamente con la jueza. Mota siente impotencia y mucha
tristeza por esa medida y afirma que el punto es qué hace el Poder Judicial por
las personas que reclaman justicia. “Entiendo que el sistema judicial no ha hecho
lo suficiente por las víctimas de derechos humanos que reclaman, desde hace
muchos años, para conocer la verdad”, evalúa.
A su vez, se muestra emocionada
por el apoyo recibido de los organismos de derechos humanos. No pidió traslado,
no está sancionada, no pesa sumario en su contra. La Corte le avisó por
teléfono que debe jurar hoy a las 11 en el juzgado de primer turno de
Montevideo. “Con muchas audiencias complejas fijadas e investigaciones que
avanzan, no es de buen proceder de una administración de justicia que saquen al
juez que está en la causa”, completa.
La directora del Area de Litigio del CELS, Carolina Varsky,
señala que el desplazamiento de la jueza del fuero penal es muy preocupante. La
abogada recuerda que Mota estaba a cargo de más del 40 por ciento de las causas
en las que se investigan crímenes de lesa humanidad durante la dictadura
uruguaya. Su desplazamiento –considera– es un retroceso para el proceso de
verdad y justicia, no sólo para Uruguay, sino para toda la región.
Desde el otro lado del río, Valentín Enseñat (HIJOS Uruguay)
sostiene que si pudiera esperarse una señal del Poder Judicial, el
desplazamiento de Mota sería de lo más negativa. “Ante el debe de justicia que
el Uruguay aún mantiene, cuando un juez es sensible y responsable en este tipo
de causas y que sea relegado no lo consideramos para nada serio. Sin duda, es
la jueza que más complicaciones le ha traído al sistema de impunidad todavía
instituido y lejos de ser quebrado del todo”, sentencia.
A fines del año pasado se creó un observatorio formado por
organizaciones sociales, encabezado por la central sindical PIT-CNT, con el
objetivo de realizar un seguimiento, desde las organizaciones sociales, de las
causas de derechos humanos. Según Enseñat, desde que la Ley de Caducidad dejó
de ser un impedimento jurídico para que las causas avancen, empieza a aparecer
otro tipo de trabas: causas archivadas hace más de veinte años se reabren, pero
no necesariamente se reactivan, porque el denunciante ya no está para retomar
su seguimiento o la denuncia aparece en la cola de causas que ese juzgado tiene
para analizar.
“Lo que hicieron con Mota es una vergüenza nacional. En
primera instancia, lo que uno siente es indignación”, apura Oscar Urtasún. El
integrante de la Asociación Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
cree que la salida de la jueza era de lo más lógico porque estaba todo
orquestado para que sucediera. “La gente que se compromete en este tipo de
tareas, tanto en lo jurídico como en lo político, dura poco. Ponen piedras en
el camino. El Ministerio de Defensa es una vergüenza. Como que la impunidad
está demasiado prendida en todos los estamentos”, asegura.
Asimismo, advierte cierta tristeza de los familiares por la
decisión de la SCJ. “La jueza es una gran señora, sencilla, muy sensible,
comprometida, no se merecía esto. Con su partida lo que más se resiente es la
verdad y la justicia.” Como otros uruguayos, Urtasún lleva más de 35 años
luchando por justicia. Adelanta que mañana asistirá a la protesta frente a la
Corte. Y concluye: “La verdad y la justicia son imprescindibles para que nunca
más estos bandidos se les ocurra quebrar las instituciones y aplicar el
terrorismo de Estado”.
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