Para
analizar
Mota
presentó recurso para revocar su traslado.
La diaria - 26 2 - 13
Tal como
había anunciado, y pocas horas antes de la movilización en Plaza Libertad (ver
páginas 2 y 3), la jueza Mariana Mota presentó ayer ante la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) un recurso de revocación contra la decisión de ese organismo del
13 de febrero, que la trasladó desde un juzgado penal a la órbita civil. Los
ministros de la SCJ tienen un plazo de 150 días para responder, y teniendo en
cuenta que ellos mismos decidieron cambiar de jurisdicción a Mota, es probable
que el trámite administrativo continúe en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo. En caso de que esa instancia tampoco arroje resultados
positivos para la magistrada, sus abogados tienen previsto recurrir el fallo
ante tribunales internacionales.
En el
escrito de 11 páginas, Mota sostiene que la SCJ vulneró “principios de
transparencia y buena administración” al no fundamentar su polémica resolución.
También responsabiliza al máximo órgano por “arbitrariedad y desviación de
poder” y alerta que con esta decisión se está “conspirando contra la
independencia técnica de los magistrados, obteniendo por resultado enlentecer o
paralizar la administración de justicia en determinadas causas”, en referencia
sobre todo a las más de 50 que ella venía investigando, vinculadas a crímenes
cometidos en la última dictadura.
Señala que
su caso es el único entre todos los traslados recientes de magistrados que no
implica “ni un ascenso ni está fundamentado en avance alguno en la carrera
judicial”. “No solicité en ningún momento el cambio de materia o ser trasladada
a otro juzgado. Por lo que debe buscarse en otro lado la motivación del acto.
Es más, considero que el traslado decidido contraría el buen servicio que
reclama la Constitución”, argumenta.
En otro
pasaje, Mota afirma que la “carencia” de motivación de la resolución de la SCJ
provoca una “situación de indefensión” que obliga a “especular sobre las
verdaderas causas del traslado”, y luego cita declaraciones a la prensa sobre
el caso de los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak y el vocero de la
corporación Raúl Oxandabarat, que vincularon este traslado con conceptos tales
como “sumarios”, “investigaciones administrativas” y “acumulación de tarjetas
amarillas”.
“Debo
reconocer que no domino las reglas de juego del más popular de los deportes en
nuestro país, pero creo entender que la acumulación de tarjetas amarillas
refiere a que la acumulación de tarjetas te deja afuera del próximo partido.
Pues bien, la dicente, devenida sorpresivamente en jugadora de fútbol, no
cuenta con tarjetas amarillas, y eso lo conoce fehacientemente la SCJ”, señala
Mota en otro pasaje del escrito.
En caso de
que tales afirmaciones sean confirmadas, según Mota, se estaría frente a un
“eventual delito de difamación e injuria, y seguro ante un acto de mala fe”, ya
que todas las investigaciones internas contra su persona fueron archivadas “sin
consecuencias”.
Mota
descarta otras motivaciones surgidas durante los últimos días desde la SCJ,
entre ellas, que se ha “cumplido un ciclo” –de hecho su reemplazante, Beatriz
Larrieu, lleva más años que ella en la órbita penal–; o que es necesario que
los jueces adquieran conocimiento en todas las áreas del derecho (según Mota
ése es un “concepto enciclopedista, largamente perimido”).
Luego pasa a
las razones no invocadas en la resolución de la SCJ del 13 de febrero. Mota
recuerda, como por si acaso, que en Juzgado Penal de 7˚ Turno se investigaban
“temas muy sensibles”, que “concitaban la atención de los medios de prensa”, lo
cual motivó reiteradas opiniones de “actores de la vida pública” que deslizaron
“una y otra vez la inconveniencia de mi permanencia en el cargo”. Además,
señala en el escrito, hubo una “campaña de descrédito” contra su persona desde
algunos medios de prensa, que “nunca probaron nada”. También menciona las
diferencias que tuvo con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro,
debido a la investigación del accidente aéreo de Air Class, y el “beneplácito y
regocijo” que provocó su traslado en figuras como el presidente del Centro
Militar, Guillermo Cedrez.
“La decisión
del traslado inmotivado afectará consecuentemente las causas en que se
investigan graves violaciones a los derechos humanos”, concluye Mota, quien
interpreta, finalmente, que su traslado se transformará en una “dilación o
retraso injustificado y en apariencia deliberado en el servicio de justicia”,
contrariando, entre otras cosas, la posición de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que en la sentencia que condenó al Uruguay por el caso Gelman
sostiene que “las investigaciones en el Estado relativas a este caso han
sobrepasado cualquier parámetro de razonabilidad en la duración”.
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