El silencio ominoso de los perpetradores
Se
realizó una extraordinaria movilización en todo el país el pasado miércoles 20
de mayo. Más de 400 acciones ese día. Un
multitudinario y asombroso respaldo a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
y a sus reclamos recorrió y sacudió al país. Se extendió por el mundo,
incluso, con acciones en los más lejanos
países.
Una deuda
institucional
La
desaparición forzada de ciudadanas y ciudadanos fue una metodología represiva
decidida institucionalmente por parte de las Fuerzas Armadas desde el primer
caso directamente atribuible a ellas, la desaparición de Roberto Gomensoro
Josman en marzo de 1973, meses antes de la disolución de las Cámaras.
Así
como el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro puso de manifiesto que
las Fuerzas Armadas habían mentido de manera descarada ante la Comisión para
las Paz, creada por el Dr. Jorge Batlle, las declaraciones de José Nino Gavazzo
ante el tribunal de Honor que juzgó su conducta reafirmó algo conocido por toda
la sociedad: la desaparición forzada de ciudadanos como política represiva fue
una decisión institucional a los más altos niveles jerárquicos.
El
destino de esos ciudadanos sigue siendo, por lo mismo, una deuda institucional
que nunca caducará ante la sociedad uruguaya y la propia historia. El silencio
contumaz a lo largo de los años agranda el tamaño de la deuda ante las nuevas
generaciones que marchan todos los años.
Un crimen atroz y
permanente
La
desaparición forzada de ciudadanos por parte de los órganos estatales es una
metodología cruel y aberrante que no admite justificaciones de ninguna
naturaleza. Aunque en Uruguay algunos de los principales responsables directos
de las desapariciones gozan de beneficios extraordinarios como las prisiones
domiciliarias en condiciones Premium, o entran y salen de los cuarteles como
Perico por su casa como ocurre con el “burro” Mattos, para todas las sociedades
avanzadas es un crimen de Lesa Humanidad que por lo tanto no prescribe ni
caduca nunca, que tampoco merece que se otorgue a los responsables beneficios
escandalosos de espaldas a la sociedad civil.
Manini Ríos en su
laberinto
El
periodista y escritor Leonardo Haberkorn puso al descubierto la complicidad del
excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos con los terroristas
estatales. Omitió informar a la justicia, por escrito, en tiempo y forma, como
correspondía, acerca de las
relevantes declaraciones de José Nino Gavazzo y
de Jorge Pajarito Silveira en casos judiciales aún no resueltos: el crimen de
Roberto Gomensoro y la desaparición de Eduardo Pérez Silvera, “el gordo Marcos”
en el año 1974.
La justicia puede
y debe actuar
La
resolución 365 de la Suprema Corte de Justicia, de octubre del año 2009,
redactada por el Dr. Jorge Chediak, declaró la inconstitucionalidad de la Ley
de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado que estuvo vigente durante
más de dos décadas y que amparó a los criminales estatales. Desde octubre del
año 2011, la Ley 18 831 restableció plenamente la pretensión punitiva del
Estado. No existen obstáculos legales de ningún tipo que impidan u obstaculicen
el accionar de los jueces o de la justicia. Todos los jueces, todos los
operadores judiciales, pueden y deben investigar y esclarecer todas las causas.
La indispensable
investigación criminalística
En
nuestro país, en nuestro sistema democrático republicano, corresponde al Poder
Judicial la investigación, esclarecimiento y sanción de todas las actividades
con apariencia delictiva brindando las mayores garantías legales a todos los
intervinientes. El Poder Judicial, con el auxilio de la Policía, es el órgano
del Estado con potestades únicas y exclusivas para perseguir y sancionar a los
delincuentes. La investigación criminalística, potestad de los jueces y
fiscales actuantes, es la gran herramienta para conocer la verdad ante el
silencio de los responsables intelectuales y materiales de los crímenes.
El
Poder Judicial puede detener ciudadanos, tomar declaraciones, allanar
domicilios, incautar documentación y realizar decenas de acciones que pueden y
deben conducir a la verdad, en un país chico y donde algunos de los principales
dueños de la verdad transitan libremente por las calles o concurren a las
actividades de los Centros Militares que los nuclean y amparan cuando les llega
el momento a nivel judicial.
El
desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Las desapariciones
forzadas siguen siendo una herida abierta de la sociedad uruguaya. Ante el
silencio de los involucrados y de la institución, se impone, más que nunca, el
accionar de la justicia.
------------
Opinando N° 7 –
Año 9 – Jueves 28 de mayo de 2020
