Son crímenes de Lesa Humanidad

La tortura, el asesinato y la desaparición forzada
son crímenes de Lesa Humanidad

A pedido expreso de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la jueza Staricco dispuso el allanamiento de la vivienda en la cual  reside en régimen de prisión domiciliaria  José Nino Gavazzo.  La semana pasada, un equipo policial de Asuntos Internos se presentó en la casona de Parque Miramar y procedió, por primera vez desde el retorno a la institucionalidad democrática, a allanar la residencia,  en vida, de un terrorista estatal. Un paso básico y elemental en cualquier investigación seria de un hecho delictivo.

Disfrutando plácidamente su prisión domiciliaria

El operativo, que duró unas cinco horas, sirvió para incautarse de decenas de “biblioratos” y “varias cajas con documentación” que contienen información relativa al terrorismo de Estado, según fue informado por diferentes medios de comunicación.

El allanamiento fue autorizado por la jueza letrada de 7º turno de Ciudad de la Costa, Elena Iriarte, en tanto la zona de Parque Miramar forma parte de su jurisdicción.

Luego de restablecida la pretensión punitiva del Estado en octubre de 2011, hasta el momento el Poder Judicial en su conjunto, salvo honrosas y destacadas excepciones, ha sido el principal obstáculo para llegar a la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos y sancionar las graves violaciones a los DDHH que se cometieron. A diferencia de lo sucedido en Argentina y Chile donde centenares de represores se encuentran en prisión, aún con gobiernos claramente de derecha, en Uruguay solo un reducido grupo de violadores a los derechos humanos ha sido juzgado y condenado.

A pesar de ello, todos los presuntos involucrados en las graves violaciones, sus abogados defensores, el Centro Militar, sus cómplices y sus apoyos políticos, económicos, académicos y mediáticos, aducen que el Poder Judicial es parcial. El alegato político del Gral. Guido Manini Ríos que forzó su destitución es un ejemplo gráfico de lo que afirmamos. Se victimizan a los ojos de la sociedad.

Sin justicia no habrá verdad

Hasta el momento las Fuerzas Armadas no han brindado la información que permita saber lo ocurrido con los casi doscientos detenidos desaparecidos. Es una deuda institucional. La Fuerzas Aérea ha reconocido oficialmente su participación en dos vuelos que transportaron detenidos en forma clandestina. Proporcionó, además, la información que permitió ubicar los restos de Ubasgesner Chaves Sosa.

Llegar a la verdad de lo ocurrido, esclarecer los hechos, cuando los responsables institucionales, las Fuerzas Armadas, se niegan a proporcionar la misma, es patrimonio exclusivo del Poder Judicial, quien tiene el monopolio de la actuación al respecto. La investigación criminalística que solo el Poder Judicial, con el auxilio de la Policía, puede llevar a cabo de acuerdo a las disposiciones constitucionales, es el camino para romper el silencio delictuoso de todos los involucrados.

En estos años han habido  pequeños avances, pero la Suprema Corte de Justicia, tal como lo anunció el expresidente de la misma Dr. Jorge Ruibal Pino en el año 2013, ha continuado siendo “una muralla” inamovible. Desde la designación de la Dra. María Elena Martínez como integrante de la misma en el año 2017 han recrudecido las posturas que privilegian el derecho de los terroristas estatales antes que el de las víctimas y a  la necesidad de que haya justicia para evitar la repetición de los hechos.

Ha continuado tolerando, incluso, todas las chicanas habidas y por haber presentadas por los defensores para enlentecer las causas y paralizarlas. Ha permitido la total condescendencia hacia los criminales para que obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria y tengan una vejez agradable y apacible, tal como lo puso al desnudo el reportaje impúdico, hace unos días, del vocero oficial del terrorismo de Estado.

Tribunales de Honor vergonzosos

Una parte importante de los generales en actividad  sigue despreciando la Constitución y el sistema democrático republicano de gobierno. Se nota claramente al leer la Resolución de los Tribunales de Honor que juzgaron las conductas de los criminales  José Nino Gavazzo, Ricardo Maurente y Jorge “Pajarito” Silveira. El  Honor de nuestras actuales Fuerzas Armadas acepta, sin ninguna molestia o malestar, las acciones que el conjunto de la sociedad uruguaya considera abominables y sancionables penal  y moralmente.

Es lo que surge en la interpretación que los generales que integraron dichos tribunales, Juan  Fajardo, Alfredo Erramún y José González, realizaron y realizan de las normas vigentes y de la doctrina de honor de las Fuerzas Armadas. La firma de los tres militares en las conclusiones amerita haber sido  pasados a retiro forma inmediata por el Presidente de la República y el pasaje a la justicia ordinaria por encubrimiento.

Lo mismo sucede con aquellos que integraron el Tribunal de Alzada. Demostraron ser absolutamente antidemocráticos, desconociendo las normas constitucionales. Revelaron una complicidad alarmante con los principales criminales de nuestro país, un desprecio absoluto por las decisiones del poder judicial.

Para los tres generales, torturar, asesinar y desaparecer ciudadanos, son conductas honrosas que no dañan ni  la moral ni el prestigio de la institución. Revelan un ideal de institución absolutamente contrario a las normas constitucionales vigentes y a la sensibilidad de la inmensa mayoría de la población. Son indignos de permanecer como generales en actividad por su claro pronunciamiento golpista. Igual situación se ha vivido en la Armada en el Tribunal de Honor que juzgó a Larcebeau.

Mucho camino para transitar

La creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) al comienzo del actual gobierno fue un gran avance político, más allá de los escasos logros obtenidos. Se trasmitió al sistema político, al conjunto de la sociedad, un mensaje claro y elocuente.

La creación de la Fiscalía Especializada en crímenes de Lesa Humanidad ha sido también un paso importante, otro claro mensaje del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en cuanto a su compromiso con las normas internacionales de DDHH y con la justicia, un importante paso adelante, pero que no está en condiciones de derribar, aparentemente  “la muralla de la impunidad” en la SCJ.

La impunidad, los terroristas estatales, siguen teniendo apoyos importantes a todos los niveles, incluso a nivel parlamentario. La movilización permanente y constante ha permitido obtener los logros alcanzados hasta ahora. Habrá que redoblarla, convocando al conjunto de la ciudadanía. El próximo 20: todos a la calle!

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Opinando N° 5 – Año 8 – Martes 14 de mayo de 2019