EN URUGUAY LA JUSTICIA NO TIPIFICA EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.
Un cuarto de siglo después de la dictadura, los desaparecidos siguen desapareciendo. Sólo se hallaron restos de tres víctimas. El Estado no termina de reconocer el traslado de los secuestrados en el exterior, las Fuerzas Armadas siguen sin aportar nuevos datos y el sistema judicial no impone la tipificación del delito de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad.
Caras y Caretas. 3 9 10. TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ – rogerrodriguez@adinet.com.uy
En los 25 años que transcurrieron desde el fin de la dictadura, de los 172 casos denunciados y confirmados de uruguayos que padecieron el crimen de desaparición forzada, sólo se han recuperado los restos de una decena de víctimas (apenas tres en territorio uruguayo) y la identidad de una docena de niños que habían desaparecido tras el secuestro de sus padres.
El informe final de la Comisión para la Paz, de 2003, sólo reconoció 32 casos de uruguayos desaparecidos en Uruguay, a pesar de las denuncias sobre la existencia de un “segundo vuelo” de Automotores Orletti en el que se había trasladado a una veintena de uruguayos supuestamente desaparecidos en Argentina. Esa “repatriación” fue reconocida por la Fuerza Aérea en 2005, pero aún sigue siendo negada por el Ejército.
Las investigaciones sobre los desaparecidos ordenadas por el gobierno de Tabaré Vázquez permitieron recopilar y confirmar la información que habían denunciado los familiares de las víctimas, a través de documentos desarchivados, pero en las publicaciones oficiales se continúa manejando la versión de que la mayoría de las desapariciones ocurrieron fuera de Uruguay.
La desaparición forzada
El delito de desaparición forzada de personas comenzó a perpetrarse en Uruguay en 1971, durante el régimen democrático de Jorge Pacheco Areco, cuando el Escuadrón de la Muerte ocultó los cuerpos de Abel Ayala y Héctor Castagnetto a quienes había secuestrado, torturado y asesinado. Ambos continúan sin aparecer.
También antes del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, se produjo la desaparición de Roberto Gomensoro Josman, asesinado en un cuartel de Paso de los Toros, cuyo cuerpo fue fondeado con alambres y piedras en el lago de Rincón del Bonete. Se recuperó su cráneo, pero el cuerpo (enterrado como NN) volvió a desaparecer, en democracia, del cementerio isabelino.
La desaparición masiva de uruguayos comenzó en Chile, tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Nueve uruguayos fueron víctimas en los inicios de la dictadura del general Augusto Pinochet, entre el 11 de setiembre y el 11 de octubre de 1973. Hasta la fecha sólo se ubicó y repatrió el cuerpo sin cabeza de la comunista Mónica Benarroyo.
En 1974 se registraron cinco desapariciones. José Arpino Vega, Eduardo Pérez Silveira y Luis Eduardo González González en Uruguay y Washington Barrios y Natalio Dergan en Argentina. El lugar de enterramiento de Vega fue señalado en un informe oficial de la Fuerza Aérea, pero no pudo ser encontrado. Barrios probablemente fue trasladado a Uruguay. Ese mismo año se produjo la desaparición de un niño, Amaral García, cuyos padres fueron secuestrados en Argentina, trasladados a Uruguay y fusilados cerca de Soca. Amaral fue recuperado en 1985. También se identificaron los cuerpos de Hugo Cacciavillani y Rutilo Bentancour, fusilados ese año en Catamarca, Argentina.
En 1975 desaparecieron dos uruguayos en Argentina y un grupo de seis militantes del Partido Comunista en Uruguay. De éstos sólo fue ubicado el cuerpo del escribano Fernando Miranda, oculto en el Batallón de Infantería Nº 13. El Ejército había dicho que lo enterraron en el Batallón Nº 14 de Toledo y que sus restos, incinerados, fueron arrojados al mar.
La desaparición masiva.
A partir de 1976, luego del golpe de Estado en Argentina, la desaparición forzada se aplicó en forma metódica. Ese año, se registran en Uruguay los casos de Horacio Gelós Bonilla, Ubagesner Chávez Sosa, Elena Quinteros Almeida y Julio Escudero. Sólo los restos de Chávez fueron encontrados, en una chacra de Pando, por indicaciones aportadas en el informe de la Fuerza Aérea.
En Argentina había comenzado la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, por la que, sólo en 1976, se confirma la desaparición de cuarenta y cinco ciudadanos uruguayos, la mitad de los cuales habría sido trasladada ilegalmente en el llamado “segundo vuelo” desde el centro clandestino de detención Automotores Orletti para ser ejecutados y enterrados en Uruguay.
De ese período, dos cuerpos fueron recuperados en Argentina (Eduardo Chizzola y Hugo Gomensoro Josman). También logró ubicarse a varios de los niños desaparecidos: Carla Rutilo (hija de Enrique Lucas López, desaparecido en Bolivia), Simón Riquelo, Mariana Fernández, Mariana Zaffaroni, Anatole y Victoria Julien, y Macarena Gelman (hija de María Claudia García de Gelman, traída a Uruguay).
En 1977, las desapariciones masivas continuaron. Treinta y cinco uruguayos fueron secuestrados en Argentina, cinco en Uruguay y dos en Paraguay. Se estima que al menos veinticinco de los desaparecidos fueron trasladados a Uruguay, como habría ocurrido con Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, detenidos en Asunción y llevados luego a Buenos Aires.
El delito no cesó en 1978: hubo doce casos en Argentina y cuatro casos en Uruguay. De esa etapa se identificó a Helios Serra, encontrado en una playa de Argentina, tras ser arrojado de un avión al mar. También se confirmó el nacimiento de varios hijos en centros de detención de Buenos Aires. Fueron recuperados Victoria Moyano, Carmen Gallo, Carlos D’Elía, Andrea Hernández y Paula Logares.
Los casos de desaparición continuaron. En 1979 desapareció Carlos Modernell en Colombia, en 1981 fueron Félix Ortiz, Antonio Paitta y Urbano Miranda, y en 1982 se registró el último caso confirmado, el de Miguel Mattos Fagián.
La desaparición impune.
Aunque en Uruguay sólo se han encontrado los restos de Chávez y Miranda (otras piezas óseas halladas en el Batallón Nº 13 no han sido identificadas), la justicia penal ha enjuiciado por esos crímenes a los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, junto a otros seis militares, un soldado y dos policías.
Bordaberry fue condenado a treinta años de prisión por coautoría de dos homicidios especialmente agravados y nueve casos de desaparición forzada. Es el único al que se le ha tipificado ese crimen de lesa humanidad, por sentencia de la jueza Mariana Motta y acusación de la fiscal Ana María Telechea.
El ‘Goyo’ Álvarez, en cambio, fue condenado por treinta y siete homicidios especialmente agravados, que incluyen casos de desaparición que no fueron tipificados como tales por el juez y, días atrás, por un tribunal de apelaciones a pesar de que así lo pedía la fiscal Mirtha Guianze.
Tampoco los oficiales José Gavazzo, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y Luis Maurente, el soldado Ernesto Soca y los policías Ricardo Medina y Luis Sande, procesados por la desaparición del uruguayo Adalberto Soba en Buenos Aires, han recibido la tipificación de ese delito de lesa humanidad.
Otro tanto ocurre con el marino Juan Carlos Larcebeau, procesado junto al dictador Álvarez por la desaparición en 1978 de otros uruguayos detenidos en Buenos Aires y trasladados a Uruguay, donde fueron ejecutados. Su socio, el capitán Jorge Tróccoli, radicado en Italia, continúa prófugo de la justicia.
Los otros dos militares que se encuentran en la cárcel especial de la calle Domingo Arena tampoco tienen condena por crímenes de lesa humanidad. Carlos Calcagno, detenido para su extradición a Paraguay, está siendo indagado por la desaparición de Santana e Inzaurralde, mientras que el coronel (r) Juan Carlos Gómez fue procesado por el homicidio de Roberto Gomensoro Josman.
El sistema judicial uruguayo ha rechazado los reclamos de tipificación del delito de desaparición forzada de personas, a pesar de que éste existe en los acuerdos internacionales aprobados por Uruguay y está establecido en la Ley Nº 18.026 que incorporó la normativa internacional sobre derechos humanos.
A 25 años de la dictadura, la desaparición forzada sigue sin castigo. La búsqueda de los restos estuvo ocho meses paralizada. Los investigadores no acceden a los archivos militares. Las Fuerzas Armadas no aportan nuevos datos. Y la justicia –con la Ley de Caducidad vigente– no tipifica los crímenes de lesa humanidad. Los desaparecidos siguen desapareciendo y el “¿dónde están?” continúa sin respuesta.
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