El coraje de Valentina

JUZGADOS ESPECIALES PARA DERECHOS HUMANOS IMPEDIRÍAN INTIMIDACIÓN DE TESTIGOS Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS.

Caras y Caretas. 10.9.10 TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ – rogerrodriguez@adinet.com.uy

FOTOS: VALENTINA CHAVES MUSCO

Valentina Cháves y su madre, Isidora Musco, habían concurrido el 23 de agosto al juzgado penal de la calle Misiones para acompañar a un par de testigos claves del homicidio de su padre Ubagesner Cháves Sosa. Todavía no habían vivido la experiencia del día siguiente cuando asistirían a la “inspección ocular” del centro de torturas de la base aérea Boisso Lanza, e identificarían el lugar donde su padre y esposo fue torturado hasta la muerte en 1976.

Sentadas en una de las pocas sillas de la antesala para los dos juzgados penales que existen en el 5º piso del edificio judicial, podía parecerles hasta lejano aquel 29 de noviembre de 2005 en el que los restos de Ubagesner, desaparecido durante 29 años, habían sido encontrados, enterrados en el lugar donde la Fuerza Aérea lo había marcado dentro de una chacra cercana a la localidad de Pando.

Los tiempos de espera se hacen eternos en la justicia. Horas de antesala, que se suman a los años de incertidumbre durante la desaparición, los meses de expectativa hasta el hallazgo del cuerpo, las semanas de ansiedad hasta que intervino la justicia y los días de burocrática tramitación de escritos y pruebas que se acumulan en un voluminoso expediente, hasta que llega la citación de testigos e indagados, como preludio de la acusación y la sentencia.

Valentina e Isidora esperaban, casi distraídas, cuando comenzaron a reconocer a las personas llegaban a la misma antesala. Eran los probables asesinos de Ubagesner. Habían sido citados a continuación de los testigos de cargo Las víctimas quedaron compartiendo el mismo espacio físico, el mismo aire de los victimarios que aquel 28 de mayo fueron a su casa y se llevaron a su padre, a su esposo.

Valentina escuchaba los comentarios y bromas de los oficiales Alejandro López, Enrique Rivero (se reía de que los testigos le daban un rango inferior al que tenía en la época) y Uruguay Araújo Umpiérrez, acompañados del abogado Gastón Cháves Hontou y otros militares, guardaespaldas o solidarios de sus crímenes, de sus comentarios, de sus chistes… Uno de ellos llegó a tomarles fotos y filmarlos. Incluso, acomodó su ropa como si tuviera un arma.

Valentina les devolvió coraje y, con su celular, también los fotografió. Son las fotos que acompañan esta nota…

Testigo del Caso Peré

El episodio vivido por Valentina Cháves no es asilado. Otros familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad, al igual que testigos y hasta abogados defensores de los derechos humanos han sufrido algún tipo de intimidación o amenaza en el transcurso de los juicios penales que se comenzaron a realizar en Uruguay tras la asunción de Tabaré Vázquez.

El viernes pasado se registró otro grave incidente durante la reconstrucción del asesinato de estudiante Ramón Peré, primer homicidio de la dictadura ocurrido el 6 de julio de 1973. El juez actuante, Sergio Torres tuvo que realizar el peritaje dentro del Cuartel de Coraceros por “razones de seguridad” ante una advertencia de los servicios de inteligencia del Estado.

Según supo Caras&Caretas, desde la DINACIE se indicó a Torres que no era conveniente que se efectuara la reconstrucción del homicidio en la calle Pedro Bustamante y Avenida Rivera, donde Peré fue muerto, porque tenían datos de que los “viejos paramilitares” habían planificado asistir al lugar, al igual que algunos militantes de organizaciones de derechos humanos.

En el mismo caso, ya había sucedido otro hecho intimidatorio cuando en el juzgado penal de la calle Misiones, brindó su testimonio otro estudiante presente en el momento del homicidio. El testigo tuvo que relatar lo ocurrido ante tres abogados defensores y el ex fiscal de la Nación, Miguel Langón Cuñarro, quienes le interpelaron como si él fuera el indagado.

Sara y sus torturadores

El pasado 19 de agosto, Sara Méndez hizo pública una carta dirigida al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y a los miembros de la Suprema Corte de Justicia en la que también denunció la mortificante situación que ese día vivió en el juzgado civil de 2º turno de la calle San José, donde se realizó una audiencia por la causa que inició al Estado por omisión en la búsqueda de su hijo Simón.

En la audiencia estaban citadas a declarar dos ex presas políticas que estuvieron secuestradas en Buenos Aires y encarceladas en Montevideo junto a Sara Méndez en aquellos días de 1976 en los que le quitaron de los brazos a su hijo de 22 días, al que recién pudo reencontrar 26 años después tras una investigación periodística y el trabajo del senador Rafael Michelini.

En la misma instancia, también fueron llevados al juzgado los ex militares José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y José Ricardo Arab, condenados por delitos de lesa humanidad y recluidos en la cárcel especial de Domingo Arena, quienes, en un angosto corredor, compartieron la espera, sin esposa y custodiados por un solo policía, con las testigos y la propia víctima.

“No es la primera vez que en las instancias judiciales se encuentran violadores a los derechos humanos con sus víctimas. Pero lo graves de esta situación es que en el mismo reducido espacio físico, permanezca víctimas y victimarios viéndolos además en situación de privilegio en relación a otros presos.

¿Cómo se les puede facilitar a hombres cuya carrera han sido las armas, estar en esas condiciones de libertad en un recinto público? ¿Hasta cuándo no se tendrá en cuenta lo que significa para quienes han padecido tortura por estos seres compartir obligadamente un mismo espacio de espera con ellos?”, reflexionaba en su carta Sara Méndez.

La madre de Simón Riquelo ya había vivido otra circunstancia parecida meses antes, cuando en el marco de otra causa por violación a los derechos humanos fue citada a un “careo” con el ex policía Ricardo “Conejo” Medina en uno de los reducidos despachos de los actuarios en una sede judicial. Sara Méndez debió soportar la instancia sentada a centímetros de su propio torturador.

De represores y patoteros

Los episodios de patoterismo por parte de los represores de la dictadura tienen como un antecedente un episodio ocurrido en junio de 2006, cuando un grupo de militares y policías se concentraron en la esquina del juzgado penal de Misiones y 25 de Mayo como muestra de adhesión al torturador Jorge “Pajarito” Silveira que ese día declaraba ante el magistrado.

El incidente, sin embargo, derivó en que una foto del grupo tomada por un reportero gráfico permitiera a una víctima reconocer dentro de la patota al hoy fallecido torturador Guillermo Abella Zuasti, quien en esos días seguía dando clases como profesor en la UTU. La identificación implicó una movilización de los gremios de la enseñanza que exigieron que el torturador fuera expulsado.

En octubre de 2007, cuando por primera vez enfrentó un juzgado el ex director de inteligencia general Iván Paulós, apareció acompañado por dos guardaespaldas: el aún impune coronel Eduardo Ferro (quien secuestró a Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez en Porto Alegre) y otra personaje que arengó al público y dejó ver un arma en su cintura y con la cual ingresó al juzgado.

El sujeto fue identificado como Enrique Mangini, un mayor retirado que había integrado la paramilitar Juventud Uruguaya de Pie (JUP) con la cual había participado en agosto de 1972 en el ataque al Liceo Nº 8 donde asesinaron al estudiante Santiago Rodríguez Muela. Mangini llegó a realizar, sin suerte, un juicio por difamación contra el periodista que investigo y denunció su identidad y su pasado. Próximamente será indagado por la muerte del estudiante.

Juzgados especiales en DDHH

Lo sufrido por Valentina Cháves y la serie de episodios relatados, puede multiplicarse desde el próximo año si finalmente se “deja sin efectos” la Ley de Caducidad, como reclama la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y se permite la reapertura de todos los casos de crímenes de lesa humanidad en los que no ha podido intervenir todavía la justicia uruguaya.

La previsible eliminación de la Ley 15.848 y la experiencia judicial acumulada en los últimos cinco años, determina que en la actualidad los jueces, fiscales y abogados coinciden en la necesidad de crear juzgados especializados en el tema derechos humanos, como ya ha ocurrido en temas como los delitos del crimen organizado o ante situaciones de diferendos laborales.

La transformación de juzgados penales en tribunales especiales para los casos de derechos humanos y la creación de fiscalías especializadas en la materia es una iniciativa que será presentada en la ley presupuestal que actualmente se discute en el Parlamento por el senador Oscar López Goldaracena, del Movimiento por los Derechos Humanos (1001).

La propuesta incluye la creación de un Departamento de protección a las víctimas y testigos –similar a la división especial de la policía que trabaja con los juzgados contra el crimen organizado- para que colabore con fiscales y jueces en una indagatoria judicial que, en los hechos, ha quedado en manos de los familiares, de organizaciones sociales, de los abogados y de los periodistas

El “mierda” del Goyo Álvarez

Instancias de gravedad se han verificado en las audiencias de los violadores de los derechos humanos, quienes por se “profesionales” del interrogatorio y la tortura, han llegado a burlarse o intentaron intimidar a los jueces y fiscales que les cuestionaban sus acciones. En ocasiones llegaron al insulto o al destrato.

Uno de esos episodios fue protagonizado por el desmemoriado dictador Gregorio “Goyo” Álvarez durante un careo en el marco del caso por el asesinato de Roberto Luzardo, herido de un disparo que le dejó invalido al ser detenido y a quien se dejó morir sin atención médica en el Hospital Militar.

En la audiencia, Álvarez se negaba a reconocer que se había entrevistado con la madre de Luzardo, quien explicaba ante juez, fiscal y abogados, que había asistido a la sede del Esmaco, donde el militar la recibió junto a dos enormes perros “dóberman” que pudieron morderla…

El “Goyo” reaccionó y la interrumpió: “No eran dóberman, eran Gran Danés. Y no pudieron morderla porque mis perros no comían mierda”, esputó en lo que se constituyó en toda una confesión de parte. Álvarez fue condenado por el homicidio de Luzardo.

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