Reclamo. Profundizar investigación de las violaciones a los DDHH durante la dictadura
La República. 24 9 10.
Macarena. Con sus abogadas, ayer, durante la conferencia de prensa.
Macarena Gelman insistió en la necesidad de "profundizar" la investigación en torno a las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la última dictadura, y reclamó un mayor compromiso del Estado en la búsqueda de la "verdad". "No renuncio a la justicia y quiero que sea plena", dijo la joven.
Las abogadas Ariela Peralta y Liliana Tojo, integrantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, (Cejil) y Macarena Gelman realizaron ayer una conferencia de prensa en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) para brindar detalles de la audiencia oral a desarrollarse el próximo 4 de octubre, en el marco de la demanda internacional presentada contra el Estado uruguayo, por la imposibilidad de "acceso a la justicia", ante la vigencia de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
Gelman insistió en la necesidad de una mayor participación del Estado en la investigación de los crímenes perpetrados durante la última dictadura, y cuestionó la vigencia de la Ley de Caducidad. En este sentido, la norma "viola flagrantemente la separación de poderes", porque para "poder avanzar en una investigación (el Poder Judicial) tiene que pedir el aval del Poder Ejecutivo", con lo cual la posibilidad de investigar está sujeta a "la decisión de un gobierno, cuando se está pidiendo la decisión de un Estado", dijo la joven.
"Un gobierno dura cinco años, (y) nada nos asegura que la interpretación que se ha hecho continúe con otro gobierno, no podemos pensar que por 30 o 50 años tengamos el mismo gobierno y la misma posición", señaló la joven como argumento para litigar ante la CIDH, cuando el caso por la desaparición de su madre fue reabierto en 2008 por la Justicia uruguaya.
Asimismo, Gelman estimó que "no hay conciencia" sobre el aplacamiento de voluntades generado por la ley. "Hay gente que ha resuelto renunciar a la justicia. No es mi opción, yo no renuncio a la justicia y quiero que sea plena". "La solución no puede ser puntual, tiene que garantizar a todos lo que están en esta situación", expresó.
Gelman insistió además con la "falta de investigación" en torno a los crímenes perpetrados por los agentes del aparato estatal durante la última dictadura. "En la causa existe una acumulación de papeles y pruebas que pueden alcanzar para condenar, no lo dudo (...) pero no indica que haya investigación y que se aporten nuevos datos". "La justicia no es sólo castigar a los culpables sino también es (acceder a) la verdad. En 'verdad' no he obtenido nada en 10 años".
"Contamos con la misma información que pudo reunir mi abuelo y su mujer en el año 2000 cuando se me ubicó". Desde entonces, "no han habido aportes por parte del Estado (...) La causa (judicial) sigue su curso, pero representa poco más que un trámite, no hay investigación ni aportes por parte del Poder Ejecutivo", señaló Gelman.
Asimismo, "durante este gobierno no hubo ninguna señal; si bien se han dado expresiones favorables, no han habido hechos concretos, no ha habido apoyo, no sé si existe voluntad política más allá de palabras. No dejo de reconocer los avances que se hicieron, está claro que antes de 2005 era impensable llegar a esta situación, pero me parece que se tiene que seguir profundizando", dijo Gelman.
En este sentido, la abogada Liliana Tojo afirmó que "la vigencia de la Ley de Caducidad y su aplicación en el caso puntual de María Claudia (García) afectó y afecta la justicia en el caso (porque) violenta investigaciones que se pudieron haber hecho y no se hicieron". "La calidad de la investigación no alcanza a satisfacer las obligaciones internacionales que Uruguay tiene en materia de debida diligencia sobre violaciones graves a los derechos humanos", expresó Tojo.
Por su parte, Peralta destacó que la Justicia uruguaya no cumple con "los estándares requeridos para la investigación de un delito de esta gravedad". "El punto de la Ley de Caducidad es importante porque (...) es un impedimento para el acceso a verdad y justicia". En este sentido, la abogada señaló la necesidad de contar con una "mirada especializada", por cuanto la indagatoria refiere a "violencia ejercida por el Estado" y requiere "estándares específicos".
Abogada Ariela Peralta: "Cumplimiento obligatorio"
La abogada Ariela Peralta manifestó que el estándar internacional en casos de violaciones a los derechos humanos y la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que "no deben existir elementos ni eximentes de responsabilidad de ningún tipo, ni para el pasado ni para el presente ni para el futuro, respecto a la responsabilidad en la comisión" de estos delitos.
"El acceso a la verdad y la justicia (es) un compromiso de los Estados contra la impunidad". Los Estados no pueden promover leyes de amnistía "directas o cubiertas" para eximir de responsabilidad a los autores "materiales o intelectuales" de estos crímenes, por cuanto dichas normas contravienen la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otras normas del derecho internacional, señaló Peralta.
El derecho internacional "no es una entelequia", sino que "forma parte de los compromisos que (Uruguay) aceptó al ratificar tratados internacionales", por lo cual, el fallo de la Corte será de "cumplimiento obligatorio" y podría implicar la necesidad de promover reformas legislativas y normativas del Poder Judicial "en busca de que el Estado uruguayo esté en concordancia con las obligaciones asumidas".
Incluso, la Corte podría reclamar un "acto de disculpa" por parte del Estado, vaticinó Peralta.
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