Otorgar
facultades a la INDDHH para investigar
El hallazgo de un nuevo
cuerpo humano en el Batallón N° 13 ha conmovido nuevamente a la sociedad
uruguaya. Es un tema siempre vigente. Ya el pasado 20 de Mayo con una lluvia
torrencial, más de cien mil uruguayos manifestaron por 18 de Julio reclamando
Verdad y Justicia. Sin embargo, la profunda conmoción que generó, en plena
campaña electoral, este nuevo descubrimiento por parte del Grupo de Investigación
de Antropología Forense (GIAF) de la Udelar fue de tal magnitud que obligó a
todos los candidatos presidenciables a pronunciarse de una manera categórica y
hasta sorprendente. Siendo sinceros, en algunos casos, por lo incongruente,
hasta hirió la sensibilidad de una parte
de la ciudadanía.
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| Antropóloga
Alicia Lusiardo del Grupo de Investigación de Antropología Forense
Una
labor titánica
El trabajo llevado
adelante por los equipos de antropología durante todos estos años ha sido
extraordinario, muy especialmente en lo que tiene que ver en el entorno del Centro
de Detención y Tortura conocido como “300 Carlos”. Ha sido necesario dar vuelta
todo el terreno, con mucho cuidado, con mucha paciencia, meticulosamente, para
lograr los resultados obtenidos. Anteriormente ya se habían hallado los restos
del escribano y docente Fernando Miranda, secuestrado a fines del año 1975 en
el marco de la Operación Morgan, nombre con el cual las Fuerzas Armadas
denominaron el operativo represivo destinado a descabezar al Partido Comunista
(PCU).
Este nuevo descubrimiento
se llevó a cabo en un territorio de muy difícil acceso, cercano al centro de
torturas, en una zona inundable con
mucha facilidad por la cercanía del arroyo en estas épocas del año pero
accesible en períodos de mucho calor y escasas lluvias como era el clima cuando
se desplegó la Operación Morgan, en pleno verano del año 1976. Desde noviembre
de 1975 a febrero de 1976, más de 600
militantes y dirigentes del PCU fueron secuestrados y torturados en el “300
Carlos” o “Infierno Grande” como se lo denominó.
Se trató de un enterramiento
primario. Este hecho pone en cuestión la existencia de la Operación Zanahoria.
Cada día parecería más evidente que la
misma fue un invento para desalentar las investigaciones y la búsqueda de los
restos de los detenidos desaparecidos.
La
inoperante actuación judicial
Es público y notorio que
en febrero del año 1976 el general ® Esteban Cristi, uno de los más prominentes
golpistas de derecha, un auténtico caudillo militar del “proceso”, emitió una
orden por medio de la cual felicitó a un número importante de militares por su
activa y destacada participación en dicha operación represiva. Entre los
mencionados figura el coronel ® Avelino Ramas, ya condenado por otros crímenes
y gozando de una saludable prisión domiciliaria desde hace muchos años, sin
haber estado nunca en algún centro penitenciario. Un auténtico prisionero VIP
de la Suprema Corte de Justicia.
El general Esteban Cristi
fue Jefe de la Región Militar N° 1 desde el año 1971 hasta su retiro en 1977.
Encabezó junto al general ® Gregorio “Goyo” Alvarez la represión contra el
Movimiento de Liberación Nacional (MLN) durante el año 1972, fue un destacado
golpista y el creador del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas
(OCOA) al cual dirigió a través del general ® Juan Vicente Queirolo.
También figura felicitado
por su accionar el coronel ® Jorge
“Pajarito” Silveira, condenado y procesado. Recientemente tomó notoriedad
pública al conocerse, a través de la denuncia del periodista y escritor
Leonardo Haberkorn, las acusaciones que
realizó contra José “Nino” Gavazzo en el Tribunal de Honor en su contra.
Vale la pena mencionar que
en dicho tribunal, José Nino Gavazzo
reconoció que asesinó y pretendió desaparecer a Roberto Gomensoro Josman
arrojando su cuerpo en el lago de la represa del Rincón del Bonete, en las
inmediaciones del Campo III del Ejército en Paso de los Toros. Dicha conducta
no mereció ni para el ex comandante en Jefe del ejército general ® Guido Manini
Ríos ni para seis generales que integraron dichos tribunales el calificativo de falta
grave al honor del Ejército.
La Ley de Caducidad
promovida por el gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, recientemente
designado Secretario General del Partido Colorado por el presidenciable Ernesto
Talvi, impidió la actuación de la justicia en el cumplimiento de sus
obligaciones básicas, durante más de 20 años. Fue un obstáculo casi insalvable.
En octubre del 2011, durante el gobierno de José Mujica, a través de la Ley 18
831, se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. Desde ese
momento, no existen obstáculos legales de ningún tipo para que los operadores
del sistema investiguen y actúen.
Una causa irrenunciable
Más
allá de las dificultades, de la negativa de los responsables de los hechos a
colaborar, del apoyo económico, político y mediático de quienes defendieron y
defienden hasta el día de hoy la inconstitucional Ley de Caducidad, el Estado,
sus órganos no pueden renunciar a la labor de investigar y sancionar a los
responsables de los delitos, de buscar los restos de todos los detenidos
desaparecidos.
No
se trata solamente de solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas.
Los Estados no pueden renunciar nunca al repudio de los actos criminales, no
pueden dejar de condenar una y otra vez el terrorismo Estatal, de generar las
condiciones que impidan la repetición de los hechos.
El
proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo y a estudio del Parlamento que
otorga nuevas potestades a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del
Pueblo (INDDHH) para que pueda investigar estos casos es una medida en tal
dirección. Todo el respaldo de nuestro colectivo a dicha iniciativa.
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Opinando N° 17 – Año 8 –
Martes 3 de setiembre de 2019
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