“Se trata de lesiones extensas que alcanzan todo el cráneo, con un gran conjunto de fracturas y faltantes de huesos que se corresponden a lo que se denomina estallido de cráneo […] a nivel frontal un cuarto de circunferencia correspondiente a orificio de entrada de proyectil de arma de fuego […] no puede descartarse que haya existido más de un disparo […] ligaduras de ambas manos […] nudo fuertemente ajustado […] alambre asociado a la región de los tobillos […] fragmento de costilla con fractura de características perimortem […] apremios físicos asociados […]”.La descripción de los médicos Rosana Manikowski, Rafael Roo y María Imbert en el informe a la justicia del Instituto Técnico Forense (ITF) sobre las causas de la muerte del cuerpo hallado en el Batallón 14 de Toledo resultaban impactantes en sí mismos; pero cuando el Equipo de Antropología Forense de Argentina confirmó que los restos eran los de Julio Castro, la etiología médico-legal tuvo un rostro, cada imagen de dolor un protagonista y sólo pensar en la escena de la ejecución del maestro provocó indignación en todos los ámbitos.
El flamante titular del Ejército, general Pedro Aguerre, anunció entonces una declaración oficial del arma que, según trascendió, habría implicado dos días de debate interno entre los doce generales que acompañaron al comandante en el simbólico acto. La respuesta pública habría sido reclamada por el propio presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quienes comprendieron el impacto que la noticia tendría en un área política en la que ambos intentan imponer su modelo de ‘punto final’.
El discurso de Aguerre -de menos de 500 palabras- sentó, con el apoyo de todo el generalato, la posición del Ejército: hay un “punto de inflexión” (“por el peso de la realidad”, explicó) ante el cual reivindicó los principios artiguistas y subrayó que el Ejército “no es una horda, malón o algo similar” y “no aceptará, tolerará, ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas”. Dijo desconocer la existencia de un “pacto de silencio”, pero advirtió que si lo hubiere “desde este momento doy la orden de su revocación inmediata”.
El general Aguerre, quien alegó que el Ejército hoy actúa “acorde a los Convenios de Ginebra y La Haya, los protocolos adiciones y demás acuerdos relativos”, pidió apoyo, dentro y fuera de la fuerza, para obtener información sobre la responsabilidad material en el caso de Julio Castro (“y en cualquier otro que se entienda a futuro”), subrayó que con valentía no se negarían los “hechos desgraciados” y reiteró su solicitud de colaboración a todos para “restablecer una reconciliación, de acuerdo al interés común”.
¿DOMICILIO O LIBERTAD?
La aparición de los restos de Julio Castro, un maestro y periodista que sólo estuvo armado con una tiza o un lápiz, demuele la teoría de la reconciliación entre combatientes, en la que se sostienen el propio presidente Mujica y su esposa Lucía Topolansky para anunciar el proyecto de ley que otorgaría la prisión domiciliaria a media docena de los militares septuagenarios que están presos por homicidios y violaciones a los derechos humanos. La defensa de José Gavazzo ya formalizó una solicitud al respecto; la fiscalía la está estudiando.
La iniciativa del matrimonio presidencial ya había quedado lesionada semanas antes con la causa que abrieron treinta ex presas políticas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual en la tortura sufrida durante su detención en unidades militares y presidios de la dictadura. La mayoría de los ‘viejitos’ a los que se les pretende dar el beneficio de la prisión domiciliaria están incluidos en la lista de sus agresores sexuales. El delito sexual es uno de los excluyentes para adjudicar la prisión domiciliaria.
Por el contrario, en distintos ámbitos comienza a debatirse si los criminales de lesa humanidad deben tener el actual beneficio de una prisión especial, en la que poseen celulares o teléfonos para hacer declaraciones a la prensa, tienen acceso a internet para escribir en blogs, entre otros beneficios que no recibe ningún preso común en los presidios uruguayos, donde se incauta cualquier elemento extra en las requisas. “Deberían quedar en Libertad, pero en el penal”, han escrito lectores en los blogs.
Otro cuestionamiento que se ha levantado: por qué las Fuerzas Armadas no han sometido a tribunales de honor a los militares que ya dejaron de ser procesados y tienen condena firme por parte de la justicia. Un Ejército que no acepta, tolera, ni encubre a homicidas o delincuentes en sus filas (si el general Aguerre no se refería a una serie de inminentes procesamientos en otra fuerza militar) debería dejar de otorgar altas jubilaciones y distintos beneficios que a costo del Estado siguen usufructuando los presos de la cárcel de Domingo Arena.
MUERTOS Y EJECUTADOS
La ejecución de Julio Castro también llevó a varios medios de comunicación a recordar el episodio conocido como ‘los fusilados de Soca’, cuando en diciembre de 1974 cinco militantes tupamaros (Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María Corbo y Graciela Stefanell) que habían sido secuestrados ese 8 de noviembre en Buenos Aires y trasladados ilegalmente a Montevideo, fueron acribillados a balazos y sus cuerpos arrojados cerca de la localidad canaria como supuesta represalia por el homicidio del coronel Ramón Trabal en París.
No sería el único episodio de ejecutados en Uruguay. También se presume que así fue muerta la maestra Elena Quinteros (el otro cuerpo que, como el de Julio Castro, “jamás sería encontrado”, según dijo a las familias un vocero de la Comisión para la Paz). Pero también el homicidio de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, aunque en Buenos Aires, constituye una ejecución. Y otro tanto puede considerarse en los casos de Roberto Gomensoro y Horacio Gelós Bonilla, ejecutados durante la tortura.
Mientras se impulsa un acto recordatorio del caso de los fusilados de Soca para el 17 de diciembre, en distintas cadenas y grupos de emails se ha generado una discusión sobre cuántos uruguayos fueron ejecutados en la dictadura. Si los muertos por tortura en realidad fueron ‘excesos’ o alguien dio una orden, y si otro tanto ocurrió a quienes fallecieron en las cárceles o en el Hospital Militar; cuántas desapariciones forzadas ocultan una muerte accidental o, en realidad, encubren un premeditado asesinato.
Aun sin contar todos los casos de muertes por tortura, ‘suicidados’ y ‘fugados’, hay más de 60 uruguayos que, secuestrados en Argentina y trasladados ilegalmente en forma grupal a Montevideo, fueron ejecutados y desaparecidos durante la dictadura, según se deduce del libro Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), elaborado por un equipo universitario encabezado por el profesor Álvaro Rico, sobre la base de los datos y archivos obtenidos por la Comisión para la Paz.
EL SEGUNDO VUELO
El general Aguerre puede encontrar en los anexos del Tomo I (‘Las violaciones al derecho a la vida’, ‘Asesinados políticos’, ‘Detenidos desaparecidos’) que la investigación anota que aun antes del caso de María Claudia García de Gelman (cuyo cuerpo ejecutado es lo que se busca en las excavaciones) pueden haber sido trasladados a Uruguay los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Julio César Rodríguez y León Duarte, a quien un testigo habría escuchado identificarse en el centro clandestino de torturas conocido como ‘300 Carlos’.
Los historiadores también registran el traslado masivo del llamado ‘segundo vuelo’, reconocido en 2005 en el informe sobre desaparecidos elaborado por la Fuerza Aérea Uruguaya, en el que 22 militantes del PVP que habían sido detenidos en el centro de torturas ‘Automotores Orletti’ fueron traídos a Montevideo el 5 de octubre de 1976 en el vuelo 511 de TAMU, que piloteaba el ex comandante José Pedro Malaquín.
El grupo, integrado por Mario Cruz, Josefina Kleim, Juan Morales, Juan Errandonea, Victoria Grisonas, Raúl Tejera, Alberto Mechoso, Adalberto Soba, María Islas, Jorge Zaffaroni, Washington Cram, Cecilia Trías, Ruben Prieto, Armando Arnone, Casimira Carretero, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Carlos Rodríguez, Juan Recagno, Segundo Chegenián, Graciela da Silveira y Washington Queiro, fue entregado al Ejército.
Las investigaciones periodísticas señalan que estuvieron en el ‘300 Carlos’, donde el personal subalterno los conocía como ‘los del ómnibus’, ya que habían llegado en el vehículo del propio Servicio de Material y Armamento. Los informantes aseguran que en grupos de cuatro o cinco fueron llevados dentro de un auto Pingo blanco al Batallón 14 de Toledo donde los ejecutaron y enterraron. No parece probable que todos ellos hayan muerto por ‘excesos’ en la tortura.
TERCEROS TRASLADOS
El Ejército uruguayo no ha reconocido aún que recibió a los pasajeros del vuelo 511 y tampoco ha admitido su participación o conocimiento sobre los secuestros de diciembre de 1977 cuando otro grupo de uruguayos exiliados en Buenos Aires fue capturado y, tras permanecer en los pozos de Banfield y Quilmes, fue trasladado en varios viajes a Montevideo. Algunos de ellos fueron vistos en el centro de torturas de La Tablada.
En esos viajes a Uruguay habrían sido traídos Atalivas Castillo, Eduardo Gallo, Miguel Río, Carlos Cabezudo, Carolina Barrientos, Juvelino Fontoura, Edmundo Dossetti, Alberto Corchs, Alfredo Bosco, Raúl Borelli, Yolanda Casco, Elena Lerena, Julio D’Elía, Guillermo Sobrino, Graciela Basualdo, Elsa Fernández, Gustavo Goycochea, María Castro, José Martínez, Aída Sanz, Gustavo Arce, Raúl Gámbaro, Alfredo Moyano y Célica Gómez. Todos ellos también habrían sido ejecutados.
Otro tanto habría ocurrido en mayo de 1978 con los integrantes de la familia Severo, que habrían sido trasladados en un vuelo, según dijeron fuentes militares a El Observador en agosto de 2005. Ary Severo, Beatriz Anglet, Marta Severo, Jorge Martínez y Carlos Severo (menor de edad) fueron detenidos en Argentina, llevados al Pozo de Quilmes y devueltos a Uruguay, donde también habrían sido asesinados.
El mismo destino habrían tenido Ileana García, Héctor Giordano, Edison Cantero, Fernando Díaz, Raúl Olivera Cancela, Esther Gersberg y María Artigas (embarazada), quienes fueron devueltos a Uruguay en 1978. Asimismo, se presume que fueron traídos y ejecutados los militantes del PVP Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, quienes habían sido secuestrados en Paraguay y llevados al pozo El Atlético, en Buenos Aires. Ninguna de esas muertes fue un error o un exceso. Romper el silencio también implica abrir los oídos.
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