El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla pidió “investigar” para conocer a los “culpables”.
El cimbronazo que provocó el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro y sobre todo la revelación de que no murió a causa de las torturas, sino que fue ejecutado por militares de la dictadura, trascendió al Frente Amplio y al gobierno y llegó hasta las Fuerzas Armadas.
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general del aire José Bonilla, expresó su rechazo ante esta confirmación y dijo que se debe investigar para encontrar a los responsables.
“Hay que investigar. Estas cosas no son comunes en la fuerza. Se tiene que saber quienes son los culpables”, dijo Bonilla.
El militar con mayor cargo del país se pronunció así sobre la responsabilidad que le podría caber a otros uniformados. Es la primera vez que un militar en actividad pide enjuiciar a sus pares por los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985).
Hasta ahora los jerarcas castrenses siempre decían que la Justicia sería la encargada de adjudicar responsabilidades, pero nunca reclamaban hacerlo. Durante años el discurso fue que algunos militares habían incurrido en “excesos”, que habían perdido “los puntos de referencia”.
Sin embargo, conocida la forma en que se dio muerte a Julio Castro el 3 de agosto de 1977, con un disparo en la cabeza, según la información que dio el equipo de antropólogos forenses que encontró sus restos en el batallón 14, la respuesta hoy es otra.
“La situación no es reflejo de las Fuerzas Armadas de hoy ni de ningún tiempo”, dijo Bonilla al ser consultado ayer por El Observador.
“Una cosa es matar en un enfrentamiento y otra cosa es ejecutar a una persona. No comparto para nada ese tipo de prácticas”, agregó Bonilla.
La posición del Jefe del Estado Mayor de la Defensa coincide con la que tiene el gobierno del Frente Amplio, y abre paso a una nueva lectura sobre el accionar de los represores en dictadura.
El secretario de la Presidencia, Albreto Breccia, advirtió que lo sucedido con Castro podría indicar que no todas las víctimas del terrorismo de Estado murieron por los excesos cometidos durante sesiones de tortura. “Esto cambia el panorama”, dijo Breccia.
“El caso nos estaría enfrentando al primer desaparecido que no habría muerto, como lo venía diciendo el discurso: porque ‘se les fue la mano”, agregó.
El jerarca comentó a El Observador que “puede haber otros desaparecidos muertos en estas condiciones y no por excesos en las torturas”.
Breccia recordó que ejecuciones hubo en la dictadura y son conocidas, como el fusilamiento de los guerrilleros tupamaros en Soca, Canelones, pero destacó que en ese caso no fueron desaparecidos: sus cuerpos fueron entregados a los familiares. Por primera vez ahora se encuentra a un desaparecido con pruebas de haber sido ejecutado luego de someterlo a torturas. Julio Castro tenía 68 años al momento de su muerte.
La investigación que reclama el Jefe Bonilla para dar con los culpables la llevan adelante la fiscal Mirtha Guianze y el juez Juan Carlos Fernández Lecchini.
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general del aire José Bonilla, expresó su rechazo ante esta confirmación y dijo que se debe investigar para encontrar a los responsables.
“Hay que investigar. Estas cosas no son comunes en la fuerza. Se tiene que saber quienes son los culpables”, dijo Bonilla.
El militar con mayor cargo del país se pronunció así sobre la responsabilidad que le podría caber a otros uniformados. Es la primera vez que un militar en actividad pide enjuiciar a sus pares por los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985).
Hasta ahora los jerarcas castrenses siempre decían que la Justicia sería la encargada de adjudicar responsabilidades, pero nunca reclamaban hacerlo. Durante años el discurso fue que algunos militares habían incurrido en “excesos”, que habían perdido “los puntos de referencia”.
Sin embargo, conocida la forma en que se dio muerte a Julio Castro el 3 de agosto de 1977, con un disparo en la cabeza, según la información que dio el equipo de antropólogos forenses que encontró sus restos en el batallón 14, la respuesta hoy es otra.
“La situación no es reflejo de las Fuerzas Armadas de hoy ni de ningún tiempo”, dijo Bonilla al ser consultado ayer por El Observador.
“Una cosa es matar en un enfrentamiento y otra cosa es ejecutar a una persona. No comparto para nada ese tipo de prácticas”, agregó Bonilla.
La posición del Jefe del Estado Mayor de la Defensa coincide con la que tiene el gobierno del Frente Amplio, y abre paso a una nueva lectura sobre el accionar de los represores en dictadura.
El secretario de la Presidencia, Albreto Breccia, advirtió que lo sucedido con Castro podría indicar que no todas las víctimas del terrorismo de Estado murieron por los excesos cometidos durante sesiones de tortura. “Esto cambia el panorama”, dijo Breccia.
“El caso nos estaría enfrentando al primer desaparecido que no habría muerto, como lo venía diciendo el discurso: porque ‘se les fue la mano”, agregó.
El jerarca comentó a El Observador que “puede haber otros desaparecidos muertos en estas condiciones y no por excesos en las torturas”.
Breccia recordó que ejecuciones hubo en la dictadura y son conocidas, como el fusilamiento de los guerrilleros tupamaros en Soca, Canelones, pero destacó que en ese caso no fueron desaparecidos: sus cuerpos fueron entregados a los familiares. Por primera vez ahora se encuentra a un desaparecido con pruebas de haber sido ejecutado luego de someterlo a torturas. Julio Castro tenía 68 años al momento de su muerte.
La investigación que reclama el Jefe Bonilla para dar con los culpables la llevan adelante la fiscal Mirtha Guianze y el juez Juan Carlos Fernández Lecchini.
En las próximas semanas y a la luz del hallazgo y la nueva información obtenida, la fiscal pedirá nuevos procesamientos. El juez había dicho tiempo atrás que la muerte de Castro sería considerado como un delito de lesa humanidad, por lo que nunca prescribirá. Esto hace posible juzgar a los responsables.
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