Fichados

Ex presos políticos reclaman a Bonomi porque aún mantienen en sus legajos antecedentes penales de la dictadura.

La Diaria. 25 11 10. Por Lourdes Rodríguez.

La Asociación de ex Presos y Presas Políticos Crysol envió ayer una carta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expresando su “más enérgica protesta” tras haber constatado que la División de Identificación Criminal de la Dirección Nacional de Policía Técnica, dependiente de esa cartera, emite documentación en la que figuran como antecedentes penales “las detenciones y procesamientos que por razones políticas, gremiales o ideológicas sufrieron las personas” durante la dictadura.

Entienden que esta práctica contraviene la ley de reparación integral que reconoce a estos ciudadanos como víctimas de la actuación ilegítima del Estado. “Continúan, a 25 años del retorno a la institucionalidad, criminalizando a los ciudadanos que durante el terrorismo de Estado fueron ilegítimamente detenidos, privados de su libertad en condiciones inhumanas y degradantes y procesados por tribunales militares”, expresan en la carta.

Esa documentación, explican, es solicitada para la gestión de pasaporte u otros trámites administrativos “en informes reservados”. La organización solicita a Bonomi que haga “las investigaciones administrativas que correspondan, ante estas barbaridades propias de la cultura de la impunidad aún vigente” y que “imparta órdenes” a las dependencias mencionadas “para poner fin” a estos hechos.

El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, explicó a la diaria que los documentos que expiden las dependencias del Ministerio del Interior (MI) se basan en la información proporcionada por el Instituto Técnico Forense (ITF) del Poder Judicial. Allí se encuentra el registro de antecedentes y condenas de las personas. Consultado sobre la situación que plantea Crysol prefirió no expedirse porque “sería un tema para analizar” caso a caso.

El presidente de Crysol, Baldemar Taroco, explicó a La Diaria que como organización venían recibiendo denuncias, pero que hasta ahora no habían podido hacerse de pruebas documentales para fundar su reclamo. En el documento al que accedieron, indicó, se le atribuye a la persona “asociación subversiva”. “Queremos saber si todos los ex presos políticos mantienen los antecedentes, porque entendemos, además, que porque entendemos, además, que de Amnistía”, señaló.

El abogado Juan Errandonea -a cargo de la causa de Nibia Sabalsagaray, entre otras- explicó que la amnistía “extingue el delito”, antecedentes incluidos. “Yo estuve preso y mi planilla sale sin antecedentes”, ejemplificó. Si bien “habría que ver cada caso”, afirmó que “de cualquier manera” el hecho de que se mantenga a las víctimas del terrorismo de Estado los delitos cometidos bajo ese régimen “es totalmente contradictorio” con la ley de reparación integral.

“Si es como denuncia Crysol, los documentos públicos no pueden ser incoherentes: en unos tienen antecedentes como victimarios y en otros como víctimas. Si el Estado llega a la conclusión de que no hubo garantías en ese período, entonces eso tiene que tener efectos en los documentos”, coincidió el abogado Pablo Chargoñia, quien también tiene a cargo causas por crímenes cometidos en la dictadura.

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