“Erradicar el delito organizado dentro del Estado”.Brecha. 19 11 10. Por Samuel Blixen.
El PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO (PVP) tomó la iniciativa para transparentar la discusión interna en el Frente sobre la norma interpretativa de la ley de caducidad, que cuenta con media sanción de Diputados pero está detenida en el Senado por la actitud disidente de tres legisladores del oficialismo: Jorge Saravia, Rodolfo Nin Novoa y Eleuterio Fernández Huidobro.
En la conferencia de prensa realizada en el anexo del Palacio Legislativo el lunes 15, los dirigentes del PVP reclamaron del Frente Amplio una actitud ética y política” para la inmediata sanción del proyecto de ley. El diputado Luis Puig sostuvo que en la fuerte campaña mediática “se han cambiado los centros del debate. Se sostiene que el proyecto, de ser aprobado, violaría la Constitución, pero se está desconociendo que lo violatorio de la Constitución es una ley aprobada mediante amenaza militar, con una confabulación ideada desde la propia Presidencia de la República del doctor (Julio María) Sanguinetti, con la activa participación de los mandos militares".
Para el dirigente Carlos Coitiño, “ese desacato a la justicia, ese chantaje a la democracia es la génesis de esta ley de caducidad que sigue vigente hoy “. Pablo Anzalone sostuvo que ‘no es cierto que el tema se circunscriba al pasado; la eliminación (de la ley de caducidad) es un mensaje al futuro. Dar un golpe de Estado, torturar, asesinar y secuestrar niños y suprimir su identidad, es algo que /10 puede ocurrir nunca más.
Puig introdujo un elemento soslayado hasta ahora: “Nos ha llamado poderosamente la atención cómo se ha centrado el debate en posiciones personales de algunos legisladores. Cuando en realidad la votación de Diputados marcó una situación histórica: 50 votos a favor de todo el Frente Amplio, todos sus sectores comprometidos en aprobar, y apenas 30 votos de la oposición contra este proyecto.
Los 19 diputados del Partido Colorado y el Partido Nacional que se negaron a expresar en favor o en contra de ese proyecto, están diciendo que, desde el punto de vista ético y político, es muy difícil que alguien sostenga que hay que mantener esta ley. Hay quienes dicen que llevar adelante este proyecto es desconocer la voluntad popular. Nosotros decimos que no es así. Nosotros reconocemos que no llegamos p la cantidad de votos necesarios para anular la ley de caducidad. Nosotros decimos que no haber alcanzado los votos no exime al Parlamento de la responsabilidad política y ético de terminar con una ley que ha sido declarada inconstitucional, que es vio/atona de todos los convenios internacionales, y que configuro una gran iniquidad.”
El diputado explicó que aquellos casos que la Suprema Corte ha establecido que son inconstitucionales se van a poder investigar. “Después de 36 años de impunidad se ha podido investigar el caso de Nibia Sabalzagaray y procesar por homicidio especialmente agravado al general Dalmao y al coronel Chialanza. Pero, por ejemplo, el caso de María Claudia García de Gelman no se puede. Es inconcebible que se mantenga la impunidad.”
El PVP acepta la propuesta de que, después de votado este proyecto, se convoque a un referéndum popular, pero descarta en primera instancia modificaciones al texto aprobado por Diputados. Puig recordó que la eliminación de la caducidad está en el programa del Frente Amplio, y aquellos legisladores que fueron electos en función de ese programa y que no lleven adelante ese mandato “estarán falseando, ahí sí, la voluntad popular".
Milton Romani fue particularmente crítico, desde un ángulo hasta ahora no abarcado: “Hay dos aspectos que tienen que ver con la seguridad ciudadana y la defensa de la soberanía nacional. Es incompatible totalmente, para aquellos que quieren bajar la edad de imputabilidad de los menores y aumentar las penas, mantener la impunidad. La seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida.
Es inadmisible que uno de los poderes del Estado no tenga la valentía y el coraje de erradicar una ley que amparo a una organización criminal encaramada en el Estado (en las Fuerzas Armadas), que aplica la ley siciliana de la omertá, por la cual todos callan; ese desafío lo tiene el Parlamento. Si queremos erradicar el crimen organizado, vamos a erradicarlo primero en las filas del Estado.
Desde el punto de vista de la defensa nacional, me preocupa que aquellos que fueron entrenados para defender los puestos de frontera, la soberanía territorial, los que tiene la misión de controlar el ingreso y egreso de droga, mantengan ese compromiso de silencio. Si yo fuero militar estaría muy molesto por tener dentro de filas a un general que fue capaz de torturar a una prisionera hasta la muerte, y que hayan pasado 36 años sin que haya tenido la valentía de decir que fue él el responsable; que haya militares que trasladaron a 22 prisioneros desde Buenos Aires, los masacraron, los fusilaron y los enterraron, y no tengan la virtud y el honor de decir ‘sí, fiamos nosotros’. Eso es una vergüenza y me genera grandes dudas de que esas personas puedan defender con honor las fronteras y la soberanía de la patria.
Me preocupa, porque delitos son delitos. No me vengan entonces a decir que tenemos que invadir los asentamientos. Vamos a erradicar primero el delito organizado dentro del Estado, que sigue teniendo un poder simbólico muy grande".
El PVP convoca para el jueves 2 de diciembre, a las 19.00 en Mercedes y Barrios Amorín, a un acto en el marco de los cuatro años de la desaparición física de Hugo Cores, “UN ACTO FRENTEAMPLISTA POR VERDAD Y JUSTICIA Y POR LA UNIDAD PARA PROFUNDIZAR LOS CAMBIOS”.
Tomado de Brecha, 19/11/2010.
