La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Datos

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Teléfono: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@gmail.com

Horario de atención en nuestra sede social: de Martes a Jueves de 15:00 a 18 horas. Cuota social: $ 330.-

viernes, 7 de septiembre de 2018

Iglesia, dictadura y tradición

Hoy se estrena "Fe en la resistencia", de Nicolás Iglesias Schneider.

Escribe: Débora Quiring - La diaria 6 9 18

"El pueblo está en la calle por libertad, trabajo, salario y amnistía. ¿Y nosotros, los cristianos, qué?". Esta era una de las consignas que evidenciaban el conflicto interno que vivían algunos colectivos católicos y protestantes durante la última dictadura militar: llevar o no el evangelio a la acción política.

Fotograma de la película

Si bien existió una iglesia cómplice de la dictadura, de las desapariciones y la represión, fiel a una tradición reaccionaria y conservadora, en Latinoamérica también se manifestó con fuerza un movimiento ecuménico –integrado por el ala más progresista de la iglesia católica y protestante– más social, asociado a la Teoría de la Liberación, comprometido con la defensa de los pobres y los derechos humanos; convencido de que la transformación sólo era posible desde la política, dicho movimiento se movilizó en diálogo con las organizaciones sociales.

Hoy a las 21.00 en la sala B del Auditorio Nelly Goitiño se estrenará el documental Fe en la resistencia (que irá hasta el 16 en sala B, y del 21 al 26 de setiembre se exhibirá en Cinemateca Pocitos), dirigido por Nicolás Iglesias Schneider, investigador especializado en temas de religión y política. 

El audiovisual registra el testimonio de algunos referentes que mantuvieron una firme postura de defensa de los derechos humanos, y que se proponían concretar una transformación social. A través de una serie de reflexiones, artículos académicos, materiales de archivo y entrevistas a personas de tradición católica, protestante, judía y afroumbandista, el equipo se propuso nutrir la memoria colectiva y colaborar con la mejor comprensión de la realidad social, política y religiosa que vive el país.

Así, por medio de figuras vinculadas con la iglesia metodista, como el escritor, dramaturgo y ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional Hiber Conteris, o los pastores Emilio Castro (miembro fundador del Frente Amplio y colaborador del semanario Marcha) y Ademar Olivera (preso durante la dictadura, presidente emérito del Museo de la Memoria y actual miembro del Grupo de Verdad y Justicia), y líderes que contribuyeron a la creación del Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj) y protagonizaron el histórico ayuno de 1983, como forma de resistencia no violenta, el documental reconstruye el entramado entre grupos religiosos, movimientos sociales y actores políticos, desde el que evidencia la distancia del rol social y político que ejercieron algunos sectores religiosos durante la dictadura. 

En la misma línea, retoma premisas esenciales de los años 60 y 70, como el diálogo cristiano marxista (en el que también participaron dirigentes de los partidos Comunista y Socialista), la legitimidad del uso de las armas y la teología de la no violencia, las denuncias contra la dictadura que protagonizaron organismos religiosos uruguayos, y las reuniones en la cárcel, con ayunos y ritos que, en su momento, configuraron otras formas de resistencia, protagonizada por un grupo de personas de distinto pensamiento que “encontraron un espacio en común para la acción”.

Tensiones internas

Iglesias cuenta que el documental se propuso colectivizar estos testimonios de resistencia, aunque también quisieron consignar la presencia de grupos religiosos que “sostenían y favorecían el discurso militar”: “Sólo queda planteada la tensión interna, la existencia del mecanismo de delación para aquellos que estaban más comprometidos, de que había misioneros espías de la CIA, e infiltración de tiras y agentes que escuchaban los sermones y ejercían presión, pero no fue algo que profundizamos”. Por eso, el eje central de la narración se concentra en la confluencia de distintos actores en la defensa de los derechos humanos.

Para el director, este rol de resistencia de algunos grupos religiosos ha sido invisibilizado a partir de la escasísima mención en los libros académicos, en las reflexiones o el relato sobre el pasado reciente. “Es que por una mala comprensión de la laicidad, que entiende que lo religioso no es relevante para el estudio académico, nunca estuvo presente”, y frente a este panorama, creyó que se volvía necesario registrar el testimonio –en primera persona– de algunos de sus protagonistas.

En cuanto al proyecto, subraya que Fe en la resistencia traslada el clima de la época, las discusiones sobre el uso o no de las armas, y la posibilidad de alcanzar una nueva sociedad. “Todos esos sueños y utopías que estaban en la sociedad también se trasladaban a la iglesia, como el impacto de la Revolución Cubana, y todo lo que generaron esas discusiones y reflexiones en contraposición con aquellos que consideraban que esto era ir muy lejos en la acción política y social de la iglesia”. 

En sintonía con la época, este movimiento contó con una serie de influencias que motivaron una concepción cristiana y evangelizadora en línea con una “acción espiritual, social, política y cultural”: entre ellas se encontraba la conocida Teología de la Liberación, que proponía un renovado compromiso con los pobres, vinculaba insumos del análisis marxista con elementos de análisis de la sociedad, “en diálogo con la lectura bíblica; también estaban influenciados por la teología de la no violencia; por la revolución, desde un punto de vista pacífico; la transformación social (que proponía Martín Luther King y el Seminario Evangélico Menonita de Teología que estaba en Uruguay en esa época); y la crucial concepción espiritual entre iglesia y sociedad que se dio en América Latina (sustentada por Paulo Freire y una serie de intelectuales uruguayos y extranjeros de primer nivel). Y, en paralelo, había una apertura al diálogo entre los partidos políticos y organizaciones sociales con los actores religiosos. Esto pone en perspectiva que la iglesia era un actor social y político no partidario, que debía atender y discutir los temas de actualidad”, analiza.

Se ha planteado –sobre todo en Argentina– que en la dictadura hubo dos iglesias. Frente a esta idea, Iglesias comenta que siempre han existido diversas posturas frente a los regímenes autoritarios y la violación de los derechos humanos. "Decir que hubo dos iglesias es simplificarlo, aunque en un sentido último uno compruebe que hubo iglesias comprometidas con la resistencia y la defensa de los derechos humanos y otras que no. Y en todo esto también hay muchos matices: las iglesias no actúan como un bloque homogéneo; son muy diversas. La metodista, por ejemplo, tuvo buena parte de sus pastores presos, y también contó con gente a favor del régimen que integraba la iglesia. 

En el sector católico y evangélico también existió una postura de no injerencia: había un texto bíblico que en ese momento se usaba mucho en algunas iglesias, de que Dios ponía a las autoridades y los cristianos debían orar por ellas [Romanos 13:1-2], legitimando al régimen desde el discurso bíblico. También había posturas indiferentes, de una espiritualidad que no se comprometía teóricamente con lo político, manteniendo un posicionamiento pseudoneutral, que siempre termina sustentando el statu quo. Otros grupos defendían la no injerencia en la política porque se volvía contaminante, y hoy son los que están involucrados con la política desde un punto de vista reaccionario. 

En el contexto actual, lo religioso sólo se atiende cuando se vincula a lo político, siempre de la mano del ala conservadora neopentescostal y evangélica, y son poco conocidas las expresiones progresistas de pastores y laicos protestantes sobre temas de actualidad, como la ley de salud sexual y el matrimonio igualitario".

Uno de los obispos brasileños más recordados, Helder Cámara, definía su vínculo con los militares con una recordada frase: “Si doy comida a los pobres, ellos me llaman ‘santo’. Si pregunto por qué los pobres no tienen comida, me dicen ‘comunista’”. Consultado sobre estas ambivalencias propias del régimen –y la lógica capitalista–, Iglesias dice que lo mismo les sucedió a muchos pastores y sacerdotes laicos uruguayos. “Emilio Castro me planteaba que no sólo había que ser el buen samaritano que levanta al caído todos los días, sino que también era necesario preguntarse cuáles eran las condiciones estructurales que generaban esas caídas. No sólo había que tener un rol de asistencia, sino también de transformación social y política, que apuntara a las causas que generaban los problemas”.

Plantea que, en un momento en el que se utiliza a la religión para atacar derechos de grupos vulnerados o excluidos, “es necesario ver que la fe cristiana puede ser un motor de transformación y de unión con los reclamos sociales; como antes fue fundamental en la lucha con los trabajadores, en el período de amnistía, en el trabajo con las madres y los familiares de detenidos desparecidos, sobre todo en solidaridad con los que estaban presos. Por eso, el documental aspira a responder a esa consigna de qué están haciendo, hoy, los cristianos, frente a la defensa de los derechos humanos”.

------------

Fe en la resistencia




----------

Birgit Gerstenberg


Esta semana visita nuestro país la nueva Representante Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Sra. Birgit Gerstenberg. Asumió en mayo de este año y es la primera visita que realiza a nuestro país. Crysol tuvo oportunidad de reunirse con ella hace unas semanas en su oficina en Santiago de Chile e intercambiar puntos de vista, como ya informamos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, luego de su visita de dos días  a nuestro país, a fines del mes de octubre del año pasado, fue muy claro y explícito.

Sin dejar de reconocer lo mucho que se ha avanzado, opinión que compartimos, el Alto Comisionado señaló tres aspectos preocupantes que merecen un enfoque especial por parte del Estado uruguayo: la situación de las cárceles, con énfasis en los menores infractores, la violencia de género hacia las mujeres y la impunidad hacia las graves violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, sin olvidar las notorias carencias de las políticas de reparación a las víctimas que se han llevado a cabo.

El Poder Judicial: el gran problema de la justicia en Uruguay

En la actualidad, la impunidad en nuestro país tiene nombre y apellido. Se sigue llamando Poder Judicial. Es uno de los pilares básicos y esenciales de nuestra institucionalidad democrática y republicana.

De acuerdo a las normas constitucionales,  el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar las acciones delictivas y de enjuiciar a los responsables de ellas para castigarlos. Es el único órgano del Estado que, con el auxilio de la Policía, puede detener ciudadanos, indagarlos, interrogarlos, tomarles declaraciones, someterlos a careos y, con todas las garantías del debido proceso, privarlos de su libertad, de acuerdo a la gravedad del delito y de acuerdo a lo que establece el Código Penal.

El terrorismo de Estado fue un proyecto de país global al servicio de los poderosos, contó con el apoyo explícito de los grandes hacendados, de la Asociación Rural que bendijo la disolución del Parlamento junto con la Cámara de Comercio y el matutino “El país”. Contó con amplio respaldo de los grupos económicos poderosos y del gobierno de Estados Unidos. Hubo miles de torturados y ni un solo militar o policía procesado por dicho delito hasta el momento.

Un proyecto de país más democrático

La impunidad es un riesgo para la democracia: alienta la repetición. Con ese horizonte, el enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo y fundamental, incluso para llegar a la verdad con lo ocurrido con los detenidos desaparecidos.

El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. La lucha por por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática es el único camino para avanzar hacia otros horizontes superadores del capitalismo, convocando a la más amplia participación popular y ciudadana.

Hasta ahora,  sólo un pequeño puñado de criminales ha podido ser enjuiciado. Centenares de causas han estado paralizadas y el máximo órgano de ese poder, presidido por  la Dra. Elena Martínez, sigue negando la aplicación de las normas de DDHH internacionales, el ius cogens, el “derecho de gentes”.

Una nueva ley de reparación es apremiante

Falta verdad, falta justicia y falta avanzar, también, en materia de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. En abril del año pasado, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) que coordina el Dr. Felipe Michelini presentó al Presidente de la República un informe sugiriendo el envío de un nuevo proyecto de ley de reparación. A 33 años de retorno a la institucionalidad democrática, ya es hora.

Hace ya más de cinco años que la Institución Nacional de DDHH recomendó al Poder Ejecutivo modificar las leyes reparatorias para incluir a todas las víctimas, sin exclusiones, sin discriminaciones y sin obligarlas a renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones como ocurre en la actualidad.

El Decreto 106/2007 es terrible y sigue vigente

Los beneficiarios de la ley sufren, además, desde abril del año 2007, los nefastos perjuicios del Decreto 106/2007, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de la época. Castiga, de manera arbitraria a los cónyuges de los ex presos políticos cuando ellos fallecen. Una auténtica barbaridad.

Además, se sigue negando el derecho a la libre opción en salud, en el marco del Sistema Nacional integrado de Salud (SNIS) por la vigencia del Decreto 297/2010 y ha habido notorios intentos por recortar los beneficios en la atención sanitaria.

El proyecto de ley de Crysol: una auténtica alternativa

Crysol presentó al Presidente de la República un proyecto de ley al respecto hace ya tres años, con la responsabilidad con que siempre ha actuado para contribuir y colaborar con la labor gubernamental.  La propuesta presentada reformula, simplemente, las leyes ya aprobadas y vigentes pero recogiendo las recomendaciones realizadas por la INDDHH y el Relator Especial de la ONU Pablo de Greiff. Es una propuesta razonable y viable, aplicable a la realidad actual y con un profundo conocimiento de la problemática.

Hacer justicia con este colectivo de edad avanzada, asumir y dar satisfacción a sus demandas  debería  ser una prioridad del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno por razones de justicia elemental. Los derechos de miles de víctimas del terrorismo de Estado siguen sin implementarse. La movilización de las víctimas organizadas junto con el respaldo de las organizaciones de DDHH y del movimiento sindical y estudiantil será la clave. Esperemos que la visita de la Representante Regional sea un estímulo para vencer la inercia en esta temática.

------

Opinando N° 9 – Año 7 – Lunes 3 de setiembre de 2018

viernes, 31 de agosto de 2018

Las palabras guardadas




---------

Teatro: Nosotras en Brum



----------

Sábado 1°: Todos al Memorial





--------

Viernes 31: Presentan "Crónicas de los años duros"




--------

Los mismos sospechosos de siempre



En la noche del sábado pasado vandalizaron el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, en el Parque Vaz Ferreira  en el Cerro de  Montevideo. En el lugar arrojaron dos latas de pintura que ensuciaron las paredes de cristal que contienen los nombres. El memorial homenajea a los más de doscientos uruguayos detenidos desaparecidos en el Marco del Plan Cóndor.


Cada vez que la justicia comienza a actuar con respecto a las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el período del terrorismo estatal, a cumplir con las obligaciones  exclusivas que la Constitución le otorga, se llevan a cabo acciones desestabilizadoras de distinta naturaleza. Para obstaculizar y frenarla.  Ocurrió en diciembre de 1986 cuando se generaron las condiciones que pretextaron  la presentación de la Ley de Caducidad y motivó a que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos impulsara el Referéndum para derogarla.

Se siguió llevando a cabo en diferentes instancias a lo largo de estos treinta y tres años de retorno a la institucionalidad democrática. Ocurre nuevamente ahora, en el mismo momento en que base a la actuación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad se han comenzado a reactivar las causas en diferentes juzgados y presuntos criminales han sido convocados a declarar.

La Justicia es el camino de la Verdad

La justicia tiene un papel de primer orden. El castigo de los delitos es fundamental para evitar que vuelvan a repetirse. La sanción penal es un acto de justicia, orientado a asegurar la paz social, a evitar la justicia por mano propia. Esencialmente,  el castigo  es fundamental para evitar que vuelvan a reiterarse las conductas inadecuadas. Es el único camino. El decisivo.

Hasta la entrada en vigencia el año pasado del Nuevo Código del Proceso Penal, en Uruguay, el  poder judicial tenía el monopolio exclusivo de la investigación de las actividades con apariencia delictiva. Poseía todas las potestades imprescindibles para que las investigaciones pudieran prosperar y ser exitosas: hacer comparecer, con el auxilio de la fuerza pública, incluso, a todos los testigos y a los presuntos involucrados.

Asimismo, podía interrogarlos, tomarles declaración, hasta privarlos de su libertad si las circunstancias lo ameritaban. También podía disponer allanamientos en domicilios, inspeccionar lugares, solicitar acceso a archivos y a documentación oficial.

La investigación criminalística es fundamental

La investigación  judicial y criminalística de los delitos es una pieza esencial y clave para llegar a la verdad, para esclarecer lo sucedido: el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el porqué. Los investigadores, recurriendo a todos los medios posibles, deben esclarecer los hechos, identificar a los responsables, a los autores materiales y también a los instigadores o autores intelectuales.

La actual investigación parlamentaria sobre espionaje desarrollado por las Fuerzas Armadas en democracia ha dejado en evidencia que es posible avanzar cuando quienes la realizan son tesoneros y están comprometidos con la labor. Pero tienen un límite. Solo concurren a declarar quienes lo desean, en las condiciones en que lo desean. Al no concurrir quedan en evidencia y expuestos ante la opinión pública y la ciudadanía. Para proseguir las investigaciones hasta el hueso, a fondo, hay que dar intervención al Poder Judicial: puede convocar y hacer concurrir a todos los involucrados aunque no lo deseen, con el auxilio de la fuerza pública.

Sin temor: el poder judicial puede y DEBE seguir actuando

El destino de todos y de cada uno de los Detenidos Desaparecidos es y seguirá siendo una herida abierta y vergonzosa de la democracia uruguaya. La desaparición forzada es un delito atroz y permanente, que se sigue cometiendo hasta que la misma se dilucide fehacientemente.

Saber la verdad sobre estos crímenes de lesa humanidad, sobre todas las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo estatal, no es una tarea para un grupo escogido y selecto de investigadores y/o personalidades. Es una responsabilidad estatal, de los tres poderes,  que debe ser asumida muy especialmente por la principal herramienta del Estado de acuerdo a las disposiciones constitucionales: el Poder Judicial.

La justicia no es un obstáculo para llegar a la verdad como afirmó hace unos años el Gral ® del Aire José Bonilla. Fue la falta de actuación de la justicia, debido a la vigencia durante más de dos décadas de la Ley de Caducidad, lo que impidió avanzar decisivamente en todos los temas del pasado reciente. Desde octubre del año 2011, ley 18 831 mediante, no existen más obstáculos legales. El Artículo 1° de dicha ley restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado para los crímenes del terrorismo estatal.

La dictadura fue una gran tragedia nacional. Fue un proyecto integral de país al servicio de los grupos empresariales privilegiados, de la ciudad y del campo. Sus efectos duran hasta el día de hoy. Los costos previsionales de las hiper desarrolladas FFAA de aquel período exigen un desembolso de más de 500 millones de dólares a Rentas Generales anuales hasta el día de hoy. El pasado reciente sigue siendo de palpitante actualidad.

En momentos en que el Parlamento debate una tenue y tímida reforma de la Caja Militar y la justicia da pasos pequeños, estos mensajes son preocupantes. La ciudadanía debe ser convocada a rechazarlos, con todo el peso de la masiva movilización ciudadana.

---------
Opinando N° 8 – Año 7–  Martes 28 de agosto de 2018

miércoles, 1 de agosto de 2018

Reparación a las Víctimas del terrorismo estatal





--------

Onajpu homenajea




-----

Sábado 18: homenaje en La Tablada



-------

43 años después


Operación Morgan. Una placa de la memoria recuerda 

el asesinato en la tortura del militante comunista Álvaro Balbi.

La diaria - 1 8 18

Gerardo Núñez, Javier Tassino, Nicolás Pons y Eduardo Bonomi, en el desubrimiento de una placa de la memoria para recordar a Álvaro Balbi, ayer, en la ex Guardia de Granaderos.
 Foto Andrés Cuenca

Álvaro Balbi Sala estaba casado y era padre de cuatro hijos: Arianna, Pablo, Andrea y Alondra. Era empleado en una empresa de automotores, músico (estudió piano con Hugo Balzo y Numen Vilariño) y militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU). 

El martes 29 de julio de 1975, un par de años después del golpe de Estado, fue detenido por policías en el marco de la llamada “Operación Morgan” contra el PCU, cuando participaba con otras personas en una reunión clandestina en la calle Canstatt. Los tuvieron unas horas en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, ubicada en la calle Maldonado, y después los trasladaron a la sede de la Guardia de Granaderos, en José Pedro Varela y Propios, donde hoy está la Guardia Republicana. Las torturas a las que fue sometido le causaron la muerte en la madrugada del jueves 31.

El mismo día, la Policía le dijo a la familia de Balbi que este había fallecido debido a un ataque de asma, desencadenado por el frío invernal. En el certificado de defunción, firmado por el médico forense militar José Alejandro Mautone, se afirmaba que la causa de la muerte había sido una “insuficiencia cardiopulmonar aguda”, pero la viuda, Lille Caruso, y otros familiares lograron que se le practicara una autopsia, cuyo informe señaló que el cuerpo presentaba “hundimiento de tórax, órganos genitales calcinados, rotura de hígado, fractura de pierna izquierda y fractura de cráneo”.

Ayer, 43 años después del asesinato de Balbi, se colocó a las 18.00 una placa recordatoria de ese crimen en la actual sede de la Republicana. Hablaron Nicolás Pons en representación del Ministerio de Educación y Cultura, el diputado Gerardo Núñez por el PCU, solicitante del reconocimiento, y un familiar de Balbi. Con este acto se continúa lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley 18.596, “Actuación ilegitima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985 - Reconocimiento y reparación a las víctimas”.

Luego de la muerte del militante, su padre, el maestro Selmar Balbi, le envió una carta al dictador Juan María Bordaberry, que este nunca respondió. En ella le decía: “No procuro condolencias, [...] no necesito palabras de consuelo. A diario me las prodiga el pueblo entero. [...] Por su condición de Jefe de Estado, señor Presidente, usted sólo puede contestarme con hechos y el hecho en este caso horrendo –no único en el país, desgraciadamente– es un castigo ejemplar, terminante, concreto y público, garantido y documentado, como se reitera en forma frecuente en los medios de información. [...] Todas las circunstancias muestran que mi hijo fue muerto en dependencias de las Fuerzas Conjuntas. A ustedes les toca determinarlo. Pero quiero decir lo siguiente: en el Uruguay la pena de muerte no existe. Ni la más alta dignidad judicial, frente al mayor criminal y al más grave delito, puede condenar a muerte al peor de los reos. Nadie tuvo entonces derecho a matarme a mi hijo. Sólo la impunidad más absoluta pudo amparar el crimen, así fuera, como a veces se sugiere, porque se les fue la mano”.

--------

Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad


Piden prisión para 8 militares por 

delitos cometidos entre 1975 y 1977


El país – 1 8 18



En todos los casos es por delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad.

La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pidió el procesamiento con prisión de ocho militares por delitos cometidos entre 1975 y 1977.

Según consta en un documento publicado por la Fiscalía, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de ocho personas, en todos los casos por delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad.

En tanto, en un caso se señala también el atentado violento al pudor y la violación como figuras a imputar.

La investigación inició con una denuncia que en octubre de 2011 presentaron miembros de la Asociación de Expresos Políticos de Uruguay (Crysol), que apuntó a "padecimientos" que activistas de izquierda sufrieron entre 1975 y 1977 en dos centros de detención, el Batallón de Infantería Nº13 y en el clandestino "Infierno Grande", también conocido como "300 carlos".

Al Batallón de Infantería iban, principalmente, jóvenes vinculados al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, mientras que al otro eran derivados militantes sociales y políticos, vinculados sobre todo al Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP).

Según consta en el escrito de Perciballe, los operativos en el período de la dictadura comenzaban con la obtención de "un dato" por parte de las autoridades, que apuntaba a "cierta persona" con una organización social o política de las "perseguidas".

"La detención se realizaba en los domicilios de las personas y en la noche, por lo que se irrumpía en forma violenta", agrega el documento.

Asimismo, sostiene que, cuando la persona requerida no se encontraba en el lugar, se tendía una trampa y se tomaba de rehenes a los demás habitantes hasta que el involucrado aparecía.

"Una vez producida la detención, se procedía al 'encapuchamiento', es decir, a colocarle una capucha o una venda en los ojos", a la persona requerida, para que no pudiera darse cuenta hacia dónde se dirigía.

Las sesiones de tortura para obtener confesiones en los dos centros de detención vinculados a esta causa consistían en "plantones", es decir, obligar a los detenidos a estar parados por varias horas en una misma posición, así como golpizas, picanas eléctricas en todo el cuerpo y especialmente en los genitales, así como submarinos con agua y excrementos y diversos abusos sexuales, entre otros procedimientos.

------------

Muchachas de Abril 2025

Asado CRYSOL 2022

17° Asado de fin de año Crysol (2015)

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

Celebración del Día del Liberad@ 2013

2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

Homenaje a L@s Fusilad@s de Soca - 2010

Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

Asado Fin de Año 1 (clip corto)

Mesa para la Paz en Pan de Azúcar el 10 de Diciembre

María Ester Gatti

30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol



8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

Día del Liberad@

Día del Liberad@
Club Bohemios. 14 de marzo 2010

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social

Conferencia de Prensa en Crysol

Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@

Salsipuedes

Salsipuedes
Abril de 2010

Vocal

Vocal
Chela Fontora

Vicepresidente

Vicepresidente
Baldemar Taroco

Tesorero

Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz

Secretario

Secretario
Enrique Chalar

Presidente

Presidente
Gastón Grisoni