En la noche del sábado pasado vandalizaron el Memorial a los
Detenidos Desaparecidos, en el Parque Vaz Ferreira en el Cerro de Montevideo. En el lugar arrojaron dos latas
de pintura que ensuciaron las paredes de cristal que contienen los nombres. El
memorial homenajea a los más de doscientos uruguayos detenidos desaparecidos en
el Marco del Plan Cóndor.
Cada vez que la justicia comienza a actuar con respecto a las
graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el período del
terrorismo estatal, a cumplir con las obligaciones exclusivas que la Constitución le otorga, se
llevan a cabo acciones desestabilizadoras de distinta naturaleza. Para
obstaculizar y frenarla. Ocurrió en
diciembre de 1986 cuando se generaron las condiciones que pretextaron la presentación de la Ley de Caducidad y
motivó a que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos impulsara el
Referéndum para derogarla.
Se siguió llevando a cabo en diferentes instancias a lo largo
de estos treinta y tres años de retorno a la institucionalidad democrática.
Ocurre nuevamente ahora, en el mismo momento en que base a la actuación de la
Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad se han comenzado a
reactivar las causas en diferentes juzgados y presuntos criminales han sido
convocados a declarar.
La Justicia es el
camino de la Verdad
La justicia tiene un papel de primer orden. El castigo de los
delitos es fundamental para evitar que vuelvan a repetirse. La sanción penal es
un acto de justicia, orientado a asegurar la paz social, a evitar la justicia
por mano propia. Esencialmente, el
castigo es fundamental para evitar que
vuelvan a reiterarse las conductas inadecuadas. Es el único camino. El
decisivo.
Hasta la entrada en vigencia el año pasado del Nuevo Código
del Proceso Penal, en Uruguay, el poder
judicial tenía el monopolio exclusivo de la investigación de las actividades
con apariencia delictiva. Poseía todas las potestades imprescindibles para que
las investigaciones pudieran prosperar y ser exitosas: hacer comparecer, con el
auxilio de la fuerza pública, incluso, a todos los testigos y a los presuntos
involucrados.
Asimismo, podía interrogarlos, tomarles declaración, hasta
privarlos de su libertad si las circunstancias lo ameritaban. También podía
disponer allanamientos en domicilios, inspeccionar lugares, solicitar acceso a
archivos y a documentación oficial.
La investigación
criminalística es fundamental
La investigación
judicial y criminalística de los delitos es una pieza esencial y clave
para llegar a la verdad, para esclarecer lo sucedido: el qué, el cuándo, el
dónde, el cómo, el porqué. Los investigadores, recurriendo a todos los medios
posibles, deben esclarecer los hechos, identificar a los responsables, a los
autores materiales y también a los instigadores o autores intelectuales.
La actual investigación parlamentaria sobre espionaje
desarrollado por las Fuerzas Armadas en democracia ha dejado en evidencia que
es posible avanzar cuando quienes la realizan son tesoneros y están
comprometidos con la labor. Pero tienen un límite. Solo concurren a declarar
quienes lo desean, en las condiciones en que lo desean. Al no concurrir quedan
en evidencia y expuestos ante la opinión pública y la ciudadanía. Para
proseguir las investigaciones hasta el hueso, a fondo, hay que dar intervención
al Poder Judicial: puede convocar y hacer concurrir a todos los involucrados
aunque no lo deseen, con el auxilio de la fuerza pública.
Sin temor: el poder
judicial puede y DEBE seguir actuando
El destino de todos y de cada uno de los Detenidos
Desaparecidos es y seguirá siendo una herida abierta y vergonzosa de la
democracia uruguaya. La desaparición forzada es un delito atroz y permanente,
que se sigue cometiendo hasta que la misma se dilucide fehacientemente.
Saber la verdad sobre estos crímenes de lesa humanidad, sobre
todas las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el
terrorismo estatal, no es una tarea para un grupo escogido y selecto de
investigadores y/o personalidades. Es una responsabilidad estatal, de los tres
poderes, que debe ser asumida muy
especialmente por la principal herramienta del Estado de acuerdo a las
disposiciones constitucionales: el Poder Judicial.
La justicia no es un obstáculo para llegar a la verdad como
afirmó hace unos años el Gral ® del Aire José Bonilla. Fue la falta de
actuación de la justicia, debido a la vigencia durante más de dos décadas de la
Ley de Caducidad, lo que impidió avanzar decisivamente en todos los temas del
pasado reciente. Desde octubre del año 2011, ley 18 831 mediante, no existen
más obstáculos legales. El Artículo 1° de dicha ley restableció plenamente la
pretensión punitiva del Estado para los crímenes del terrorismo estatal.
La dictadura fue una gran tragedia nacional. Fue un proyecto
integral de país al servicio de los grupos empresariales privilegiados, de la
ciudad y del campo. Sus efectos duran hasta el día de hoy. Los costos
previsionales de las hiper desarrolladas FFAA de aquel período exigen un
desembolso de más de 500 millones de dólares a Rentas Generales anuales hasta
el día de hoy. El pasado reciente sigue siendo de palpitante actualidad.
En momentos en que el Parlamento debate una tenue y tímida
reforma de la Caja Militar y la justicia da pasos pequeños, estos mensajes son
preocupantes. La ciudadanía debe ser convocada a rechazarlos, con todo el peso
de la masiva movilización ciudadana.
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Opinando N° 8 – Año 7–
Martes 28 de agosto de 2018
