La República. 23 11 10. Por Gonzalo Perera |*|
La dictadura militar argentina abolió el "Día de la Soberanía Nacional", instituido en 1973, como recordatorio de la batalla de "La Vuelta de Obligado". Heroico evento que significó una costosa victoria militar para Inglaterra y Francia, pero un inmenso triunfo político y diplomático para la Confederación Argentina y de Don Juan Manuel de Rosas.
Es que las dictaduras fascistas tienen claro cuáles son los puntos neurálgicos de una sociedad. Todas ellas dejan a su paso modificaciones en el sistema financiero y tributario, en el sistema educativo, en las políticas de telecomunicaciones y de medios de difusión, y, por cierto, legan determinada versión de la Historia.
Es digno de estudio el fenómeno del nazismo. Esto es, la terrible ascensión al poder de la versión más salvaje del capitalismo, de la mano de un macabro y oscuro cabo austríaco, con delirios de grandeza y pletórico de odio, por la más preocupante de las vías.
Por la vía de la seducción de la conciencia y el voto del pueblo alemán, uno de los de mayor nivel educativo del planeta, cuyo espíritu había sido hondamente mellado por la gran crisis del 29 y por las humillaciones heredadas de su derrota en la Primera Guerra Mundial.
La llegada al poder político y a la hegemonía cultural de un sistema basado en el horror, en la guerra como motor del ciclo de reproducción de los grandes capitales, en el genocidio y el odio étnico como motor de la guerra, no puede ignorarse. Si la más feroz bacteria o el más salvaje virus deben ser objeto de cuidadoso estudio de la Ciencia Médica para aprender a combatirlos, el germen del odio y la violencia debe ser estudiado por quien pretenda servir a la sociedad del pan y de las rosas.
Y de la ruta del nazismo sobresale el esmero invertido por Hitler y sus propagandistas en construir toda una completa y nueva visión de la Historia, que llegaba a extremos de encontrar en las civilizaciones brahmánicas raíces vivas del abominable Tercer Reich o de homologar al Führer a Carlomagno.
La Historia es la cuna de la política. Quien no posea visión lúcida de la Historia, jamás tendrá un proyecto de sociedad justo y sustentable, jamás alumbrará futuros dignos de invertir el esfuerzo de toda una vida. Por eso las dictaduras hacen foco en la Historia.
"La Vuelta de Obligado" es un estrecho codo del Río Paraná, al norte de la Provincia de Buenos Aires, pero escenario de un luminoso punto de inflexión en la historia de los pueblos del sur.
El 20 de noviembre de 1845, en condiciones de abrumadora desigualdad tecnológica y militar, haciendo gala de tanto coraje como ingenio, las tropas confederadas, al mando del general Lucio Mansilla, se enfrentaron a una colosal flota conjunta de las dos grandes potencias coloniales, Inglaterra y Francia. Potencias que habían intentado excusar su descarada intervención en el cono Sur en el apoyo a los colorados de Rivera frente a la "intervención extranjera" de Don Juan Manuel de Rosas.
Ciertamente, Rosas era aliado de los blancos de Manuel. Pero la excusa anglofrancesa era una obra de arte de la mampostería de la Historia: con el sueño artiguista de la Liga Federal traicionado entre otros por el propio Rivera, la diplomacia inglesa diseñó un país con límites en los ríos cuya navegabilidad ansiaban y como tapón de los potentes vecinos.
Esa construcción, made in London, es el Uruguay con el que Artigas jamás soñó y por el que jamás peleó. Ni el 18 de julio ni el 25 de agosto son celebraciones artiguistas, sino más bien, recordatorio de la derrota del gran proyecto artiguista de la Liga de Provincias Unidas. Inventaron las potencias un país separando hermanos, y en defensa de su "soberanía", pretextaron el acudir para sostener sus viejos intereses sobre la navegación de los ríos internos hasta el Paraguay y el corazón del Brasil.
Don Juan Manuel de Rosas y su confederación significaron un reverdercer de sueños de genuina soberanía. No en vano José de San Martín envió a Rosas como obsequio su espada, y según algunos autores, impulsado por la conmoción que le causara la heroica batalla de "La Vuelta de Obligado".
Es que dicho enfrentamiento, si bien fue una victoria de la flota anglo-francesa, significó un desmesurado costo militar y un inmenso costo político para las potencias. Se vieron obligadas a firmar con Rosas acuerdos en los que reconocían que la navegación del Paraná constituía un acto de navegación interna de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes, lo mismo que la del río Uruguay, en este caso en común con el Estado Oriental (tratado Arana- Southern en el caso de Inglaterra y Arana-Lepredour en el de Francia).
Pero el transcurso de los tiempos amparó nuevas traiciones y complicidades con las grandes potencias. Y la historia argentina fue en buena medida escrita por los unitarios y la uruguaya, por colorados reivindicadores de Rivera. Y en esa historia, ni aquella batalla tan desigual y heroica, ni mucho menos su reivindicación en el marco de un "Día de la Soberanía", tenían el más mínimo lugar. La caricaturización de Oribe y de Rosas, y la tergiversación más radical del proyecto artiguista, centraron nuestra historia en beligerancias con España, Portugal y los vecinos, obviando el arte y parte de Inglaterra y Francia en nuestro corte y confección.
Vivian Trías- bien vale señalarlo en momentos del centenario del Partido Socialista en el es un referente ineludible- fue uno de los autores a quien debemos una mirada "revisionista" de estos tramos de la Historia, en su recordada obra sobre Don Juan Manuel de Rosas, las montoneras y el imperio británico. Trías entendió que su visión de una gran nación americana cimentada en los principios generales del socialismo, no podía eludir una cita fidedigna con la propia Historia.
Es que tarde o temprano, la memoria se abre paso. Y la Historia cobra vida. Deja de ser yeso bien moldeado por profesionales del disimulo y toma calor y color de sangre, sueños y risas. Se hace humana, se encuentra, al menos un poco, con la verdad y la justicia.
El gobierno argentino acaba de reinstalar como feriado nacional el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional y su presidenta, Cristina Fernández inauguró en el lugar de la batalla un impactante monumento recordatorio de la audaz táctica ideada por Mansilla para enfrentar fuerzas colosalmente superiores en "La Vuelta de Obligado". Todo un gesto de amor a la Historia y de amor al futuro.
Nosotros tenemos cuentas a saldar con la Historia. Con Artigas, con los 18 de julio y 25 de agosto. Con la dictadura militar y el plebiscito del 80, que en estos días tal parece que el más de 40% de orientales ( entre ellos notorios dirigentes políticos y empresariales) que apoyaron el infame proyecto de Constitución fascista, se esfumaron o se lo tragó la Tierra, pues no se escucha ningún "yo vote sí en el 80". Cambiar es signo de sabiduría, por cierto. Pero deformar el pasado es atentar contra la Historia y por ende, contra la comprensión de las vías hacia el futuro.
Por eso, y sin mezclar aconteceres sino hilvanándolos, hoy y ahora, la anulación de la Ley de Caducidad no es un mero problema político, de eventual riesgo de sanciones internacionales o una más que justa restitución de derechos humanos elementales. Es nuestra pequeña pero imprescindible "Vuelta de Obligado". Un estrecho recodo del camino, donde podemos abrir el futuro o echarle definitivo cerrojo. Es sacar la venda que cubre los ojos de la Historia que nos conducirá inexorablemente a caminar a los tumbos.
No hay estrategia ni futuro sin Historia. Si pretendemos ser en el sur, como en aquellos viejos sueños, hay que anular nuestras caducidades de pretensiones.Mera cuestión de coherencia y de reconciliación con la verdadera Historia. Que no tiene otro dueño que los pueblos. Y que siempre surge, más tarde o más temprano, de la mano de las escondidas memorias, esas hondas e imperecederas raíces del futuro.
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martes, 23 de noviembre de 2010
Palabras guardadas
Archivos de la dictadura sobre Dilma Rousseff fueron publicados por la prensa de Brasil. La Diaria. 23 11 10. Por Andrea Martínez.
A partir de un pedido del diario Folha de São Paulo la justicia militar brasileña decidió liberar documentos del proceso que la dictadura que gobernó Brasil desde 1964 a 1985 abrió contra la ahora presidenta electa, Dilma Rousseff, que entonces militaba en grupos guerrilleros.
En la insurgencia la conocían como Estrella, pero los militares la consideraban la “Juana de Arco de la subversión”. Fue apresada durante la operación Bandeirante -con 22 años, en 1970- y estuvo en la cárcel casi tres años durante la dictadura, acusada de pertenecer a “grupos subversivos”. Dilma Rousseff, perteneció a los grupos Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares) y Colima. Durante su detención fue torturada por hasta 22 días seguidos, según los documentos liberados el fin de semana por la justicia militar brasileña.
Luego de que estos documentos fueran durante cuatro décadas considerados confidenciales, el diario Folha de São Paulo reclamó su acceso, que le fue concedido el viernes. Antes, el Tribunal Supremo Militar había postergado la decisión para que las revelaciones no fueran utilizadas con fines políticos e interfirieran en las elecciones. Aunque los documentos todavía no están disponibles, la información fue dada a conocer por O Globo y Folha el fin de semana.
La información es la misma que se conocía respecto a Rousseff. En dictadura formó parte de la insurgencia haciendo aportes estratégicos e intelectuales, sus principales funciones consistían en organizar células de militantes y distribuir dinero entre esos grupos, además de otras tareas de organización en tres asaltos a bancos. La dictadura no pudo demostrar su participación directa en acciones armadas, ni tampoco la de quien era su esposo en ese tiempo, Cláudio Galeno de Magalhães Linhares.
Los documentos citados por O Globo establecen que Rousseff fue “adoctrinada en la ideología marxista” por su esposo, y que dio clases de marxismo en su casa, donde fueron encontrados materiales para falsificación de documentos, panfletos y libros que eran considerados subversivos.
Consultada por un juez acerca de su decisión de unirse a la guerrilla explicó que constató “la existencia de desequilibrios de ingresos, que provocan creciente miseria de la mayoría de la población, al lado de la gran riqueza de unos pocos que detentan el poder e impiden, a través de la represión policial, todas las luchas de liberación y emancipación del pueblo brasileño”.
Rousseff fue sometida a tortura reiteradas veces, y en una declaración prestada en 1970, bajo “intensa tortura”, “hacía 22 días”, según el propio documento judicial, reveló “nombres de algunos compañeros e indicó algunos lugares” donde se hacían reuniones clandestinas. En mayo de 2008 Rousseff fue consultada en el Congreso sobre versiones similares y dijo que había mentido mientras era “bárbaramente torturada”: “Me siento muy orgullosa de haber mentido, porque mentir bajo tortura no es fácil. En democracia se dice la verdad. En la tortura, quien tiene el coraje y la dignidad, cuenta mentiras”, porque “decir la verdad podía comprometer la vida de muchas personas”, que “habrían sido asesinadas”.
En el mismo sentido, luego de la divulgación de los documentos, José Eduardo Dutra, el presidente del Partido de los Trabajadores, al que Rousseff pertenece, aseguró: “Tenemos orgullo de su pasado”, y agregó: “Desde el punto de vista de la realidad [la información revelada por los documentos] es basura. Sólo que no puede ser destruida porque es parte de la historia. Sería ridículo querer transformar esto en un hecho político”.
Otras declaraciones de Rou-sseff que habían sido dadas a conocer por el diario Folha de São Paulo forman parte de una carta que ella envió en 2002 a una comisión legislativa que analizaba un pedido de indemnización para víctimas de la dictadura.
Allí Rousseff aseguró que en el Destacamento de Operaciones de Información de los Centros de Defensa Interna (Doi-Codi) -organismo que centralizó las operaciones de represión- y durante la operación Bandeirante -que representó el auge de esa represión en la década de 1970 y en la que fue apresada- ella fue torturada con “choques eléctricos, ‘pau de arara’ (suplicio en que una persona es atada y colgada de un travesaño) y golpes, siendo varias veces llevada a distintos hospitales debido a hemorragias graves”.
Durante la operación Bandeirante fueron asesinadas seis personas y otras 20 fueron torturadas -entre ellas Rousseff-. A comienzos de este mes el Ministerio Público Federal de San Pablo abrió un proceso judicial para determinar la responsabilidad civil de cuatro militares jubilados, varios de ellos identificados por Rousseff, en uno de los pocos juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan a cabo en Brasil. Pero por ser un juicio civil, busca un resarcimiento a las víctimas y no un castigo penal para los acusados.
En este sentido, Rousseff deberá impulsar en 2011 en el Congreso la ley que crea la Comisión de la Verdad, que buscará información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, aunque carece de fuerza política para revisar la Ley de Amnistía de 1979, que impide abrir procesos contra militares, en la mayoría de los casos.
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lunes, 22 de noviembre de 2010
Caminos hay
Mirtha Guianze habló sobre la Corte Interamericana, la eliminación de la Ley de Caducidad y la idea de que los delitos de la dictadura prescribirán. La Diaria. 22 11 10. Por Lourdes Rodríguez.
Tras su comparecencia como perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda contra el Estado en el caso Gelman, la fiscal Mirtha Guianze profundizó, en entrevista con la diaria, en algunos de los puntos centrales.
Dio explicaciones en torno a la posible prescriptibilidad de los crímenes de la dictadura en 2011 y el no reconocimiento de éstos, por parte de la jurisprudencia uruguaya, como delitos de lesa humanidad.
Discrepó con la visión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, respecto a que los delitos de la dictadura no pueden considerarse de lesa humanidad debido a que el Estatuto de Roma se ratificó en 2006.
“Entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento”, advirtió.
-¿Qué evaluación hace de la instancia de la Corte IDH?
-Muy interesante. Estas instancias de juicios orales existen en toda América; en Uruguay todavía conservamos el proceso escrito. Además, la corte es muy garantista: dan instancias de preguntas después del interrogatorio y después de los alegatos. Todos los jueces interrogan sobre lo que se dijo en los alegatos y les dan a las partes la oportunidad de que vayan armando el suyo en relación con lo que a la corte específicamente no le quedó claro. Hay una función orientadora.
-Durante su comparecencia advirtió que los crímenes en dictadura podrían prescribir el 1º de noviembre de 2011 dado que la figura de “homicidio muy especialmente agravado” se aplica en la mayoría de las condenas.
-Lo que la corte preguntó en mi peritaje fue si la jurisprudencia uruguaya utiliza los instrumentos de derechos humanos como base para sus sentencias y si se tenían en cuenta los criterios interpretativos de la corte sobre la Convención Americana, que es lo que en general se utiliza en todos los países y lo que Uruguay está obligado a usar como pauta. Acá en general no se ha utilizado, salvo en excepciones. En el caso de [Nelson] Bardesio la jueza, si bien no lo entendió como desaparición forzada, dijo que era crimen de lesa humanidad.
-¿Por qué le parece importante que se tipifique “desaparición forzada”?
-Si se considera que es desaparición forzada, se entiende que es un delito permanente, que no prescribe hasta que no se encuentra a la víctima o se tiene la certeza de que falleció de alguna manera fehaciente, no como hasta ahora que tenemos presunciones. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. En Argentina, Perú, Chile, en las sentencias a las que he tenido acceso, está aceptado que lo que se cometió en el marco de las dictaduras del Cono Sur es lesa humanidad.
-¿En nuestro marco jurídico dónde está contemplada esta tipificación?
-Desde Nuremberg para acá, con todas las elaboraciones doctrinarias que se fueron haciendo. Establece que hay determinados delitos que tienen una gravedad tal que la humanidad tiene la obligación de perseguirlos, por eso son de lesa humanidad. El Estatuto de Roma es posterior, por eso acá no vamos a considerar la ley que lo implementó, la 18.026.
-El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, afirmó, en cambio, que esa norma, que prevé la figura de desaparición forzada, es la que impide tipificar ese delito porque rige desde 2006 y tiene vigencia para los crímenes que ocurran después de ese año.
-La SCJ no se ha expedido todavía sobre mis expedientes. Por lo tanto entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento.
-¿Cómo se vincula, entonces, la vigencia de la Ley de Caducidad con la prescriptibilidad?
-La Ley de Caducidad lo que hizo fue retardar las investigaciones. Si los casos hubieran sido juzgados en su debido momento no estaríamos planteando ahora estos problemas de prescriptibilidad.
La interpretación de la Corte IDH es obligatoria porque es la intérprete última de la convención y Uruguay aceptó su competencia desde abril de 1985. La ratificó por ley.
Si hay una convención o tratado que va en contra de una legislación interna todos los países pueden depositar las observaciones y reservas que entiendan necesario.
Uruguay no ha hecho ninguna. Entonces, al aprobar la Ley de Caducidad en 1986 violó la convención. Yo no sé cuál va a ser el contenido del fallo [de la Corte IDH], pero cualquiera sea, obliga a Uruguay. No estamos hablando de una indemnización, se está pidiendo el derecho a las garantías judiciales y, sobre todo, la eliminación de la Ley de Caducidad.
Interpretación o anulación
-¿Qué opinión tiene del texto interpretativo de la caducidad?
-Prefiero no emitir una opinión. Uruguay tiene que encontrar el camino para eliminar la Ley de Caducidad. Podrá ser consensuado entre determinados grupos políticos pero yo no puedo pronunciarme sobre eso, me lo impide la Constitución. Hay que buscar la solución más acorde para que no deje fisuras a la presentación de nuevos recursos de inconstitucionalidad.
-¿El Parlamento uruguayo puede anular?
-Yo entiendo que sí. Hay antecedentes. También sé que el punto es discutible. Es un camino que hay que buscar, pero no es mi rol interferir en que lo pueda hacer el Parlamento.
-Algunos juristas, como el constitucionalista José Korzeniak, han sugerido como salida la presentación caso a caso de un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ.
-No es el camino. Porque la mayor parte de las causas que se iniciaron en el 85 interpusieron el recurso en su momento y fue rechazado por mayoría. En esos expedientes, la inconstitucionalidad ya no se puede volver a plantear. Pero además sigue vigente el obstáculo.
-El Partido Independiente propone una reforma constitucional que permita a la SCJ realizar pronunciamientos generales. ¿Qué opina?
-De ninguna manera. Le damos un poder omnímodo a la SCJ para cualquier ley que se promulgue. Hay otros organismos en otros países, las cortes constitucionales, que tienen un componente más democrático porque tienen otro sistema de elección, por ejemplo. Pero en el caso de la SCJ sería colocarnos bajo el gobierno de los jueces.
-¿Cómo han salido otros países de la región ante situaciones similares?
-Todos fueron buscando el camino modificando su legislación interna. Algunos dieron más potestades a los jueces. No hay que ir a la SCJ, sino que cada juez va desaplicando la ley por ser incompatible…
-¿Y eso es jurídicamente viable en nuestro país?
-Hay muchos que piensan que sí, yo pienso que se podría hacer. Pero no hay antecedentes. Hay que repensar cómo se aplican los instrumentos de derecho internacional. Caminos jurídicos para encontrar una salida existen.
-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la corte que se pronuncie, por primera vez, acerca de que los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a democracia directa. ¿Concuerda con este punto?
-Sí, eso es claro. Los derechos fundamentales no son plebiscitables y eso lo dijo la SCJ [en la declaración de inconstitucionalidad de Nibia Sabalsagaray]. Que se busque los mecanismos de democracia directa no quiere decir que se renuncie a esos derechos. No hay manera de que la voluntad popular pase por encima de determinado núcleo de derechos humanos indisponibles e irrenunciables.
Un antes y un después
Guianze afirma que “ahora” no recibe presiones en su trabajo, “ni explícitas ni implícitas”, incluso en casos conflictivos como lo fue el procesamiento del militar en actividad Miguel Dalmao.
En cambio, “en este país hubo épocas en que supuestamente la Justicia funcionaba de forma independiente, pero por otro lado se hacían llamadas telefónicas para tratar de que se procediera de determinada manera”, sostiene. “Cada cual sabe si aceptó o no en su conciencia”, agrega.
Para la fiscal, el Poder Judicial “funciona de forma independiente, pero también, como cualquier otro organismo del Estado, tiene que aceptar las críticas”. “Por mí, el comandante [Jorge] Rosales, como persona, puede decir si yo no actué bien. Cualquiera, incluyendo el Centro Militar, puede opinar si estuve bien o mal. Todo el mundo tiene derecho a expresar su pensamiento. No es presión la crítica”, considera.
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"Los bandos deberíamos ponernos de acuerdo para terminar la beligerancia"
CORONEL (R) GUILLERMO CEDREZ - PRESIDENTE DEL CENTRO MILITAREl presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, considera que la “guerra” comenzada hace cuarenta años con el enfrenamiento entre los tupamaros y las Fuerzas Armadas continúa. “Acá no hay inocentes”, dijo a Ultimas Noticias. Agregó que los militares no merecen las “afrentas” y responsabilizó al Estado por la dictadura y por los “excesos” que “pueden haber existido”. Aseguró que nunca recibió “la orden de matar” y que en las acciones de la época participaron “todos”. En alusión al presidente José Mujica y al Frente Amplio (FA) afirmó: “En algún momento el cacique, que es un hombre muy persuasivo, va a tener que juntar a los indios”.
Últimas Noticias. 22 11 10. Por María José Frías
-En el comunicado del Centro Militar donde se anuncia la creación de la Oficina de Defensas Penales se aludió a una “guerra revolucionaria en la que estamos inmersos desde hace más de cuarenta años”. ¿Esa guerra continúa?
-Sí, claro. Una situación de guerra se puede llevar a cabo sin acciones militares ni beligerancia. Las acciones legales también son un acoso y una forma de llevar a cabo determinada política contra algunas personas, en este caso particular contra las Fuerzas Armadas. Han pasado casi cuarenta años y somos acusados y criticados. Yo entiendo que es una forma de guerra.
-¿Se sigue tratando de dos bandos, dos partes específicas como cuando ocurrían los enfrentamientos?
-Aquí se declaró un estado de guerra y no se dejó sin efecto. Si bien las acciones militares fundamentales fueron el primer año, después se siguieron realizando acciones de ese tipo. Se reorganizaron en otros países y se llevaron a cabo desde el exterior también. Es obvio que hubo dos bandos y que acá no hay inocentes. Los que hacíamos estas acciones éramos todos grandes. Yo no digo que siga habiendo dos bandos, sino que por las acciones de la Justicia y por las declaraciones de algunas personas se sigue con este tema. Nosotros somos permanentemente criticados y recibimos afrentas que a esta altura del partido, no las merecemos.
-¿Quién fue el responsable?
-Cuando empezó todo esto nosotros teníamos veintitantos años y no decidíamos lo que se hacía. Aquí el responsable fue el Estado porque fue desde allí que se actuó contra la sedición. No fue una banda que actuó contra los sediciosos. Aquí no hubo ninguna orden de matar a nadie. Yo nunca recibí la orden de matar. Al contrario, tratábamos de actuar con el máximo de cautela para que no sucediera ese tipo de cosas pero éramos servidores del Estado.
-En la época de los enfrentamientos y en los primeros años de la dictadura, ¿qué rango tenía? ¿Participó en las acciones?
-Era teniente primero. No quiero hablar de esa época porque pasó hace casi cuarenta años y la memoria me puede fallar pero participé en las acciones. Los oficiales participamos todos y la gente estaba muy conforme. En esa época nos aplaudían en las esquinas cada vez que hacíamos un procedimiento.
-¿Y no hubo “excesos”?
-Pero es el Estado el que se tiene que responsabilizar, más allá que puedan haber existido excesos. Si los hubo, que se comprueben y entonces se tomen las medidas del caso pero acá tenemos procesados a los cuales les han adjudicado 28 homicidios al barrer. No están relacionados entre sí, no se encontró el cuerpo del delito, no hay armas, estaban geográficamente en distintos lugares. No es muy fácil determinar eso. Pero el responsable fue el Estado uruguayo, que si hoy ocurre algo va a mandar al mismo Ejército a combatir de la misma forma porque para eso lo tiene.
-Más allá de la responsabilidad del Estado, ustedes mantienen el concepto de los bandos, al punto de tener en la puerta del Centro un cartel que prohíbe la entrada a las personas vinculadas a la sedición…
-El cartel es la foto de un momento y pinta lo que fue toda esa historia, nada más. El Centro Militar tiene conferencias a las que entra el público. Obviamente a usar el gimnasio entran solo los socios pero eso es así en cualquier institución. Nosotros no prohibimos la entrada a nadie. El cartel fue una resolución de una asamblea en un momento determinado.
-Pero está allí y hoy personas que integraron el MLN son el gobierno, como el presidente de la República y el ministro de Defensa. ¿Los recibirían?
-Por supuesto. Son autoridades de gobierno. Nosotros no discriminamos a nadie y el cartel es una anécdota que marca la historia de algo que no podemos ni debemos negar.
-¿Cómo se termina con este estado de guerra?
-Voluntad política. Las personas que pueden hacer algo por esto deberían hacerlo y los bandos deberíamos ponernos de acuerdo para terminar la beligerancia. Nosotros estamos dispuestos. Siempre lo estuvimos.
-Cuando comenzó el gobierno, ¿vieron los mensajes del presidente José Mujica como una posibilidad de reconciliación?
-Sí, claro que lo vimos. Nosotros, los que están en Domingo Arena y los que están en Chile. Seguimos esperando. En algún momento el cacique, que es un hombre muy persuasivo, va a tener que juntar a los indios. Unanimidades nunca va a haber y no es bueno que las haya. De las discrepancias sale la luz. Yo estimo mucho que se pueda discrepar e intercambiar opiniones y me sale la frase: “Sería capaz de dar la vida defendiendo tu derecho a discrepar conmigo”. Hemos madurado y nos hemos dado cuenta de muchas cosas. El Centro Militar está a la orden para sentarnos a conversar.
“CONFÍO EN LA JUSTICIA, PERO SON HUMANOS”
-¿Cómo se compone la Oficina de Defensas Penales?
-Es un equipo de abogados nuestros al que los socios pueden recurrir cuando son convocados. Se va a financiar con el aporte voluntario de cien pesos mensuales de socios y allegados. Además si se juzga a alguien que no es socio del Centro Militar sino de otra institución vinculada, también podría recurrir previa coordinación de las directivas porque ese club va a hacer su aporte. Siendo del entorno de la familia militar, lo vamos a defender.
-¿Por qué decidieron crearla? ¿Se ha complicado la situación legal para los militares?
-Aparentemente necesitamos más abogados. La situación parece haberse acelerado. Al declarar inconstitucional la Suprema Corte de Justicia la ley de Caducidad para la causa Bordaberry, abarcó todos los casos comprendidos en ese período.
-¿Sienten que en los casos de juicios a militares tienen las garantías necesarias o entienden que de alguna manera se los está prejuzgando?
-Me remito a las declaraciones de la doctora Azucena Berrutti, que dijo que estaban procesados sin pruebas. Ese es el concepto y el doctor (Miguel) Langón habló también de un derecho penal para el enemigo. Estas dos personalidades plantean algo de eso. No lo digo yo sino la doctora Berrutti.
-¿Confía en la Justicia?
-Confío en la Justicia pero son humanos. Un tema es la confianza que yo tengo de que como personas intentan hacer las cosas bien pero otra cosa es que se pueden equivocar, como todos los seres humanos.
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Juan Gelman: "Hace muchos años que espero justicia"
LA CIDH FALLARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 EN LA CAUSA DE JUAN GELMAN Y SU NIETA.El poeta y su nieta Macarena escucharon el alegato de los abogados que los representan y el descargo del Estado uruguayo. Ambos expresaron su esperanza de que las audiencias de la CIDH abran el camino a la Justicia en Uruguay.
Juan y Macarena Gelman escucharon ayer los alegatos del Estado uruguayo y los de las abogadas que los representan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El poeta y su nieta acusan a Uruguay de no haberles proporcionado verdad ni justicia por la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena, la madre de Macarena. Se espera que la Corte se pronuncie durante el primer trimestre del año próximo.
Anteayer había sido el día de los testimonios, ayer fue el de los alegatos. Las abogadas que representan al escritor y a su nieta volvieron a reclamar lo que en estos años no hubo: justicia. “Esperamos que Juan y Macarena Gelman, que avanzaron en este caso con una gran soledad, con una gran orfandad, por la falta de asistencia efectiva del Estado uruguayo, puedan contar con la asistencia de la Corte, quebrando esta situación de falta de verdad y de justicia”, afirmó una de las abogadas que los representa. Y agregó, al finalizar su exposición: “El caso, quizá, no debería llamarse Gelman contra Uruguay sino Gelman con Uruguay por la contribución que han hecho Macarena y Juan Gelman a la sociedad uruguaya para lograr la verdad y la justicia en el país”.
La tragedia comenzó el 24 de agosto de 1976 y todavía continúa, porque Macarena nunca pudo encontrar los restos de su madre. María Claudia García y Marcelo Gelman se habían casado en julio de ese año. El hijo del escritor tenía 20 años y su compañera 19 y siete meses de embarazo cuando, un mes después, los secuestró la dictadura argentina. Por testimonios se supo que la pareja estuvo alojada en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionó como sede del Plan Cóndor, la coordinación represiva tejida por los gobiernos militares del Cono Sur.
En la segunda semana de octubre de 1976, María Claudia fue llevada hasta el Servicio de Información de Defensa (SID) de Montevideo. Allí estuvo hasta que, a finales de ese mes o a principios de noviembre, fue llevada al Hospital Militar para dar a luz a Macarena. En enero de 1977, los represores dejaron a la beba en una cesta en la puerta del policía Angel Tauriño.
Pasaron 23 años hasta que Macarena recuperó su verdadera identidad. Por ese entonces, se enteró de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) había identificado en 1989 los restos de su padre. Todavía sigue intentando saber qué pasó con su madre. En 2006, junto con su abuelo presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ésta remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gelman y su nieta denuncian al Estado uruguayo por la vigencia de la Ley de Caducidad, que impide que sean enjuiciados los criminales de la dictadura.
En su alegato de ayer, el representante del Estado uruguayo afirmó: “El Estado reconoce la violación de los derechos humanos de la señora María Claudia García y de Macarena Gelman durante el gobierno de facto que rigió en Uruguay entre 1973 y 1985”. Para Macarena Gelman, ese mea culpa no fue suficiente. “El reconocimiento de los hechos no fue total. Fue un poco confuso”, comentó a Página/12. “Las violaciones a los derechos humanos no fueron sólo durante el gobierno militar. Mi mamá sigue desaparecida”, resaltó la joven la continuidad del delito.
“La impunidad en Uruguay se apoya en parte en la Ley de Caducidad, pero también en las formas de investigar, en los tipos penales que se aplican y en el acceso a los archivos de la represión”, dijo a este diario la abogada Liliana Tojo, patrocinante de Juan y Macarena Gelman.
El agente uruguayo Carlos Mata había subrayado en la audiencia que había voluntad política en Montevideo de acabar con la norma aprobada en 1986. Para Mata, era prueba de ello la media sanción que el mes pasado obtuvo el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. Aunque lo que omitió el representante de Uruguay en la sala de Quito es el dato de que ese proyecto no logrará ser aprobado en el Senado, donde tres parlamentarios del gobernante Frente Amplio (FA) le retiraron su apoyo. “Para nosotros, un proyecto con media sanción no tiene ningún valor jurídico”, replicó Tojo. “Cualquiera sea la solución legislativa, la salida tiene que ser que la ley deje de tener efectos para la totalidad de los casos”, reclamó.
A nivel operativo, las partes tendrán hasta el 10 de diciembre para presentar los alegatos por escrito. La espera por la sentencia se alargará un poco más, probablemente llegue para los primeros meses de 2011. La abogada Tojo se escuchó esperanzada por la resolución: “Creemos que los jueces entendieron la gravedad de la situación”.
Al poeta, de 80 años, se lo vio emocionado al salir de la sala de audiencias: “Hace muchos años que espero el día de la justicia. Espero que estas sesiones permitan abrir el camino de la verdad y de la justicia próximamente”.
Informe: Luciana Bertoia.
Tomado de http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/2010-11-17.html
La lucha contra la impunidad a orillas del Rubicón
Por Raúl Olivera Alfaro (*). 16 11 10La inminente condena al Estado uruguayo por parte de la CIDH, pone en debate el futuro posicionamiento del país en torno a los recaudos que ha ido tomando la comunidad internacional para defender efectivamente los derechos inherentes a la persona humana. En ese debate, han aflorado posicionamientos de integrantes del sistema político que han sembrado diferentes niveles de confusión en amplios sectores de la ciudadanía.
Es cierto que en todo debate puede ser legítimo que cada posición busque ubicarse en el terreno que le es más favorable de acuerdo a los intereses que en última instancia defiende. De ahí que sea importante saber qué es lo que se esta defendiendo para que ese recurso del debate no nos oculte lo esencial.
Para nosotros es el posicionamiento en torno a la legislación internacional y su ineludible concordancia con la legislación interna, lo que constituye el nudo de la cuestión en debate. Ese es el lugar desde el que debe ubicarse, no ya un discurso de izquierda, sino hasta el del más tibio progresismo.
Poner en cuestión la competencia de la CIDH para analizar la responsabilidad internacional del Estado uruguayo, en materia de derechos humanos, con el argumento de que la OEA no puede decirle al pueblo uruguayo lo que debe hacer, es desconocer que Uruguay al participar en su creación creyó necesaria la existencia de este organismo como garantía supranacional para vigilar el cumplimiento de los Estados de las obligaciones asumidas en instrumentos internacionales en esta materia.
Esa competencia la aceptó el Uruguay en 1985 a la salida de la dictadura. Y lo hizo soberanamente y en el entendido de que sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos serian supervisadas por este organismo. Esta es una obligación asumida por el Parlamento ante el pueblo uruguayo y frente a la comunidad internacional. Tal es su compromiso y creencia en la eficacia de este instrumento, que el Uruguay postulo y fue electo para integrar ese organismo al Dr. Alberto Pérez Pérez.
Fue un error y no corresponde poner en cuestión derechos inherentes al ser humano. Mediante plebiscitos o referéndum. Ese error lo cometimos en 1989, y el sistema político nos obligó cometerlo nuevamente en el 2005.
Pretender que nuevamente, ya sea para cuestionar o no una norma que establece que los uruguayos no somos seres humanos por carecer de esos derechos inherentes a las personas, es volver a tropezar con la misma piedra.
Los que pretenden esa peregrina idea deberían ubicar en su justo término lo que quieren que resuelvan los uruguayos: que renunciamos a ser seres humanos o serlos de segunda categoría apartándonos del amparo que la legislación internacional estableció para los seres humanos de las arbitrariedades de los estados.
El sistema político, está a orillas del Rubicón, y según lo que finalmente tenga el coraje o la cobardía de hacer, deberemos decir que LA SUERTE ESTA ECHADA.
(*) Ex preso político.
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El PVP y la Ley de Caducidad
“Erradicar el delito organizado dentro del Estado”.Brecha. 19 11 10. Por Samuel Blixen.
El PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO (PVP) tomó la iniciativa para transparentar la discusión interna en el Frente sobre la norma interpretativa de la ley de caducidad, que cuenta con media sanción de Diputados pero está detenida en el Senado por la actitud disidente de tres legisladores del oficialismo: Jorge Saravia, Rodolfo Nin Novoa y Eleuterio Fernández Huidobro.
En la conferencia de prensa realizada en el anexo del Palacio Legislativo el lunes 15, los dirigentes del PVP reclamaron del Frente Amplio una actitud ética y política” para la inmediata sanción del proyecto de ley. El diputado Luis Puig sostuvo que en la fuerte campaña mediática “se han cambiado los centros del debate. Se sostiene que el proyecto, de ser aprobado, violaría la Constitución, pero se está desconociendo que lo violatorio de la Constitución es una ley aprobada mediante amenaza militar, con una confabulación ideada desde la propia Presidencia de la República del doctor (Julio María) Sanguinetti, con la activa participación de los mandos militares".
Para el dirigente Carlos Coitiño, “ese desacato a la justicia, ese chantaje a la democracia es la génesis de esta ley de caducidad que sigue vigente hoy “. Pablo Anzalone sostuvo que ‘no es cierto que el tema se circunscriba al pasado; la eliminación (de la ley de caducidad) es un mensaje al futuro. Dar un golpe de Estado, torturar, asesinar y secuestrar niños y suprimir su identidad, es algo que /10 puede ocurrir nunca más.
Puig introdujo un elemento soslayado hasta ahora: “Nos ha llamado poderosamente la atención cómo se ha centrado el debate en posiciones personales de algunos legisladores. Cuando en realidad la votación de Diputados marcó una situación histórica: 50 votos a favor de todo el Frente Amplio, todos sus sectores comprometidos en aprobar, y apenas 30 votos de la oposición contra este proyecto.
Los 19 diputados del Partido Colorado y el Partido Nacional que se negaron a expresar en favor o en contra de ese proyecto, están diciendo que, desde el punto de vista ético y político, es muy difícil que alguien sostenga que hay que mantener esta ley. Hay quienes dicen que llevar adelante este proyecto es desconocer la voluntad popular. Nosotros decimos que no es así. Nosotros reconocemos que no llegamos p la cantidad de votos necesarios para anular la ley de caducidad. Nosotros decimos que no haber alcanzado los votos no exime al Parlamento de la responsabilidad política y ético de terminar con una ley que ha sido declarada inconstitucional, que es vio/atona de todos los convenios internacionales, y que configuro una gran iniquidad.”
El diputado explicó que aquellos casos que la Suprema Corte ha establecido que son inconstitucionales se van a poder investigar. “Después de 36 años de impunidad se ha podido investigar el caso de Nibia Sabalzagaray y procesar por homicidio especialmente agravado al general Dalmao y al coronel Chialanza. Pero, por ejemplo, el caso de María Claudia García de Gelman no se puede. Es inconcebible que se mantenga la impunidad.”
El PVP acepta la propuesta de que, después de votado este proyecto, se convoque a un referéndum popular, pero descarta en primera instancia modificaciones al texto aprobado por Diputados. Puig recordó que la eliminación de la caducidad está en el programa del Frente Amplio, y aquellos legisladores que fueron electos en función de ese programa y que no lleven adelante ese mandato “estarán falseando, ahí sí, la voluntad popular".
Milton Romani fue particularmente crítico, desde un ángulo hasta ahora no abarcado: “Hay dos aspectos que tienen que ver con la seguridad ciudadana y la defensa de la soberanía nacional. Es incompatible totalmente, para aquellos que quieren bajar la edad de imputabilidad de los menores y aumentar las penas, mantener la impunidad. La seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida.
Es inadmisible que uno de los poderes del Estado no tenga la valentía y el coraje de erradicar una ley que amparo a una organización criminal encaramada en el Estado (en las Fuerzas Armadas), que aplica la ley siciliana de la omertá, por la cual todos callan; ese desafío lo tiene el Parlamento. Si queremos erradicar el crimen organizado, vamos a erradicarlo primero en las filas del Estado.
Desde el punto de vista de la defensa nacional, me preocupa que aquellos que fueron entrenados para defender los puestos de frontera, la soberanía territorial, los que tiene la misión de controlar el ingreso y egreso de droga, mantengan ese compromiso de silencio. Si yo fuero militar estaría muy molesto por tener dentro de filas a un general que fue capaz de torturar a una prisionera hasta la muerte, y que hayan pasado 36 años sin que haya tenido la valentía de decir que fue él el responsable; que haya militares que trasladaron a 22 prisioneros desde Buenos Aires, los masacraron, los fusilaron y los enterraron, y no tengan la virtud y el honor de decir ‘sí, fiamos nosotros’. Eso es una vergüenza y me genera grandes dudas de que esas personas puedan defender con honor las fronteras y la soberanía de la patria.
Me preocupa, porque delitos son delitos. No me vengan entonces a decir que tenemos que invadir los asentamientos. Vamos a erradicar primero el delito organizado dentro del Estado, que sigue teniendo un poder simbólico muy grande".
El PVP convoca para el jueves 2 de diciembre, a las 19.00 en Mercedes y Barrios Amorín, a un acto en el marco de los cuatro años de la desaparición física de Hugo Cores, “UN ACTO FRENTEAMPLISTA POR VERDAD Y JUSTICIA Y POR LA UNIDAD PARA PROFUNDIZAR LOS CAMBIOS”.
Tomado de Brecha, 19/11/2010.
Atentaron contra el Museo de la Memoria
Grave. Intentaron incendiar subestación de UTE que alimenta el lugar. El Museo de la Memoria fue objeto de un atentado ayer por la tarde, en momentos en que se inauguraba la muestra "A 30 años del NO". Los destrozos en subestación de UTE provocaron un corte de energía.La República. 21 11 10
Corte de energía. El tablero eléctrico fue dañado y rociado con nafta con un envase de plástico. La Justicia comenzó a investigar.
Los destrozos en una subestación de UTE dejaron sin energía eléctrica a la vieja quinta de Santos ubicada en Prado norte.
Además de dañar el tablero de luz, los desconocidos rociaron con nafta las conexiones eléctricas, y de haberse encendido la llave hubiera provocado una explosión.
El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas, mientras el local era visitado por decenas de personas que asistían a la inauguración de una muestra de afiches de 1980, en el marco de las actividades previstas por la Comisión Nacional de Homenaje a la victoria popular de aquel año.
Elbio Ferrario, director del Centro Cultural y Museo de la Memoria (MEME), vinculó este hecho -al que calificó como un "atentado"- al contenido de la muestra, sobre los 30 años del plebiscito del NO en el que resultó derrotada la reforma constitucional impulsada por los militares.
La denuncia fue presentada ante la UTE, la Dirección Nacional de Bomberos y efectivos de la Seccional 8ª, dándose cuenta en el correr de la tarde al juez penal de 5º Turno, Daniel Tapié, como forma de sustanciar las primeras averiguaciones en la causa.
En diálogo con LA REPUBLICA, Ferrario no dudó en señalar que "se trató de un acto con una directa intencionalidad en contra de la exposición por los 30 años del plebiscito".
La muestra fue inaugurada poco después de las 15 horas y alrededor de las 16 horas el local se quedó sin energía eléctrica y a oscuras.
Las autoridades del Museo no entendían lo que ocurría y fueron a ver al contador de luz, ubicado a unos 50 metros del edificio, encontrándose con que en el piso había una botella de un refresco de dos litros, con nafta. Los desconocidos habrían lanzado el combustible al contador lo que habría provocado un corto circuito.
Ferrario explicó que el contador fue destrozado, arrancando la puerta del tablero.
Para ello debieron traspasar el portón de entrada. Los guardaparques dicen haber visto a unos jóvenes en actitud sospechosa merodeando la zona minutos antes del atentado.
El director del Museo agregó que se trata de un hecho "pensado y hecho a propósito" y señaló que funcionarios de UTE le explicaron que si en esa situación alguien levantaba la llave general, "reventaba el contador", produciéndose una explosión similar a una "bomba Molotov".
El juez Tapié recibió la información y dispuso la presencia de efectivos de Policía Técnica en el lugar para efectuar un relevamiento pericial de la zona, con la intención de constatar la posible existencia de huellas dactiloscópicas en los restos de la botella, el contador de luz u otros objetos ubicados en las inmediaciones, según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
"El magistrado recién comenzó la instrucción de la indagatoria como forma de determinar si el hecho reviste características delictivas. La información todavía es fragmental, no habiendo ni personas sospechosas ni detenidas o demoradas", explicaron las fuentes. Asimismo, allegados al Museo de la Memoria informaron sobre la intervención de efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) en el lugar.
La exposición sobre los 30 años del Plebiscito de 1980 exhibe volantes, recortes de prensa e imágenes del histórico debate televisivo emitido en canal 4 en 1980 con motivo del plebiscito. La población rechazó en dicha instancia la propuesta de reforma constitucional impulsada por el gobierno dictatorial de la época.
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domingo, 21 de noviembre de 2010
Crysol se reunió con el Canciller Luis Almagro
El pasado viernes 19 de noviembre, una delegación de Crysol se entrevistó con el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, con el propósito de expresarle en forma directa la opinión del colectivo con respecto a la necesidad de erradicar del sistema jurídico uruguayo la Ley de Caducidad para afirmar la institucionalidad y profundizar la democracia.
Asimismo se le expresó el reconocimiento personal y el apoyo del colectivo a las gestiones que ha venido llevando a cabo a tales efectos.
Durante la reunión, también se le solicitó su colaboración para las gestiones que Crysol viene desplegando para que el Poder Ejecutivo reconsidere el Decreto 297/10 del 6 de octubre que cercena el derecho a la libre elección del prestador de salud para las ex presas y los ex presos políticos, consagrado por el Artículo 10 de la Ley de Reparación Nº 18.596.
Por último, se le entregó una nota requiriendo que el ministerio a su cargo proporcione la información disponible en sus archivos a la Comisión Especial de la Ley Nº 18.033 para facilitar las peticiones de quienes estuvieron detenidos en los centros clandestinos de detención, en el marco del Plan Cóndor, fuera de las fronteras nacionales.
La delegación de Crysol estuvo integrada por Gastón Grisoni, Julio Martínez, Brenda Falero y José Silva, integrantes de la Comisión Directiva.
De izquierda a derecha: Julio Martínez, Gastón Grisoni, Ministro Luis Almagro, Brenda Falero y José Silva en el despacho de cancillería.
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Asimismo se le expresó el reconocimiento personal y el apoyo del colectivo a las gestiones que ha venido llevando a cabo a tales efectos.
Durante la reunión, también se le solicitó su colaboración para las gestiones que Crysol viene desplegando para que el Poder Ejecutivo reconsidere el Decreto 297/10 del 6 de octubre que cercena el derecho a la libre elección del prestador de salud para las ex presas y los ex presos políticos, consagrado por el Artículo 10 de la Ley de Reparación Nº 18.596.
Por último, se le entregó una nota requiriendo que el ministerio a su cargo proporcione la información disponible en sus archivos a la Comisión Especial de la Ley Nº 18.033 para facilitar las peticiones de quienes estuvieron detenidos en los centros clandestinos de detención, en el marco del Plan Cóndor, fuera de las fronteras nacionales.
La delegación de Crysol estuvo integrada por Gastón Grisoni, Julio Martínez, Brenda Falero y José Silva, integrantes de la Comisión Directiva.
De izquierda a derecha: Julio Martínez, Gastón Grisoni, Ministro Luis Almagro, Brenda Falero y José Silva en el despacho de cancillería.
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sábado, 20 de noviembre de 2010
La ley de Caducidad. A falta de anulaciones buenas son las interpretaciones
La compleja trama que rodeó la ley de caducidad desde su lejana sanción, tanto en el plano político como en el jurídico, es analizada en profundidad en este artículo escrito cuando aún es incierto el desenlace en el Senado del proyecto en debate. El lector podrá acceder a un prolijo examen de los distintos escenarios, cada uno de ellos con sus claroscuros e interrogantes, en que se desenvuelve la presente etapa del prolongado y abierto proceso en busca de poner fin a una ley que expone al país a una inminente condena de la Corte Internacional de los Derechos Humanos (CIDH).
Vadenuevo.com.uy. 5 11 10. Por Juan Errandonea (*)
Uno desearía que sus artículos fueran declarados “írritos, nulos y sin ningún valor para siempre”, como en la Declaratoria de la Florida, o que su texto fuera quemado en la plaza pública, como se hiciera con los tratados con Brasil de 1851; pero a 24 años de su sanción, intentamos una vez más desembarazarnos de esta mochila pesada y cargada de las peores cosas, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fuera sancionada el 22 de diciembre de 1986 bajo la amenaza de desacato militar. En esta oportunidad el medio utilizado es la llamada Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad, que al momento de escribir este artículo ya tiene media sanción por la Cámara de Representantes (1).
Hubo momentos en que pareció que conseguíamos librarnos de la ley de “impunidad”, pero luego veíamos que no, e incluso algunos sostenían que estaba todavía más firme que antes.
En octubre de 2009 sucedieron dos hechos que pueden haber dejado perpleja a mucha gente en cuanto a qué pasaba con dicha ley y a las posibilidades de continuar avanzando en procura de la verdad y la justicia.
El lunes 19 de octubre, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dictó la Sentencia Nº 365 en la causa por la muerte de Nibia Sabalsagaray, declarando inconstitucionales e inaplicables en ese caso concreto los Arts. 1º, 3º y 4º de la Ley de Caducidad. De esta forma se modificó la jurisprudencia de la SCJ de 20 años atrás.
Pero el domingo siguiente, 25 de octubre, el plebiscito que se proponía reformar la Constitución y por esa vía anular la Ley de Caducidad, no obtuvo la mayoría de votos requerida; la papeleta rosada alcanzó casi el 48% de los votos, faltando algunos miles para la necesaria mayoría absoluta.
Quedó entonces planteada la interrogante: ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? Se mantuvo una ley, declarada inconstitucional para un caso concreto, que se mantiene vigente, no habiendo prosperado su intento de anulación.
Luego de octubre del año pasado, se abrieron cuatro o cinco posibles escenarios:
A) No tocar la ley. Tenemos una sentencia de inconstitucionalidad de la SCJ, hay otros juicios de inconstitucionalidad en trámite sobre los que seguramente recaerá la misma sentencia. Y a esto se suma que el Poder Ejecutivo (PE) ha mantenido la interpretación de la ley que hizo el gobierno anterior, en el sentido de que la caducidad no ampara a los mandos, y, obviamente, tampoco a los civiles (Juan María Bordaberry, Juan Carlos Blanco); no ampara a los delitos que perseguían un provecho económico ni tampoco a aquellos delitos cometidos en el exterior, ni a los que se continúan cometiendo (desaparecidos); y se seguiría con la búsqueda de niños secuestrados y de restos humanos en unidades militares de acuerdo al Artículo 4º de la ley.
Continuaríamos avanzando, el área de la impunidad se reduciría mucho, pero no superaríamos el problema de las condenas internacionales al Estado uruguayo (Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos).
B) Derogación. Supone que la norma deje de existir y no produzca efectos hacia el futuro, pero todos aquellos casos que ya se hubiesen clausurado por disposición de la ley y sobre los que hubiese recaído sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no podrían ser reabiertos. Sólo las nuevas denuncias (no vinculadas a hechos ya denunciados) podrían tener andamiento sin que la ley derogada tuviese efectos sobre el caso concreto.
C) Anulación por el Parlamento, por violar flagrantemente la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Uruguay. Es una salida atractiva e interesante porque elimina la ley del ordenamiento jurídico, como si nunca hubiera existido. Al respecto surgían dos dificultades de naturaleza diferente, una política y otra jurídica.
La dificultad política: que el Parlamento estaría anulando una ley, incluso casi con el mismo texto, que la ciudadanía no quiso anular unos pocos meses atrás.
La dificultad jurídica: ¿puede el Poder Legislativo anular leyes? La Constitución nada dice al respecto; lo único que está previsto cuando una ley es contraria a la Carta es el juicio de inconstitucionalidad ante la SCJ, que tiene efecto para el caso concreto.
Defendiendo la tesis de que el Parlamento puede anular leyes, se ha sostenido que a la salida de la dictadura, en los primeros meses del primer gobierno de Julio María Sanguinetti, se sancionó la Ley No. 15.738, que convalidó la mayoría de los actos legislativos aprobados por el Consejo de Estado que se constituyó en la dictadura, pero también anuló varias leyes y derogó otras. Es un argumento que nunca nos convenció.
Porque el fundamento jurídico de esa ley es que los actos legislativos aprobados por el Consejo de Estado no son formalmente leyes, dado que no fueron aprobados por los órganos constitucionalmente competentes y porque no se siguió el procedimiento constitucional para su sanción. Entonces, lo que hizo la Ley Nº 15.738 fue convalidar, es decir, darle fuerza de ley a los actos que formalmente no lo eran y declarar absolutamente nulos aquellos actos legislativos que no convalidaba.
Pero en el caso de la ley de caducidad, se estaría anulando una ley que fue sancionada formalmente de acuerdo a lo que establece la Constitución.
D) Luego surgió una variante de la alternativa planteada en el literal anterior, y fue la declaración de inexistencia de la ley por parte del Parlamento, también por violar en forma flagrante la Constitución y las convenciones internacionales ratificadas por nuestro país. Esta solución tendría la ventaja de que no contendría el mismo texto desestimado por la ciudadanía en el plebiscito de octubre, pero las dudas en el plano jurídico se mantienen.
E) Por último, el Partido Independiente (PI) propuso pocos días atrás que mediante el mecanismo de las leyes constitucionales se estableciera que las sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia tuvieran efectos generales y no para el caso concreto, como está establecido actualmente. Es un planteo interesante que quizás pueda ser objeto de análisis en artículos futuros, pero también puede llegar a ser muy riesgoso porque podemos quedar librados al llamado “gobierno de los jueces”.
La nueva ley
Ahora, ante la casi certeza de que el Estado uruguayo sería condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la desaparición de María Claudia García de Gelman, el Parlamento se apresta a sancionar esta Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad impulsada por la bancada del Frente Amplio (FA), pero también con el respaldo efectivo de la Cancillería de la República. El texto final del proyecto, con media sanción de la Cámara de Representantes el día 20 de octubre pasado, dice así:
Artículo1º.- Interprétese de conformidad con el artículo 85 numeral 20 de la Constitución de la República que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.
Artículo 2º.- Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, artículo 12) que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986 presentan una ilegitimidad manifiesta, violan los artículos 4, 72, 83, y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno.
Artículo 3º.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de esta Ley:
a) El archivo de las actuaciones decretadas por el Juez competente por aplicación del artículo 3º de la Ley 15.848, no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada.
b) Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por aplicación de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986, o por actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales, continuará de oficio, o por solicitud del interesado o del Ministerio Público.
c) Sin perjuicio de aquellos delitos imprescriptibles, respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles, y hayan sido o pudieren haber sido comprendidos en la caducidad dispuesta por el artículo 1º de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986, no podrá computarse a los efectos de la prescripción, el período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Artículo 4º. – Asimismo, lo dispuesto en esta ley se aplicará a las nuevas denuncias que se presenten.
Como se puede apreciar, el objetivo de la ley es adecuar nuestra legislación al Derecho Internacional, y en la Exposición de Motivos se hace caudal de la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Se han manifestado diversas posiciones contrarias a esta ley.
Se ha dicho que la Nación se expresó soberanamente en dos oportunidades y que eso es una “valla infranqueable para que el Parlamento modifique, derogue o anule la ley”. (2) Pero también se ha dicho que esta es una crítica “sociológica” y no jurídica. (3)
Creo que en el único plano (además, obviamente, del ético y moral) en el que la Ley Interpretativa es absolutamente defendible, tanto jurídica como políticamente, es en cuanto a la necesidad de adecuarnos al Derecho Internacional, y de cumplir con las obligaciones que como Estado tenemos.
Las cátedras de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos de la Universidad de la República (UDELAR), invitadas a la Comisión de la Cámara de Representantes que estudió el proyecto, expresaron: “Durante mucho tiempo y hasta la época actual por qué no , se discutió acaloradamente si la norma constitucional tenía jerarquía por sobre la norma internacional común. La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados resolvió este tema reconociendo que el Derecho interno no puede ser invocado como justificación para el incumplimiento de un Tratado. Es decir que no hay duda ninguna en cuanto a que el Derecho Internacional prima por sobre toda otra norma de Derecho y que nadie puede, basado en su Constitución, decir que no cumple con un compromiso internacional”. (4)
“El Estado de derecho de la República Oriental del Uruguay está hecho como un sistema de protección de los derechos humanos, y los Pactos vienen a reforzar la protección y garantía de los derechos humanos. No es que sean contrarios sino que se complementan unos con otros. Uruguay, desde que es parte de la Organización de Naciones Unidas y de la O.E.A., debe cumplir con los Pactos. Este es el tema técnico y jurídico. El asunto político es cómo ustedes, en el contexto histórico y político, van a ponderar los intereses en conflicto que, según cada solución, tendrán luces y sombras como tiene todo en la vida”. (5)
En el plano estrictamente jurídico y de derecho interno, la Ley Interpretativa puede merecer objeciones, y seguramente las tendrá, y será en definitiva la Suprema Corte de Justicia (ante acciones promovidas por los amparados por la Ley de Caducidad) la que fallará si esta nueva ley es o no constitucional y por ende si los tribunales estarán o no obligados a cumplirla. Por lo tanto esta ley, si se aprueba, no será el último capítulo; el próximo capítulo lo escribirá la SCJ con su fallo en 2011 o 2012.
En el plano político y también jurídico cabe tener en cuenta que, si bien el cuerpo electoral se pronunció en dos oportunidades, una mediante referéndum y la última a través de un plebiscito de reforma constitucional, la Ley Interpretativa actual no deroga, ni revoca, ni tampoco anula la Ley de Caducidad, sino que la “interpreta” en consonancia con nuestro ordenamiento constitucional y con nuestras obligaciones internacionales como Estado. Se podrá decir, y se está diciendo, que se quiere ganar en la liga lo que se perdió en la cancha.
Pero aquellos que están políticamente tan seguros de que la ciudadanía quiere el mantenimiento de la Ley de Caducidad, y que entienden que esta Ley Interpretativa vulnera la voluntad democráticamente expresada del cuerpo electoral, podrían perfectamente promover un recurso de referéndum contra esta nueva ley, y si obtienen mayoría, esta ley desaparecería y la Ley de Caducidad recobraría todo su valor.
Pero, por una vez, que sean los partidos tradicionales, quienes promuevan la consulta popular, porque siempre ha sido la izquierda la que lo ha hecho.
Pero más allá del análisis político de la ley, lo que más preocupa es la forma en que el Frente Amplio ha manejado este proyecto que podría convertirse en ley:
a) le ha dejado a los partidos tradicionales la defensa de la voluntad del cuerpo electoral, y no ha sabido contrarrestar ese embate; si hasta el Comandante en Jefe del Ejército amonesta al Parlamento y le dice que respete la voluntad popular (dicho sea de paso, tendría que haber sido cesado de su cargo de inmediato);
b) la aprobación de la ley no surge como fruto de un reclamo nacional sino como una maniobra “leguleya”, alejada de la opinión pública;
c) quizás hubiera sido preferible recibir la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para después tratar de encolumnar a la gente y a todos los sectores que fuera posible para promover la aprobación de esta ley;
d) y entre los que hay que encolumnar, están los propios militantes del FA, porque a esta altura de los acontecimientos parece bastante patético que “la fuerza política” deba aprobar una ley en contra de la impunidad, recurriendo nada más y nada menos que a la disciplina partidaria.
Un tema que en algún momento el campo democrático de izquierda debería abordar es por qué ha sido tan engorroso sacarse esta ley de encima. ¿Acaso los partidos tradicionales han sintonizado mejor el sentir de la gente que la propia izquierda, aunque ésta sea actualmente mayoría?
Obviamente los errores propios han ayudado a esto: ¿no fue acaso un gran error político haber ido a un plebiscito cuando nada obligaba a ello y cuando se estaba avanzando firmemente contra la impunidad? Si se hacía, ¿no había que poner toda la carne en el asador ya que era muy valioso lo que estaba en juego? ¿No fue también un error político no advertir que la coincidencia del plebiscito con las elecciones nacionales iba a distorsionar la campaña por la papeleta rosada?
Y estos errores no son sólo del Frente Amplio, también lo son de la Comisión que lanzó la campaña por la anulación de la ley, y los hay personalmente de algunos de sus referentes que pasaron a integrar listas sectoriales en los tramos finales de la campaña.
Pero hay un tema sociológico de fondo y que tiene que ver con la postura que los distintos segmentos de la sociedad uruguaya han adoptado frente a la ley de caducidad, y ello se ha dado también dentro del Frente Amplio. Por eso, quizás tenga cierta lógica que una ley que tuvo un nacimiento tan espurio, y una existencia por demás lamentable, tenga una agonía tan complicada y una muerte tan esperada.
(*) Abogado. Patrocinante de la causa Nibia Sabalsagaray
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Vadenuevo.com.uy. 5 11 10. Por Juan Errandonea (*)
Uno desearía que sus artículos fueran declarados “írritos, nulos y sin ningún valor para siempre”, como en la Declaratoria de la Florida, o que su texto fuera quemado en la plaza pública, como se hiciera con los tratados con Brasil de 1851; pero a 24 años de su sanción, intentamos una vez más desembarazarnos de esta mochila pesada y cargada de las peores cosas, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fuera sancionada el 22 de diciembre de 1986 bajo la amenaza de desacato militar. En esta oportunidad el medio utilizado es la llamada Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad, que al momento de escribir este artículo ya tiene media sanción por la Cámara de Representantes (1).
Hubo momentos en que pareció que conseguíamos librarnos de la ley de “impunidad”, pero luego veíamos que no, e incluso algunos sostenían que estaba todavía más firme que antes.
En octubre de 2009 sucedieron dos hechos que pueden haber dejado perpleja a mucha gente en cuanto a qué pasaba con dicha ley y a las posibilidades de continuar avanzando en procura de la verdad y la justicia.
El lunes 19 de octubre, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dictó la Sentencia Nº 365 en la causa por la muerte de Nibia Sabalsagaray, declarando inconstitucionales e inaplicables en ese caso concreto los Arts. 1º, 3º y 4º de la Ley de Caducidad. De esta forma se modificó la jurisprudencia de la SCJ de 20 años atrás.
Pero el domingo siguiente, 25 de octubre, el plebiscito que se proponía reformar la Constitución y por esa vía anular la Ley de Caducidad, no obtuvo la mayoría de votos requerida; la papeleta rosada alcanzó casi el 48% de los votos, faltando algunos miles para la necesaria mayoría absoluta.
Quedó entonces planteada la interrogante: ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? Se mantuvo una ley, declarada inconstitucional para un caso concreto, que se mantiene vigente, no habiendo prosperado su intento de anulación.
Luego de octubre del año pasado, se abrieron cuatro o cinco posibles escenarios:
A) No tocar la ley. Tenemos una sentencia de inconstitucionalidad de la SCJ, hay otros juicios de inconstitucionalidad en trámite sobre los que seguramente recaerá la misma sentencia. Y a esto se suma que el Poder Ejecutivo (PE) ha mantenido la interpretación de la ley que hizo el gobierno anterior, en el sentido de que la caducidad no ampara a los mandos, y, obviamente, tampoco a los civiles (Juan María Bordaberry, Juan Carlos Blanco); no ampara a los delitos que perseguían un provecho económico ni tampoco a aquellos delitos cometidos en el exterior, ni a los que se continúan cometiendo (desaparecidos); y se seguiría con la búsqueda de niños secuestrados y de restos humanos en unidades militares de acuerdo al Artículo 4º de la ley.
Continuaríamos avanzando, el área de la impunidad se reduciría mucho, pero no superaríamos el problema de las condenas internacionales al Estado uruguayo (Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos).
B) Derogación. Supone que la norma deje de existir y no produzca efectos hacia el futuro, pero todos aquellos casos que ya se hubiesen clausurado por disposición de la ley y sobre los que hubiese recaído sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no podrían ser reabiertos. Sólo las nuevas denuncias (no vinculadas a hechos ya denunciados) podrían tener andamiento sin que la ley derogada tuviese efectos sobre el caso concreto.
C) Anulación por el Parlamento, por violar flagrantemente la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Uruguay. Es una salida atractiva e interesante porque elimina la ley del ordenamiento jurídico, como si nunca hubiera existido. Al respecto surgían dos dificultades de naturaleza diferente, una política y otra jurídica.
La dificultad política: que el Parlamento estaría anulando una ley, incluso casi con el mismo texto, que la ciudadanía no quiso anular unos pocos meses atrás.
La dificultad jurídica: ¿puede el Poder Legislativo anular leyes? La Constitución nada dice al respecto; lo único que está previsto cuando una ley es contraria a la Carta es el juicio de inconstitucionalidad ante la SCJ, que tiene efecto para el caso concreto.
Defendiendo la tesis de que el Parlamento puede anular leyes, se ha sostenido que a la salida de la dictadura, en los primeros meses del primer gobierno de Julio María Sanguinetti, se sancionó la Ley No. 15.738, que convalidó la mayoría de los actos legislativos aprobados por el Consejo de Estado que se constituyó en la dictadura, pero también anuló varias leyes y derogó otras. Es un argumento que nunca nos convenció.
Porque el fundamento jurídico de esa ley es que los actos legislativos aprobados por el Consejo de Estado no son formalmente leyes, dado que no fueron aprobados por los órganos constitucionalmente competentes y porque no se siguió el procedimiento constitucional para su sanción. Entonces, lo que hizo la Ley Nº 15.738 fue convalidar, es decir, darle fuerza de ley a los actos que formalmente no lo eran y declarar absolutamente nulos aquellos actos legislativos que no convalidaba.
Pero en el caso de la ley de caducidad, se estaría anulando una ley que fue sancionada formalmente de acuerdo a lo que establece la Constitución.
D) Luego surgió una variante de la alternativa planteada en el literal anterior, y fue la declaración de inexistencia de la ley por parte del Parlamento, también por violar en forma flagrante la Constitución y las convenciones internacionales ratificadas por nuestro país. Esta solución tendría la ventaja de que no contendría el mismo texto desestimado por la ciudadanía en el plebiscito de octubre, pero las dudas en el plano jurídico se mantienen.
E) Por último, el Partido Independiente (PI) propuso pocos días atrás que mediante el mecanismo de las leyes constitucionales se estableciera que las sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia tuvieran efectos generales y no para el caso concreto, como está establecido actualmente. Es un planteo interesante que quizás pueda ser objeto de análisis en artículos futuros, pero también puede llegar a ser muy riesgoso porque podemos quedar librados al llamado “gobierno de los jueces”.
La nueva ley
Ahora, ante la casi certeza de que el Estado uruguayo sería condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la desaparición de María Claudia García de Gelman, el Parlamento se apresta a sancionar esta Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad impulsada por la bancada del Frente Amplio (FA), pero también con el respaldo efectivo de la Cancillería de la República. El texto final del proyecto, con media sanción de la Cámara de Representantes el día 20 de octubre pasado, dice así:
Artículo1º.- Interprétese de conformidad con el artículo 85 numeral 20 de la Constitución de la República que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.
Artículo 2º.- Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, artículo 12) que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986 presentan una ilegitimidad manifiesta, violan los artículos 4, 72, 83, y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno.
Artículo 3º.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de esta Ley:
a) El archivo de las actuaciones decretadas por el Juez competente por aplicación del artículo 3º de la Ley 15.848, no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada.
b) Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por aplicación de la ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986, o por actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales, continuará de oficio, o por solicitud del interesado o del Ministerio Público.
c) Sin perjuicio de aquellos delitos imprescriptibles, respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles, y hayan sido o pudieren haber sido comprendidos en la caducidad dispuesta por el artículo 1º de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986, no podrá computarse a los efectos de la prescripción, el período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Artículo 4º. – Asimismo, lo dispuesto en esta ley se aplicará a las nuevas denuncias que se presenten.
Como se puede apreciar, el objetivo de la ley es adecuar nuestra legislación al Derecho Internacional, y en la Exposición de Motivos se hace caudal de la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Se han manifestado diversas posiciones contrarias a esta ley.
Se ha dicho que la Nación se expresó soberanamente en dos oportunidades y que eso es una “valla infranqueable para que el Parlamento modifique, derogue o anule la ley”. (2) Pero también se ha dicho que esta es una crítica “sociológica” y no jurídica. (3)
Creo que en el único plano (además, obviamente, del ético y moral) en el que la Ley Interpretativa es absolutamente defendible, tanto jurídica como políticamente, es en cuanto a la necesidad de adecuarnos al Derecho Internacional, y de cumplir con las obligaciones que como Estado tenemos.
Las cátedras de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos de la Universidad de la República (UDELAR), invitadas a la Comisión de la Cámara de Representantes que estudió el proyecto, expresaron: “Durante mucho tiempo y hasta la época actual por qué no , se discutió acaloradamente si la norma constitucional tenía jerarquía por sobre la norma internacional común. La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados resolvió este tema reconociendo que el Derecho interno no puede ser invocado como justificación para el incumplimiento de un Tratado. Es decir que no hay duda ninguna en cuanto a que el Derecho Internacional prima por sobre toda otra norma de Derecho y que nadie puede, basado en su Constitución, decir que no cumple con un compromiso internacional”. (4)
“El Estado de derecho de la República Oriental del Uruguay está hecho como un sistema de protección de los derechos humanos, y los Pactos vienen a reforzar la protección y garantía de los derechos humanos. No es que sean contrarios sino que se complementan unos con otros. Uruguay, desde que es parte de la Organización de Naciones Unidas y de la O.E.A., debe cumplir con los Pactos. Este es el tema técnico y jurídico. El asunto político es cómo ustedes, en el contexto histórico y político, van a ponderar los intereses en conflicto que, según cada solución, tendrán luces y sombras como tiene todo en la vida”. (5)
En el plano estrictamente jurídico y de derecho interno, la Ley Interpretativa puede merecer objeciones, y seguramente las tendrá, y será en definitiva la Suprema Corte de Justicia (ante acciones promovidas por los amparados por la Ley de Caducidad) la que fallará si esta nueva ley es o no constitucional y por ende si los tribunales estarán o no obligados a cumplirla. Por lo tanto esta ley, si se aprueba, no será el último capítulo; el próximo capítulo lo escribirá la SCJ con su fallo en 2011 o 2012.
En el plano político y también jurídico cabe tener en cuenta que, si bien el cuerpo electoral se pronunció en dos oportunidades, una mediante referéndum y la última a través de un plebiscito de reforma constitucional, la Ley Interpretativa actual no deroga, ni revoca, ni tampoco anula la Ley de Caducidad, sino que la “interpreta” en consonancia con nuestro ordenamiento constitucional y con nuestras obligaciones internacionales como Estado. Se podrá decir, y se está diciendo, que se quiere ganar en la liga lo que se perdió en la cancha.
Pero aquellos que están políticamente tan seguros de que la ciudadanía quiere el mantenimiento de la Ley de Caducidad, y que entienden que esta Ley Interpretativa vulnera la voluntad democráticamente expresada del cuerpo electoral, podrían perfectamente promover un recurso de referéndum contra esta nueva ley, y si obtienen mayoría, esta ley desaparecería y la Ley de Caducidad recobraría todo su valor.
Pero, por una vez, que sean los partidos tradicionales, quienes promuevan la consulta popular, porque siempre ha sido la izquierda la que lo ha hecho.
Pero más allá del análisis político de la ley, lo que más preocupa es la forma en que el Frente Amplio ha manejado este proyecto que podría convertirse en ley:
a) le ha dejado a los partidos tradicionales la defensa de la voluntad del cuerpo electoral, y no ha sabido contrarrestar ese embate; si hasta el Comandante en Jefe del Ejército amonesta al Parlamento y le dice que respete la voluntad popular (dicho sea de paso, tendría que haber sido cesado de su cargo de inmediato);
b) la aprobación de la ley no surge como fruto de un reclamo nacional sino como una maniobra “leguleya”, alejada de la opinión pública;
c) quizás hubiera sido preferible recibir la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para después tratar de encolumnar a la gente y a todos los sectores que fuera posible para promover la aprobación de esta ley;
d) y entre los que hay que encolumnar, están los propios militantes del FA, porque a esta altura de los acontecimientos parece bastante patético que “la fuerza política” deba aprobar una ley en contra de la impunidad, recurriendo nada más y nada menos que a la disciplina partidaria.
Un tema que en algún momento el campo democrático de izquierda debería abordar es por qué ha sido tan engorroso sacarse esta ley de encima. ¿Acaso los partidos tradicionales han sintonizado mejor el sentir de la gente que la propia izquierda, aunque ésta sea actualmente mayoría?
Obviamente los errores propios han ayudado a esto: ¿no fue acaso un gran error político haber ido a un plebiscito cuando nada obligaba a ello y cuando se estaba avanzando firmemente contra la impunidad? Si se hacía, ¿no había que poner toda la carne en el asador ya que era muy valioso lo que estaba en juego? ¿No fue también un error político no advertir que la coincidencia del plebiscito con las elecciones nacionales iba a distorsionar la campaña por la papeleta rosada?
Y estos errores no son sólo del Frente Amplio, también lo son de la Comisión que lanzó la campaña por la anulación de la ley, y los hay personalmente de algunos de sus referentes que pasaron a integrar listas sectoriales en los tramos finales de la campaña.
Pero hay un tema sociológico de fondo y que tiene que ver con la postura que los distintos segmentos de la sociedad uruguaya han adoptado frente a la ley de caducidad, y ello se ha dado también dentro del Frente Amplio. Por eso, quizás tenga cierta lógica que una ley que tuvo un nacimiento tan espurio, y una existencia por demás lamentable, tenga una agonía tan complicada y una muerte tan esperada.
(*) Abogado. Patrocinante de la causa Nibia Sabalsagaray
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Pescuezo de Presidente y Palabra de Quién
El presidente de la República tuvo que torcer el pescuezo frente a los militares. "Un informe de la embajada chilena a su gobierno tomaba la explicación reservada pero oficial de Uruguay: la voluntad cuartelera se impuso al intento de enfrentar con instrumentos republicanos una trasnacional terrorista.
Brecha 12 11 10. Por Rafael Sanseviero.
En 1992 la "cogoteada" al presidente fue para poder matar a un testigo indefenso pero peligroso para Pinochet. También actualizó una opción política hecha seis años antes por la mayoría de blancos y colorados: respondieron al desacato militar otorgando impunidad a los crímenes del Estado terrorista, mediante la caducidad de la pretensión punitiva del Estado democrático.
La caducidad produjo poder militar espurio, no pacificación. Desde que esa ley fue aprobada, cada ampliación del Estado de derecho enfrentó manifestaciones de ese poder. La tensión de ese enfrentamiento se expresa mediante reacciones cuarteleras cuya visibilidad y violencia son proporcionales a cuánto está retrocediendo o puede afectarse la impunidad.
Jorge Batlle dinamitó la negación sanguinettista del terrorismo de Estado y produjo resultados potentes representados por la restitución de la identidad a Macarena Gelman y la existencia de la Comisión para la Paz. Pero soportó estólido la omertá militar. Cuando el primer gobierno del Frente Amplio allanó el fuero impune y habilitó investigaciones con efectos extraordinarios, la insubordinación pasó del ocultamiento de información relevante al cogotazo con escándalo.
Fue la mentira alevosa sobre el lugar donde ocultan el cuerpo asesinado de María Claudia García; una exhibición pública de la capacidad militar de producir daño humano, humillar al poder civil y despreciar a la ciudadanía.
En estos días la insubordinación fue nítida como una escupida en la caraporque existe una amenaza grave a la impunidad. Así fue que un reclamo presupuestal mutó en manifestación de zombis insultantes contra el representante del poder civil, mientras el comandante del Ejército se permitía llamar al orden a los legisladores.
El gobierno puso la otra mejilla: silencio sobre las amenazas, y al comandante se le aplicó la sanción más leve que autoriza la ley. ¿Distracción o estrategia?
¿Olvidaron los gobernantes que el golpe de Estado fue justificado argumentando que el Parlamento se negaba a cumplir un reclamo de la "justicia militar"?
¿Por qué permiten a un funcionario armado usar el código mañoso de reclamar en nombre del Ejército el cumplimiento de "la palabra"? ¿Qué palabra y de quién?
El comandante no está distraído, y asumió la reacción del Ejecutivo como un pase libre para dirigir -esta vez sin éxito- su presión sobre el Poder Judicial.
La última performance cuartelera muestra sin maquillaje la restricción crítica que representa la caducidad para la vigencia de aspectos cruciales del Estado de derecho: acceso a la justicia, independencia de poderes, subordinación de las Fuerzas Armadas al orden y mandos civiles.
Pero la impunidad ejerce efectos culturales que desbordan el campo jurídico. Produce en sí misma un magisterio de cobardía cívica que sustituye la fortaleza moral de la afirmación "tiranos temblad" por un miedo al castigo proyectado más allá de la presencia de los tiranos en el poder. El Frente Amplio enfrentó desde su origen ese acobardamiento colectivo que produjo, y derramó sobre la sociedad, el sistema político. Sin embargo en los últimos años evidenció la dificultad de la izquierda para reformular la resistencia a la impunidad en el plano conceptual y en la táctica política.
El punto de inflexión fue el triunfo de la tesis que unió orgánicamente la posibilidad de ganar las elecciones de 2004 con el compromiso de no derogar la ley de caducidad. El progreso de esa tendencia quedó amortiguado por algunos resultados espectaculares en el campo judicial. Pero sus efectos duraderos se expresaron en la imposibilidad de concretar una solución legislativa durante la presidencia de Tabaré Vázquez, y en la gestión política contradictoria, confusa y sin compromiso del Frente Amplio para anular la caducidad en octubre pasado.
Fueron hechos políticos que condensaron la erosión que para entonces había sufrido la cultura antiimpunidad de la izquierda. Un deterioro que no fue compensado por cuatro datos nuevos, potentes pero insuficientes para revertir la tendencia:
En octubre del año pasado el Frente Amplio había reasumido su decisión de eliminar la caducidad, se incorporaron nuevas generaciones a la lucha contra la impunidad, quedó en evidencia que los militares pueden ser condenados por la justicia sin afectar la democracia, y la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de caducidad.
Desde esa nueva cultura se proyecta el actual boicot frenteamplista a su propio proyecto de ley. Una situación donde lo táctico es subsanable, y antes o después será resuelto, pero no así una conceptualización que abreva y acumula pensamiento conservador.
Las razones jurídicas y políticas de los llamados senadores y sectores "disidentes" tuvieron amplias respuestas.*Quedan en pie sin embargo algunas ideas que, de no ser orgánicamente rechazadas por la izquierda, pasarán a operar como moneda fuerte de la cultura uruguaya y progresista. Porque la política, esa maldita, no admite el vacío. Me limito aquí a anotar tres ideas donde se solapan las oposiciones al proyecto interpretativo provenientes de la izquierda, la derecha y el cuartel.
Republicanismo de escasa intensidad:se nos invita a limitar la expectativa de justicia por los crímenes de la dictadura a las actuaciones posibles mediante aplicaciones en "clave progresista" de la ley de caducidad. Esa idea, aunque no se diga, legitima las restricciones a la independencia de poderes y a la apreciación más restrictiva sobre cómo operó y qué produjo en la sociedad el terrorismo de Estado. De paso notemos que transpira la ilusión milenarista de que por siempre jamás gobernarán los progresistas y eso garantiza la realización de esa justicia limitada pero posible.
Minoridad a la carta para los políticos:nos dicen que los pronunciamientos directos de los representados descalifican cualquier iniciativa de signo diferente por parte de los representantes. Si la lealtad hacia la ciudadanía se manifiesta transfiriéndole la responsabilidad de resolver las situaciones de alta complejidad y tensión, ¿en qué moralidad política se sostendrá la izquierda en adelante? ¿En la que toma partido, responsabilidad y riesgos, conduce y debate con la sociedad? ¿O en la moral de gran oreja que desagua en la banalidad del mal?
Migración hacia la aldea: entre las razones dichas para "enterrar" la ley interpretativa, figura una descalificación de izquierda a la justicia trasnacional, al derecho internacional de los derechos humanos, a sus agencias e instrumentos. Una verborragia antes inocua, que en este contexto pasó del margen al centro y representa un replanteo ideológico de fondo.
Hasta ahora la izquierda no cotizó en la bolsa del "soberanismo" patriarcal del tipo "en mi casa mando y pego yo". Consecuentemente, identificaba al derecho internacional y sus agencias como aliados de los más vulnerables y no como creación imperialista. La izquierda consideraba, hasta ahora, que más allá de todas sus imperfecciones el derecho internacional refleja y garantiza aspiraciones de las sociedades civiles frente a los lobbies dominantes.
Hasta este debate no había dudas de izquierda sobre Núremberg, el Tribunal de Roma, las cortes internacionales y los procesos a criminales de guerra; tampoco sobre la detención de Pinochet en Londres o el derrame aquí de los procesos en Argentina.
Se asumía que esas instancias dan posibilidades a los débiles para enfrentar la arbitrariedad del poder. Si la izquierda ya no piensa de esa manera, eso explica el encono contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos que viene a interponer un fuero burocrático ante unas restricciones a la justicia ya laudadas por la soberanía uruguaya.
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* Entre otros recomiendo la lectura de los artículos de Juan Errandonea en www.vadenuevo.com.uy Andex.php/ the-news/1849-26vadenuevo02 y de Samuel Blixen y Constanza Moreira en www.brecha.com.uy/index.php/ política/4324-el-fa-en-el-callejon-de-la-impunidad
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viernes, 19 de noviembre de 2010
Conmemoran los 30 años del NO a la dictadura
Bordaberry. Recordó que la gente "se expresó valientemente y marcó el rumbo del país" Anuncian acto multipartidario por 30 años del triunfo del NO.
La República. 19 11 10
La participación de todos los partidos políticos en la oratoria, la presencia del Coro del Sodre, así como la difusión de imágenes de la época, marcarán la sustancia de la conmemoración en la Asamblea General por el 30 aniversario del triunfo del NO el 30 de noviembre.
En conferencia de prensa, en Sala Ministros del Senado, el vicepresidente de la República, Danilo Astori realizó un adelanto del evento, y lo hizo acompañado del presidente de la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, y del diputado Iván Posada (Partido Independiente).
"Vamos a realizar una sesión especial y solemne de la Asamblea General recordando esta experiencia realmente impresionante de la historia uruguaya contemporánea. Un plebiscito realizado en condiciones de dictadura, con libertades cercenadas y en el cual, sin embargo, el pueblo uruguayo se negó a institucionalizar el autoritarismo", afirmó Astori.
A su entender "ha sido uno de los grandes antecedentes del sacrificado y valiente camino del pueblo uruguayo hacia la recuperación de la democracia y por eso corresponde conmemorarlo". Valoró la participación en el lanzamiento de Larrañaga, Bordaberry y Posada porque "esta es una idea que compartieron todos los partidos, que propusieron todos los partidos y en la que se comprometen todos los partidos".
Diferencial
El nacionalista Larrañaga recordó que la "expresión de la gente junta en la consulta popular del 30 de noviembre fue un rotundo No a una Constitución hecha de espaldas a la ciudadanía".
Reivindicó el rol "de la gesta y de la lucha de Wilson Ferreira que incluso para muchos de nosotros era un símbolo muy expreso de esa pelea y lucha por la libertad cuando, siendo estudiantes, repartíamos cassetes de sus expresiones, que después se tradujo en una impactante expresión de la ciudadanía que recordamos con enorme emoción cuando, como lo hacíamos en la fila de la votación cuando nos mirábamos con la gente con los ojos y con la expresión nos decíamos que no frente a ese intento de reforma constitucional".
Destacó la presencia de todos los partidos políticos, lo que constituye "un diferencial" de Uruguay.
Fructuoso Rivera
En su alocución, Bordaberry recordó que el pasado 6 de noviembre "se conmemoraron 180 años de la asunción del primer presidente de la República, don Fructuoso Rivera. En su discurso inaugural don Frutos dijo 'no hay que mirar al pasado salvo para mejorar el presente', y en ese sentido los 30 años siempre son buenos para mirar hacia atrás, para mejorar el hoy, para recordar ese momento en el cual la gente se expresó valientemente y marcó el rumbo del país con esa decisión en los años por venir y hasta hoy en día".
Sin parangón
Posada del PI indicó que se trata de "una conmemoración que nos es muy cara para todos los uruguayos, un verdadero homenaje al pueblo uruguayo por cuanto esa instancia no tiene parangón en la historia del mundo, en donde una dictadura convoca a una elección para aprobar un proyecto autoritario de reforma y resulta rechazado".
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Elecciones de Crysol 2010: criterios generales
* Las elecciones se llevarán a cabo el día miércoles 8 de diciembre de 2010, en nuestra sede social de la calle Joaquín Requena 1533 en el horario de 10.00 a 20.00 horas.
* Podrán ser elegibles todas y todos los ex presos políticos que figuren en los padrones de la institución desde noviembre del año 2009 y que tengan paga hasta la cuota social del mes de octubre de 2010, aceptándose que paguen hasta 6 (seis) cuotas juntas para ponerse al día.
* Podrán ser electores todas y todos los socios que desde noviembre de 2009 al 18 de setiembre de 2010 hayan pago por lo menos una cuota y tengan pagas 7 cuotas sociales del año en curso antes del 30 de noviembre de 2010.
* Baldemar Taroco y Gastón Grisoni no pueden ser candidatos a integrar la Comisión Directiva al haber integrado la misma durante tres períodos consecutivos aunque pueden ser candidatos para integrar la Comisión Fiscal si así lo desean.
* Se elegirán 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes para la Comisión Directiva y 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes para la Comisión Fiscal.
* La elección se llevará a cabo mediante el sistema de plancha. Cada votante podrá elegir hasta 5 candidatos para la Comisión Directiva y hasta 3 candidatos para la Comisión Fiscal.
* Las candidaturas serán recepcionadas por la Comisión Electoral hasta el día lunes 29 de noviembre de 2010.
* Los socios que residan fuera de Montevideo pueden enviar su voto por cualquier tipo de correo, enviando en un sobre cerrado fotocopia de su cédula de identidad y otro sobre cerrado que contenga su voto.
* Estos votos serán válidos si son recepcionados en la sede social de la organización hasta la hora 20 del día de la elección.
* La Comisión Electoral, elegida en el plenario del día 17 de noviembre, realizará el escrutinio de los votos.
* El candidato que obtenga el mayor número de votos será el/la Presidenta de la institución.
* La Comisión Electoral está integrada por: Ivonne Klingler, Enrique Chalar, Milton Gonzáles y Luis Guerrero.
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* Podrán ser elegibles todas y todos los ex presos políticos que figuren en los padrones de la institución desde noviembre del año 2009 y que tengan paga hasta la cuota social del mes de octubre de 2010, aceptándose que paguen hasta 6 (seis) cuotas juntas para ponerse al día.
* Podrán ser electores todas y todos los socios que desde noviembre de 2009 al 18 de setiembre de 2010 hayan pago por lo menos una cuota y tengan pagas 7 cuotas sociales del año en curso antes del 30 de noviembre de 2010.
* Baldemar Taroco y Gastón Grisoni no pueden ser candidatos a integrar la Comisión Directiva al haber integrado la misma durante tres períodos consecutivos aunque pueden ser candidatos para integrar la Comisión Fiscal si así lo desean.
* Se elegirán 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes para la Comisión Directiva y 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes para la Comisión Fiscal.
* La elección se llevará a cabo mediante el sistema de plancha. Cada votante podrá elegir hasta 5 candidatos para la Comisión Directiva y hasta 3 candidatos para la Comisión Fiscal.
* Las candidaturas serán recepcionadas por la Comisión Electoral hasta el día lunes 29 de noviembre de 2010.
* Los socios que residan fuera de Montevideo pueden enviar su voto por cualquier tipo de correo, enviando en un sobre cerrado fotocopia de su cédula de identidad y otro sobre cerrado que contenga su voto.
* Estos votos serán válidos si son recepcionados en la sede social de la organización hasta la hora 20 del día de la elección.
* La Comisión Electoral, elegida en el plenario del día 17 de noviembre, realizará el escrutinio de los votos.
* El candidato que obtenga el mayor número de votos será el/la Presidenta de la institución.
* La Comisión Electoral está integrada por: Ivonne Klingler, Enrique Chalar, Milton Gonzáles y Luis Guerrero.
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miércoles, 17 de noviembre de 2010
DDHH: "Una mancha" para la democracia
Gelman: Estado uruguayo reconoció responsabilidad. Respuesta: "Las víctimas no se sienten reparadas".
La República. 17 11 10
"El Estado uruguayo, teniendo en consideración el principio de continuidad, reconoce su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de María Claudia García y Macarena Gelman durante el gobierno de facto, que rigió en Uruguay entre 1973-1985. También reconoce su responsabilidad en los delitos cometidos sobre Juan Gelman", dijo ayer el representante uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Carlos Mata.
El representante uruguayo afirmó que la responsabilidad plena del Estado en los crímenes de la dictadura ya fue admitida en la Ley Nº 18.596, mediante la cual se establecieron mecanismos de reparación material y simbólica a las víctimas del terrorismo de Estado. "Para el Estado uruguayo los casos (de violaciones a los derechos humanos) entre 1973-1985 son una mancha en el sistema de la tradición democrática", agregó Mata.
Las expresiones de Mata fueron hechas en el marco del litigio internacional impulsado por Juan y Macarena Gelman contra el Estado uruguayo, por la violación de varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, ante la vigencia de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
El funcionario destacó las diversas medidas adoptadas por el Estado sobre los hechos del pasado, entre ellos, la creación de la Comisión para la Paz; el discurso de asunción del ex presidente de la República, Tabaré Vázquez; la exclusión del caso de María Claudia García del amparo de la Ley de Caducidad; y las declaraciones de inconstitucionalidad de la norma dispuestas por la Suprema Corte de Justicia, entre otras."El Estado uruguayo no ha sido omiso.
Podrá cuestionarse que los medios son perfectibles o que no dieron los resultados esperados, pero el Estado no ha sido omiso", afirmó Mata. En este sentido, el representante destacó la voluntad del Estado de procesar un nuevo intercambio con las víctimas del terrorismo de Estado para modificar las actuales normas de reparación, con la "supervisión" de la propia CorteIDH.
Sin embargo, el reconocimiento de responsabilidad del Estado uruguayo no fue de recibo para las representantes de la familia Gelman en el litigio. "No consideramos lo expresado por el Estado como un reconocimiento pleno por su responsabilidad (...) sino en un marco fáctico, un tanto insólito. No es un reconocimiento puntual de todas las disposiciones", expresó la abogada Ariela Peralta.
"Las víctimas no se sienten reparadas y por eso están ante la CorteIDH", por lo cual deberían aplicarse "medidas reparatorias de hecho y derecho", agregó Lilián Tojo. La misma postura fue asumida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en palabras de su representante en el litigio internacional, Santiago Catón.
Sin condena
La abogada Lilián Tojo afirmó que el "perverso mecanismo, vigente, de la Ley de Caducidad y la ausencia de una Política de Estado" impidió el castigo "integral" de los autores materiales e intelectuales de los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado.
"El Estado uruguayo no cumplió ni cumple con sus responsabilidades", no existiendo "ninguna condena firme por casos de derechos humanos durante los 25 años de democracia. (...) El primer acto de reparación es el acceso irrestricto a la Justicia", expresó Tojo. Asimismo, la abogada señaló su preocupación por las afirmaciones de la fiscal Mirtha Guianze, en cuanto "las escasas causas abiertas por violaciones a los derechos humanos en Uruguay" prescribirán el 1º de noviembre de 2011. Las partes deberán presentar el viernes 10 de diciembre los alegatos escritos finales sobre el litigio internacional en curso.
La sentencia del máximo órgano del concierto interamericano podría conocerse entre febrero o marzo de 2011.
CONSULTAS POPULARES NO VALIDAS
La CorteIDH tiene la posibilidad "histórica" de sentar jurisprudencia en cuanto los Estados no pueden someter a procesos de democracia directa los derechos humanos inherentes a la propia calidad de personas, señaló el representante de la CIDH, Santiago Catón. Catón destacó que Uruguay es uno de los pocos países de la región con jurisprudencia firme en dicho sentido.
En este sentido, la CIDH destacó la posibilidad histórica de la CorteIDH de pronunciarse sobre la validez jurídica del desarrollo de plebiscitos donde sean sometidos a procesos de democracia directa temas inherentes a los derechos individuales de las personas.
El funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Mata, afirmó ante la CorteIDH la voluntad de un organismo del Estado uruguayo (la Cámara de Representantes) de dejar sin efectos la Ley Nº 15.848, Ley de Caducidad, mediante la aprobación de un proyecto de Ley interpretativo de la norma. El tema está hoy a estudio de la Cámara de Senadores, dijo Mata
Sin embargo, el representante uruguayo recordó que la vigencia de la Ley de Caducidad fue sometida en dos ocasiones a decisión de la soberanía, pero en ambas oportunidades no se alcanzaron los votos para su derogación o anulación. "No estoy en condiciones de hablar por el pueblo uruguayo sobre los motivos por los cuales la Ley no fue anulada", respondió Mata al ser interrogado sobre las causas de dichos resultados.
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La República. 17 11 10
"El Estado uruguayo, teniendo en consideración el principio de continuidad, reconoce su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de María Claudia García y Macarena Gelman durante el gobierno de facto, que rigió en Uruguay entre 1973-1985. También reconoce su responsabilidad en los delitos cometidos sobre Juan Gelman", dijo ayer el representante uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Carlos Mata.
El representante uruguayo afirmó que la responsabilidad plena del Estado en los crímenes de la dictadura ya fue admitida en la Ley Nº 18.596, mediante la cual se establecieron mecanismos de reparación material y simbólica a las víctimas del terrorismo de Estado. "Para el Estado uruguayo los casos (de violaciones a los derechos humanos) entre 1973-1985 son una mancha en el sistema de la tradición democrática", agregó Mata.
Las expresiones de Mata fueron hechas en el marco del litigio internacional impulsado por Juan y Macarena Gelman contra el Estado uruguayo, por la violación de varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, ante la vigencia de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
El funcionario destacó las diversas medidas adoptadas por el Estado sobre los hechos del pasado, entre ellos, la creación de la Comisión para la Paz; el discurso de asunción del ex presidente de la República, Tabaré Vázquez; la exclusión del caso de María Claudia García del amparo de la Ley de Caducidad; y las declaraciones de inconstitucionalidad de la norma dispuestas por la Suprema Corte de Justicia, entre otras."El Estado uruguayo no ha sido omiso.
Podrá cuestionarse que los medios son perfectibles o que no dieron los resultados esperados, pero el Estado no ha sido omiso", afirmó Mata. En este sentido, el representante destacó la voluntad del Estado de procesar un nuevo intercambio con las víctimas del terrorismo de Estado para modificar las actuales normas de reparación, con la "supervisión" de la propia CorteIDH.
Sin embargo, el reconocimiento de responsabilidad del Estado uruguayo no fue de recibo para las representantes de la familia Gelman en el litigio. "No consideramos lo expresado por el Estado como un reconocimiento pleno por su responsabilidad (...) sino en un marco fáctico, un tanto insólito. No es un reconocimiento puntual de todas las disposiciones", expresó la abogada Ariela Peralta.
"Las víctimas no se sienten reparadas y por eso están ante la CorteIDH", por lo cual deberían aplicarse "medidas reparatorias de hecho y derecho", agregó Lilián Tojo. La misma postura fue asumida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en palabras de su representante en el litigio internacional, Santiago Catón.
Sin condena
La abogada Lilián Tojo afirmó que el "perverso mecanismo, vigente, de la Ley de Caducidad y la ausencia de una Política de Estado" impidió el castigo "integral" de los autores materiales e intelectuales de los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado.
"El Estado uruguayo no cumplió ni cumple con sus responsabilidades", no existiendo "ninguna condena firme por casos de derechos humanos durante los 25 años de democracia. (...) El primer acto de reparación es el acceso irrestricto a la Justicia", expresó Tojo. Asimismo, la abogada señaló su preocupación por las afirmaciones de la fiscal Mirtha Guianze, en cuanto "las escasas causas abiertas por violaciones a los derechos humanos en Uruguay" prescribirán el 1º de noviembre de 2011. Las partes deberán presentar el viernes 10 de diciembre los alegatos escritos finales sobre el litigio internacional en curso.
La sentencia del máximo órgano del concierto interamericano podría conocerse entre febrero o marzo de 2011.
CONSULTAS POPULARES NO VALIDAS
La CorteIDH tiene la posibilidad "histórica" de sentar jurisprudencia en cuanto los Estados no pueden someter a procesos de democracia directa los derechos humanos inherentes a la propia calidad de personas, señaló el representante de la CIDH, Santiago Catón. Catón destacó que Uruguay es uno de los pocos países de la región con jurisprudencia firme en dicho sentido.
En este sentido, la CIDH destacó la posibilidad histórica de la CorteIDH de pronunciarse sobre la validez jurídica del desarrollo de plebiscitos donde sean sometidos a procesos de democracia directa temas inherentes a los derechos individuales de las personas.
El funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Mata, afirmó ante la CorteIDH la voluntad de un organismo del Estado uruguayo (la Cámara de Representantes) de dejar sin efectos la Ley Nº 15.848, Ley de Caducidad, mediante la aprobación de un proyecto de Ley interpretativo de la norma. El tema está hoy a estudio de la Cámara de Senadores, dijo Mata
Sin embargo, el representante uruguayo recordó que la vigencia de la Ley de Caducidad fue sometida en dos ocasiones a decisión de la soberanía, pero en ambas oportunidades no se alcanzaron los votos para su derogación o anulación. "No estoy en condiciones de hablar por el pueblo uruguayo sobre los motivos por los cuales la Ley no fue anulada", respondió Mata al ser interrogado sobre las causas de dichos resultados.
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martes, 16 de noviembre de 2010
Crysol ante la Comisión de Salud Pública de Diputados
En el día de hoy, martes 16 de noviembre, Crysol fue recibida por la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes que es presidida por la Diputada Berta Sanseverino.
El propósito de la comparecencia fue informar a dicha Comisión que el Decreto 294/10 del Poder Ejecutivo restringe el derecho de libre elección del prestador de salud que el Artículo 10 de la Ley 18 596 consagra para algunas categorías de víctimas del terrorismo de Estado, ex presas y ex presos políticos entre ellos. También se le solicitó que exhorte al Poder Ejecutivo a que respete el espíritu y la letra de dicha ley reconsiderando el mencionado decreto.
Al mismo tiempo se informó a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social que la atención en el área pública, ASSE, aún está pendiente de una adecuada implementación de los beneficios consagrados por la misma ley y se solicitó que se exhorte al Ministerio de Salud Pública a que adopte medidas enérgicas que aseguren una efectiva y rápida implementación de los mismos.
La delegación de Crysol estuvo integrada por Chela Fontora, Carmen Vernier, Baldemar Taroco y Gastón Grisoni.
Para conocimiento de todas y todos, transcribimos a continuación, en forma completa, las intervenciones realizadas a nombre de Crysol por Baldemar Taroco y Chela Fontora.
Delegación de Crysol: (de izquierda a derecha): Baldemar Taroco,
Chela Fontora, Carmen Vernier y Gastón Grisoni
Exposición realizada por Baldemar Taroco
Señores miembros de la Comisión de Salud
Pública y Asistencia Social:
En primer lugar deseamos agradecerles que hayan tenido la amabilidad de recibirnos para escuchar nuestros planteos.
Solicitamos esta reunión con el propósito de informarlos de un asunto que nos preocupa y, obviamente, solicitar vuestra intervención a los efectos de encontrar una solución a dicha preocupación que involucra al Poder Ejecutivo y que tiene que ver con la aprobación del Decreto 294/10 que rechazamos en su actual formulación.
Como es de vuestro conocimiento, ambas cámaras aprobaron el año pasado la Ley Nº 18 596, ley de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado.
Aprobada a 25 años del retorno a la institucionalidad, como resultado de la amplia y masiva labor desplegada por las organizaciones representativas de las víctimas, la Ley Nº 18.596 establece explícitamente la responsabilidad que le corresponde al Estado uruguayo por haber violentado el derecho a la vida, a la integridad psicofísica y a la libertad a miles de uruguayas y uruguayos durante el período iniciado el 13 de junio de 1968, dentro y fuera de las fronteras nacionales.
Aunque en su texto establece claramente el derecho a una reparación integral para todas las víctimas del terrorismo de Estado de acuerdo a lo estipulado por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, dicha ley no es, ni puede considerarse, a nuestro entender, una ley de Reparación Integral ya que, entre otras razones, no asegura el principal derecho de todas las víctimas, de acuerdo a las normas internacionales y nacionales: no asegura el derecho a la verdad y a la justicia impedido por la vigencia de la Ley de Caducidad 15 848 de diciembre de 1986.
No obstante lo anterior, consideramos que la aprobación de dicha ley fue un avance importante en el camino de avanzar en la transición democrática, de superar las heridas aún abiertas por el proceso cívico militar, de cumplir con las obligaciones por parte del Estado hacia las víctimas.
Como es de conocimiento público, la Ley Nº 18.596 establece en su Artículo 10 que las víctimas del terrorismo de Estado, que hubiesen permanecido más de seis meses sin haber sido procesadas, o que hubiesen sido procesadas, o que hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado o que siendo niños o niñas hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio con sus padres, tendrán derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia, si así lo solicitaren, prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garantice su cobertura integral de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Al mismo tiempo, dicha norma, otorga rango de ley, a las disposiciones del Decreto 268/08 que estableció la atención en salud para todos los beneficiarios de la Ley jubilatoria Nº 18.033.
Dado que el Sistema Nacional Integrado de Salud está conformado, de acuerdo a la Ley Nº 18.211 de 13 de diciembre de 2007, por prestadores públicos y privados de atención integral a la salud, es claro que fue voluntad del legislador en su momento, ratificada por la promulgación por parte del Poder Ejecutivo anterior, de consagrar a todos los beneficiarios el derecho a la libre opción del prestador de salud.
Esta misma interpretación del alcance de la ley, fue realizada por parte del Ministerio de Salud Pública al presentar en el mes de junio un proyecto reglamentario cuyo contenido, en líneas generales, fue acordado con nuestra organización.
Sin embargo, el día 6 de octubre del presente año, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 294/10 que desconociendo lo anterior solamente otorga la atención médica solamente en el área pública, excediéndose notoriamente en sus potestades y atribuciones.
La potestad del Poder Ejecutivo de reglamentar la modalidad y la extensión de las prestaciones establecidas no puede suponer en ningún caso, la facultad de limitar o restringir los derechos conferidos en la misma a los beneficiarios.
Es realmente sorprendente que al reglamentar una ley, sumamente tardía, destinada a reparar y dignificar a las víctimas del accionar del Estado, que consagra el derecho a la reparación integral, estableciendo una atención vitalicia y gratuita, el poder Ejecutivo, al reglamentarla, restrinja y cercene derechos explícitamente establecidos.
De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, por las cuales tanto luchamos junto a los trabajadores y el conjunto del pueblo uruguayo, no es potestad del Poder Ejecutivo modificar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y mucho menos cuando se trata, como en este caso, de un proyecto de ley originado en el anterior Poder Ejecutivo.
El decreto reglamentario del Artículo 10 de la Ley 18 596 recientemente aprobado por el Poder Ejecutivo constituye, a nuestro entender, un ejemplo claro de modificación de la ley aprobada el año pasado por el parlamento uruguayo, ya que restringe, sin ninguna fundamentación, un derecho claramente establecido por la norma.
Al reclamar que el Poder Ejecutivo respete el espíritu y el texto de la norma aprobada legítimamente, reafirmamos los principios del funcionamiento democrático que se violentan en dicho decreto.
A más de 25 años del retorno al régimen constitucional es mucho lo que aún resta llevar a cabo para superar las heridas abiertas del período del Terrorismo de Estado.
A nuestro entender, aprobar una ley de reparación integral que cumpla cabalmente con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y con la Convención Internacional contra la tortura, al mismo tiempo que supere las diferentes carencias y omisiones de las diferentes leyes reparatorias que se han ido aprobando, es un requisito básico y esencial para avanzar en la transición democrática iniciada el 1º de marzo de 1985 y que aún está pendiente de resolver a cabalidad.
En lo inmediato, solicitamos a la Comisión de Salud, por lo mismo, que reconozca la justeza de nuestro planteo y que exhorte al Poder Ejecutivo a reconsiderar el Decreto 294/010, respetando el espíritu y el texto de la Ley de reparación Nº 18.596 en lo atinente al derecho de las ex presas y de los ex presos políticos, entre otras categorías de víctimas, a la libre opción del prestador de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), consagrado en el Artículo 10 de la misma.
Deseamos que así lo hagan. Muchas gracias.
Exposición realizada por Chela Fontora
Señores miembros de la Comisión
de Salud Pública:
Han pasado 25 años y miles de compañeras y compañeros han fallecidos a causa de la aparición de enfermedades infecciosas degenerativas, Inmuno depresoras, neoplasias, , lesiones osteomioarticulares, enfermedades cardio- vasculares, respiratorias, alteraciones renales, indicadores de cáncer con evoluciones fulminantes, psíquicas y psicológicas son algunas de las tantas manifestaciones de este grupo de alto riesgo, específico, que presenta una menor expectativa de vida y los daños tienen efecto transgeneracional, condicionando por lo expuesto, a las más cercanas: Hijos y Nietos.
Esto tiene confirmación científica por estudios realizados a nivel nacional e internacional, a estas poblaciones de riesgo.
La Comisión de Salud de Crysol viene trabajando desde que el decreto 268/08 da un marco legal para la implementación de la asistencia en salud, pero a pesar de la sensibilidad y buena disposición de algunas autoridades, la implementación de las resoluciones aprobadas no se materializa como es de esperar.
Aún no contamos con servicio de emergencia móvil, compromiso realizado por autoridades del MSP y ASSE en las primeras reuniones que por estos aspectos comenzamos con las mismas, a mediados del 2008.
La atención psiquiátrica y psicológica carece de una infraestructura adecuada, lo que es altamente preocupante para este grupo por las especificidades relatadas y bien conocidas, el que aún no se nos haya resuelto a nosotros, nuestros familiares, hijos y nietos, la correcta y debida atención en esta área.
No tenemos la posibilidad de un consultorio con amplio horario para atención personalizada tampoco para la atención grupal, no se cuenta aún con el espacio adecuado a esa terapia; hay más de 40 compañeras/os en lista de espera.
La atención especializada que se demora demasiado en tiempo real, producto de la saturación de los servicios y otros inconvenientes lleva a que muchos compañeros y compañeras abandonen sus tratamientos y no vuelvan a su médico de referencia.
Existen patologías y complicaciones oftalmológicas, cardio vasculares, ginecológicas, lesiones articulares, alteraciones renales psíquicas y psicológicas, lesiones visibles e invisibles por torturas cuyos daños son irreversibles.
El artículo 10 de la ley 18.596 reglamentado por el decreto 294/10 consagra la atención integral en salud a través de ASSE.
El poder ejecutivo asume la responsabilidad del Estado, promulgando leyes reparatorias que tienen grandes dificultades para materializarse y dar respuesta a las Víctimas de graves violaciones en Derechos Humanos.
La vigencia del decreto 294/10 permite la implementación con la rapidez que requiere la atención en Salud a este grupo específico.
Hace 25 años que esperamos se cumpla con los DDHH poniendo en práctica, la aplicación de los principios y directrices de la resolución 60/147 de la Organización de Naciones Unidas.
Al día de hoy la mayoría de compañeras y compañeros ya muertos, se han ido, sin haber recibido la atención que se merecían por haber sido Víctimas del Terrorismo de Estado.
Señoras y señores miembros de la Comisión de Salud Pública:
La ley 18.596 consagra el derecho a una Reparación Integral a todas las Víctimas del Terrorismo de Estado y el Art. 10 establece los parámetros generales para la atención en Salud.
El decreto 294/10 del poder ejecutivo establece que dicha atención se realizará en los servicios de ASSE, pero como hemos señalado a lo largo de la intervención, mucho queda por implementarse aún.
Le sugerimos entonces a la Comisión de Salud, que tome en cuenta nuestra preocupación al respecto, la acepte y le manifieste al Ministerio de Salud Pública la necesidad de actuar con decisión y energía para implementar de manera rápida, efectiva e integralmente, los servicios en Salud que todas las Víctimas del Terrorismo de Estado requieren.
Muchas gracias.
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El propósito de la comparecencia fue informar a dicha Comisión que el Decreto 294/10 del Poder Ejecutivo restringe el derecho de libre elección del prestador de salud que el Artículo 10 de la Ley 18 596 consagra para algunas categorías de víctimas del terrorismo de Estado, ex presas y ex presos políticos entre ellos. También se le solicitó que exhorte al Poder Ejecutivo a que respete el espíritu y la letra de dicha ley reconsiderando el mencionado decreto.
Al mismo tiempo se informó a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social que la atención en el área pública, ASSE, aún está pendiente de una adecuada implementación de los beneficios consagrados por la misma ley y se solicitó que se exhorte al Ministerio de Salud Pública a que adopte medidas enérgicas que aseguren una efectiva y rápida implementación de los mismos.
La delegación de Crysol estuvo integrada por Chela Fontora, Carmen Vernier, Baldemar Taroco y Gastón Grisoni.
Para conocimiento de todas y todos, transcribimos a continuación, en forma completa, las intervenciones realizadas a nombre de Crysol por Baldemar Taroco y Chela Fontora.
Delegación de Crysol: (de izquierda a derecha): Baldemar Taroco,
Chela Fontora, Carmen Vernier y Gastón Grisoni
Exposición realizada por Baldemar Taroco
Señores miembros de la Comisión de Salud
Pública y Asistencia Social:
En primer lugar deseamos agradecerles que hayan tenido la amabilidad de recibirnos para escuchar nuestros planteos.
Solicitamos esta reunión con el propósito de informarlos de un asunto que nos preocupa y, obviamente, solicitar vuestra intervención a los efectos de encontrar una solución a dicha preocupación que involucra al Poder Ejecutivo y que tiene que ver con la aprobación del Decreto 294/10 que rechazamos en su actual formulación.
Como es de vuestro conocimiento, ambas cámaras aprobaron el año pasado la Ley Nº 18 596, ley de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado.
Aprobada a 25 años del retorno a la institucionalidad, como resultado de la amplia y masiva labor desplegada por las organizaciones representativas de las víctimas, la Ley Nº 18.596 establece explícitamente la responsabilidad que le corresponde al Estado uruguayo por haber violentado el derecho a la vida, a la integridad psicofísica y a la libertad a miles de uruguayas y uruguayos durante el período iniciado el 13 de junio de 1968, dentro y fuera de las fronteras nacionales.
Aunque en su texto establece claramente el derecho a una reparación integral para todas las víctimas del terrorismo de Estado de acuerdo a lo estipulado por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, dicha ley no es, ni puede considerarse, a nuestro entender, una ley de Reparación Integral ya que, entre otras razones, no asegura el principal derecho de todas las víctimas, de acuerdo a las normas internacionales y nacionales: no asegura el derecho a la verdad y a la justicia impedido por la vigencia de la Ley de Caducidad 15 848 de diciembre de 1986.
No obstante lo anterior, consideramos que la aprobación de dicha ley fue un avance importante en el camino de avanzar en la transición democrática, de superar las heridas aún abiertas por el proceso cívico militar, de cumplir con las obligaciones por parte del Estado hacia las víctimas.
Como es de conocimiento público, la Ley Nº 18.596 establece en su Artículo 10 que las víctimas del terrorismo de Estado, que hubiesen permanecido más de seis meses sin haber sido procesadas, o que hubiesen sido procesadas, o que hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado o que siendo niños o niñas hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio con sus padres, tendrán derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia, si así lo solicitaren, prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garantice su cobertura integral de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Al mismo tiempo, dicha norma, otorga rango de ley, a las disposiciones del Decreto 268/08 que estableció la atención en salud para todos los beneficiarios de la Ley jubilatoria Nº 18.033.
Dado que el Sistema Nacional Integrado de Salud está conformado, de acuerdo a la Ley Nº 18.211 de 13 de diciembre de 2007, por prestadores públicos y privados de atención integral a la salud, es claro que fue voluntad del legislador en su momento, ratificada por la promulgación por parte del Poder Ejecutivo anterior, de consagrar a todos los beneficiarios el derecho a la libre opción del prestador de salud.
Esta misma interpretación del alcance de la ley, fue realizada por parte del Ministerio de Salud Pública al presentar en el mes de junio un proyecto reglamentario cuyo contenido, en líneas generales, fue acordado con nuestra organización.
Sin embargo, el día 6 de octubre del presente año, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 294/10 que desconociendo lo anterior solamente otorga la atención médica solamente en el área pública, excediéndose notoriamente en sus potestades y atribuciones.
La potestad del Poder Ejecutivo de reglamentar la modalidad y la extensión de las prestaciones establecidas no puede suponer en ningún caso, la facultad de limitar o restringir los derechos conferidos en la misma a los beneficiarios.
Es realmente sorprendente que al reglamentar una ley, sumamente tardía, destinada a reparar y dignificar a las víctimas del accionar del Estado, que consagra el derecho a la reparación integral, estableciendo una atención vitalicia y gratuita, el poder Ejecutivo, al reglamentarla, restrinja y cercene derechos explícitamente establecidos.
De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, por las cuales tanto luchamos junto a los trabajadores y el conjunto del pueblo uruguayo, no es potestad del Poder Ejecutivo modificar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y mucho menos cuando se trata, como en este caso, de un proyecto de ley originado en el anterior Poder Ejecutivo.
El decreto reglamentario del Artículo 10 de la Ley 18 596 recientemente aprobado por el Poder Ejecutivo constituye, a nuestro entender, un ejemplo claro de modificación de la ley aprobada el año pasado por el parlamento uruguayo, ya que restringe, sin ninguna fundamentación, un derecho claramente establecido por la norma.
Al reclamar que el Poder Ejecutivo respete el espíritu y el texto de la norma aprobada legítimamente, reafirmamos los principios del funcionamiento democrático que se violentan en dicho decreto.
A más de 25 años del retorno al régimen constitucional es mucho lo que aún resta llevar a cabo para superar las heridas abiertas del período del Terrorismo de Estado.
A nuestro entender, aprobar una ley de reparación integral que cumpla cabalmente con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y con la Convención Internacional contra la tortura, al mismo tiempo que supere las diferentes carencias y omisiones de las diferentes leyes reparatorias que se han ido aprobando, es un requisito básico y esencial para avanzar en la transición democrática iniciada el 1º de marzo de 1985 y que aún está pendiente de resolver a cabalidad.
En lo inmediato, solicitamos a la Comisión de Salud, por lo mismo, que reconozca la justeza de nuestro planteo y que exhorte al Poder Ejecutivo a reconsiderar el Decreto 294/010, respetando el espíritu y el texto de la Ley de reparación Nº 18.596 en lo atinente al derecho de las ex presas y de los ex presos políticos, entre otras categorías de víctimas, a la libre opción del prestador de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), consagrado en el Artículo 10 de la misma.
Deseamos que así lo hagan. Muchas gracias.
Exposición realizada por Chela Fontora
Señores miembros de la Comisión
de Salud Pública:
Han pasado 25 años y miles de compañeras y compañeros han fallecidos a causa de la aparición de enfermedades infecciosas degenerativas, Inmuno depresoras, neoplasias, , lesiones osteomioarticulares, enfermedades cardio- vasculares, respiratorias, alteraciones renales, indicadores de cáncer con evoluciones fulminantes, psíquicas y psicológicas son algunas de las tantas manifestaciones de este grupo de alto riesgo, específico, que presenta una menor expectativa de vida y los daños tienen efecto transgeneracional, condicionando por lo expuesto, a las más cercanas: Hijos y Nietos.
Esto tiene confirmación científica por estudios realizados a nivel nacional e internacional, a estas poblaciones de riesgo.
La Comisión de Salud de Crysol viene trabajando desde que el decreto 268/08 da un marco legal para la implementación de la asistencia en salud, pero a pesar de la sensibilidad y buena disposición de algunas autoridades, la implementación de las resoluciones aprobadas no se materializa como es de esperar.
Aún no contamos con servicio de emergencia móvil, compromiso realizado por autoridades del MSP y ASSE en las primeras reuniones que por estos aspectos comenzamos con las mismas, a mediados del 2008.
La atención psiquiátrica y psicológica carece de una infraestructura adecuada, lo que es altamente preocupante para este grupo por las especificidades relatadas y bien conocidas, el que aún no se nos haya resuelto a nosotros, nuestros familiares, hijos y nietos, la correcta y debida atención en esta área.
No tenemos la posibilidad de un consultorio con amplio horario para atención personalizada tampoco para la atención grupal, no se cuenta aún con el espacio adecuado a esa terapia; hay más de 40 compañeras/os en lista de espera.
La atención especializada que se demora demasiado en tiempo real, producto de la saturación de los servicios y otros inconvenientes lleva a que muchos compañeros y compañeras abandonen sus tratamientos y no vuelvan a su médico de referencia.
Existen patologías y complicaciones oftalmológicas, cardio vasculares, ginecológicas, lesiones articulares, alteraciones renales psíquicas y psicológicas, lesiones visibles e invisibles por torturas cuyos daños son irreversibles.
El artículo 10 de la ley 18.596 reglamentado por el decreto 294/10 consagra la atención integral en salud a través de ASSE.
El poder ejecutivo asume la responsabilidad del Estado, promulgando leyes reparatorias que tienen grandes dificultades para materializarse y dar respuesta a las Víctimas de graves violaciones en Derechos Humanos.
La vigencia del decreto 294/10 permite la implementación con la rapidez que requiere la atención en Salud a este grupo específico.
Hace 25 años que esperamos se cumpla con los DDHH poniendo en práctica, la aplicación de los principios y directrices de la resolución 60/147 de la Organización de Naciones Unidas.
Al día de hoy la mayoría de compañeras y compañeros ya muertos, se han ido, sin haber recibido la atención que se merecían por haber sido Víctimas del Terrorismo de Estado.
Señoras y señores miembros de la Comisión de Salud Pública:
La ley 18.596 consagra el derecho a una Reparación Integral a todas las Víctimas del Terrorismo de Estado y el Art. 10 establece los parámetros generales para la atención en Salud.
El decreto 294/10 del poder ejecutivo establece que dicha atención se realizará en los servicios de ASSE, pero como hemos señalado a lo largo de la intervención, mucho queda por implementarse aún.
Le sugerimos entonces a la Comisión de Salud, que tome en cuenta nuestra preocupación al respecto, la acepte y le manifieste al Ministerio de Salud Pública la necesidad de actuar con decisión y energía para implementar de manera rápida, efectiva e integralmente, los servicios en Salud que todas las Víctimas del Terrorismo de Estado requieren.
Muchas gracias.
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Día del Liberad@
Club Bohemios. 14 de marzo 2010
Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social
Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@
Salsipuedes
Abril de 2010
Vocal
Chela Fontora
Vicepresidente
Baldemar Taroco
Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz
Secretario
Enrique Chalar
Presidente
Gastón Grisoni