Fiscal
critica que autoridades presenten a militares como “víctimas” y den mensaje de
que los soldados tienen un “cheque en blanco” (*)
“Las víctimas” de la dictadura “son
los que sufrieron la tortura, la desaparición forzada, los abusos sexuales.
Esas son las víctimas, sin importar lo que hicieron”, dice el fiscal
especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe
Entrevista
de Victoria Fernández y Sergio Israel
Búsqueda
- Nº2076 - 18 AL 24 DE JUNIO DE 2020
Ricardo
Perciballe. Foto: Nicolás Der Agopián
Aveces
no se puede dormir, porque queda “enganchado” con un tema. Y entonces se
levanta, aunque sea la 1:30 de la mañana, y se pone a escribir. Otras veces se
despierta, anota una idea, y sigue durmiendo. El fiscal Ricardo Perciballe
asumió en febrero de 2018 la compleja tarea de encaminar las más de 200 causas
sobre los crímenes cometidos en la dictadura y, al menos todavía, no parece
haber perdido la energía.
El
procesamiento sin prisión de dos militares por abuso de autoridad contra
detenidos en 1972, dispuesto por un juez de Florida la semana pasada, le
provocó “tal indignación” que empezó a escribir la apelación en la madrugada y
no se detuvo hasta que la terminó a media tarde.
No
fue el único sinsabor que tuvo en los últimos días. El jueves 11 el ministro de
Defensa, Javier García, planteó su preocupación y la del presidente Luis
Lacalle Pou por el procesamiento del soldado retirado Leonardo Vidal —de 72
años— por el homicidio del tupamaro Nelson Berreta en 1972. “¿Qué puede razonar
un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus
jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso?”, criticó García.
“Yo
también digo lo mismo”, replica Perciballe. “¿Qué mensaje les estamos dando?
¿Le estamos dando un cheque en blanco?”.
“Las
órdenes tienen límites”, insiste. “¿No valoramos el libre albedrío de las
personas? ¿Un militar es un autómata?”. El fiscal dice que el tema debería
preocupar a toda la sociedad, porque con el mismo razonamiento un policía
podría matar a alguien que se resista a un arresto. “Bienvenido sea si esto
sirve para dar una discusión, porque no estamos hablando solo del pasado,
estamos hablando del presente y del futuro”, afirma.
Perciballe
asegura que la molestia del gobierno no tendrá “ningún” impacto en su trabajo y
que la Fiscalía seguirá aplicando las normas internacionales sobre derechos
humanos. Para eso están, dice. “Para que los estados no actúen de acuerdo a sus
conveniencias políticas”.
Además,
cuestiona que las autoridades pongan el foco de su “preocupación” en los
militares procesados, en lugar de las víctimas. “No se puede poner el eje en
que las víctimas son los militares porque actúa la Justicia”, sostiene.
“Las
víctimas son los que sufrieron la tortura, la desaparición forzada, los abusos
sexuales. Esas son las víctimas, sin importar lo que hicieron. Porque hayan
hecho lo que hayan hecho, no se los puede matar, no se los puede abusar, no se
los puede torturar ni hacer desaparecer”. Además, agrega, “la gran mayoría de
las personas que sufrieron esos delitos aberrantes no habían cometido ningún
delito. Lo único que hicieron fue resistir a la dictadura”.
—¿Qué
balance hace del trabajo de la Fiscalía especializada en Delitos de Lesa
Humanidad en sus dos primeros años de funcionamiento?
—Positivo
en el sentido de que pudimos acceder a todas las causas, controlarlas,
encaminarlas y resolver las que ya estaban en condiciones de resolver. Tanto
sea con pedidos de procesamiento, captura o extradición como en otras lisa y
llanamente el archivo. Es algo que no se conoce tanto, pero hay más solicitudes
de archivo que de procesamiento. De un entorno de 200 causas que teníamos al
inicio quedan unas 160, que se tramitan por el código viejo. Por el código
nuevo (el Código del Proceso Penal aprobado en noviembre de 2017), tenemos tres
causas; en una ya acusamos y en breve vamos a ir a juicio oral, y dos están en
etapa de investigación, pero muy probablemente se disponga el archivo.
—¿Cuáles
son los principales obstáculos que encontró para avanzar con los expedientes?
—Cuando
uno está analizando delitos que se cometieron hace 40 años siempre hay complicaciones.
Fundamentalmente, porque muchas víctimas han fallecido y porque la
documentación que existe —como los archivos del SID (Servicio de Información de
Defensa) y OCOA (Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas)— no se ha
encontrado. Pero pese a eso se ha podido avanzar porque se han descubierto
otros archivos, y eso permitió confrontar los testimonios con la documentación.
Con
respecto a los obstáculos, uno claro son las políticas dilatorias de las
defensas. También lo son ciertas prácticas o decisiones judiciales que no
permiten que se avance en los términos que la Fiscalía pretende.
—¿Cómo
cuáles?
—Si
cada vez que se interpone una excepción de inconstitucionalidad se suspende
toda la investigación, es notoriamente un retroceso. Desde la Fiscalía hemos
propiciado que, si una persona presenta una excepción de inconstitucionalidad,
el expediente no se detenga respecto a todos los otros imputados. Además, las
defensas presentan esas acciones en forma escalonada, entonces algunos expedientes
tienen hoy ocho o nueve años de presumario.
Otro
tema que podría solucionarse perfectamente tiene que ver con las prácticas. Si
se plantea una excepción de inconstitucionalidad o de prescripción, ¿por qué no
extraemos copia de eso y se eleva ese testimonio de 10 hojas y se resuelve con
base en eso? Porque lo que se discute es algo jurídico, no fáctico. Cada vez
que se forma un testimonio si el expediente tiene 10 piezas hay que fotocopiar
las 10 piezas. Eso significa un costo muy importante para el Estado y una
pérdida de tiempo.
—Hay
más de 60 pedidos de procesamiento por delitos de lesa humanidad a la espera de
que se expidan jueces, según informó la diaria. ¿Por qué los magistrados
demoran tanto en pronunciarse?
—En
algunos casos porque se interpuso en seguida la excepción de
inconstitucionalidad de la ley de creación de la Fiscalía especializada. En
otros porque no estaba resuelto el tema de la prescripción y se comenzó a
plantear. Y en otros directamente por dilatorias interpuestas por la defensa, que
impiden que se tome resolución. El caso paradigmático es el de una denuncia por
torturas en Flores, en el que ya van a hacer tres años desde que se pidió el
procesamiento de un oficial de inteligencia y un médico, pero todavía no se
pudo hacer la audiencia ratificatoria, que es de precepto para procesar. Las
defensas no permitieron ni que se hiciera esa audiencia.
—¿Y
esa dilación el juez no tiene cómo evitarla?
—Me
reservo esa respuesta… Pero creo que es el caso más paradigmático. He
solicitado la observación de los defensores, por el abuso de la vía procesal, y
no se me ha respondido.
—¿Qué
opina de los cuestionamientos del ministro de Defensa sobre el procesamiento
del soldado Vidal por el homicidio de Berreta en 1972?
—Él
piensa y actúa políticamente. Y yo pienso y actúo jurídicamente. Cada cual en
su función.
—¿Le
parece que sus declaraciones, en las que comunicó también la preocupación del
presidente Luis Lacalle Pou, pueden tener un impacto en desestimular las
investigaciones o los procesamientos?
—Hacia
la Fiscalía ninguno. La Fiscalía va a actuar de acuerdo a lo que le
corresponde. Quizás el mensaje sea para otras personas.
—¿Puede
tener alguna incidencia en la actuación de los jueces?
–Eso
se verá. El tema es dónde ponemos el eje de la preocupación. Si la preocupación
es que se procese a una persona porque cometió un homicidio, o si la
preocupación es porque pasaron 48 años sin que la Justicia actúe. Y si ponemos
el eje en el militar procesado o en la víctima. Porque acá lo que tenemos que
tener presente es que murió una persona muy joven, y no debió haber muerto. La
preocupación de la Fiscalía es que a 48 años de que se cometió un homicidio
recién actuó la Justicia. Y siempre las víctimas son las víctimas. No los
militares. Las víctimas son los que sufrieron la tortura, la desaparición
forzada, los abusos sexuales. Esas son las víctimas, sin importar lo que
hicieron. Porque hayan hecho lo que hayan hecho, no se los puede matar, no se
los puede abusar sexualmente, no se los puede torturar ni hacer desaparecer. Y
además de todo esto, la gran mayoría de las personas que sufrieron estos
delitos aberrantes no habían cometido ningún delito. Lo único que hicieron fue
resistir a la dictadura. Otros sí se alzaron contra las instituciones, pero aun
ellos tienen derecho a que se respete su dignidad, su vida, su integridad
física, y eso no se respetó. Y en este caso también, porque a un detenido que
está esposado y que corre no se lo puede matar.
—Aun
cuando se reciba una orden de disparar...
—Las
órdenes tienen límites. ¿No valoramos el libre albedrío de las personas? ¿Un
militar es un autómata?
—Hay
quienes plantean que sí, que un soldado que recibe una orden debe obedecer.
—En
un Estado de derecho eso es absolutamente insostenible. Lo dice toda la
doctrina nacional, toda la doctrina internacional, lo resolvió el tribunal de
Núremberg en el 45, lo tomó las Naciones Unidas, está recogido en la Convención
para la Prevención del Genocidio, en la Convención contra la Tortura...
¿Desconocemos toda esa normativa?
—Para
usted el tema no admite discusión.
–A
usted le dan la orden de matar a una persona corriendo ¿y lo mata?
—¿Qué
debió hacer ante la orden?
—Primero,
lo corre. Segundo, dispara al aire. Tercero, dispara a zonas no vitales. Tenía
todas las opciones. Y eso hay que valorarlo, porque cuando le damos un arma a
un efectivo militar o policial le damos el arma para que la utilice conforme a
los reglamentos. No le estamos dando un cheque en blanco.
—También
están quienes dicen que la responsabilidad es del oficial y no del soldado.
—Por
supuesto, pero la responsabilidad es de los dos. En este caso no está probado
cuál fue la orden que dio el oficial porque está muerto. El oficial pudo haber
dicho dispare, pero disparar no es necesariamente a darle muerte. Están todas
las opciones previas. Y si dio la orden de matar, ¿yo como soldado la tengo que
cumplir? ¿Cuándo claramente está vedado dar muerte a una persona?
—¿Si
el oficial hubiera estado vivo era responsabilizado también?
—Por
supuesto.
—Pero
eso no salvaba al soldado.
—No.
Porque hay un autor mediato y uno inmediato. Uno que da la orden ilegítima y
otro que la cumple. Los dos serían responsables. Pensemos por el absurdo. ¿Por
qué nos detenemos en esta orden y no analizamos todo el contexto? Si criticamos
esta decisión, tendrían que estar todos absueltos los que hoy están presos.
Porque todos recibieron órdenes. Serían responsables solo (Juan María)
Bordaberry, el general (Gregorio) Álvarez, y el resto no.
—Bueno,
pero en este caso se plantea que es un soldado, no un oficial.
—Eso
se valorará en el momento de imposición de la pena. Pero no estamos en esa
etapa aún. Estamos iniciando un proceso contra una persona porque se entiende
que hay elementos de convicción suficiente para establecer su responsabilidad.
Después va a venir la acusación, donde la Fiscalía pide la pena, que tendrá que
valorar el contexto y a la persona. Y después el juez resolverá si lo condena y
si admite la pena solicitada o se la baja. Y si tuviéramos al oficial, el
oficial claramente iba a tener una pena mayor que el subordinado.
—El
ministro de Defensa insistió en que en 1972 había un “estado de guerra
interno”.
—Sí,
había un estado de excepción. Pero eso habilitaba a suspender determinadas
garantías de las personas, por ejemplo, los allanamientos, las detenciones, el
no tener que derivar al juez a un detenido en un plazo de 24 horas. En ningún
momento se estableció que se podía quitar la vida a nadie. También se nombra a
la ley de seguridad del Estado. Esa ley pudo perfectamente haber establecido
esta eximente, y planteó otra, que es la del cumplimiento de la ley. No había
norma ninguna que habilitara esa conducta.
Además,
si estábamos en un conflicto, en un sistema de excepción, regía la convención
de Ginebra. Y no se puede dar muerte a un detenido. Entonces, por todos lados
lo que tiene que primar es el derecho. Y el derecho es a la vida. El eje no
puede estar centrado en “qué horrible, después de 48 años actúa la Justicia”.
No, qué horrible fue el hecho. Se mató a un joven por el solo hecho de que
quería obtener su libertad.
—García
cuestionó el mensaje que reciben los soldados que hoy están patrullando la
frontera.
—Yo
también digo lo mismo. ¿Qué mensaje les estamos dando? ¿Le estamos dando un
cheque en blanco?
—No
cree que puedan alegar la obediencia debida a la jerarquía militar.
—En
ningún lugar del mundo se plantea eso. Otros países como España y Alemania han
derogado la obediencia debida. Saquemos lo militar. Los funcionarios públicos
actuamos conforme a la ley. Y damos permanentemente órdenes, porque la
administración pública se basa en la subordinación y las jerarquías. Pero las
órdenes se supone que tienen que ser conforme a derecho. Porque uno actúa de
acuerdo al principio de legalidad. Entonces, si la orden no está en conformidad
con el derecho, el subordinado no está obligado a cumplirla. Se presenta un
conflicto de deberes. ¿Con qué cumplo?, ¿con la orden o con la ley? Y uno tiene
que cumplir con la ley.
—Pero
en el contexto de un conflicto interno se recibe una orden en medio de un
operativo militar, hay poco tiempo para pensar y se actúa en el fragor del
momento...
—Perfecto,
pero eso lo discutimos en el quantum punitivo. Ahí puedo analizar que la pena
sea menor por las circunstancias del caso.
—No
como eximente de responsabilidad.
—No.
Porque la muerte existió, y no debió haber pasado. Yo entiendo el fragor del
momento, pero estamos hablando de 15 militares contra una persona detenida y
que presumimos además que venía de haber sido apremiada físicamente. ¿Qué daño
podía hacer? ¿El riesgo mayor cuál era? Que se escapara. Frente a una fuga y
una muerte, ¿se puede ponderar más la muerte? Si un ciudadano cualquiera
resiste una orden de detención, ¿un policía lo puede matar? Hay que pensar con
cabeza de Estado de derecho.
—Hoy
Estados Unidos está sumido en una crisis por ese tema, por lo desproporcionada
que es la respuesta policial ante delitos o infracciones que cometen personas
negras.
—Claro,
porque se trata de la ponderación de derechos, y qué es lo que prima.
Bienvenido sea si esto sirve para dar una discusión, porque no estamos hablando
solo del pasado, estamos hablando del presente y del futuro.
—Las
declaraciones de García tienen puntos de coincidencia con las expresadas por
Guido Manini Ríos y otros integrantes de Cabildo Abierto, que cuestionaron la
actuación judicial en las causas sobre la dictadura. ¿Piensa que, luego de un
gobierno con una postura más favorable a las investigaciones, hoy hay un clima
más hostil hacia el trabajo de la Justicia en este ámbito?
—En
todos los momentos tuvimos complicaciones. Esta puede ser una más. Acá siempre
hay que volver sobre lo mismo. Quiénes son víctimas y quiénes son victimarios.
No se puede poner el eje en que las víctimas son los militares porque actúa la
Justicia. Los militares que se prueba que cometieron delito de ninguna forma lo
son. Y eso tiene que quedar bien claro. Y si se actuó 40 años después es porque
pasó algo. Fueron muchos los escollos que hubo que saltearse.
—¿Tiene
expectativas de que se encuentren más desaparecidos?
—La
información existe, eso está claro. Se pudo haber hecho más y nunca se dio la
información. Tengo la expectativa que tiene cualquier ciudadano (hoy las
excavaciones las lleva la Institución Nacional de Derechos Humanos). Pero es
difícil. Es como buscar una aguja en un pajar. Pero eso no quiere decir que no
se haga. Es importante seguir la búsqueda porque hay un grupo muy importante de
personas que todavía tienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos, y
el Estado no les puede negar ese derecho.
—Esta
semana el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que es necesaria
una amnistía, para dar “vuelta la página”. ¿Qué opina de que se reediten esos
planteos?
—Desde
el poder político se pueden plantear todas las hipótesis que se entiendan
pertinentes. Nosotros somos operadores jurídicos y vamos a actuar de acuerdo a
la normativa internacional. ¿Por qué está la normativa internacional?
Precisamente para esto. Para que los estados no actúen de acuerdo a sus
conveniencias políticas. Para darle protección a los ciudadanos, a las
personas. Porque los crímenes de lesa humanidad ofenden a toda la humanidad. Y
los estados están sometidos a las coacciones internas, a las decisiones
políticas internas tendientes a la impunidad. Por eso es que los estados deben
quedar aparte, porque actúan a base de sus intereses. Por eso desde la Fiscalía
aplicamos la normativa internacional, a la que Uruguay suscribió y a la que
está comprometido.
—Ha
habido resistencia de los magistrados también.
—Por
supuesto que hay una resistencia. Esa es la posición de la Fiscalía, no es la
posición de la Suprema Corte de Justicia.
—¿Se
siente un poco solo en esta batalla?
—No,
para nada. Estaría solo si prescribieran todas las causas. Pero hay tribunales
y jueces que están de acuerdo con esto. Además, la creación de la Fiscalía
especializada salió por unanimidad en el Senado y por 65 votos en 82 en
diputados. Tiene un respaldo. Si se creó, es por algo. Y yo, hasta que no me
digan ‘deje el cargo’, voy a seguir trabajando.
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