Hay “ineficacia” en la investigación
criminal, desprotección de las
víctimas y “amarillismo” en los medios, dice
experta de ONU
Por Sergio Israel – Búsqueda 6 9 18
Esta semana, Gerstenberg visitó por primera vez Uruguay como
representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los
Derechos Humanos, que tiene sede en Santiago de Chile.
En entrevista con Búsqueda explicó que la principal prioridad
de este viaje es respaldar la urgente reparación de las víctimas de la
dictadura, una postura que quedará patente al asistir a un acto en la sede de
la asociación de expresos políticos Crysol.
Aunque advirtió que los derechos humanos también incluyen el
estado de los mares, las ciudades y en general los derechos económicos,
sociales y culturales, y no solo la tortura, fijó entre las prioridades para
Uruguay la seguridad pública, la discriminación de las mujeres, las violaciones
a los derechos humanos durante la dictadura y las cárceles, que han mejorado,
aunque aún “un 33% de los presos” están en condiciones “inhumanas”.
Con respecto a la criminalidad dijo que si bien el país está
lejos de Guatemala y El Salvador, se ha producido una fragmentación social que
hace más difícil la convivencia y resaltó que el Estado es responsable de una
investigación criminal eficaz para que violar la ley conlleve un riesgo real.
—¿Cómo está la situación de los derechos humanos en Uruguay?
—En cada país tratamos de mirar todos los temas, aunque
obviamente tenemos que priorizar, porque no somos una oficina con capacidad
ilimitada. Hemos formulado un plan de trabajo que incluye: Estado de derecho e
impunidad, seguridad pública y violencia, discriminación de todo tipo y
pobreza, porque son importantes los derechos económicos, sociales y culturales.
Dentro del concepto discriminación caben muchas cosas: el
tema de los indígenas, la discapacidad, los migrantes. El de la mujer no es un
asunto pequeño, porque se trata de discriminación del 50% de la población.
También está la situación de los afrodescendientes, los colectivos LGTB y los
adolescentes en conflicto con la ley.
Esta es mi primera visita. Tuvimos una reunión con unos 20
representantes de la sociedad civil en la que entraron más temas de los que
pensábamos. Escuchamos a representantes del pueblo charrúa; a pesar de los tratados,
de acuerdo a la Constitución no hay indígenas y tampoco existe una visión
política del tema. Es un tema para poner en la agenda, igual que la migración.
También atendemos la judicialización de los derechos
económicos, culturales y sociales. El derecho a la salud, la educación y a una
vivienda digna tienen que ser tratados como cualquier otro derecho humano y
pueden ser exigibles, aunque Uruguay ha ratificado todos los tratados y ha
demostrado excelente voluntad política.
Un eje de esta visita es el tema de verdad, justicia y
reparación. La asociación de expresos políticos Crysol nos visitó en julio para
plantear que hay una ventana de oportunidad hasta octubre para producir una
reforma en la ley de reparación. No solamente es una demanda legítima de las
víctimas sino una obligación del Estado responder. Hablamos de este tema con la
Institución Nacional de Derechos Humanos y con el ministro de Relaciones
Exteriores y hay un compromiso fuerte del gobierno de mejorar.
—Todo gobierno va a decir que quiere mejorar...
—Y han hecho cosas. Las reformas en las cárceles después del
informe del relator especial Manfred Novak han dado frutos. Por ejemplo, ahora
hay centros carcelarios que se pueden mostrar. Sin embargo, aún 33% de los
centros carcelarios están en condiciones muy infrahumanas, 33% con problemas y
33% en buenas prácticas. Nos preocupa la previsión de la tortura, que la
situación en las cárceles mejore, la seguridad pública y la violencia, que
obviamente es una preocupación actual, no solamente en Uruguay.
—Según el director nacional de la Policía, Uruguay va camino
a convertirse en una sociedad con niveles de criminalidad como Guatemala y El
Salvador.
—Uruguay todavía está muy lejos, por suerte, de esas
situaciones. De todas formas, cada empeoramiento preocupa y requiere del Estado
una respuesta eficaz y de acuerdo a los derechos humanos. Es un esfuerzo
institucional que hay que hacer y ahí vemos conectados los temas de impunidad
de crímenes y delitos y la ineficacia en la investigación criminal, de ausencia
de protección de las víctimas y de amarillismo en los medios.
Hay que mejorar la respuesta institucional. El crimen que
ocurre en todo el Cono Sur tiene múltiples dimensiones. Por un lado vemos el
crimen organizado como el tráfico de drogas, que siempre es corrupción del
Estado. El contexto influye pero además el tejido social ha cambiado; la
fragmentación de la sociedad en la que se territorializa la pobreza es más
difícil de interrumpir, y a pesar de los logros que ha tenido el país en
construir una sociedad de altos ingresos, no ha logrado eliminar la división de
la sociedad en ricos y pobres y la red social se ha reducido. Hay más
aislamiento, más dificultad para construir vínculos de solidaridad con los que
quedan atrás.
Eso y la administración de justicia han dejado huellas en la
seguridad pública. No lo he podido estudiar aún en forma detallada, pero lo que
escuchamos de forma repetida es la ineficacia para contrarrestar el crimen.
Otro factor es la educación y que ha disminuido la fortaleza de las
familias. Lo importante no es el aumento
de las penas sino la respuesta al crimen. Si más del 80% de los homicidios
quedan sin sentencia, entonces yo puedo asesinar y tengo una alta probabilidad
de que nada me va a ocurrir por más que haya pena de muerte. La probabilidad de
que te pesque el sistema es bastante baja.
Luego está la violencia contra la mujer. Si yo le pego a mi
mujer y ella tiene que ir al hospital y eso no representa más que un año o
menos de prisión para un juez, eso es un peligro, porque al salir tendrá ganas
de vengarse. La legislación es avanzada, pero el problema son los patrones
culturales de la sociedad.
—¿Entonces una buena parte del problema son los jueces?
—Un juez al fin y al cabo es un miembro de la sociedad
uruguaya y está creciendo con los mismos patrones culturales. El machismo es un
problema. Eso se refleja en la participación de la mujer en el Parlamento o en
las zonas rurales donde no consiguen contratos de trabajo. Los procesos de
justicia y verdad en muchos casos están relacionados con los de reparación.
Mejor justicia deja más claro a la sociedad la necesidad de la reparación.
Hay
muchos reclamos en el sentido de que no existe una reparación integral. Son
temas que internacionalmente están claros pero que Uruguay no cumple
cabalmente. De todas formas, la atmósfera en el gobierno es que se puede hablar
del tema de los derechos humanos. No hay país en el mundo que no tenga una
cantidad de problemas de derechos humanos. El asunto es cómo reacciona el
Estado para confrontarlos. Si omite darles atención o consulta, rinde cuentas y
toma medidas.
En todos los países hay temas no resueltos. ¿Quién esperaba que en Alemania el tema de la
xenofobia tomara unas dimensiones tales que puedan cambiar el gobierno?
No creo que Uruguay esté muy mal. Y lo que valoramos es el
esfuerzo y la capacidad de rendir cuentas. Los derechos humanos no son solo los
civiles y políticos, también los económicos, sociales y culturales. Cada ámbito
es importante, como el cambio climático. Hay muchos temas novedosos, el
desarrollo de las ciudades, la protección de los mares. A menudo la resistencia
se debe a una mirada reducida.
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