Ante
solicitudes de renuncia, Fernández Huidobro presentó sus números;
organizaciones reiteran que cumple “tarde y mal” con los pedidos.
La diaria - 26 5 15 - Por Azul Cordo
“La actitud
de este ministerio ha sido siempre la de aportar la información al alcance de
sus posibilidades, abriendo el camino a las investigaciones e investigadores en
todo momento”, afirmó el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández
Huidobro, en un comunicado de prensa publicado ayer en la página web de
Presidencia. Estos dichos se contraponen a las numerosas expresiones de
organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del terrorismo de
Estado, que han subrayado las “demoras” y el ocultamiento de archivos militares
que podrían esclarecer responsabilidades en delitos de lesa humanidad cometidos
en Uruguay durante la última dictadura cívico-militar.
Una
semana después de que calificara de “enfermitos” a quienes “permanentemente
hablan mal de las Fuerzas Armadas y los militares”, el ministro difundió el
documento que presentó al presidente Tabaré Vázquez el lunes durante el Consejo
de Ministros como respuesta a los “ataques sistemáticos (y genéricos) que ha
sufrido”. En el documento Fernández Huidobro señala que entre 2011 y 2015 su
cartera dio respuesta a 211 de los 237 oficios judiciales recibidos.
Consultados
por la diaria, integrantes
de organizaciones sociales que cuentan con numerosas copias de estos
expedientes indicaron que la mayoría de estas respuestas sostienen: “Esta sede
carece de información”. “Pareciera que para el ministro, responder es tipear la
carta. Tipear es una cosa, responder es otra”, agregaron. Raúl Olivera, de la
Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, remarcó: “El tema no es si contesta
los oficios o no, sino qué información aporta en esas respuestas, y si los
datos son útiles a la causa o si cumplen meramente con un trámite. El MDN
cumple tarde y mal”.
El
ministro excusa las “demoras en la tramitación” de los oficios por “la
complejidad en cuanto a la ubicación de la información y documentación
requerida”, y se remite a un mensaje que envió en 2013 a la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) en el que dice haber “ofrecido” a las sedes penales
correspondientes “coordinar” para que los jueces se dirijan a los comandos
militares, analicen allí los legajos originales y soliciten copia de las “fojas
relevantes para la causa”.
Tanto
abogados patrocinantes de diversas causas de derechos humanos como algunos
jueces no recordaban una circular de la SCJ que diera cuenta de esta
“coordinación”. Sin embargo, existe. Es la 48/2013 y fue girada el 13 de mayo
de 2013 a los jueces con competencia penal de todo el país. Remite a una
comunicación de Fernández Huidobro en la que expresa las “dificultades” para
aportar el listado (nombres y legajos) de los funcionarios del MDN en causas
que abarcan el período dictatorial. En dicha comunicación, el ministro
establece que “corresponde” que el legajo personal de los oficiales o sus hojas
de servicio “permanezcan en la Unidad Militar correspondiente” y subraya la
falta de “recursos financieros (en fotocopias, tóner, hojas, etc.) y humanos,
no previstos a tal fin” y lo “difícil” que es “desafectar de su labor normal” a
los funcionarios “para cumplir esta tarea que es cada vez más demandante”. En
esta misiva, Huidobro no habla de “coordinar” con la SCJ sino de “intentar
arbitrar medidas alternativas” que permitan superar las dificultades “a través
de la determinación concreta y acotada de la información que se requiere”. “Es
un ofrecimiento tramposo porque no existe capacidad del Poder Judicial para
revisar toneladas de expedientes, sin el auxilio de especialistas en
criminología o de funcionarios del MDN”, opinó el abogado del Observatorio Luz
Ibarburu, Pablo Chargoñia.
“La
imposibilidad de ubicar los legajos a partir de alias de posibles implicados en
delitos de lesa humanidad” es “preocupante”, expresó Chargoñia. “Las víctimas
estaban encapuchadas, como parte del método del terror aplicado. Los represores
no se presentaban con su cédula”, añadió, y consideró que Fernández Huidobro
“banaliza la tragedia”, “ofende décadas de investigaciones realizadas por los
familiares, que son quienes más han aportado datos”, y brinda “una insólita
aclaración que oscurece”. “Está concluyendo que no hay forma de localizar a
aquellas personas que torturaron. El comunicado del MDN es una declaración de
negación institucional de Justicia para el esclarecimiento de los crímenes de
la dictadura y marca una desprotección absoluta a las víctimas. No hay voluntad
política ni capacidad para resolver las investigaciones”, agregó.
“Fernández
Huidobro ha mostrado una sintonía fina con los militares condenados”, manifestó
el abogado Federico Álvarez Petraglia, quien aseguró que, además de que las
respuestas de esta cartera “demoran meses”, “no han aportado nada sustantivo” a
las causas.
Otro de
los puntos cuestionados es que el MDN afirma que no han encontrado registros
del OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas), mientras que
el equipo coordinado por Álvaro Rico accedió a documentos, como expedientes de
la Justicia Militar, en los que se nombra dicho organismo.
Ayer
los sectores del Frente Amplio Casa Grande y el Partido por la Victoria del
Pueblo pidieron, en sendos comunicados, la “inmediata remoción” del ministro,
sumándose al reclamo de la Vertiente Artiguista.
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