Pasos
hacia una política estatal de derechos humanos
El
acompañamiento a testigos y denunciantes en juicios contra el terrorismo de
Estado, y una unidad especializada en la órbita del Ministerio del Interior
para recabar información sobre delitos de lesa humanidad, serían los próximos
pasos que daría el gobierno para avanzar en la postergada política pública de
derechos humanos.
Brecha - Viernes 24 5 2013 - Por Marcos Rey
Cuando en
2011 el presidente Mujica ordenó desarchivar más de 80 causas vinculadas a
violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado,
la justicia pareció tener las manos desatadas para investigar sin pedir
permiso. Sin embargo, las causas avanzaron a los tropezones. A pesar de que el
Estado reconoció públicamente su responsabilidad en esa etapa ?después del
fallo del caso Gelman?, no promovió suficientes políticas públicas para
reafirmar las investigaciones, ni acompañó a los testigos y denunciantes en los
juicios, como le fue solicitado por las organizaciones sociales. Los traslados
de los jueces o fiscales más voluntariosos entorpecieron aun más el avance:
"Nos están desarmando los equipos", advirtió el ex juez Federico
Álvarez Petraglia ?promotor de varias denuncias? el año pasado.
La gota
que derramó el vaso de la impunidad cayó en febrero cuando la Suprema Corte de
Justicia trasladó a la jueza Mariana Mota a una sede civil y declaró
inconstitucional la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad
cometidos en los setenta. Aunque algunos jueces y fiscales desoyeron este
fallo, la corporación ?en boca de su presidente Jorge Ruibal Pino? advirtió que
levantaría una "muralla" contra quienes apelaran a la figura de los
delitos de lesa humanidad. Ante la reacción que generaron estas medidas y las
eventuales condenas internacionales, el Poder Ejecutivo parece dispuesto ahora
a sacudirse la modorra.
ASUNTO
INTERNO.
Un ya largo reclamo de las organizaciones para agilizar las causas ha
sido la creación de una unidad especializada en la órbita del Ministerio del
Interior (mi) que investigue y centralice la información requerida por los
magistrados. La Policía, como auxiliar de la justicia, debe investigar los
delitos, reunir pruebas y colaborar con los jueces. Pero como además de contra
militares hay denuncias contra policías, las organizaciones apuntaban a una
unidad no dependiente de los mandos policiales sino directamente del ministro.
Finalmente,
según supo Brecha, el mi encomendará esta tarea a la dirección de Asuntos
Internos ?a cargo de la doctora Estela González?, que opera como auxiliar de la
justicia en casos de irregularidades cometidas por policías. Aunque hasta ayer
el ministro Eduardo Bonomi no había firmado la resolución, fuentes de esa
cartera confirmaron a Brecha que la decisión ya había sido tomada en el
gabinete interministerial que aborda los derechos humanos (integrado por
Interior, Defensa, cancillería y Educación). Consultada sobre estos cambios,
González explicó a este semanario que fue notificada verbalmente y que deberá
reorganizar la unidad: "Tendremos que hacer adecuaciones internas porque
tenemos escaso personal y diversas tareas. El magistrado nos indicará qué
información quiere y dónde ubicarla".
En octubre
de 2001 un grupo de mujeres denunció masivamente en comisarías a más de cien
militares, policías, médicos y enfermeros por torturas y abusos sexuales
sufridos en centros de reclusión. Pero las indagatorias demoraron meses y el
proceso estuvo salpicado de obstáculos. Las denunciantes pidieron, por ejemplo,
que el mi y el Ministerio de Defensa aportaran los nombres de los funcionarios
que trabajaron en los establecimientos y en el Hospital Militar.
ACOMPAÑAMIENTO.
Testimoniar, enfrentarse a los represores y probar ante un juez las torturas y
los abusos sexuales sufridos puede ser para las víctimas una experiencia
sanadora pero también traumática. Por ello, en 2010 docentes de la Facultad de
Psicología (Sonia Mosquera y María Celia Robaina) propusieron al mec crear un
grupo interdisciplinario de acompañamiento psicológico a testigos y
denunciantes. Preveían un programa con financiamiento estatal y apoyado en la
experiencia de Argentina ?que reabrió las causas del terrorismo de Estado en
2003?, donde existe un plan nacional de acompañamiento que funciona en la
órbita de la Secretaría de Derechos Humanos (implementado por el centro
Fernando Ulloa).
Pero a
pesar de la buena disposición que habría manifestado el ministro Ricardo
Ehrlich, el proyecto quedó estancado. Igualmente la Facultad de Psicología
acompañó a 15 testigos uruguayos que declararon en Argentina en las causas de
Automotores Orletti.
Los testigos que viajaron a Buenos Aires, o que declararon
a través de videoconferencias en el Edificio del Mercosur, fueron acompañados
por docentes y pasantes egresadas de esa facultad en el marco de la extensión
universitaria. Cuando Macarena Gelman, por ejemplo, testificó en Buenos Aires,
no fue Uruguay sino Argentina quien la acompañó en el proceso. Las organizaciones
de derechos humanos han buscado extender esta experiencia a todas las causas
judiciales referidas a delitos de lesa humanidad de Uruguay.
Porque además no
todos los operadores judiciales están preparados para abordar estos casos,
muchos mantienen la lógica de las causas comunes. Argentina, por el contrario,
ha avanzado en una política estatal de derechos humanos que incluye la
reparación integral a las víctimas no sólo indemnizatoria, así como en un
protocolo de intervención para el acompañamiento a testigos y la valorización
del testimonio judicial.
Finalmente,
el gobierno promovería un proyecto de ley para la asistencia a testigos y
denunciantes. Según explicó a Brecha el subsecretario del mec, Óscar Gómez, se
está analizando un "marco normativo" para "proteger y colaborar
con quienes deban testimoniar en Uruguay y Argentina en causas referidas a la
violación de los derechos humanos" aunque precisó que todavía no hay un
"boceto afinado".
El financiamiento del programa podría incluirse en
la próxima rendición de cuentas. Entre las experiencias internacionales no sólo
se apunta al modelo argentino sino también a los avances realizados en Brasil y
Colombia. Todos los actores consultados, no obstante, evitaron adelantar
definiciones concretas para no generar "falsas expectativas".
---------
