La diaria – 22 8 12 – Por Luis Rómboli
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Presidenta de la INDDHH Mariana González Guyer |
Institución de Derechos Humanos ya recibió 50 denuncias; ninguna tiene relación directa con crímenes de la dictadura.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) no se ha instalado todavía en la sede prevista: está funcionando en un pequeño despacho en el anexo del Palacio Legislativo, carece de personal y recién está afinando la elaboración de un manual de procedimientos. A pesar de eso, ya recibió unas 50 denuncias.
Por el momento, los miembros del Consejo Directivo están “cumpliendo todas las funciones”, además de trabajar en el armado institucional “a la velocidad que se puede”, explicó Juan Raúl Ferreira, directivo del organismo. La dirección de la Inddhh, que asumió el 22 de junio, está integrada además por la socióloga Mariana González Guyer, que ejerce la presidencia, el ex subsecretario del Ministerio del Interior Juan Faroppa, la fiscal Mirtha Guianze y la abogada Ariela Peralta.
Ferreira agregó que además de “recibir denuncias” han tenido “una actitud proactiva” al efectuar “visitas” que consideran “estratégicamente importantes”, como al presidente José Mujica, al canciller Luis Almagro y al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sumadas a encuentros con varias organizaciones no gubernamentales.
Entre las 50 denuncias recibidas no hay ninguna relacionada directamente con “violaciones graves” a los derechos humanos durante la dictadura. “Hay algunas que tienen que ver con cuestionamientos a las leyes reparatorias” para ex presos y exiliados políticos, dijo Faroppa, pero la mayoría son “casos actuales que tienen que ver con diversas formas de discriminación”, agregó.
Por su parte, Ferreira expresó que en tres denuncias ya se logró “una solución amistosa”. Se trata de personas que “sentían vulnerados sus derechos por parte de algún organismo y éste reparó la situación, reconociendo algún error” cuando la Inddhh intervino. En estos casos se resolvió “proteger la identidad de las instituciones involucradas” porque no hubo “resolución final sino entendimiento entre las partes”, agregó.
Faroppa indica que hubo planteos a los que se les respondió “que la institución no es competente”, ya sea porque se trata de casos que están en la órbita judicial y la Inddhh no puede intervenir “mientras se esté en esa situación”, o casos que “no tienen solución”.
Si un caso toma “estado judicial”, la Inddhh debe “abstenerse de intervenir”, pero esto no impide que se lleven a cabo “estudios e informes generales sobre el tipo de denuncias que se plantean”, precisó Faroppa. Culminado un proceso judicial, la institución “no puede revocar una decisión”, pero puede haber personas que entiendan que “se violaron las garantías procesales” y en ese caso la institución podría “tomar conocimiento”, agregó.
Un ejemplo es la denuncia reciente de Cotidiano Mujer por la violación de derechos humanos a empleadas domésticas de nacionalidad boliviana en una casa de Carrasco.
En ese caso, que también se denunció ante la Justicia penal, la Inddhh está desarrollando “otro tipo de medidas de seguimiento”, relacionadas con “lo que están haciendo las instituciones del Estado” que deben controlar esas situaciones, explicó Faroppa.
En un “Estado de derecho y en un régimen democrático” como el de Uruguay, la Inddhh “tiene una función supletoria”. Cuando la “institución responsable no cumple”, se puede “recomendar, sugerir y proponer soluciones” y “eventualmente, si no hay respuesta”, se tiene “la potestad de hacer público el caso y señalar a los responsables”, agregó.
Nada personal
Actualmente la Inddhh funciona en forma provisoria en el despacho 225 del edificio anexo del Palacio Legislativo, pero la sede definitiva será en el local donde funcionaba el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), en Bulevar Artigas y Palmar. Según Faroppa, se está “estudiando las obras” que se deberán realizar en el lugar, que tendrá espacio para actividades de organizaciones no gubernamentales, además de biblioteca pública.
Por su parte, la presidenta de la Inddhh, Mariana González Guyer, explicó que se está trabajando en la incorporación de personal: diez pases en comisión de funcionarios públicos, además de 20 administrativos y tres técnicos (para esos cargos se hará un llamado dentro del Estado).
Además de las funciones que está asumiendo, la Inddhh tiene potestades para actuar de oficio en temas como el acceso a la información o los contenidos de la programación de los medios de comunicación. Son cosas que todavía “no hemos podido hacer” porque hace dos meses que estamos funcionando y con muchos problemas, señaló González.
A las denuncias presentadas y las citaciones al Parlamento se debe agregar que “se está trabajando en forma regular” con la cancillería en la preparación de los informes que Uruguay “tiene que elaborar en función de los compromisos internacionales asumidos”, explicó González.
Pongan atención
Este lunes la Inddhh fue citada por primera vez a una comisión parlamentaria. Fue la comisión de Constitución y Legislación del Senado que analiza el proyecto de ley que modifica disposiciones para agravar las penas por el delito de tráfico de pasta base, corrupción policial y los que se cometen prestando funciones en establecimientos de reclusión.
González explicó que se entregó a los legisladores, por escrito, “una posición en común”, pero no se manifestaron “ni a favor ni en contra” del proyecto, limitándose a hacer “observaciones y recomendaciones”. “Hay que tener en cuenta aspectos preventivos e institucionales y qué tipo de programas existen para prevenir este tipo de hechos”.
Si se aumentan las penas hay que ver “qué capacidades hay en las cárceles” y contemplar “lo que se llama dosimetría”, que significa que si se aumenta la pena en tres años y el delito no es excarcelable, hay que “tener cuidado” porque hay otros “muy graves” que pueden resultar excarcelables.
La Inddhh también observó que la denominación “pasta base” es muy genérica ya que la dosificación de cocaína “es muy variable” en cada caso y que se debe poner atención en “diferenciar tráfico y suministro”, ya que en esta modificación “no se distingue entre el suministro de dos lágrimas y el que puede hacer un narcotraficante”, resumió González.
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