Un grupo de militares que podrían ser indagados por el homicidio del médico Vladimir Roslik en 1984, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra la ley que declaró la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura. La jueza de Fray Bentos, Livia Pignataro, rechazó un pedido de prescripción presentado por la defensa de los militares. Para fundamentar su posición, la jueza Pignataro alegó la vigencia de la ley aprobada en octubre de 2011 que restableció la "pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985".
Para los militares, la norma es inconstitucional y por eso presentaron la acción ante la jueza, que ahora deberá elevar el expediente a la SCJ que tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de la ley que se aprobó solo con los votos del oficialismo.
Según pudo saber El País, en el recurso -que está basado en un informe del abogado constitucionalista y exvicepresidente Gonzalo Aguirre- se plantea que la ley es inconstitucional porque viola el principio de irretroactividad de las normas legales.
Roslik falleció el 16 de abril de 1984 en el Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos tras una dura sesión de tortura, siendo el último muerto de la represión del gobierno de facto (1973-1985).
El caso fue reabierto por la Justicia a mediados de 2011.
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