En las próximas semanas el Parlamento habrá de elegir a quiénes integrarán el directorio de la Institución Nacional de DDHH creada en el año 2008 por la Ley 18 446. La misma tendrá, entre sus amplios cometidos, la labor de promover y defender los derechos humanos en el país.
La designación de los integrantes del directorio requiere mayorías especiales por parte de la Asamblea General. Por lo mismo, necesariamente habrá de llevarse a cabo una importante negociación entre los partidos políticos con representación parlamentaria para lograr los votos necesarios.
La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento explícito de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana como reza la Declaración Universal de DDHH aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948.
En un país en el cual la Cámara de Senadores no tiene, aún, una comisión de DDHH, donde la Dirección de DDHH del Ministerio de Educación y Cultura es una unidad administrativa sin mayor peso específico para enfocar su accionar, donde miembros de los tribunales de Apelaciones del Poder Judicial desconocen totalmente fallos vinculantes de la Corte Interamericana de DDHH y el delito de tortura no ha sido incorporado al Código Penal, el establecimiento de un ámbito de esta naturaleza, con cometidos específicos es un debe importante de la democracia uruguaya para afirmar los valores y las prácticas de DDHH. Como lo indica la experiencia práctica, Uruguay es un país que aún no ha logrado superar cabalmente las heridas, dolores y secuelas del pasado terrorista por parte del Estado.
Conformar una dirección para la Institución Nacional de DDHH que sea una herramienta eficaz y eficiente para promover activamente las temáticas de derechos humanos de una manera integral, abordando todos los aspectos y esferas involucradas, incluso las referidas a un pasado reciente aún pendiente, es un enorme desafío para el sistema político, para todas las organizaciones promotoras y defensoras de los DDHH, el movimiento sindical, la sociedad civil y todo el país.
La Institución Nacional de DDHH debe ser una instancia activamente promotora de los DDHH y no un simple ámbito académico sin incidencia en la realidad del país o un mero espacio burocrático sin pena ni gloria de los tantos que sobreviven en el presupuesto nacional.
La designación de sus integrantes por parte del Parlamento será una clara señal política de compromiso real con los DDHH: la autoridad moral, su reconocimiento público, su identificación con la filosofía y los valores, su conocimiento de la temática, su capacidad de gestión y de actuación, su trayectoria de vida y su compromiso, su valoración positiva de las organizaciones sociales y de sus aportes, su involucramiento personal en la promoción y defensa de los mismos, especialmente en condiciones sociales adversas serán factores a tener en cuenta para lograr un resultado positivo.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos ha anunciado públicamente su postulación de la Dra. Mirtha Guianze para integrar la misma. Crysol la respalda por su compromiso inclaudicable con la causa de la justicia y la lucha contra la Ley de Caducidad. Varias organizaciones sociales han expresado también su apoyo.
La Dra. Mirtha Guianze reúne las condiciones profesionales y éticas necesarias para integrar la Institución Nacional de DDHH y cuenta con el amplísimo respaldo de la opinión pública. Solamente tendrá el rechazo, obviamente, de los actores sociales y políticos vinculados, por acción u omisión, con el legado negativo del pasado reciente. Su designación por parte del Parlamento será un claro termómetro del verdadero compromiso con los DDHH y de la voluntad de marchar como sociedad hacia un país de primera.
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Nº 008 - martes 28 de febrero de 2012
