El 24 de febrero de 2011, la Corte Interamericana de DDHH de la OEA, máximo órgano jurisdiccional en la materia por decisión adoptada soberanamente por el Parlamento uruguayo en 1985, condenó al Estado de nuestro país por violentar el derecho a la Verdad y a la Justicia de Juan y Macarena Gelman, suegro e hija de María Claudia García, secuestrada en la Argentina en agosto de 1976, trasladada clandestinamente a Uruguay por los servicios represivos y desaparecida hasta el día de hoy.La sentencia de la Corte IDH impuso al Estado uruguayo una serie de obligaciones inexorables. Entre ellas, la de realizar una ceremonia pública y oficial en la cual se asuma la responsabilidad estatal por lo ocurrido y se ofrezca una disculpa a los demandantes. El contenido de la misma debe ser acordado, además, con ellos. Voceros gubernamentales han anunciado recientemente que la ceremonia se llevará a cabo en el mes de marzo.
Cuando en julio de 2007 Crysol presentó su proyecto de Ley de Reparación Integral a las víctimas del terrorismo de Estado, implementando la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, incluía un punto específico al respecto además de otras acciones destinadas a homenajear, resarcir y dignificar a quienes sufrieron graves violaciones a los DDHH durante dicho período.
Las FFAA no quieren.
Esgrimiendo múltiples y esquivos argumentos, la iniciativa fue rechazada enfáticamente por el gobierno y los parlamentarios del partido de gobierno, con una única intención: eludir esta obligación que generaba y genera profundo rechazo en las fuerzas armadas contaminadas por la Doctrina de la Seguridad Nacional para no tensionar el relacionamiento con ellas.
Tanto el anterior como el actual gobierno han dado pasos positivos en la temática referida al pasado reciente que han sido, en la mayoría de los casos, cuestionados por los sectores sociales, económicos y políticos asociados a la impunidad. Han tenido el respaldo y el apoyo de una amplia mayoría ciudadana que lo ha expresado de múltiples maneras, incluso electoralmente.
Lo cortés no quita lo valiente. Lo positivo del accionar gubernamental dista mucho de lo deseable, de lo posible y de lo necesario para que Uruguay afirme plenamente la institucionalidad democrática, las normas de DDHH y democratice de una vez por todas a las fuerzas armadas liberándolas de quienes tienen, aún, profundos lazos ideológicos, afectivos y emocionales con el terrorismo estatal.
A 27 años del retorno a la vida democrática, ya es hora de que los poderes que conforman el Estado uruguayo, todos sus órganos e instituciones, asuman firme y enérgicamente, discursiva y conductualmente, las obligaciones que imponen las disposiciones constitucionales y las normas de DDHH en materia de Verdad, Justicia, Memoria y Reparación para crear las condiciones que impidan que los hechos del pasado reciente vuelvan a ocurrir. Las máximas jerarquías tienen en dicho proceso la principal responsabilidad de liderar y conducir el mismo y deben actuar consistentemente.
Contribuyendo a la construcción de un Uruguay democrático, Crysol continuará reclamando por todos los medios que el Estado asuma su responsabilidad pública y oficial por las graves violaciones a los DDHH a todas las víctimas y al conjunto de la sociedad, tal como lo establece la Resolución 60/147 de la ONU en una ceremonia formal con la presencia de representantes de los poderes republicanos.
Por mandato de la Corte IDH, Uruguay debe cumplir, a la mayor brevedad, con la sentencia Gelman. Sigue pendiente asumir su responsabilidad con el conjunto de las víctimas, acordando con las organizaciones sociales que las representan, y a toda la sociedad. También debe establecer un día oficial de Homenaje y Recordación a las mismas tal como lo planteó en su momento Crysol entre otras materias que siguen sin resolverse y que nuestra organización ha puesto oportunamente en conocimiento de las autoridades.
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Año 1 - Nº 006 - 31 1 12
