Más que mucho

Con 93 años, Luisa Cuesta sigue en busca de indicios sobre su hijo Nebio Melo, desaparecido desde 1976.

La diaria - 20 12 13 - Por Cecilia Álvarez

Cecilia Blanco, Luisa Cuesta y José Luis González, ayer, cuando fueron al Servicio de Material y Armamento

 del Ejército para la inspección ocular del 300 Carlos. Foto: Pablo Nogueira

Luisa Cuesta tiene 93 años, bromea con que no sabe con cuántos años va “a terminar” y ya está cansada. Ayer, pese al calor, llegó hasta el predio militar del Servicio de Material y Armamento (SMA), que está ubicado al lado del Batallón de Infantería Nº13, a acompañar la inspección ocular ordenada por el juez Juan Carlos Fernández Lecchini, a cargo de la causa por la desaparición de su hijo, Nebio Melo. 

Estaba tranquila, y se quedó sentada en el auto junto a su sobrino, Nilo Patiño, mientras el juez, la fiscal Adriana Costa, el equipo del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF), la Policía Técnica, el personal del Ministerio de Defensa y los abogados denunciantes recorrían las construcciones del SMA.

El objetivo era reconocer en el lugar los datos aportados por los relatos de los testigos, identificar en cuál de las barracas funcionó el 300 Carlos -el centro de torturas al que habría sido trasladado Nebio Melo- y avanzar en la ubicación, con el asesoramiento de los antropólogos, “de eventuales lugares de enterramientos: hay algún testimonio primario que puede indicarlo de manera inicial”, explicó Cecilia Blanco, abogada que junto a José Luis González lleva adelante la causa.

La Justicia ya había ingresado al 300 Carlos en setiembre de 2012, en el marco de una denuncia por torturas de seis ex presos políticos que estuvieron allí recluidos, pero no lo había hecho el equipo de antropología con el objetivo de identificar las zonas de eventuales enterramientos.

Tras la inspección, el expediente pasará a la vista fiscal, y a partir de entonces Fernández Lecchini puede ordenar medidas cautelares, como no innovar en determinados predios. No se descarta que se solicite el inicio de las excavaciones.

El periplo

La denuncia cumplió un año el 10 de diciembre, y según Blanco, en este tiempo se ha “solidificado una hipótesis razonable” respecto de la desaparición de Melo. Los datos indican que fue secuestrado en Buenos Aires el 8 de febrero de 1976, junto a Winston Mazzuchi. Ambos eran militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Melo tenía 32 años, estaba casado y tenía una hija pequeña. 

Tras su secuestro habría sido trasladado al centro clandestino Campo de Mayo, según los datos recogidos para la Investigación Histórica de Detenidos-Desaparecidos de Presidencia. Al día siguiente, unas 15 personas armadas y vestidas de particular que se desplazaban en dos automóviles Ford Falcon allanaron la finca en la que Melo y su esposa habían vivido hasta dos meses antes, pero no encontraron a nadie.

Blanco explicó que comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un traslado desde Buenos Aires a Montevideo y que hay “indicios testimoniales” de personas que estuvieron detenidas en la Casa de Punta Gorda, también conocida como Infierno Chico o 300 Carlos R, “que permiten decir que Melo y Mazzuchi fueron trasladados a Uruguay en febrero de 1976 [y recluidos en la Casa de Punta Gorda]. Parados en Punta Gorda se siguió trabajando con la teoría del 300 Carlos, en el análisis del sistema represivo y en que había cierta conexión entre el Infierno Chico y el Infierno Grande [como se conoce al 300 Carlos]”.

La Casa de Punta Gorda, ubicada en la rambla República de México frente a la playa Los Ingleses, era un lugar de detención, y el 300 Carlos fue creado posteriormente por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA). Según explica Blanco “los mandos coincidían entre Punta Gorda y el 300 Carlos”, y tres de los testigos que declararon en la causa fueron trasladados desde el Infierno Chico al Infierno Grande antes de ser llevados ante la Justicia Militar.

También hay coincidencias de procedimientos con la Operación Morgan, que apuntó contra militantes y bienes del Partido Comunista. Muchos detenidos por la Operación Morgan estuvieron recluidos en la Casa de Punta Gorda. Por ejemplo, Eduardo Bleier fue detenido y recluido allí, luego fue visto en el 300 Carlos y luego en el Batallón Nº13.

También Fernando Miranda estuvo detenido en el 300 Carlos y sus restos fueron hallados, en 2005, en un enterramiento primario en el Batallón Nº13. “La desaparición forzada no era al azar, se trabajaba sistemáticamente”, apuntó Blanco.

Conexiones

“Vos lo que hiciste era ir a trabajar con compañeros, ayudándolos. Y eras muy joven, demasiado joven”, le comentaba Luisa Cuesta a Nilo Patiño ayer, cuando lo consultamos sobre su vínculo con su primo Nebio Melo. Patiño se llevaba seis años de diferencia con Melo y también militaba en el PCR. Se separaron cuando Melo se exilió en Buenos Aires, en 1973, ya que Patiño permaneció clandestino en Montevideo hasta 1981, cuando se fue a Suiza.

Una de las pruebas documentales encontradas a partir de la apetura de la causa fue una carta que Patiño le envió a Mazzuchi días antes de que fueran detenidos. “Yo no me acordaba de la carta. Un día revisando cosas del archivo aparece una carta que no estaba identificada, tenía un alias”. 

Estando en el archivo escuchó que Blanco hablaba de la firma de la carta, a nombre de “León”, y así, casi de casualidad, identificaron que la carta era suya. En la carta Patiño le hablaba a Mazucchi de “temas políticos y alguna cosa que escribíamos entre nosotros, cosas humanas... él me había regalado una botella de ginebra [...]”. La nota apareció en el archivo general de documentos sobre el PCR y en la ficha del propio Patiño. Pero lo llamativo es que la carta estaba en Uruguay, lo que prueba que las fuerzas represivas uruguayas “estuvieron involucradas en el secuestro en Argentina o que eso se procesó acá”, señaló Blanco.

Miguitas

A la espera de las medidas que puedan surgir a partir de la inspección judicial en el 300 Carlos, a Patiño lo que le gustaría es “que se dijera toda la verdad. Si no, no hay forma de zanjar. Luisa hace 40 años que está reclamando por su hijo y sabe que está muerto, esto no es un problema individual. El objetivo de la lucha de Luisa y de Familiares es establecer la verdad. Que sirva de aprendizaje y se establezcan los valores donde deben estar”, comentó a la diaria. “Que cada uno asuma su parte si es necesario, pero hay cosas y cosas; una cosa es el error individual y otra cosa es un error del Estado. El problema es no volver a repetir”, dice.

Siempre surgen dificultades para obtener información. “La dificultad de la prueba es por muchas razones. No accedés, está la teoría de que los registros militares se han destruido, y el propio paso del tiempo hace que la gente vaya perdiendo muchos recuerdos de momentos dolorosos. Es muy difícil la búsqueda de la prueba, vas consiguiendo unir razonablemente miguitas”, añade Blanco. “Hay cantidad de gente oculta dentro de las fuerzas militares y nadie dice nada”, lamenta Patiño.

Las causas judiciales, además de buscar una “verdad judicial lo más cercana a la realidad”, cumplen su papel en “deconstruir una cultura de impunidad”, consideró la abogada. “Creo que no tenemos idea hasta dónde tiene las raíces en la sociedad uruguaya, cuando en estas causas tenés que estar todos los días peleando, las víctimas tienen que estar remangándose; uno no ve hasta dónde llega la impunidad”, agregó.

“Las viejitas no sólo buscan los huesitos, han dicho verdades y luchan por eso, y es más importante eso que la búsqueda de los huesitos. Desentrañar todo eso nos va a llevar mucho tiempo, posiblemente la vieja no lo vea, y yo tampoco”, dijo Patiño, y explicó: “Levantar las causas significa eso, explicar a las generaciones nuevas que construir un Uruguay solidario, mejor, era nuestro objetivo, y en la medida que podamos seguir peleando por eso, seguiremos”.

Para Blanco, la actitud de Luisa Cuesta y de su sobrino fue siempre la de “tratar de construir la causa con una cabeza de memoria, más allá de lo individual. Si se llega al 300 Carlos y se puede, a partir de esto, reconstruir su historia, vale la pena”.

Boquita sin llave

Hoy, a las 9.30, familiares de detenidos desaparecidos ingresarán al Batallón Nº13, ubicado en la avenida de las Instrucciones y Casavalle, para ver el trabajo que lleva adelante en ese predio militar el equipo de antropólogos liderado por José López Mazz, en el marco de la investigación de la desaparición de María Claudia García de Gelman. Ignacio Errandonea, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, expresó a la diaria que intentarán ponerse al tanto “de las posibles novedades del trabajo de los antropólogos, para ver si podemos acceder a nuevos datos en nuestra búsqueda, en ese lugar en el que funcionó el centro de tortura 300 Carlos”. 

Errandonea informó que la asociación realizará hoy un pedido de información sobre el destino de sus familiares. “Hacemos este pedido no sólo a la población, sino también a soldados rasos e incluso mandos militares que estuvieron en determinados lugares, en determinados momentos y que pudieron haber visto algo. Si no han dicho nada hasta ahora o guardaron información, queremos pedirles que lo digan, que nos puede ser de mucha ayuda”, expresó Errandonea.

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Cárcel y dolor: parecido no es lo mismo

En su columna de opinión “Cárcel y dolor por error judicial” del pasado jueves 12, en el semanario Búsqueda, el periodista Raúl Ronzoni da muestras de  escasa sensatez, suma manzanas con duraznos, y de  falta de información básica para una persona de su edad, que, además, trabaja en un medio de prensa de los considerados “serios”. Habiendo abordado en su nota la situación de dos ciudadanos que estuvieron injustamente privados de su libertad debido a errores judiciales, lamenta lo exiguo de las reparaciones económicas que han de recibir por los daños sufridos, opinión compartible, y lo compara con el resarcimiento recibido por los expresos políticos de la dictadura. Comparando los montos le parece que hay presos de primera y de segunda.

Que 20 años no es nada

Lo primero a tener en cuenta es que la Ley 18 033 de reparación para los expresos políticos, que el columnista menciona explícitamente, fue promulgada el 13 de Octubre de 2006, durante el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez. Fue sancionada a más de 20 años de que  Uruguay hubiese retornado a la vida democrática, cuando el promedio de edad del colectivo que fue amparado por ella superaba ya los 63 años de edad. Al ser sumamente tardía,  la ley debió abordar el daño original, las secuelas y los daños emergentes, que se originaron por la omisión estatal de cumplir con su obligación de reparar en el debido momento. Por ese motivo, la ley debió ser sumamente particular y al resarcir tuvo que hacerlo de una manera acorde con la realidad. Quienes habían recuperado la libertad en la madurez se habían transformado,  ya, en sexalescentes.

Ni errores ni excesos individuales

La prisión de los expresos políticos de la dictadura no se debió a errores judiciales ni fue producto de un exceso individual de algunos militares y/o de funcionarios policiales. La detención multitudinaria de ciudadanos, la privación de la libertad en forma ilegal e ilegítima, la aplicación masiva, sistemática, generalizada, de torturas horrorosas durante los interrogatorios a todos los prisioneros y la reclusión prolongada en verdaderos campos de concentración fue la metodología represiva por excelencia. Fue deliberadamente escogida por quienes usurparon el poder  para destruir a los opositores, para gobernar y mantenerse en el mismo. Como lo señalara en su momento Wilson Ferreira Aldunate, Uruguay fue una enorme prisión, el país con la mayor cantidad de presos políticos en proporción a su población.

A diferencia de los presos sociales injustamente procesados por errores de la justicia, todos los presos políticos de la dictadura fueron procesados por tribunales militares al amparo de la Ley de Estado de Guerra interno aprobada el 15 de abril de 1972 por el Parlamento a instancias del Poder Ejecutivo encabezado por Juan María Bordaberry.

Todos, absolutamente todos, los procesados por la “Justicia Militar”, sometida jerárquicamente a los mandos golpistas de las fuerzas armadas, fueron procesados sin pruebas, en base a testimonios propios o de terceros arrancados bajo torturas y tormentos, luego de semanas y meses de incomunicación, sin que fuera conocido su paradero por sus familiares, sin garantías de ningún tipo, sin asistencia legal, prestando declaraciones, incluso encapuchados y esposados, al borde del “tacho”, ante los jueces sumariantes que integraban el equipo de interrogadores en todas las unidades militares del país y cuerpos represivos de la policía. Estadísticamente, la cifra no impacta, pero más de 30 uruguayos fallecieron durante sesiones de tortura o a consecuencia directa de ella en dicho período.

En el paroxismo del terrorismo de Estado, la justicia militar llegó incluso a procesar formalmente a menores de edad. Según estudios llevados a cabo por Serpaj, en promedio, los presos políticos uruguayos demoraron 100 días en comparecer ante un juez militar y el promedio de años de reclusión según la misma fuente, y contradiciendo al Gral. Daniel Castellá, dijo en el libro de Amado tres años y salían, fue de 6,6 años de prisión, aunque un 25% de ellos estuvo más de 10 años.

Las generalizaciones son  peligrosas.

Raúl Ronzoni está mal informado. No todos los expresos políticos de la dictadura perciben el beneficio que él señala. Hay expresos políticos que llegaron a estar más de nueve meses en el “300 Carlos”, incomunicados, desaparecidos, sufriendo atroces torturas y no perciben la Pensión Especial Reparatoria (PER). 

Hay expresos políticos que luego de semanas de torturas en unidades militares, fueron formalmente procesados por la Justicia Militar y tampoco la perciben pues recuperaron su libertad antes del 9 de febrero de 1973. Hay expresos políticos que permanecieron más de 12 años en prisión y tampoco acceden a ella. Además, para percibirla, todos los expresos políticos, deben renunciar a sus legítimas jubilaciones y pensiones, incluso las que generan los cónyuges cuando fallecen. Los cónyuges de los expresos políticos que fallecen, deben renunciar a sus propias jubilaciones para percibir la “pensión de sobrevivencia” que ellos generan. Si Ronzoni leyera habitualmente el semanario en que escribe estaría mejor informado y esta acotación no sería necesaria.

Sobrevivientes del terrorismo de Estado.

Aprobada tardíamente, la ley 18 033 fue un gran avance en el camino de profundizar la transición democrática iniciada en marzo de 1985. El Estado uruguayo, a través de ella, reconoció formalmente la ilegalidad de lo actuado en el período pre dictatorial y dictatorial por las fuerzas armadas y los servicios represivos. 

En base a ella adoptó medidas de resarcimiento para los expresos políticos, los exiliados, los clandestinos y los despedidos durante la huelga general de 1973 que los trabajadores y los sectores populares llevaron adelante enfrentando la disolución del Parlamento. Al hacerlo, dio un paso adelante en el cumplimiento de lo estipulado por las normas de DDHH y las disposiciones constitucionales. La ley 18 033 no consagró ciudadanos de primera categoría: reparó, en parte, el daño ocasionado por la dictadura militar y las omisiones de los gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1985 al 2005.

El 6 de diciembre de 2012, la Institución Nacional de DDHH y defensoría del pueblo (INDDHH), órgano que tiene el cometido de velar por el respeto de las normas, señaló que la Ley 18 033 tiene múltiples carencias e insuficiencias que aún están pendientes de resolución por parte del gobierno. Es un debe del actual mandatario y del partido gobernante hasta el momento para un colectivo que al día de hoy tiene 69 años de edad.

En igual sentido se pronunció el Relator Especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greif, en su visita reciente a nuestro país. No hay ninguna restricción legal, además, que impida al Estado aprobar ya mismo una nueva ley que consagre el beneficio para todos los expresos políticos sin restricciones ni discriminaciones y restablezca los legítimos derechos jubilatorios y pensionarios   como acaba de hacerlo el Parlamento argentino para dicho país.

La obligación de reparar adecuadamente: en forma integral.

Coincidimos totalmente con Ronzoni en que el Estado tiene que reparar adecuadamente a todas las personas a las cuales se les han violentado sus derechos y que los montos indemnizatorios, morales y materiales, deben ser adecuados a la gravedad y a la magnitud del daño ocasionado. Es más, deben ser reparadas tal como lo establece la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de manera integral en base a los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Lo hemos planteado como colectivo organizado que sabe muy bien de que se habla cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos.

En esta perspectiva, la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) ha sido uno de los avances más importantes en la materia desde que asumió el actual partido gobernante. Para su concreción hemos trabajado intensamente. La INDDHH es una herramienta institucional especializada para garantizar los derechos básicos de la gente, de los ciudadanos de a pie, pues los poderosos, los que tienen medios económicos, políticos y legales, no necesitan recurrir a un órgano como la INDDHH para defenderlos. Ahora se trata de apoyarla, consolidarla y fortalecerla con el conjunto social ya que sus resoluciones no tienen carácter vinculante u obligatorio y se necesita  una  importante fuerza moral a nivel de la sociedad que obligue a los funcionarios del Estado a acatarla.

La reforma del Código del Proceso Penal.

Los expresos políticos estamos comprometidos con la democracia reconquistada, la libertad, los derechos humanos y la profundización de la institucionalidad. En su momento expresamos nuestra preocupación por el estado de las cárceles, en dos oportunidades, ante Manfred Nowak, Relator Especial de las  Naciones Unidas. También hemos expresado nuestro reclamo, coincidimos con Ronzoni, en que es necesario aprobar a la mayor brevedad un nuevo Código del Proceso Penal para modernizar la justicia y dar mayores garantías a todos los ciudadanos. Promovemos al respecto, como aporte a dicho proceso, la creación de la figura del querellante para dar mayor participación a las víctimas, evitando la intermediación del Estado, tal como lo ha planteado el exjuez Dr. Federico Alvarez Petraglia.

La justicia: ¡Qué tristeza!

No todos los integrantes del poder judicial son apóstoles de la balanza ni todos son un desastre. Pero estamos seguros de que Uruguay debe ser el único país del mundo en el cual los malos jueces, los ineptos, los incompetentes, los incapaces, no son expulsados del sistema judicial. Simplemente se los traslada con igual jerarquía y estatus a otro lugar para que sigan haciendo daño.

Un fiscal cuyo padre fue acusado judicialmente por haber participado en torturas durante la dictadura militar no siente la “delicadeza moral” de abstenerse en una causa en la cual el presunto infractor es precisamente el denunciante de su progenitor. Hasta la asociación de fiscales lo ha respaldado.

Desde el retorno de la democracia, la justicia uruguaya no inició ni una sola investigación por las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Recién en el año 2009, en una sentencia histórica, declaró inconstitucional la Ley de Caducidad, señalando que dicho carácter se debía tanto a razones formales, faltaron votos en el Parlamento para que fuera legalmente aprobada, como por razones de contenido.

Para afirmar la democracia y las disposiciones constitucionales se precisa el mismo rigor que Ronzoni reclama habitualmente para el cumplimiento de las leyes. La investigación y el esclarecimiento de los crímenes de Lesa Humanidad de la dictadura militar, la sanción de sus responsables es un requisito ineludible e indispensable para ello. Para que no vuelvan a ocurrir.

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"Más que cómplice, la Iglesia es coautora"

HABLA EL HIJO DEL EX SACERDOTE MAC GUIRE, TORTURADO EN EL SEMINARIO SALESIANO DE FUNES

“Más que cómplice, la Iglesia es coautora”

Santiago Mac Guire es el ex cura tercermundista detenido en un centro clandestino que funcionó en un predio de la Iglesia, tal como viene denunciando Horacio Verbitsky en Página/12. Lucas tenía 5 años cuando su padre fue secuestrado. Aquí cuenta la historia.

Página 12 - 16 12 13 - Por Natalia Biazzini *

En abril de 1978, Santiago Mac Guire apenas podía caminar. Recién salido de un centro clandestino de detención, dos soldados arrastraron al ex sacerdote tercermundista hasta el Batallón 121 de Rosario. 

Santiago Mac Guire: una odisea familiar

Cuando les preguntó a esos hombres que lo trasladaban adónde había estado en esos días en que lo torturaron brutalmente, uno de los cabos le respondió: “En un lugar que se llama Ceferino Namuncurá”. 

Pasaron 35 años y recién ahora se está comenzando a investigar lo que ocurrió en ese predio, que perteneció a la Congregación Salesiana de Rosario y funcionó como un centro clandestino de detención y tortura en el pueblo de Funes. En octubre, la familia de Mac Guire –que dejó los hábitos para casarse y tuvo cuatro hijos– se presentó ante la Justicia como querellante en la causa que investiga el circuito represivo que funcionó bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 121 del Ejército.

Después de pasar diez días en ese centro clandestino, los militares le informaron a Santiago que había sido juzgado por un consejo de guerra y que debía cumplir una pena de 15 años. Vivió los siguientes seis en cuatro cárceles y salió en libertad en 1983. Falleció en 2001, sin poder declarar ante la Justicia, pero lo hizo ante la Conadep en 1984. Nunca se cansó de perseguir a los que creyó responsables. Siguiendo esa búsqueda de justicia, a principios de octubre, la familia Mac Guire presentó una querella en la causa Guerrieri, donde se está juzgando a doce represores responsables del circuito represivo organizado en el sur de Santa Fe durante la última dictadura. 

“Santiago pudo confirmar su lugar de cautiverio por boca de dos oficiales, durante su estancia en el Batallón de Comunicaciones, de nombres Gauna y Berra”, relata el escrito firmado por las abogadas Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini. La orden salesiana y el Arzobispado de Rosario niegan que ahí haya funcionado un centro clandestino.

Corría el convulsionado año 1968, la guerra de Vietnam, los movimientos sociales y rebeliones estudiantiles marcaban la época. En la Argentina, el militar Juan Carlos Onganía había llegado al poder dos años antes, tras derribar el gobierno de Arturo Illia. El sacerdote Mac Guire trabajaba en la villa rosarina Bajo Saladillo. Mac Guire formaba parte de los Sacerdotes del Tercer Mundo, como Carlos Mugica en Buenos Aires y Enrique Angelelli en La Rioja. Haciendo trabajo social, conoció a María Magdalena Carey, veinte años menor y de raíces irlandesas, como él. Se enamoraron, él dejó los hábitos y se casaron por civil. Tuvieron cuatro hijos. “Santiago era un militante peronista y siempre tuvo una vocación de servicio”, dice su hijo Lucas en una entrevista que le concedió a Infojus Noticias. Durante la charla, Lucas rara vez lo llamará “papá”, siempre dirá “Santiago”.

El secuestro y la “negociación”

La tarde del 18 de abril de 1978, Santiago había ido a buscar a Lucas al jardín de infantes. Con sus cinco años, Lucas vio cómo una patota militar se llevó a su padre. El niño se quedó solo en la calle, llorando, en el centro de Rosario. Lucas nunca pudo olvidar un cruce intenso de miradas con uno de los secuestradores. “Creo que no sabían qué hacer conmigo y por suerte me dejaron ahí”, dice hoy. Ese día comenzó el calvario de la familia Mac Guire: saber dónde estaba Santiago. Al hábeas corpus le siguió la respuesta más frecuente de aquel momento: no está bajo las fuerzas de seguridad.

“Mi mamá no tenía contactos militares ni policiales, así que fue al arzobispado con nosotros cuatro. Llorando, rogó por la vida del padre de sus hijos”, cuenta Lucas en su casa del barrio porteño de Congreso, con el fondo de las campanadas de un reloj antiguo que perteneció a su padre. Después de la visita al arzobispado, el general Adolfo Luciano Jáuregui, entonces jefe del cuerpo de Ejército con sede en Rosario, se apersonó a la casa a los Mac Guire.

“A mí y a mis hermanos nos encerraron en un cuarto. Jáuregui se sentó con otros militares y mi mamá en la mesa familiar”, recuerda, y señala una vieja mesa de roble. “Allí la empezaron a interrogar. Le decían que ellos no lo tenían a Santiago y que seguramente había sido secuestrado por alguno de los guerrilleros que solía cobijar en la casa. En ese entonces, mi casa era un desfiladero de tíos nuevos”, recuerda Lucas entre risas.

–¿Saben de otras personas que estuvieron en el centro clandestino con su papá?

–Santiago estuvo con Roberto Pistacchia y Eduardo Garat, que no soportó la tortura y murió; lo asesinaron. Cuando desde el arzobispado pidieron por Santiago, se confundieron y llevaron a Pistacchia. El arzobispo Guillermo Bolatti le pegó el grito en el cielo a Jáuregui por la confusión. Fue un trato de cúpula eclesiástica a cúpula militar. Por eso nosotros consideramos que la Iglesia más que cómplice fue coautora.

–¿Por qué piensa que a Santiago lo blanquearon y lo trasladaron a una cárcel común?

–Creo firmemente en un momento de coyuntura. Ya habían desmantelado los centros clandestinos más importantes, al menos de Rosario. Estaban llegando los organismos internacionales de derechos humanos y la prensa internacional informaba de las atrocidades que pasaban en el país. La peor barbarie ya había ocurrido. Cuando cae mi papá, ya habían levantado el centro clandestino Quinta de Funes.

A fines de noviembre, Santiago recuperó la libertad. Había pasado por las cárceles de Coronda, La Plata, Caseros y Rawson. “Cuando lo volví a ver en libertad, yo había cumplido once años”, dice Lucas. En democracia, Santiago denunció en la Conadep que cuando salió del centro clandestino fue trasladado al Batallón 121 de Rosario. Había recibido la visita de Bolatti y la del capellán Eugenio Zitelli, quien lo reemplazó en la parroquia popular del Bajo Saladillo.

En los años ’90, Santiago se ocupó de perseguir y escrachar a Zitelli a cada lugar donde era trasladado en su rol de sacerdote. Zitelli está imputado en la causa Guerrieri y cumple prisión domiciliaria. Santiago y su mujer, María Magdalena, se separaron, pero hace diez días ella declaró desde la cama de una clínica rosarina ante el fiscal Gonzalo Stara y el juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.

–Nuestra querella está en instrucción y se está incorporando a la causa. La Iglesia niega este centro clandestino. Nosotros tenemos los papeles de la venta del terreno un año después (1979) a la Aeronáutica. Lo vendieron porque deben haber pasado muchas más personas por ahí. También para borrar huellas. Ahora el lugar está todo reformado.

–¿Qué esperan?

–Ojalá que la gente de la Iglesia recapacite, no quiero ofender a nadie. Ya sabemos que los salesianos no son curas de base. Tienen colegios privados, locales en shoppings. Mueven millones de pesos. Espero que alguno pueda decir que ese lugar se le prestó al Ejército un año antes de ser vendido. Serviría mucho.

* De la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas (Infojus).

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Cada uno por su nombre

UN LISTADO UNIFICADO DE LAS VICTIMAS JUDICIALIZADAS DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO

La nómina la confeccionó el juzgado a cargo de Daniel Rafecas. Es la primera en su tipo hecha en la Justicia. Puede ser una herramienta clave para reorganizar la información que surgió tras la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Página 12 - 15 12 13 - Por Alejandra Dandan

El juzgado de Daniel Rafecas terminó de pulir un listado unificado de víctimas judicializadas del Primer Cuerpo del Ejército que puede ser clave para pensar alguno de los modos de reorganizar la enorme masa de información que está generando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad luego de casi diez años. 

La lista reúne 1720 nombres de varones y mujeres, fechas de secuestro, liberación o desaparición y tramo judicial en el que están incluidos. No más. Pero es el primer listado del tipo, es el primero que hace la Justicia y es una metodología muy esperada por quienes trabajan sobre los crímenes de la dictadura. 

Entre los muchos ingresos posibles, la lista permite comparar datos que parecen simples, como viejos y nuevos nombres de víctimas o la evolución del proceso de justicia. Lo más interesante de todos modos es que la lista también es un dato en sí mismo y el énfasis puesto en la recuperación de los nombres también habla de los potentes efectos de estos juicios.

Lorena Balardini es coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, socióloga y experta en datos. “Mas allá de esta lista en particular, el hecho de que exista una información sistematizada sobre los universos de víctimas que están siendo objeto de causas judiciales es algo fundamental a nivel de construcción de verdad sobre los hechos”, señala. 

Los listados de víctimas de la dictadura que fueron elaborados históricamente a partir del trabajo de la Conadep, sus actualizaciones posteriores y aquellos registros sobre los que trabajan áreas de la Secretaría de Derechos Humanos no están actualizados ni cruzados con la información que todos los días generan los juicios que se llevan adelante. En ese contexto, señala Balardini, iniciativas como las de Rafecas parecen centrales y sobre todo muy necesarias de reproducir. 

“Los juzgados saben quiénes son sus víctimas y les sería muy sencillo facilitar esa información para poder reunirla”, señala la experta. “La Corte Suprema, por ejemplo, podría instar a los juzgados a reunir esa información que podría compilar el Poder Judicial o el área de crímenes de lesa humanidad de la Procuración. Sería cuestión de que los actores principales discutan para ponerse de acuerdo cómo llevar eso adelante”. Esto lo tienen otros países como Chile o Perú, pero la Argentina, que aparece como uno de los lugares con los procesos más avanzados, aún no lo hace.

El camino

Una de las cosas más interesantes que muestra la lista del juzgado es que de alguna manera es uno de los efectos o productos de los diez años de reapertura de las causas. El CELS, por ejemplo, señala que en este momento hay entre 350 y 400 causas más o menos grandes abiertas en todo el país. El número no incluye pequeñas causas, como las que se abrieron al comienzo organizadas en torno de una víctima o un represor, de las que pueden llegar a haber miles y miles. 

En general, son causas más grandes e incluyen las llamadas megacausas, que se multiplicaron en los últimos años: están los casos de ESMA III, Arsenales, La Perla, Circuito Camps, entre otros. El número, además, contempla las denuncias que ya llegaron a convertirse en casos con procesados. Y en el total muchas se hallan en etapa de juicio oral. Uno de los primeros datos que se advierten de los juicios es que están produciendo mucha y variada cantidad de información distinta a la de otras etapas, mucha sobre las víctimas, información que no se conocía y que no estaba sistematizada.

Balardini señala, por ejemplo, que hay víctimas que declaran por primera vez o dan cuenta de otros compañeros vistos en centros clandestinos de los que no habían hablado. En el juzgado de Rafecas señalan que hay causas en las que “aparecen víctimas todo el tiempo”. A esa lista informal se puede agregar que también varió el tipo de organización de los juicios para producir esa información, como el debate sobre la ESMA, por ejemplo, cuyas líneas de investigación intentan reconstruir cómo eran los grupos de militantes para saber quiénes más pudieron haber sido secuestrados o desaparecidos en los mismos períodos.

En ese contexto, la información que aparece es rica. “Hay mucho conocimiento de que se está construyendo sobre las militancias políticas, pero también hay otras cuestiones como el tema de las profesiones, ocupaciones, la cuestión campesina u obrera, por mencionar algunas”, agrega Balardini. “La cuestión campesina, por ejemplo, solió ser investigada desde las Ligas Agrarias con la impronta política de esa organización, pero qué le pasó al campesinado medio con la represión ahora podemos saberlo por lo que está saliendo en el juicio de Tucumán, el Operativo Independencia llega a ese universo de víctimas”. 

Las razones de qué es lo que hace que ahora aparezcan estas cosas en los relatos o estas búsquedas seguramente son muchas, pero Balardini menciona que esto también puede leérselo como resultado de la consolidación y expansión del proceso de justicia, no sólo en el tiempo, sino también a lo largo del territorio.

La extensión

“La Conadep funcionó por un período acotado, tanto en términos temporales como territoriales –dice Balardini–, porque si bien sus integrantes viajaron a las provincias, el funcionamiento de la comisión fue breve para el proceso de justicia. Los abogados y funcionarios del interior, sobre todo, dicen que aunque se hicieron viajes la idea de que hubiese habido una comisión bicameral o comisiones legislativas habría sido importante por la extensión en el tiempo. 

En muchos lugares este tema empieza a convertirse en tema de agenda una vez que empiezan los juicios. Estela de Carlotto, de hecho, dijo justamente días pasados en Página/12 que las organizaciones bregaban en ese momento por la bicameral para que durara más tiempo el proceso y por ende para llegar a más gente.” En ese contexto se expandieron los escenarios de los juicios en los últimos años. Hay otra información y otras prioridades. Y también cambió la necesidad de organizar esa información. Y la mirada sobre lo que se estaba produciendo. 

En la etapa Conadep y post Conadep, sigue Balardini, se trabajaron las identidades de las víctimas, pero luego los contextos de impunidad y los nuevos juicios hicieron que se priorizaran la búsqueda y visibilización de los represores. 

El CELS, por ejemplo, que se dedicó a hacer un seguimiento de la evolución de la información sobre los juicios desde la reapertura, miraba en el comienzo elementos que también sirven para ver cuáles eran las prioridades. 

“En general, el relevamiento seguía la impronta de los ’80 –dice Balardini–: producir información sobre los responsables. Y en ese momento era quiénes eran, en qué causas, qué rangos tenían. Se miraba si eran rangos medios, altos o bajos. Se intentaba entender el mapa de los procesos”. Hoy, señala, con la multiplicación de causas, ocurrieron dos cosas. Hay un Estado que “afortunadamente” comenzó a producir datos de seguimiento de las causas, a través de la Procuración entre otras áreas. 

Y por otro lado, desde el CELS notan que ellos mismos también analizan otras cosas como el universo de las víctimas, ya sea como producto de la extensión en el tiempo de los juicios o porque hay algo de las prioridades que cambiaron con la consolidación de esta etapa. “Podemos pensar que como la información fluye en cierta manera respecto de los responsables, las cadenas de mandos, los roles, las fuerzas; lo que faltaba ahora era empezar otra vez por el comienzo, volver a las víctimas y ver por todas esas líneas que se habían iniciado.”

La intuición

Seguramente el reingreso no será el mismo de la Conadep. Allí está el tema de las militancias políticas y cómo son replanteadas y reconstruidas en los juicios orales para probarlo. El caso del listado de Rafecas mientras tanto muestra otras funciones de las muchas posibles, y da cuenta de esa experiencia de trabajo. 

Rafecas empezó a elaborar el listado hace meses con gente del juzgado. Les llevó mucho tiempo depurar datos repetidos y establecer el modelo. El juzgado publicó una primera versión en la web de la Corte y la nueva versión con 20 nuevos casos está concluida “en un 90 y 95 por ciento”. “Hace meses estamos trabajando en esto, lo impulsé directamente yo con la intuición de que era absolutamente necesario un listado de víctimas dado que puede abrir líneas de trabajo de justicia, pero también en términos de verdad y de memoria”, señala el juez. 

“Además lo pensamos como una plataforma y una herramienta de trabajo para investigadores locales e internacionales que quieran proyectar la información de manera sistemática para trabajar distintos aspectos como género, tiempos de detención, estratos sociales, intencionalidad del terrorismo de Estado a lo largo de los años, porcentaje de detenidos-desaparecidos o asesinados o hasta indagar sobre el carácter antisemita de la represión en un contexto como el Primer Cuerpo en el que fue importante”. Los datos son públicos. 

“A pesar de los errores está allí, hay nombres a lo mejor que están tomados como apellidos y se repiten, pero el listado como punto de partida está listo, es oficial, y en un 90 o 95 por ciento está concluido”. La lista incluye cuatro columnas: nombre, fecha de secuestro, fecha de liberación o desaparición y el nombre del tramo judicial en el que la persona aparece como víctima. Allí se aclara si está mencionado en un tramo o en varios. Los tramos son los nombres con los que suelen conocerse las causas: jefes de Area, Videla, o la de los centros clandestinos como Cuatrerismo o Atlético-Banco-Olimpo, entre otros. “No se multiplica a la víctima, sus nombres en ese sentido fueron y vinieron varias veces hasta que encontramos el mejor modelo que apareció. Yo quería que estuviera organizado por nombre de víctimas y abecedario, para que no sólo sea útil en el juzgado, sino para otras personas, agencias del Estado, organismos de derechos humanos, periodistas, académicos”.

Uno de los trabajos que Rafecas personalmente ya empezó a hacer con el listado es el cotejo de los nombres con la lista de víctimas inscriptas en el Parque de la Memoria. “Esto para mí es fundamental”, dice. 

“Cotejar nuestro listado de desaparecidos/asesinados con el listado del Parque, con que de ese cotejo surja un nombre que no está allá, el esfuerzo habrá valido la pena”. 

En ese sentido, en los últimos días pidió al Parque la lista oficial. Está convencido de que hay varios nombres, entre ellos extranjeros y de personas de pueblos más chicos, que en su momento no fueron denunciados y esos nombres surgieron ahora. También señala otros espacios, como la causa de Coordinación Federal, donde no dejan de sumarse víctimas. “Lo que digo siempre en el juzgado es que nosotros tenemos un compromiso con la cuestión de la justicia, pero también con la verdad y la memoria. Este listado con la depuración va en ese sentido”.

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37 represores condenados en Tucumán

CULMINO EL MEGAJUICIO POR LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCION JEFATURA Y ARSENALES

En el juicio hubo además cuatro absoluciones, entre ellas, la del capellán Mijalchiyk y el escribano Benedicto.

Página 12 - 14 12 13

El juicio permitió reconstruir parte de
 la historia de 215 víctimas del terrorismo
 de Estado en Tucumán.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 37 represores por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. 

El juicio oral en la megacausa “Jefatura II - Arsenales II” concluyó además con cuatro absueltos, incluidos el capellán José Eloy Mijalchiyk y el escribano Juan Carlos Benedicto, dos de los cuatro civiles que llegaron a juicio como imputados. 

Lejos de las 33 condenas a prisión perpetua que había solicitado el Ministerio Público Fiscal, el tribunal presidido por Carlos Jiménez Montilla e integrado por Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga dictó cuatro penas máximas, en tanto el resto de las condenas van de dos a veinte años de cárcel. 

El fallo fue cuestionado por familiares de víctimas y miembros de organismos de derechos humanos, que esperaban penas mayores para un juicio en el que se investigaron secuestros, tormentos, allanamientos ilegales, abusos deshonestos, violaciones y homicidios contra 215 víctimas.

“Vamos a trabajar desde la Casación en los casos de altos rangos de Gendarmería, que formaron parte de la Inteligencia del proceso y no tienen prisión perpetua”, afirmó Laura Figueroa, querellante y representante de Familiares de De-saparecidos de Tucumán (Fadetuc). 

La abogada, que representó a la mayoría de las víctimas del juicio, también rechazó la absolución del sacerdote Mijalchiyk. “Muchas de las personas que estuvieron detenidas en el ex Arsenal fueron interrogadas por este sacerdote, quien estuvo de acuerdo en que ellos fueran golpeados y torturados”, recordó. “Lamentablemente el tribunal sólo escuchó al cómplice militar Osvaldo Pérez, por eso está absuelto Mijalchiyk”, agregó Figueroa.

El centro clandestino que funcionó en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en las afueras de San Miguel de Tucumán, se caracterizó por ser el destino final de un circuito represivo que abarcó a varias provincias del noroeste argentino. La megacausa comenzó con 44 imputados en el banquillo, de los cuales tres fueron separados a último momento por problemas de salud. 

El juicio oral se desarrolló durante trece meses, lapso en el cual prestaron testimonio más de 400 testigos, que permitieron reconstruir parte de la historia de los crímenes de lesa humanidad en Tucumán contra un total de 215 víctimas.

Ayer, en el sector de invitados especiales, junto a funcionarios nacionales y provinciales se ubicó Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. “De un lado gritan ‘asesinos’; del otro, ‘justicia’”, contó por Twitter la periodista Gaby Baigorri. Pasadas las 18.30, los secretarios Mariano Zavalía y Florencia Pero comenzaron a leer la sentencia. “Los familiares de víctimas estrujan las fotos de sus víctimas, las ponen sobre sus pechos y las besan”, apuntó la cronista.

De los cuatro condenados a prisión perpetua, tres son policías de la provincia de Tucumán: Luis Armando de Cándido, Ricardo Oscar Sánchez y Roberto Heriberto Albornoz. El cuarto es el militar Luis Orlando Varela. Veinte años de prisión recibieron los militares retirados Alfredo Ernesto Moore y Ramón Alfredo Ojeda Fuente. 

Los ex gendarmes Tomás Adolfo Güemes, Marcelo Omar Godoy, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Ernesto Rivero y Benito Palomo recibieron penas de 18 años de prisión, igual que el militar Augusto Leonardo Neme. Un año menos recibió el gendarme José Carlos Sowinski, en tanto otros siete policías fueron condenados a 16 años de prisión: se trata de Juan Alberto Abraham, Rolando Reyes Quintana, Hugo Javier Figueroa, Oscar Humberto Gómez, Félix Insaurralde, Antonio Esteban Vercellone y Angel Custodio Moreno. La misma pena recibieron los militares Ramón Ernesto Cooke, Fernando Torres y Camilo Angel Colotti. Quince años recibieron el policía Guillermo Augusto Ugarte y los militares Hugo Enzo Soto y Pedro Osvaldo Caballero, catorce el policía Miguel Angel Chuchuy Linares y los militares Carlos Eduardo Trucco y Ariel Rolando Valdiviezo, y doce el militar Mario Miguel D’Ursi.

Diez años de prisión deberán cumplir los policías Pedro Joaquín Pasteris y María Luisa Acosta de Barraza, y los militares Jorge Omar Lazarte y Luis Edgardo Ocaranza. Las penas más bajas fueron para el policía Ramón César Jodar y el agente civil de Inteligencia Guillermo Francisco López Guerrero, a cuatro años de cárcel, y la mitad para la ex policía María Elena Guerra. Los absueltos, además del cura y del escribano, son el ex gendarme Celso Barraza y el militar retirado Luis de Urquiza, que recuperaron la libertad de inmediato.

La mayor parte de las condenas no fueron por voto unánime, sino con la disidencia de Reynaga, que tal como habían pedido los fiscales ordenó condenar a la mayoría de los imputados a la pena de prisión perpetua. El magistrado también había pedido diez años de cárcel para el sacerdote Mijalchiyk y quince para Benedicto, al considerarlos autores materiales del delito de asociación ilícita y partícipes secundarios de los delitos de prisión ilegítima de la libertad con apremios, en el caso del sacerdote.

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Huye de Brasil exagente uruguayo

Huye de Brasil exagente uruguayo que denunció homicidio de expresidente.

El observador - 14 12 13

Mario Neira Barreiro, exmiembro del servicio secreto, huyó presuntamente a Argentina. Globo dice que el motivo es que Brasil le negó el pedido de refugio político. 

El exmiembro del servicio secreto uruguayo Mario Neira Barreiro, quien denunció el supuesto envenenamiento del expresidente brasileño Joao Goulart y que cumplía en libertad condicional una condena en Brasil por tráfico de armas, huyó a Argentina, según informó hoy la prensa digital.

Según el portal del diario O Globo de Río de Janeiro, Neira Barreiro, quien en abril pasó a cumplir en libertad condicional su condena dictada en 2003 por porte ilegal de armas y concierto para delinquir, salió del país hace dos meses y "no pretende regresar".

De acuerdo con el medio, la fuga fue motivada porque el Gobierno de Brasil decidió en octubre negarle un pedido de refugio político a Neira Barreiro, cuya extradición a Uruguay está autorizada desde 1999.

En su perfil de una red social, el exagente indicó que vive en Buenos Aires y participo, el último 3 de diciembre, en un homenaje celebrado en el cementerio de Chacarita en memoria del excoronel Mohamed Alí Seineldin, quien en 1990 lideró un intento de golpe contra el entonces presidente Carlos Menem.

Hace cinco años, Neira Barreiro admitió que en 1976 espió en Argentina los últimos pasos de Goulart, depuesto en 1964 en un golpe de la dictadura militar que gobernó a Brasil hasta 1985.

El exagente señaló que Goulart no murió de un infarto, como informaron las autoridades argentinas, sino que sus medicamentos fueron cambiados por veneno en la llamada "Operación Escorpión", en el marco de la "Operación Cóndor" que tejieron las dictaduras del Cono Sur para eliminar a sus opositores.

Ese relato y el de otras personas llevó a que la Comisión de la Verdad, que investiga los crímenes de la dictadura en Brasil, pidiera la exhumación del cadáver de Goulart, como en efecto ocurrió en noviembre último.

Investigadores forenses de varios países analizaron los restos de Goulart para comprobar si el exmandatario fue envenenado.

La semana anterior, el 6 de diciembre, exactamente 37 años después de su muerte, los restos del expresidente volvieron a ser enterrados en su natal Sao Borja (Río Grande do Sul) después de haber recibido el 14 de noviembre, en Brasilia, honores fúnebres de jefe de Estado por parte de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

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