Los militares ya fueron reparados
Desde hace muchos años, los defensores de los terroristas de Estado vienen propalando a los cuatro vientos que las víctimas de la violencia no estatal no fueron reparadas. Una editorial del matutino El país de fecha de 2017 señalaba: “Nunca hubo reparación ni reconocimiento alguno para los 66 muertos (y para sus familiares) durante la intentona revolucionaria de los tupamaros”. Tal cual, un mentiroso contumaz.
Foto de El País.
La ley 14 106 ya los reparó
Desde hace años existen leyes en nuestro país que atienden la situación de los funcionarios policiales fallecidos en actos de servicio. Una realidad preocupante desde que existe el delito.
La vida humana es única e irrepetible. No tiene valor monetario. En lo referido a los militares fallecidos en actos de servicio en el período predictatorial y dictatorial propiamente dicho, se ha ocultado, de manera intencionada que los mismos ya fueron reparados. Mientras Yamandú Fau era ministro de Defensa Nacional, del segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, hubo un pedido de informes al respecto y así fue constatado.
El Artículo 115 de la Ley 14106 de marzo de 1973, aprobada aún en democracia, no deja lugar a dudas. En ese momento las Fuerzas Armadas formaban parte del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, y en buena medida ya cogobernaban. Para esa ley hay muertos de primera y de segunda, repara a los militares víctimas de la violencia no estatal de diferentes formas, discriminando al personal subalterno de los oficiales.
“Fíjase la prestación que deberá pagar el Estado por concepto de reparación a los causahabientes del personal militar fallecido con motivo o a causa de la lucha antisubversiva en los siguientes montos en Unidades Reajustables (Artículo 38 y concordantes de la ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968).
A) Para los causahabientes del personal de categoría Superior: 2.480 (dos mil cuatrocientas ochenta) Unidades Reajustables. (u$s 85.000.- a valores actuales).
B) Para los causahabientes del personal categoría Subalterna: 2.170 (dos mil ciento setenta) Unidades Reajustables. (u$s 75.000.- a valores actuales).
Alimentar la Teoría de los dos demonios
Mediante este proyecto de ley, los sectores más conservadores de la sociedad, en alianza con los nostálgicos del terrorismo de Estado, pretenden alimentar y revitalizar la perimida teoría de los dos demonios para explicar el proceso histórico vivido en Uruguay desde el 13 junio de 1968. De manera indirecta, pretenden quitar gravedad a las desapariciones forzadas, a los secuestros de niños, a los asesinatos, a las torturas, a las calamidades sufridas por miles de exiliados y de insiliados forzosos. Incluso, por las declaraciones formuladas en diferentes medios, pretenden asentar en la conciencia ciudadana que tienen la misma importancia jurídica las conductas de los particulares que las de los funcionarios del Estado.
No se puede equiparar la conducta de los particulares
Las normas de Derechos Humanos son una conquista de la humanidad, un gran logro de los pueblos. Luego de la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial, las mismas surgieron a nivel internacional para proteger a los ciudadanos de los potenciales abusos de los funcionarios estatales, civiles, militares y policiales. En este sentido, solamente los funcionarios del Estado violan las normas de DDHH tal como lo ha señalado hace unos meses en un reportaje el actual presidente de la INDDHH el Sr. Marcos Israel.
Los funcionarios del Estado tienen la obligación de respetar las normas de Derechos Humanos y asegurar el pleno usufructo de ellas a toda la ciudadanía. El accionar de los particulares nunca puede ser equiparado ni igualado al de los funcionarios del Estado.
La violencia fue generada desde el poder
El proceso iniciado el 13 de junio de 1968, cuando Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), desembocó en la dictadura y luego en el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel protagónico, cargan y cargarán, históricamente, por lo mismo, una pesada mochila. La dictadura cívico militar fue una calamidad nacional. Sobre dicho proceso recae toda la responsabilidad por los costos directos e indirectos del mismo, en daños y sufrimientos, humanos y materiales.
Opinando N° 3 – Año 12 – Jueves 16 de febrero de 2023
