La Asamblea General eligió a los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la INDDHH el pasado jueves 11 de agosto. Tal cual estaba previsto y anunciado de antemano, la coalición de partidos que gobierna nuestro país (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente), consciente de su mayoría absoluta, se adjudicó 4 cargos.
Decenas de organizaciones sociales rechazaron la adjudicación de cargos mediante cuota política y al margen de los criterios técnicos.
La coalición multicolor, además, impuso condiciones humillantes a la oposición para que pudiese haber un integrante del Directorio que significara la continuidad de la gestión anterior y tuviera amplio respaldo de organizaciones sociales. Wilder Tayler, que resultó elegido, fue propuesto por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, por Crysol y numerosas organizaciones sociales junto con la Dra. Mariana Mota respaldando la gestión de ambos.
Mandato partidario
Los representantes elegidos por la coalición gubernamental pueden ser excelentes personas, profesionales capacitados, completamente honorables y de vasta experiencia en su trayectoria. Pero los cuatro fueron elegidos en representación de sectores políticos que integran la coalición gubernamental y a ellos se deberán sujetar, explícita o implícitamente.
Marcos Israel y Carmen Rodríguez fueron elegidos por los dos cupos que se asignó el Partido Nacional, Jimena Fernández por el Partido Colorado y Bernardo Legnani en representación de Cabildo Abierto.
Los sectores sociales con los cuales la coalición gubernamental se siente identificada y santifica, son poderosos, son los dueños del poder. Históricamente han despreciado las normas de DDHH, no las reconocen. Cuando sienten que sus intereses están siendo amenazados o perjudicados recurren a estudios jurídicos de primer nivel para presentar sus demandas ante los gobernantes, apelan a los estrados judiciales o, en último caso, de acuerdo a las circunstancias, si es necesario, a golpes de Estado como ocurrió en nuestro país hace casi 50 años.
La INDDHH mejoró la calidad de la democracia
La creación de la INDDHH durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, luego de un esfuerzo multipartidario, fue un avance institucional, significó una mejora sustantiva de la calidad democrática. Los derechos humanos pasaron a ser un punto específico en las preocupaciones del Estado, destinado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Inspirada en los Principios de París de las Naciones Unidas, la INDDHH es un órgano no jurisdiccional, distinto al judicial, con procedimientos diferentes, para la promoción y, fundamentalmente, para la protección de los derechos humanos de las personas. Es una instancia adicional diferente para mejorar la vida de los ciudadanos frente a los potenciales abusos de poder de los funcionarios estatales.
Además, para aquellos gobiernos comprometidos con la filosofía de dichas normas, las recomendaciones de órganos como la INDDHH son una fuente importante de inspiración para mejorar su gestión en las distintas esferas.
Se inicia una nueva etapa
Cuando asuman sus responsabilidades, la INDDHH comenzará una nueva etapa. El matutino El País ya lo anunció: habrá un giro. De manera estruendosa o silenciosa, por acción o por omisión, las nuevas autoridades imprimirán un nuevo rumbo al organismo de acuerdo al mandato de los partidos que las eligieron. Haber sido elegidas por cuota política las deslegitima de antemano ante la opinión pública y los organismos latinoamericanos de DDHH.
Cabildo Abierto, la organización liderada por el exteniente general Guido Manini Ríos, logró que un representante propuesto por dicho sector haya sido elegido. Cabildo Abierto ha defendido en reiteradas ocasiones a los terroristas estatales condenados por las gravísimas violaciones a los DDHH durante la dictadura civil militar que gobernó a nuestro país. Asimismo ha señalado que la INDDHH no debería existir.
Para la coalición gubernamental hay aspectos muy sensibles: la implementación de la Ley 19 641 (ley de Sitios de Memoria) y la Ley 19 822 (ley de búsqueda de los detenidos desaparecidos). Mariana Mota, exjueza y actual integrante del Consejo Directivo no fue elegida. En su momento, procesó al dictador Juan María Bordaberry y el partido de la impunidad nunca se lo perdonó.
Una golondrina no hace verano. La presencia de Wilder Tayler no impedirá que la coalición gubernamental cumpla su propósito de desmantelar y/o desnaturalizar a la INDDHH, pero asegura una mirada experta y vigilante ante dicho proceso. Lograr su elección fue un acierto. Crysol estará atenta al desarrollo de los acontecimientos.
---------------
Opinando N° 16 – Año 11 – Martes 16 de agosto de 2022
Opinando N° 16 – Año 11 – Martes 16 de agosto de 2022