Expresamos nuestro frontal rechazo a
la reciente decisión judicial de procesar a un
grupo de personas “deliberadamente
seleccionadas” por
haberparticipado en
una actividad de protesta pacífica en febrero del año 2013 en la puerta y en la
sede del Poder Judicial cuando la Suprema Corte de Justicia, presidida por el Dr. Jorge Ruibal
Pino sancionó a la Dra. Mariana Mota.
La propia
sentencia deja en claro que se trató de una actividad convocada públicamente por
varias organizaciones sociales, cubierta por medios masivos de comunicación,
pacífica, momentánea y transitoria, que no generó daños y fue disuelta rápidamente
por la policía
sin necesidad de
emplear medios de disuasión de ningún tipo.
Queda en
evidencia la intencionalidad política de criminalizar la protesta social del promotor de
la causa, el fiscal Dr. Gustavo Zubía, hoy parlamentario, firme defensor de la prepotencia policial y
del gatillo fácil, un punitivista empedernido y de la LUC,
ley de la cual casi 800.000 personas han
manifestado su decisión de anular 135
artículos y meta que acompañamos como colectivo organizado.
En defensa de la institucionalidad
democrática, fallos como éste remarcan la importancia de
lograr objetivos como la más profunda democratización del Poder Judicial,
obtener que todos los jueces sean
designados mediante procedimientos claros, transparentes y democráticos,
por concurso, y que la designación de los integrantes de la
Suprema Corte de Justicia sea transparente y cristalina, de cara a toda la ciudadanía como hemos
reclamo de manera reiterada.
Ratificamos de
manera pública nuestra solidaridad y apoyo a los procesados, algunos de los cuales fueron presos
políticos durante el terrorismo de Estado, al mismo
tiempo que redoblaremos nuestros esfuerzos militantes para lograr que los responsables de las grandes violaciones a los
derechos humanos de la dictadura, crímenes de Lesa Humanidad, sean
juzgados, condenados y cumplan los castigos penales que las normas establecen.
