Gilberto Vázquez declaró públicamente que torturó salvajemente y asesinó durante el terrorismo de Estado, además de confirmar su participación en el segundo vuelo. Gilberto Vázquez, que disfruta, increíblemente, de prisión domiciliaria, con servicio de delivery incluido, también fue un violador serial. Está denunciado. Igual que el mayor ® Manuel Cordero, el mayor ® Antranig Ohannessian, el capitán ® Enrique “Ulises” Uyterhoeven y otros tantos próceres del Centro Militar.
Revictimizan a las denunciantes
La semana pasada, continuaron yendo a testimoniar, nuevamente, algunas de las ex presas políticas que denunciaron abusos sexuales. Desde el año 2011, con la fuerza de lo colectivo, veintiocho ex presas políticas que sufrieron torturas inenarrables, violencia y abusos sexuales de todo tipo, en 20 centros clandestinos de detención, vienen desarrollando una batalla verdaderamente estresante para que haya justicia, los responsables sean juzgados y condenados. Todas, las que sobreviven, ya presentaron sus denuncias por escrito, además de ratificarlas, en su debido momento.
Los abogados defensores
de los imputados, sin pudor, insisten, se empeñan, en demandar que sean
nuevamente interrogadas, requieren, una y otra vez, detalles escabrosos, datos
morbosos de los padecido, formulan preguntas insidiosas, de manera hostil.
Presionan. Hostigan. Acosan, de manera encubierta.
La militar costumbre de torturar
Durante las operaciones represivas que se masivizaron a partir del 15 de abril de 1972, las detenidas fueron consideradas “botín de guerra” por los represores y la propia tropa. La tortura, asociada a las detenciones masivas, a la reclusión prolongada en condiciones aberrantes, con una apariencia de legalidad de juzgamientos por parte de tribunales militares, al amparo de la Declaración del Estado de Guerra Interno votada por el Partido de Rivera y la mayoría del Partido Nacional, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para destruir a la oposición y gobernar.
Uruguay fue el país del mundo con la mayor cantidad de prisioneros políticos en relación a la población, llamando incluso la atención del Embajador de los EEUU en Uruguay, Ernest Siracusa en 1976. Según él, como Uruguay era un país tan pequeño, “casi nadie estaba libre” de conexiones emocionales con los detenidos.
Amnistía Internacional (AI), la organización no gubernamental internacional fundada en 1961, llegó al cálculo de que uno de cada 450 uruguayos era un preso político y que uno de cada 50 uruguayos había sido interrogado.
Un peligro para la democracia
El general retirado Guido Manini ha defendido públicamente el accionar de los terroristas de Estado con encendidos discursos que han conmovido al país y, hasta suspirar de amor, nostálgicamente, a El País. Anteriormente, como comandante en jefe del Ejército encubrió a José Nino Gavazzo, luego de su confesión en un Tribunal de Honor, omitiendo informar, intencionalmente, al Poder Judicial como era su obligación.
Sin ningún honor, fue destituido, en veinte minutos, por el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez por cuestionar al Poder Judicial, poniendo en duda la actuación del mismo, a sabiendas, como ha quedado demostrado, de que estaba faltando a la verdad y que defendía a asesinos.
Una institucionalidad democrática
Las víctimas de las graves violaciones han desempeñado un papel fundamental y decisivo en la lucha por Verdad y Justicia, por afirmar la institucionalidad democrática que el pueblo uruguayo conquistó. Desafiando el estigma de la “teoría de los ojos en la nuca” y “la teoría de los combatientes” asumieron, como víctimas del terrorismo de Estado, su responsabilidad histórica de promover las denuncias penales sabiendo los enormes desafíos y presiones que habrían de sufrir, a veces, incluso, sin el respaldo de las organizaciones políticas.
En democracia, de acuerdo a la Constitución vigente, corresponde al Poder Judicial la responsabilidad exclusiva de investigar, esclarecer y castigar las graves violaciones a los DDHH. Hacer las denuncias ante el Poder Judicial fue la plena demostración de la firme convicción de quiénes asumieron ese compromiso, de continuar la lucha después de la lucha.
Un olvido imposible
La tortura supone una enorme agresión a quien la sufre. Toda persona que ha experimentado un suceso traumático sabe, entiende, comprende, lo difícil que es superarlo. Vuelve, una y otra vez. De improviso, sin querer, en cualquier momento, en cualquier circunstancia.
Miles de ex presos políticos que padecieron durante días, semanas, meses y hasta años, las más oprobiosas torturas, no pueden olvidar. Sus mentes no lo permiten.
La justicia, ver condenados a los torturadores, no cierra la herida, pero es un consuelo, es un alivio, una esperanza de que no vuelva a ocurrir. Es un camino de militancia estratégica para afirmar el Estado de Derecho, la plena vigencia de las normas de DDHH y una institucionalidad, la INDDHH entre otras, que sea una herramienta plena al servicio de los más desprotegidos y de los sectores populares.
Los ex presos políticos supieron demostrar, mayoritariamente, su dignidad, sufriendo, como ha quedado documentado, las más bárbaras torturas. Torturas tan horrendas que hasta quitan el sueño a quienes sanguinariamente las ejecutaron, como lo testimonió Gilberto Vázquez ante sus secuaces, en el Tribunal de Honor que lo juzgó por huir desde el Hospital Militar y ser detenido burdamente disfrazado.
Las ex presas políticas fueron ejemplo para futuras generaciones. Sépanlo: tampoco las doblegarán en los juzgados!
Se hará la denuncia pertinente ante la Suprema Corte de Justicia. Paren la mano!
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Opinando N° 14 – Año 9 – Lunes 21 de setiembre de 2020
