Las
declaraciones de Guido Manini en Fiscalía
Por Mauricio Pérez – Brecha – 24 7 2020
Guido Manini Ríos junto a su abogado Martín Pacheco (izq.) en el
juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, en octubre de 2019. Foto: Magdalena
Gutiérrez
Durante la campaña
electoral, el general Guido Manini anunció –en reiteradas ocasiones– que no se
ampararía en los fueros parlamentarios para evitar ser juzgado por la Justicia.
Esto hacía prever que la resolución sobre el pedido de desafuero en su contra
sería un trámite rápido, sencillo. Pero algo cambió.
Al
presentarse ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, Manini
se limitó a pedir celeridad en la decisión: «No quisiera que este tema se dilatara más en el tiempo
y que su tratamiento demorara meses. Tengo interés en que se sustancie a la
brevedad posible». Pero no dejó asentada su voluntad de ser desaforado.
La decisión de los
senadores de Cabildo Abierto –Guillermo Domenech y Raúl Lozano– de abroquelarse
detrás de su líder y no votar el desafuero terminó de complicar el asunto. El
argumento de los cabildantes es que los fueros son del Parlamento, no del
legislador. Y que, al analizar un pedido de desafuero, los legisladores deben
asumir el rol de jueces y decidir, con las evidencias a la vista, si la persona
es culpable o inocente. Se debe tener la certeza de que el imputado cometió un
delito. Según los cabildantes, Manini es inocente, víctima de una campaña de
desprestigio del anterior gobierno.
Para habilitar el
desafuero se requiere el voto de dos tercios de la Cámara de Senadores (21
votos). De momento, ese número parece distante. El Frente Amplio (FA) tiene
decidido votar a favor, lo que significa 13 votos. El Partido Colorado –que
tiene cuatro senadores– aún no fijó posición, ya que existen posturas divergentes
en la interna. El sector Ciudadanos, liderado por el excanciller Ernesto Talvi
está «estudiando a fondo» el caso para fijar posición; en tanto, el sector
Batllistas, encabezado por el expresidente Julio María Sanguinetti, se inclina
por rechazar el asunto.
En este marco, la
oposición intentará –en línea con el pedido del propio involucrado– que el
asunto sea analizado con la mayor celeridad posible. La idea, según afirmó un
legislador del FA a Brecha, es evitar que la decisión se dilate, y que la
coalición de gobierno deba pronunciarse a favor o en contra, con los costos
políticos que puede significar cualquiera de esas dos decisiones. Es decir, si
no se vota el desafuero de Manini, puede quedar enlodado ante la opinión
pública, y si se vota, puede ser enjuiciado por la Justicia.
Tras analizar decenas de
documentos e interrogar a 18 personas, incluido el entonces presidente Tabaré
Vázquez, el fiscal Rodrigo Morosoli solicitó la formalización del ex comandante
en jefe del Ejército por la omisión de denunciar un delito ante la Justicia. El
fiscal consideró que Manini era el único responsable de retardar –en forma
consciente e intencional– la presentación de la denuncia penal por la confesión
de Gavazzo ante un tribunal de honor.
Según la imputación, Manini
demoró 310 días en informar a su superior, el exministro Jorge Menéndez (hoy
fallecido), sobre esa confesión. Un período que se extiende desde el día en que
Gavazzo declaró ante el tribunal hasta el día en que Manini le entregó al
ministro el expediente con la resolución. Para hacerse esta idea, Morosoli se
basó en las contradicciones en que incurrió el excomandante con el resto de las
personas que declararon en la investigación, incluidos los tres integrantes del
tribunal de honor: los generales Gustavo Fajardo, José González y Alfredo
Erramún.
Los generales aseguraron
que al declarar ante ellos, el 10 de abril de 2018, Gavazzo se refirió a la
muerte, en 1973, de un militante del MLN-T en una unidad militar; dijo que
recibió la orden de hacer desaparecer el cuerpo y que la cumplió, arrojándolo
al Río Negro. La revelación los sorprendió, por lo que solicitaron una reunión
con Manini para informarle el hecho. La reunión se concretó, al otro día, el
11, en el despacho del excomandante. Es allí donde comienzan las
contradicciones.
Según los generales, en
esa reunión le dijeron que la declaración de Gavazzo era un hecho grave, que
debía presentarse ante la Justicia. El excomandante les ordenó suspender las
actuaciones; les dijo que él se encargaría del asunto, que aguardaran órdenes.
La respuesta –según los oficiales– les llegó sobre fines de abril: el
excomandante convocó a Fajardo, presidente del tribunal, a su despacho y le
ordenó seguir con la investigación.
Al declarar ante la
Fiscalía –el 26 de junio de 2019–, Manini Ríos dio una versión distinta. Dijo
que ese día, tras reunirse con los generales, se encontró con el ministro
Menéndez en una ceremonia de ascensos de la Armada en el Club Naval. Que allí
le informó sobre la declaración de Gavazzo y le sugirió la posibilidad de
reinterrogarlo para que aportara nuevos detalles de esa muerte; el exministro –dice–
estuvo de acuerdo. «No había un dato concreto, había un muerto […]. Ha habido
tantas denuncias de muertes en la vuelta a Gavazzo que no se sabía de cuál
era», dijo Manini ante el fiscal.
Según Manini, en esa
ceremonia también estaban los tres generales, por lo que ahí mismo le ordenó in
voce a Fajardo que siguiera adelante con las actuaciones y que profundizara
sobre los detalles de esa muerte. Esa contradicción quedó registrada en una
repregunta de la Fiscalía, que recordó la versión de los generales sobre la
demora. «Tengo idea de que fue el mismo día», insistió Manini.
La declaración
ampliatoria de Gavazzo se concretó el 13 de junio; allí confirmó que el cuerpo
era de Roberto Gomensoro. Tras recabar el testimonio, los generales volvieron a
reunirse con su superior y le insistieron en presentar los antecedentes a la
Justicia. Según los generales, le entregaron una copia de la declaración de
Gavazzo y le informaron también sobre la declaración de Jorge «Pajarito»
Silveira, que daba detalles de otros crímenes durante la dictadura, entre ellos
la desaparición de Eduardo Pérez Silveira.
El excomandante, sin
embargo, dijo no recordar cómo fueron los hechos: «No recuerdo si me lo
dijeron, me lo contaron o lo leí. No fue una comunicación por escrito
adjuntando el acta. Ellos estaban conmigo y me mostraron el acta, la leí […].
Me la pueden haber mostrado o me la leyeron. Supe perfectamente todo lo que
dijo Gavazzo». Unos días después, les ordenó seguir con las actuaciones.
VERDADES A MEDIAS
En su declaración ante
Fiscalía, Manini intentó, en todo momento, ubicarse en el lugar más auspicioso
para su situación procesal. Una de sus estrategias –la más relevante– fue
excomulgar sus culpas en sus mandos superiores, en particular, en el exministro
Menéndez, el único que no puede contradecir su versión. Y afirmó que la
decisión de presentar una denuncia penal le correspondía al mando superior, al
Poder Ejecutivo.
Según Manini,
el exministro tenía una preocupación especial por los asuntos referidos a
crímenes de la dictadura y premura por obtener un fallo del tribunal de honor;
no quería que pasara lo que sucedió con el exdictador Gregorio «Goyo» Álvarez,
cuyo tribunal se extendió en el tiempo y nunca se pronunció.
Por
eso le informaba en forma periódica sobre la marcha del expediente, incluida la
declaración de Gavazzo.
La información –según su
declaración– se la transmitió en dos actos públicos: en abril, en el Club
Naval, y en junio, en un evento en el Ejército. Pese a tratarse de eventos con
mucha gente, de estas conversaciones no existen testigos. «Mis conversaciones
con el ministro siempre eran mano a mano», argumentó. ¿Incluso con tanta gente
alrededor? «Nadie. Así sea en el estadio de Peñarol, [las reuniones] son
aparte, mano a mano.»
Según Manini, en ambas
ocasiones el ministro le ordenó –previa consulta con el secretario de la
Presidencia, Miguel Ángel Toma– que el Tribunal siguiera adelante; se entendió
que era una maniobra dilatoria de Gavazzo para que el asunto pasara a la
Justicia y evitar la resolución. Y así se lo informó al presidente del
tribunal. Al declarar en Fiscalía, los generales dijeron tener la convicción de
que Manini le comunicó estos hechos al ministro. Esa convicción nace de la
organización vertical que rige al Ejército. Pero el excomandante nunca les dijo
en forma explícita que había informado a su superior sobre la declaración de
Gavazzo; sólo les refería a la urgencia del ministro porque hubiera una
sentencia. En este sentido, el fiscal Morosoli afirmó –al pedir el desafuero–
que no existe ningún registro de que Manini haya informado de este hecho a su
superior jerárquico hasta el 14 de febrero de 2019, cuando le entregó en mano
el expediente con la resolución del tribunal y el documento de ocho páginas con
críticas al Poder Judicial por su accionar en causas por violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura, que terminó con su remoción. La reunión
tuvo lugar en la sede del Ministerio de Defensa y se extendió durante diez
minutos. El fallo se entregó en sobre cerrado. Al conocer su contenido, en
particular el tenor del documento firmado por el excomandante, Menéndez –que
atravesaba la etapa final de su enfermedad oncológica– sufrió un malestar
físico.
Todos los mandos civiles
del ministerio –en particular el entonces subsecretario Daniel Montiel y el
director de Derechos Humanos, Juan Delgado– coincidieron en que Menéndez se
enteró del testimonio de Gavazzo al recibir el fallo. Incluso, Montiel aseguró
que en una reunión que tuvieron en Durazno, donde Menéndez pasó sus últimos
días, le preguntó si el mando del Ejército –o sea, Manini– le había informado
en algún momento sobre estas declaraciones: «Él me dijo que no».
Tampoco
existía registro en el expediente militar de las reuniones con los generales.
En Fiscalía, el excomandante dijo que esa falta no era algo extraño, ya que la
mayoría de las órdenes no quedan registradas: «El 99 por ciento de las órdenes que
manejo con los generales son verbales». ¿Por qué no se documentó cuando se
estaba rompiendo la reserva del tribunal?, le preguntaron. «Simplemente no se
documentaba», contestó.
Según los
generales, es habitual que las reuniones con el comandante no queden
registradas, ya que entre los militares existe una palabra de honor, una
obligación ética y moral de decir la verdad. Pero atento a lo que surgía de la
declaración, Fajardo aseguró que iba a pedir que esas reuniones quedaran
asentadas en el expediente antes de ser elevado al ministro. Manini les dijo
que se iba a poner en un oficio. Eso no ocurrió.
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