Jamás renunciaremos: una causa histórica!
El general retirado
Guido Manini Ríos es el primer comandante en jefe del Ejército de las últimas
décadas descubierto colaborando activamente con criminales del terrorismo
estatal. No cumplió con su obligación de informar a la justicia acerca de las
declaraciones de José Nino Gavazzo en el tribunal militar que juzgaba su
conducta. Tuvo una oportunidad de colaborar con la justicia y ocultó la
información. Un caso similar fue, salvando las distancias, lo realizado por el
general Hugo Medina, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, en
1986, que ocultó las citaciones a la justicia que llegaban a su despacho para
que fuera a declarar el mismo Gavazzo y otros secuaces.
Con su visión coincidente con la de los círculos más reaccionarios, el general retirado Guido Manini ha cuestionado públicamente, incluso, a quiénes reclaman que la justicia cumpla con sus cometidos constitucionales de investigar y esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos.
Una práctica represiva
bestial
La
desaparición forzada de ciudadanos por parte de funcionarios del Estado es una
práctica represiva cruel e inhumana que merece la mayor de las condenas en
todos los planos. Una práctica auténticamente condenable y repugnante.
Durante el período
conocido como Terrorismo de Estado, casi doscientos uruguayos fueron
secuestrados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor dentro y fuera de las
fronteras nacionales por parte de los servicios represivos. Dos de ellos
(Héctor Castagneto Da Rosa y Abel Ayala) fueron desaparecidos
por parte del Escuadrón
de la Muerte cuando gobernaba Jorge Pacheco Areco, en el marco de la vigencia
permanente de las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) para reprimir al movimiento
sindical y estudiantil.
Roberto Gomensoro
Josman fue asesinado y desaparecido en marzo de 1973, durante el gobierno de
Juan María Bordaberry. El resto, desapareció luego de la disolución de las
Cámaras en junio de 1973, en operativos represivos que incluso se llevaron
adelante fuera del país, en el marco de la denominada Operación Cóndor.
Hasta el momento sólo
se ha podido esclarecer un pequeño número de casos. El Poder Judicial, el
órgano estatal con las mayores facultades constitucionales al respecto, por
diferentes causas, vigencia de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva
del Estado (1989 a 2011) entre otras, aunque no la única, no estuvo en
condiciones de actuar con la eficacia y la eficiencia que la gravedad de lo
ocurrido ameritaba.
La Suprema Corte de
Justicia, incluso, no las considera hasta el momento como Crímenes de Lesa
Humanidad y ha autorizado las prisiones domiciliarias para los escasos
condenados.
La investigación
criminalística es decisiva
Dotar a la INDDHH de
facultades reales para llevar a cabo investigaciones a fondo, con metodología
criminalística, interrogando a los potenciales involucrados, allanando
domicilios, solicitando compulsivamente información y archivos, herramientas
imprescindibles para avanzar, ha sido un logro del último año parlamentario.
Al crear la Fiscalía
Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, tanto el Poder Ejecutivo como el
Legislativo ya habían emitido un mensaje claro y contundente sobre su
compromiso con la Verdad de lo ocurrido y con la Justicia como herramienta
fundamental para construir una sociedad sólida y democrática.
INDDHH: el Estado debe
continuar la búsqueda
La investigación, el
esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los DDHH es el
principal camino a recorrer para que ellas no vuelvan a ocurrir. Es un derecho
de los familiares y es una necesidad estatal. Es un camino imprescindible de
afirmar las normas de derechos humanos, las disposiciones legales, el Estado de
Derecho y afirmar la institucionalidad democrática. Comprometerse con la
búsqueda de los detenidos desaparecidos es una señal de un Estado ético. Aunque
hayan ocurrido hace más de cuatro décadas.
La INDDHH ha sido un
auténtico logro de la sociedad uruguaya de los últimos años para afirmar una
convivencia más digna y más humana. Ha jugado un papel importante en lo
referido a la temática en general. Si bien ha sido
duramente atacada y
cuestionada en forma constante por los sectores reaccionarios y los medios de
comunicación como El País, ha logrado un importante reconocimiento a nivel de
toda la sociedad, en especial entre los sectores más vulnerables y
desprotegidos de ella.
La Institución Nacional
de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ha recibido por parte del
Parlamento nuevas atribuciones para que pueda investigar hechos de enorme
trascendencia histórica y vital para la afirmación democrática. Fue una
iniciativa valiosa y muy trascendente.
Tendrá todo el apoyo
del colectivo de ex presas y de ex presos políticos como lo ha tenido
históricamente el poder judicial y en los últimos años, el Fiscal Especializado
en crímenes de Lesa Humanidad Dr. Ricardo Perciballe.
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Opinando N° 22 – Año 8 – Martes 6 de noviembre de 2019
