El MI
“no pudo localizar” a 13 militares retirados que iban a ser indagados por el
asesinato de Pascaretta.
La diaria - 15 10 15 - Por Angelina de los Santos
Dónde están los indagados y por qué el MI no cumplió con la solicitud
judicial son preguntas para las que el abogado del Observatorio Pablo
Chargoñia, y la fiscal de la causa Ana María Tellechea, no tienen respuesta.
Desde el MI, Asuntos Internos, el departamento que tiene en su órbita al Equipo
Auxiliar, dirigido por María Stella González, tampoco da respuestas, porque no
da notas a la prensa. Según Chargoñia, aunque es “relativamente frecuente” que
no se localice a algún individuo requerido como testigo, el hecho de que para
el MI haya sido imposible encontrar a por lo menos uno de los 13 y haya sido
comunicado el mismo día de las audiencias -previstas para el martes y
miércoles- delata la “ineficacia” del Equipo, más aun si se consideran los casi
tres meses que transcurrieron entre la citación y la fecha de la audiencia. El
hecho también “hace ilusoria a la Justicia”.
“El resultado es que se perdió
todo este tiempo, y debido a la agenda del juzgado, es probable que esta
audiencia pase a diciembre”, agregó. En ese sentido, también dijo que es
previsible que “los defensores de los violadores de los derechos humanos
presenten sus habituales chicanas de defensa”: la solicitud de clausura de los
expedientes por prescripción, el recurso de inconstitucionalidad de la ley
interpretativa de la Ley de Caducidad (Nº 18.831); cuestiones que “demoran y
dilatan aun más los procesos”, señaló.
Desde la fiscalía, Tellechea
aseguró no entender cómo los militares retirados “desaparecen de la faz de la
Tierra”, porque evidentemente “en algún lugar están”. Explicó que habrá que
reiterar las citaciones, “pero esta vez con conducción”, lo que implica que el
MI los deberá ir a buscar a su casa y llevarlos a declarar ni bien los ubiquen.
Pascaretta, ex funcionario de
UTE, fue denunciado por el directorio de la empresa papelera en la que
trabajaba (Cicssa) y secuestrado, torturado y asesinado por militares, entre
ellos Eduardo Ferro, quien debía declarar el martes, se afirma en el comunicado
del Observatorio. A su vez, se añade que el soldado desertor Hugo García Rivas,
quien escribió el libroMemorias de un ex-torturado, también
responsabilizó a Armando Méndez, que ya declaró, y al fallecido Carlos
Calcagno, lo que ratificó ante la entonces titular del Juzgado del 7º Turno,
Mariana Mota. “Nadie ha sido procesado por este crimen”, concluye el
comunicado.
Según explicó Chargoñia, la
denuncia fue realizada en octubre de 2011 y desglosada del expediente del
dictador Juan María Bordaberry. Luego se realizó otra denuncia en la Seccional
1ª de la Policía de Montevideo, que fue agregada a la primera.
El Equipo Auxiliar de la
Justicia en Crímenes del Terrorismo de Estado fue creado por resolución del
ministro Eduardo Bonomi el 27 de agosto de 2013 porque “la Institución Policial
debe adoptar todas las medidas que correspondan dentro de su competencia, con
el fin de auxiliar a la Justicia en lo que respecta a la investigación de los
crímenes de referencia”. En la resolución se agrega que dentro de sus cometidos
está “realizar todo tipo de trámite, parte de una investigación policial en la
materia, efectuar todas las coordinaciones pertinentes dentro del MI para que
las investigaciones se realicen en forma”. Tareas que en el marco de esta causa
“no se cumplen”, aseguró Chargoñia.
------
