Por Amy Goodman y Denis Moynihan - 17 7 2015
Ha pasado más de un año desde que el Presidente Barack Obama reconoció que “inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre hicimos cosas equivocadas. Hicimos muchas cosas bien, pero torturamos a algunas personas”. El gobierno del predecesor de Obama, el Presidente George W. Bush, diseñó cuidadosamente los fundamentos jurídicos para permitir lo que denominó “técnicas mejoradas de interrogatorio”, que no es más que un eufemismo para referirse a la tortura. Del complejo carcelario de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo a los calabozos de Abu Ghraib en Irak y la base aérea de Bagram en Afganistán, cientos, quizá miles de personas fueron sometidas a tortura en nombre de la “Guerra contra el terrorismo”. A excepción de algunos soldados raso en Abu Ghraib, ninguna persona ha sido responsabilizada de esto. La única persona de jerarquía enviada a prisión por el programa de torturas fue John Kiriakou, no por haber practicado la tortura, sino por haberla denunciado como informante.
La apariencia legal con la que se cometieron estos actos atroces se fundó en gran medida en la cooperación de psicólogos profesionales que capacitaron y asesoraron a los interrogadores y supervisaron el proceso de “quebrar” de los prisioneros. Esta cooperación, a su vez, requirió la aprobación oficial de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), la mayor organización de psicólogos profesionales del mundo. En 2006, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría junto con la Asociación Estadounidense de Medicina prohibieron que sus miembros participaran en interrogatorios militares. No así la APA.
Este mes, la APA publicó un sorprendente informe independiente que confirma lo que denunciantes y psicólogos disidentes han sostenido durante casi diez años: que la APA conspiró con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la CIA para manipular las políticas, reuniones y a los miembros de la asociación para lograr que la APA aprobara el programa de tortura del Pentágono. La junta directiva de la asociación encargó el año pasado la realización de una investigación independiente al ex fiscal federal adjunto David Hoffman. El informe de 542 páginas, conocido como “El informe Hoffman”, desmiente lo que la APA había afirmado en varias oportunidades: que ninguno de sus 130.000 miembros había sido cómplice de tortura.
Uno de los psicólogos disidentes es Stephen Soldz, catedrático de la Facultad de Psicoanálisis de Boston y cofundador de la Coalición por una Psicología Ética. “Desde al menos 2005 ha habido un gran debate en la asociación y entre colegas de la profesión acerca de la participación de psicólogos en los interrogatorios de seguridad nacional y en la práctica de la tortura", dijo Soldz en Democracy Now! tras la publicación del informe. Soldz añadió: "La asociación lo ha negado. El informe dice que la asociación se equivocó, los denominados disidentes, los críticos teníamos razón. El informe concluye fundamentalmente que hubo una conspiración que duró varios años entre los líderes de la asociación y representantes de agencias de inteligencia del Gobierno de Bush: el Departamento de Defensa y la CIA”.
El informe Hoffman investiga las prácticas de una un grupo de trabajo clave creado por la APA, el Grupo Presidencial de Trabajo sobre Ética Psicológica y Seguridad Nacional, también conocida como Grupo de Trabajo PENS. El grupo fue creado en 2005 y, en teoría, debía reunirse para establecer las normas éticas para los psicólogos que supervisaban los interrogatorios. Después de solo dos días y medio de deliberaciones, el grupo concluyó que los psicólogos estaban desempeñando un “papel valioso y ético” en su colaboración con las fuerzas armadas. El grupo PENS alentó a la APA “a garantizar que las actividades de los psicólogos relacionadas con la seguridad nacional son seguras, legales, éticas y eficaces”. Posteriormente se reveló que seis de los nueve miembros del grupo con derecho a voto eran funcionarios militares o de agencias de inteligencia con vínculos directos con los interrogatorios llevados a cabo en Guantánamo y otros lugares.
Jean María Arrigo, miembro del Grupo de Trabajo PENS afirmó en Democracy Now!: “Valoro que me diga que me invitaron para participar. En realidad, me nombraron para engañarme”. Arrigo fue la primera persona que denunció al grupo de trabajo como una legitimación de la tortura. Arrigo añadió: “La manipulación comenzó desde el principio. Por ejemplo, me sentaban, no aleatoriamente ni por elección propia, entre Morgan Banks, director del Equipo de Asesoramiento en Ciencias del Comportamiento (BSCT) y el ahora presidente de la APA, Barry Anton, que era entonces el vínculo entre la junta directiva de la APA y el grupo de trabajo”. Arrigo explicó que el grupo de trabajo era básicamente dirigido por psicólogos del Pentágono, algunos de ellos incluso vestidos de uniforme. A pesar de que se le pidió que no tomara notas, igualmente lo hizo y desde entonces creó los archivos del Grupo de Trabajo PENS en la Universidad de Colorado, Boulder. A Arrigo se le mintió sobre el proceso deliberativo del grupo PENS al sugerirle que en reuniones futuras abordarían sus preocupaciones acerca de la tortura.
El informe Hoffman está teniendo fuertes repercusiones en la APA. El director de la Oficina de Ética de la APA, Stephen Behnke, considerado el “jefe” de la conspiración entre la APA, el Pentágono y laCIA, ha sido destituido. Además, esta semana se jubilaron sorpresivamente el director ejecutivo de laAPA, el Dr. Norman Anderson; el subdirector ejecutivo, el Dr. Michael Honaker; y la jefa de comunicaciones, Rhea Farberman.
Cuando le pregunté a Stephen Soldz si se deberían presentar acusaciones formales, respondió: “Se demostró que estas personas y las demás estuvieron muy involucradas en la conspiración. Trabajaban con Behnke, eran informadas de lo que Behnke hacía, lo ayudaron, ayudaron a seleccionar a los miembros del grupo de trabajo PENS, trabajaron en las políticas y socavaron sistemáticamente la voluntad de los miembros. Debería haber una investigación judicial”. Soldz está instando a que el FBI y el Departamento de Justicia inicien una investigación. Mientras tanto, Stephen Behnke, el director de ética de la APA que fue destituido esta semana, ha contratado como abogado al ex director del FBI Louis Freeh.
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