Proponen
cambios a ley de reparación a víctimas del terrorismo de Estado para agilizar
procedimientos y ampliar los beneficiarios.
La diaria - 20 11 14 - Por Amanda Muñoz
A cinco años de promulgada la
Ley 18.596 de reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación
ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985,
el martes se desarrolló una rendición de cuentas de lo que se ha avanzado. Hablaron
Óscar Gómez, subsecretario de Educación y Cultura y presidente de la Comisión
Especial de la Ley 18.596, y Juan Raúl Ferreira, integrante del Consejo
Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
Mediante esa ley, el Estado reconoció
por primera vez la violación a los derechos humanos durante la dictadura y su
responsabilidad en la práctica sistemática de tortura, desaparición forzada de
personas y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios y exilios
políticos. Aceptó también el derecho de las víctimas a la reparación integral y
la necesidad de acciones materiales o simbólicas para restablecer su dignidad.
Gómez enumeró a quienes se ha
indemnizado económicamente (y por única vez, tal como plantea la ley) en estos
cinco años: 196 familias de personas desaparecidas o asesinadas, 80 personas
que sufrieron lesiones gravísimas, 84 niños nacidos en cautiverio o que
permanecieron detenidos con su madre o padre por más de 180 días, y cuatro
niños que permanecieron desaparecidos por más de 30 días. Además, se han hecho
269 asistencias integrales de salud y el Estado ha entregado a 516 personas el
certificado en el que asume haber violentado sus derechos humanos.
No alcanza
Ferreira señaló que es necesario
hacer modificaciones legislativas, y a título personal expresó que esos cambios
deberían hacerse en el primer período de la próxima legislatura. Se apoyó en
una declaración de la INDDHH que marcó “que hay que avanzar rápidamente”.
Ferreira expresó que hay mucha gente que está envejeciendo y que hay quienes
“han muerto sin obtener la reparación y sin saber que tienen derecho”.
Gómez habló en nombre de la
comisión, que integra con representantes de los ministerios de Salud Pública y
de Economía y Finanzas, Crysol y Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos
Desaparecidos. Consideró que se trata de “un proceso inconcluso”. Situó una de
las mayores dificultades en el tiempo transcurrido entre la violación del
derecho y la aplicación de la ley: “¿Cómo demostrar que una lesión de columna
fue hecha por el accionar ilegítimo del Estado?”, consultó. Dijo que muchos de
los expedientes de la comisión terminan con la frase “no ha lugar” cuando
deberían decir “no ha lugar en este estado normativo”. Detalló que no hay
reparación para las víctimas de delitos sexuales ni para víctimas de tortura
con secuelas de lesiones graves (como la pérdida de un ojo: el Código Penal
establece que corresponde reparar la pérdida del sentido, no de una sola vista,
explicó). “Sólo la demanda y la sensibilidad del cuerpo legislativo podrán
permitir instancias más abarcativas”, sostuvo.
En diálogo con la diaria,
María del Carmen Martínez, de Familiares, y Gastón Grisoni, de Crysol, dijeron
que la comisión se creó sin recursos económicos y humanos para su funcionamiento,
sobre todo abogados y peritos médicos. Martínez expresó que la ley no contempla
una reparación moral para quienes estuvieron exiliados ni para quienes vivieron
en clandestinidad, y reclamó que por más que haya sido una opción política, la
ley debería contemplarlos. Sugirió que las actas testimoniales de la comisión
sirvan para otros organismos y viceversa, que se pueda cruzar la información o
al menos las bases de datos de los diferentes testigos. Insistió en la
necesidad de ampliar la ley o crear leyes nuevas.
Grisoni también lamentó los
tiempos y dijo que esto debería haberse resuelto en tres años. Expresó que “el
Estado tiene que reparar a todas las víctimas” y criticó que para recibir las
pensiones reparatorias especiales los presos políticos tengan que renunciar a
sus propias pensiones. Ésa fue una de las observaciones del relator especial de
las Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación
y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, que visitó Uruguay a fines del
año pasado y presentó su informe hace dos meses.
El relator recomendó, además, al
Estado uruguayo “revisar las disposiciones y procedimientos que exigen
acreditación de lesiones ‘graves’ o ‘gravísimas’ para reconocer los derechos de
las víctimas de tortura”. Pidió que “se revierta la carga de la prueba” y que
no recaiga en las víctimas la provisión de evidencias y documentos “a los
cuales es casi imposible acceder”. El informe del relator es mucho más amplio y
recomienda acciones para los tres poderes del Estado.
De Greiff observó, entre otros
aspectos, “la poca atención que el Estado uruguayo les brinda a las víctimas y
a las organizaciones representativas de las víctimas”, resumió Grisoni. En ese
sentido, Crysol emitió el martes una declaración que tituló “Omisión
inexcusable”, en la que rechazó que la Administración de los Servicios de Salud
del Estado (ASSE) haya denominado “Arturo Dubra” a la policlínica situada en lo
que fue “la isla” del penal de Libertad durante la dictadura.
Grisoni observó que el lugar
podría servir como memoria de la tortura, pero más le dolió que el organismo no
haya invitado a Crysol, una organización con más de 1.000 socios activos, todos
ex presos políticos. Se enteraron por la prensa, reclamó, pero ayer recibieron
las disculpas de ASSE por esa omisión.
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