Caras y Caretas - Viernes 11 4 14

La Justicia decidió ampliar la indagatoria penal por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil.

Unas 60 personas serían citadas a declarar en los próximos días para certificar su participación en la ocupación.

Por estos hechos, fueron procesados siete activistas sociales, entre ellos, el ex dirigente del MLN-T, Jorge Zabalza.

La jueza Penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, y el fiscal Gustavo Zubía iniciarán, después de Semana de Turismo, una nueva indagatoria penal por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil. Se estima que unas 60 personas serían citadas a declarar como indagadas.

La magistrada resolvió en las últimas horas, a pedido de la Fiscalía, iniciar un nuevo presumario por la ocupación de la Corte, con el objetivo de indagar la participación en los hechos de todas las personas que voluntariamente comparecieron ante la Sede para manifestar su participación en el acto.

La jueza Rieiro y el fiscal Zubía analizarán nuevamente los videos y registros fotográficos que fueron incorporados en el expediente principal, para certificar si las personas que firmaron la carta participaron efectivamente en la ocupación y cuál fue su rol en la misma. Cuando esta etapa culmine, se dispondrá la citación de los involucrados, según indicaron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.

Los hechos se remontan a febrero de 2013, cuando la SCJ dispuso el traslado de la jueza Mariana Mota, a un Juzgado Civil. Mota era la jueza que tramitaba la mayor cantidad de expedientes por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y una de las pocas en aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, por el que se considera estos delitos como crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles.

El traslado de Mota generó un profundo malestar entre las organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos. El día que Mota debía jurar en su cargo, unas 500 personas se congregaron en la Corte para manifestar su rechazo a la decisión. La ceremonia se postergó durante unas horas y se realizó sólo después de que la Corte fuera desalojada.

En esa instancia, los ministros de la Corte presentaron una denuncia penal por la ocupación de la Corte, aduciendo que el accionar de los manifestantes impidió el normal desarrollo de la ceremonia y que se cumpliera el acto administrativo. El caso derivó en el procesamiento sin prisión, en noviembre de 2014. de siete activistas sociales.

La entonces jueza Penal Gabriela Merialdo, dispuso el procesamiento del ex militante del MLN-T, Jorge Zabalza, la militante de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, el dirigente de Adeom Montevideo, Aníbal Varela, la docente Patricia Borda, el ex preso político Álvaro Jaume y sus hijos, los ex jugadores de fútbol, Eduardo y Diego Jaume por un delito de “asonada”.

Empero, la magistrada, hoy en el fuero civil, ordenó la apertura de un presumario para indagar la presunta participación en la ocupación de unos 60 activistas que presentaron un escrito ante la Sede donde reclamaban ser citados a declarar por su participación en la movilización.

El escrito señalaba que los firmantes participaron y apoyaron la ocupación de la sede Corte, como parte de legítimos derechos consagrados en la Constitución de la República y en la normativa internacional para “manifestar el repudio al nuevo acto de impunidad trasladando a la Dra. Mariana Mota”. Tras el análisis de los videos y los registros fotográficos estas personas serán citadas.

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