VICTOR
ABRAMOVICH DIO DETALLES DEL PRIMER CATALOGO REGIONAL
SOBRE LA REPRESION.
Página 12 - 18 08 13 - Por Alejandra Dandán
 |
Dr. Vìctor Abramovich |
El catálogo,
al que se accede a través de Internet, contiene archivos de varios países que
reúnen información sobre el Plan Cóndor. Lo hizo el Instituto de Políticas
Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, coordinado por Abramovich.
El Instituto
de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (Ippdh) acaba de poner
on line el primer catálogo de fondos documentales que contienen archivos sobre
las acciones y políticas represivas vinculadas a la Operación Cóndor.
El catálogo
es una guía que reúne la información de 155 fondos situados en los distintos
países de la región. En general, son de las fuerzas de seguridad, aunque hay
algunos vínculos hacia archivos privados como el caso de Emilio Mignone del
CELS. No son los archivos de las dictaduras sino un mapa que muestra cuáles son
las instituciones o lugares que los custodian o los administran.
La iniciativa
es importante porque por primera vez articula en un mismo espacio virtual a la
región y las políticas de Estado que impulsan la organización y apertura de
archivos. También muestra quiénes están más avanzados y dónde hay cuestiones
pendientes. A la vez, es una herramienta que puede contribuir a potenciar los
procesos de justicia en aquellos países en los que están pendientes y los
reclamos de desclasificación donde esos procesos avanzaron, como el caso
argentino, pero muchos de los fondos documentales siguen sin desclasificar.
Víctor
Abramovich, coordinador del Ippdh, describe la iniciativa y sus sentidos
políticos: “Antes se construía memoria desde enfrentar al Estado, las
organizaciones de derechos humanos tenían sus archivos. Como director del
archivo del CELS, me acuerdo que era un archivo de la resistencia, estaba
atrás, cerrado con llave, nadie entraba porque era el archivo con el cual uno
iba a impugnar un ascenso, a presentar un juicio.
Pero ahora, la idea es buscar
documentos para salir a la esfera pública para generar debates sociales. Me
parece clave que esté ocurriendo. Y esto creo que es porque hay un punto común:
hay políticas de archivo. Lo novedoso es el intento de coordinarlo en el
espacio del Mercosur”.
–La guía
no son los documentos, sino un muestrario de dónde están. ¿Cuál es su
potencialidad?
–Es una
herramienta para acceder más fácilmente a la información sobre los archivos que
contienen, o podrían contener, datos relevantes respecto del Cóndor y, más allá
del Cóndor, sobre la coordinación represiva del Mercosur. No concentra
documentos, es una guía con la descripción de los principales centros documentales.
Orienta al historiador, a un investigador, un fiscal o a las comisiones por la
Verdad que tienen que tener pistas para saber dónde buscar.
Pone en un único
espacio virtual toda esa información: cuáles son los fondos, qué tipo de
documentos e información tienen o qué institución la produjo para que uno pueda
comparar. Por lo general, producen información instituciones de seguridad,
Ejército o Inteligencia. Pero también, hay organizaciones vinculadas a los
trabajos de resistencias, como organizaciones sociales o de personas. Está el
dato sobre el fondo de archivo de Mignone, de dirigentes sociales brasileños.
El mapa permite a su vez reconstruir la historia de las coordinaciones
represivas porque cruza varios fondos sobre una misma información. No está el documento
que cuente cómo se mató a una persona, pero sí los datos de contexto aunque no
quiere decir que a futuro esto también esté.
–¿Cuál es
la importancia en términos políticos?
–Tiene
también un análisis de cómo acceder y los niveles de acceso: si son reservados,
si hay un procedimiento para acceder a ellos. Muchos, sobre todo los
brasileños, están más adelantados en cuanto a digitalización. Cuelgan todos los
documentos en la web, un proceso que acá nunca se dio de esa manera. Hay un
link a los archivos que están desclasificados.
En ese sentido, la guía puede
pensarse que orienta pedidos de exhorto o a los investigadores de las
comisiones por la Verdad o los intercambios entre distintos países. Detrás hay
un objetivo político que es apuntalar el proceso que se está dando en los
países de la región y no es tan conocido como el proceso de justicia, pero es
el relevamiento, ordenamiento y desclasificación de archivos. Es menos conocido
porque es más burocrático, más lento. Los archivos se ordenan, pero no se
publican. Quedan archivos localizados, muchos son confidenciales, pero un juez
o una comisión podría pedirlos.
–Los
fiscales de la región pidieron articular espacios de investigación sobre el
Cóndor. ¿Esto es otra cosa o plantea alguna relación?
–Creo que
son procesos que se van retroalimentando. El archivo tiene un valor, es
evidencia para los procesos judiciales. Los procesos tienen testimonios y
archivo. Como se investigan hechos que ocurrieron hace 30 o 40 años, los
testimonios cada vez son menos y los archivos tienen un peso de evidencia muy
fuerte. En las causas de las dictaduras, cuando aparece un archivo es decisivo.
A veces, no tiene la prueba de un crimen pero cuenta relaciones, destinos de
funcionarios, aparatos burocráticos, quién ordena a quién. Eso es clave para
construir las cadenas de mando para la autoría mediata en materia penal. Tienen
peso de evidencia. Ahora bien, hay países que no están juzgando.
Por ejemplo,
Brasil no juzga pero tiene el proceso de verdad, de memoria muy fuerte. Allí los
archivos están teniendo un peso muy fuerte en la discusión pública sobre la
dictadura. Aparece un archivo y dispara un debate, como cuando aparece un
cuerpo y se identifica no podés frenar la discusión sobre quién era la victima.
Por un lado, entonces, está esa Comisión por la Verdad que funciona con reglas
de confidencialidad reservadas pero los archivos disparan discusión pública:
ese valor político que tienen los archivos para el debate público es muy
importante.
–¿Cómo
están los otros países?
–En
Argentina, desde que se abrieron los juicios, hay una política de ordenamiento
de archivos así como hay una política de sitios de memoria. Y existe la mejor
política: unidades de búsqueda de documentos que combinan gente con formación
archivística con quien sabe qué buscar porque tiene conocimiento histórico que
le viene de su propia militancia política. Eso permite hacer búsquedas, armar
colecciones, fondos documentales. Se está haciendo en muchos lugares. La (ex)
Dipba, Córdoba, Mendoza.
Los archivos de las Fuerzas Armadas en Defensa. En
Cancillería, en Seguridad. En Uruguay se hizo en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y algunos archivos policiales. En Chile hay un trabajo de archivos
en varios espacios. Los archivos funcionan para distintos propósitos, pero para
que existan tiene que haber una decisión política y una política de archivo. Yo
creo que ese es un cambio importante. Hay políticas de archivo impulsadas desde
el propio Estado.
–En ese
sentido, también permite ver lo que falta.
–La guía es
también una forma de ver qué está pasando en la política de archivos. Hay
campos en los que no se empezó a buscar y ordenar documentos que pueden ser
importantes para el tema de la coordinación represiva. El de las organizaciones
sociales, las iglesias. Memoria Abierta armó una guía de archivos de
organizaciones no gubernamentales. También hay áreas estatales que será clave
que estén como Migraciones. Y, por supuesto, el trabajo que acá hace Seguridad
y Defensa en Brasil no se hace. Son otros los archivos que aparecen, algunos de
policía que hacía control político. Pero hay otras áreas que todavía faltan.
–Al poner
a todos los países juntos, los compara. ¿Es como una línea que marca hacia
dónde hay que ir?
–Otra
cuestión que surge son debates todavía abiertos sobre las reglas de acceso.
Toda documentación vinculada con violación grave de derechos humanos tiene que
ser pública en principio. Es cierto que hay información de seguridad o defensa
que son más sensibles. Ahí empiezan a cruzarse intereses que son contrapuestos.
Lo que señalamos es que hay países que tienen legislación o decretos que
parecerían propiciar mayor apertura, pero cuando llegás a la institución con el
archivo no tiene un protocolo claro de cómo es el criterio de reserva, cuándo o
cómo desclasificar. No tiene procedimiento estandarizado.
–¿Es un
primer paso hacia la apertura definitiva?
–Exactamente.
Pueden existir causales de reserva, pero la reserva tiene que estar sujeta a
una interpretación muy estricta, ante la duda tienen que estar por la
publicidad. Muchas veces la inercia burocrática hace lo opuesto: por lo general
reservan todo cuando podría haber sólo algo para reservar y abrir el resto.
–Ahora
bien, así como en Brasil una desclasificación genera debates, ¿puede pensarse
que ese debate empuje procesos de justicia?
–Como en
todo, como pasaba acá. En Brasil hay actores refractarios a la apertura de los
juicios y otros sociales y políticos que quieren que se juzgue. La
regionalización del debate no es neutral, tiene impacto. Las sociedades son
distintas, las transiciones fueron distintas, pero llevar esto al espacio
regional tiene peso sobre los procesos nacionales.
Por otra parte, el
juzgamiento está vinculado con principios internacionales y regionales. El
principio de que estos crímenes tienen que ser juzgados es un principio
internacional que los países van incorporando en sus sistemas nacionales. Creo
que cada país atraviesa procesos distintos pero tienen una dimensión regional
que influye en lo local. Qué puede pasar en Brasil, es difícil anticiparlo,
pero si uno mira para atrás creo que el tema está mucho más fuerte. Uno puede
decir que optan por informes de la Comisión de la Verdad, pero los procesos de
Verdad no son inocuos en términos de justicia, porque más verdad hace más difícil
justificar que no vas a juzgar como si nada hubiera pasado.
–Una de
las demandas de los fiscales respecto del Cóndor era cómo pensar en términos de
imputación el rol de Estados Unidos. ¿Esta guía cómo incluye ese rol?
–Las
instituciones que relevamos son de países de Mercosur y Chile. Pero no hay
ninguna investigación en la región que no muestre el papel central sobre el rol
de Estados Unidos en el Mercosur. Pero también estamos discutiendo ampliar
dentro de los fondos los documentos desclasificados, por ejemplo, de la
National Security o de organizaciones que siguieron estos procesos y su
coordinación represiva. O los del Acnur sobre los casos de exiliados.
* La guía
puede consultarse en la página web del Ippdh. O en
La idea del catálogo
¿Por qué surge en 2011 la idea de hacer el catálogo?
–Dentro de la región, se creó una comisión para contar lo que
hacía cada país en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Empieza
a discutirse el tema de la Comisión de la Verdad de Brasil. En ese contexto,
Argentina, Uruguay y Brasil plantean generar una iniciativa de coordinación
sobre este tema de los archivos.
Pero cada vez más, el Mercosur funciona no
sólo como un lugar de intercambio de información sino de coordinación de
políticas y en algunos casos de fijar posiciones comunes ante foros. En el
campo de derechos humanos, cada vez más se constituye un espacio de discusión
de políticas regionales que a veces son iniciativas para apuntalar el proceso
regional. No hay solo un Mercosur económico sino un ámbito cada vez más válido,
legítimo, de trabajo en otros espacios.
Es interesante porque los gobiernos son
los que deciden llevar estos temas a esos ámbitos. No son los mismos modelos de
política que se aplican a otras regiones. Hay un elemento diferencial: casi
todos los países sufrieron graves dictaduras o terrorismo de Estado y es como
algo compartido. Ahí construyen. La relación entre derechos humanos y
democracia no es lo mismo en el Cono Sur que en otras regiones, porque está muy
vinculado a un pasado en común. Después hay otros ámbitos en los que comienzan
a construirse acuerdos.
Migraciones, con un enfoque basado en el reconocimiento
del migrante como sujeto de derecho que tiene que tener acceso controlado y
demás, pero a los mercados de trabajo, a los sistemas sociales. Es decir,
valorizar el aspecto positivo es una contracara con la mirada de las
migraciones como tema de seguridad, de control de fronteras o hasta de
preservación de identidades culturales.
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