Identifican a nueva víctima uruguaya del Cóndor en Buenos
Aires
El militante desconocido
Brecha 28 9 12 - Por Samuel Blixen
La identificación de otra víctima del Cóndor confirma la
existencia de un centro clandestino de detención en Buenos Aires para la
tortura de ciudadanos extranjeros, anterior a Automotores Orletti.
La denuncia sobre el asesinato de un militante del Partido
Comunista Revolucionario (PCR), ocurrido en Buenos Aires en diciembre de 1975 y
del que no existía noticia, permite reconstruir la historia de la represión de
la dictadura uruguaya contra esa agrupación, que se inició en Montevideo en
1973 y se prolongó hasta 1978 cuando los últimos militantes secuestrados en
Buenos Aires fueron trasladados hasta La Tablada, donde desaparecieron
definitivamente.
Luis Michel Ceballos, de 21 años, cuyo cuerpo presentaba una
veintena de impactos de bala, fue ejecutado en un subsuelo de un hasta ahora
desconocido centro clandestino de detención de la Policía Federal, donde muy
probablemente fueron recluidos, interrogados, torturados y asesinados algunos
de los uruguayos secuestrados en Buenos Aires antes de la instalación de
Automotores Orletti, el centro de operaciones de los represores del Plan
Cóndor.
Ceballos, un estudiante que militaba en el liceo número 8,
donde en agosto de 1972 fue asesinado Santiago Rodríguez Muela, decidió
refugiarse en Argentina a principios de 1975 para evitar la reiteración de
periódicas detenciones, a pesar de ser menor de edad.
Su vinculación a las
Brigadas Rojas y al PCR era “periférica”, según confirmaron ex militantes de
ese grupo político, pero mantenía una relación personal con Carlos Federico
Cabezudo, un militante de ese partido secuestrado en Buenos Aires en diciembre
de 1977, y cuya presencia en La Tablada, Uruguay, fue confirmada por
testimonios de prisioneros sobrevivientes.
A comienzos de diciembre de 1975, Ceballos, que se había
integrado a la estructura de los exiliados del PCR en Argentina, viajó
fugazmente a Montevideo con documentos falsos para ver a su madre, gravemente
enferma. Retornó a Buenos Aires, donde trabajaba como zapatero.
Semanas más
tarde, su hermana, Susana, recibió una llamada telefónica anónima, urgiéndola a
que se trasladara a Buenos Aires porque su hermano estaba “muy grave”; le
dieron un número telefónico para que se contactara en cuanto llegara.
Sospechando que su hermano había muerto, Susana viajó el 1 de
enero de 1976 en compañía de su madre y su otro hermano, y al día siguiente
concurrió a lo que supone era la morgue. Un funcionario, que no se identificó,
le pidió que reconociera el cuerpo de un joven. Susana se descompuso y el
funcionario le evitó el reconocimiento directo: le mostró numerosas fotos que
guardaba en una carpeta de color verde.
Michel Ceballos presentaba heridas de
bala en el cráneo, en el tórax y en el abdomen, según consigna el documento del
Registro de Estado Civil de la Municipalidad de Buenos Aires. Nadie le informó
a Susana sobre las circunstancias de la muerte de su hermano, pero en el
momento en que reconocía las fotografías alcanzó a leer la carátula de la
carpeta: “Ocho muertos. Un herido grave. Nosiglia”.
El funcionario señalaba con
una lapicera las heridas que aparecían en las fotos del cuerpo desnudo de
Michel: “23 orificios de bala, no sufrió nada”, dijo el funcionario, quien le
entregó una tarjeta de una empresa fúnebre, alertándola de que no contratara a
ninguna otra porque esa empresa –Canning, según recuerda– era la única
autorizada.
Según relató a Brecha, Susana Ceballos recibió días después
la visita de Carlos Cabezudo, quien desde 1973 se encontraba clandestino en
Argentina: “Me recomendaba que no regresara a Montevideo, pero en ningún
momento me explicó qué había pasado con mi hermano; deduje que Michel militaba
con Cabezudo”.
GALERÍAS PACÍFICO
A su regreso a
Montevideo, Susana Ceballos recibió por correo una copia del certificado de
defunción de su hermano. El documento contenía una valiosa información que no
había sido explotada hasta ahora, y que vino a confirmar una denuncia
presentada por un ciudadano portugués, en febrero pasado, en la megacausa del
Plan Cóndor, que instruye el juez federal Daniel Rafecas.
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Santana. Foto de Elina Gilmet |
Arturo
Santana, realizador de televisión, había sido detenido en marzo de 1976,
requerido por su condición de militante montonero. Santana permaneció varios
días en un centro de tortura, que él presumía que estaba en un lugar céntrico
de Buenos Aires y que tenía tres subsuelos, uno donde se habían acondicionado
celdas precarias, y un tercero donde se realizaban ejecuciones, a estar por las
ráfagas y disparos que oían los detenidos.
Recién en 1987 Santana logró identificar el lugar donde
estuvo detenido antes de ser trasladado a Campo de Mayo. Tal como relató a
Brecha, en su condición de director de fotografía participaba ese año de la
realización de una producción para la televisión: Ciudad de los pobres
corazones, sobre el álbum de Fito Páez y
dirigida por Fernando Spiner, que se filmaba, en parte, en un edificio de la
avenida Córdoba, entre Florida y San Martín, que acababa de ser declarado
monumento histórico.
Los dibujos de las baldosas del piso le trajeron a Santana
ciertos recuerdos y al recorrer los subsuelos encontró en las paredes rastros
del lugar donde había permanecido detenido en marzo de 1976.
El realizador
hizo una denuncia judicial pero ésta fue archivada. Posteriormente el edificio
sufrió importantes modificaciones cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó
su enajenación para su conversión en un centro comercial, las famosas Galerías
Pacífico, que tomó el nombre de las dependencias que allí habían funcionado,
las del Ferrocarril al Pacífico, que compartían espacios con la
Superintendencia de Policía Ferroviaria y con Coordinación Federal.
En
febrero pasado Santana inició una querella y en abril solicitó a la justicia
“libre oficio a la Policía Federal para que responda si en el 76 operó desde
ese señorial edificio una delegación, comisaría o dependencia de esa
fuerza” y si allí funcionó un polígono
de tiro. El ciudadano portugués presume que en aquel edificio la policía
interrogaba y recluía a extranjeros, porque eran de esa condición todos los que
fueron trasladados desde allí a Campo de Mayo.
La
denuncia de Santana coincide parcialmente con una afirmación del entonces
fiscal de la Cámara Federal Luis Moreno Ocampo sobre la existencia, en las
dependencias de la Policía Ferroviaria, de un centro clandestino de detención
que había funcionado entre 1977 y 1981 perteneciente al circuito ABO
(Atlético-Banco-Olimpo) bajo la tutela del general Guillermo Suárez Mason, por
entonces jefe del Primer Cuerpo de Ejército. El testimonio de Santana adelanta
la fecha de funcionamiento de ese centro de tortura a marzo de 1976.
Sin
embargo, en el proceso de confirmación de la existencia de un centro
clandestino de torturas hasta ahora desconocido, se convirtió en un elemento
clave la partida de defunción en poder de Susana Ceballos. El documento detalla
que la muerte de Luis Michel Ceballos ocurrió “en el interior de la finca sita
en Córdoba 652 el 30 de diciembre de 1975 a las 16 horas”. El documento está
firmado por el oficial del Registro de Estado Civil César Gutiérrez Eguía,
según certificado médico de Mario Sebastián Rosenfeld.
Al
recolectar los elementos para el inicio de una querella ante la justicia
argentina por el asesinato de su hermano, Susana Ceballos hizo protocolizar el
acta de defunción que había recibido por correo y, en compañía de la militante
de derechos humanos Lile Caruso, concurrió a la dirección donde, según el
documento, habían matado a Luis Michel. Ambas confirmaron que en Córdoba 652
radican las Galerías Pacífico. Simultáneamente, la publicación de una
entrevista a Arturo Santana, en la edición de Página 12 del 14 de agosto pasado,
permitió confrontar el testimonio del ciudadano portugués con la prueba
documental.
La
confirmación de la existencia de un centro operativo en el microcentro de
Buenos Aires donde confluían detenidos extranjeros constituye una pista para
determinar dónde fueron interrogados y torturados, por personal policial y
militar uruguayo, algunos de los exilados desaparecidos o asesinados antes de
la inauguración, en junio de 1976, del centro clandestino Automotores Orletti.
Hasta
ahora ningún organismo oficial, argentino o uruguayo, consignaba el nombre de
Luis Michel Ceballos como víctima de la coordinación represiva del Río de la
Plata, en parte porque sus familiares habían postergado la denuncia. Pero en
otros casos de uruguayos desaparecidos ocurridos en los primeros meses de 1976
las informaciones son en extremo parciales: Nebio Melo Cuesta y Winston
Mazzuchi, ambos integrantes de la dirección del PCR, fueron detenidos el 8 de
febrero de 1976 en un bar de la estación Belgrano por personas de particular
que se identificaron como personal de Coordinación Federal; ambos permanecen
desaparecidos y no se sabe a donde fueron trasladados.
El 5 de abril de 1976
fue detenido Ary Cabrera, militante del PVP, fue secuestrado el 17 de abril de
1976 junto a Telba Juárez, cuyo cuerpo apareció dos días después en la
localidad de Barrancas. Hugo Gomensoro Josman – cuyo hermano Roberto fue
asesinado en Paso de los Toros- fue detenido junto con su compañera María del
Rosario Vallarino el 30 de abril; conducidos a un centro de torturas, María del
Rosario fue liberada días después; el cuerpo de Hugo fue allado en aguñas del
Río de la Plata un mes después.
Finalmente, el 18 de mayo de 1976 fueron
secuestrados Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor
Gutiérrez Ruiz; sus cuerpos aparecieron dos días después en el interior de un
auto abandonado. Nunca se supo dónde fueron torturados y asesinados.
Las
decenas de uruguayos detenidos a partir de 1976 fueron todos recluidos en
Automotores Orletti hasta que ese centro clandestino fue cerrado a finales de
ese año. La existencia de un centro donde ahora funcionan las Galerías Pacífico
destinado a prisioneros extranjeros podría revelar dónde operó el Cóndor antes
de Orletti.
La represión contra el
PCR
El “PETISO” Nebio Melo y el “PELADO” Winston Mazzuchi fueron
secuestrados el 8 de febrero de 1976, un mes después del asesinato de Luis
Michel Ceballos, por una patota que irrumpió en el bar Tala de la Estación
Belgrano C. Melo y Mazzuchi eran Militantes del PCR, al igual que Ceballos;
pero a diferencia de éste, aquellos nunca aparecieron.
Unos
días más tarde, otra patota de unos 15 hombres fuertemente armados que se
movilizaban en autos Ford Falcon y que se identificaron como de Coordinación
Federal, allanaron la vivienda donde dos meses antes había residido Nebio Melo
junto a su esposa y su pequeña hija. Los nuevos inquilinos de la casa
formularon una denuncia en la comisaría de la zona. El comisario dijo
desconocer el operativo y luego de unas consultas informales les dijo que no se
preocuparan, que no había nada contra ellos. Y agregó: “Debe de tratarse de un
grupo de uruguayos que andan jodiendo”.
La
convicción de que, por regla general, los operativos en Buenos Aires contra
refugiados uruguayos eran protagonizados por personal de la OCOA y del SID,
policías y militares que se trasladaban a Argentina, termina siendo confirmada,
tarde o temprano con el surgimiento de pruebas.
En el
caso de la represión contra militantes del PCR refugiados en Buenos Aires,
documentos recientemente conocidos revelan que, precisamente por las fechas en
que fue asesinado Ceballos y desaparecidos Melo y Mazzuchi, estaba presente en la
capital argentina un capitán de caballería que en 1973 –y probablemente antes-
tenía como objeto prioritario de sus accionar la represión contra militantes
del PCR.
La
presencia en Buenos Aires del capitán Juan Carlos Gómez no habilita afirmar que
estuvo involucrado en el asesinato y las desapariciones mencionadas. Pero su
historial permite sospechar algún tipo de participación. Numerosos testimonios
indican que Gómez tuvo participación activa en las torturas a las que fueron
sometidos muchos prisioneros recluidos en el cuartel del Regimiento 6 de
Caballería; también se presume que participó en los interrogatorios a que fue
sometido a finales de 1974 Luis Eduardo González González, hasta hoy
desaparecido.
Pero el
hecho por el que está procesado y recluido en la cárcel de Domingo Arena es el
asesinato de Roberto Gomensoro Josman. Según el testimonio de varios testigos,
Gómez fue quien directamente asesinó a Gomensoro en la unidad militar de Paso
de los Toros. Por ese hecho también está procesado José Nino Gavazzo.
El
cuerpo de Gomensoro fue encontrado en el lago artificial de la represa de
Rincón del Bonete por unos pescadores del lugar. Estaba envuelto en una malla
de alambre que sostenía piedras. Fue enterrado en el Cementerio de Paso de los
Toros como NN pero la cabeza fue conservada por el médico policial que realizó
la autopsia. Muchos años después un estudio de ADN confirmó que el cráneo
correspondía a Gomensoro, pero no pudo verificar la identidad del cuerpo
sepultado porque, curiosamente, cuando el caso comenzó a ser ventilado, las
tumbas fueron profanadas y los restos de aquel cuerpo hallado en el lago
desaparecieron.
La
justicia procesó al hoy coronel Gómez, que permanece recluido pese a que,
recientemente, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, difundió
su convicción de que Gómez es inocente en el caso Gomensoro, quien habría sido,
a su juicio, asesinado en una unidad de Montevideo.
Si
finalmente se inicia una investigación sobre los muertos y desaparecidos del
PCR, quizás pueda determinarse qué hacía el entonces capitán Gómez en Buenos
Aires a fines de 1975 y comienzos de 1976.
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