Caras y Caretas. Viernes 8 6 12
Por Roger Rodríguez
Las víctimas del pachecato y la dictadura no quedaron conformes con el acto de reconocimiento y reparación por la actuación del Estado entre 1968 y 1985, cumplido el 4 de junio. Las ausencias oficiales fueron notorias. Un legislador del MPP hizo una infeliz declaración que profundizó el malestar y generó reacciones entre los familiares de las víctimas. La ley de reparación integral, aprobada en 2009, evidenció que, si bien es otro paso en la lucha por los derechos humanos, tiene vacíos que se deberán resolver.
No estuvo el presidente de la República. No fue en la sala de sesiones de la Asamblea General sino en la antesala de la Cámara de Diputados. El acto duró unos pocos minutos y no fue difundido en cadena de radio y televisión. Sólo se transmitió en las radios del Sodre. En nombre del Poder Ejecutivo habló el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich. Por el Poder Legislativo lo hizo el titular de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, diputado Esteban Pérez. No hubo representantes del Poder Judicial.
El acto público de reconocimiento y reparación por la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, previsto en el artículo noveno de la Ley 18.596, no terminó de conformar a las víctimas del pachecato y la dictadura, quienes recibieron un diploma que acredita su condición por parte de un Estado que reconoció su “responsabilidad institucional” al haberlos afectado en “su dignidad humana por motivos políticos, ideológicos o gremiales”. Cinco rúbricas, sin aclaración, suscribían el documento oficial que recibieron 250 personas.
La ceremonia celebrada el lunes 4 de junio no parecía algo posible de concretar en setiembre de 2009, cuando se aprobó la llamada ley de reparación integral. En aquellos días del gobierno de Tabaré Vázquez aún regía con fuerza la ley de caducidad, y la admisión del concepto de reparación integral ante las insuficiencias de la reparatoria Ley 18.033 había implicado una larga lucha de la organización de ex presos políticos Crysol, representados por el jurista Óscar López Goldaracena, quien se basó en la resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los “principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos” aprobados por la ONU en su período número 64 de sesiones, en diciembre de 2005, constituían entonces novedades del derecho internacional que parecían “demasiado” avanzadas para la jurisprudencia uruguaya. Aquella Ley 18.596 también había impuesto una declaración fundamental ante la historia: reconocían delitos del Estado desde la primera aplicación de medidas prontas de seguridad, en 1968.
Sin embargo, los casi tres años de demora en la concreción de este acto de reparación simbólica y el desgaste que en ese tiempo tuvo la comisión especial creada en el marco de la ley llevaron a que semejante reconocimiento del Estado no tuviera su real trascendencia, más aún cuando hace sólo tres meses el propio presidente José Mujica encabezó un desagravio similar ante la familia Gelman, obligado por una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. En el actual contexto, el acto del lunes quedó devaluado.
PALABRAS QUE DUELEN
La ausencia del presidente José Mujica y la negativa del Poder Ejecutivo a conceder la cadena de televisión para la difusión del acto se constituyeron en señales políticas que se sumaban a anteriores ‘guiñadas’ del gobierno en el tema derechos humanos. El colmo fue una desafortunada frase del diputado Esteban Pérez (MPP) quien, luego de aludir a los mártires víctimas del Estado, agregó: “Por respeto a todos ellos, ruego que hoy apartemos todo sentimiento de odio y rencor, que son paralizantes”.
La frase de Pérez volvía a validar la ‘teoría de los dos demonios’ en un acto en el que formalmente se admitía que sólo había existido el demonio de la represión del Estado. Las palabras del diputado emepepista dejaron un retrogusto amargo entre los que habían asistido a la ceremonia de entrega de los primeros 250 certificados (varios de los presentes lo increparon al finalizar el acto) y tuvieron muy duras repercusiones en las redes sociales en las que se expresan familiares de las víctimas.
Marys, hija del asesinado Nuble Yic, escribió en Facebook: “Todavía el Estado (gobierno, representantes, etcétera) no logra comprender que las víctimas y sus familiares no buscamos venganza, sólo queremos verdad y justicia […] No fue para nada un acto sentido, de verdadero reconocimiento. Fue un simple y corto protocolo formal para cumplir con una parte de lo que debería ser una ley de reparación integral […] Señores, me siento doblemente víctima, fue una verdadera payasada, es querernos conformar con lo que necesitamos […] Dicen que poco es más que nada… pero por lo menos, en lo poco que hicieron, se hubieran esmerado más… Nos lo merecíamos”.
Más duro fue el poeta Miguel Ángel Olivera (El Cristo), quien difundió versos titulados “Las Cocardas (El 5 de Oro del torturómetro)” que comienzan:“Escondiditos ahí/ entre bastidores/ en un baldío del Parlamento/ –casi un contenedor de residuos–/ un cuartucho para las escobas/ en el rincón de las arañas/ funcionarios de medio pelo/ entregaron cocardas victimosas/ revictimizando a las víctimas/ con un papelón”. Y terminan exclamando: “¡No gasten más plata en papel!/ ¡Compren el georradar para las excavaciones/ a ver si además de desenterrar/ los huesitos de los compañeros/ desenterramos sus ideas/ de una buena vez!”.
“La reparación integral es una lucha de años de quienes fuimos presos políticos. Mucho se logró en esta etapa: el reconocimiento de la responsabilidad del Estado desde 1968, la señalización de lugares donde ocurrieron cosas para que queden en la memoria, el otorgamiento de prestaciones médicas y la indemnización económica que corresponde a muchos. Quedan casos por los cuales hay que seguir luchando, para terminar con la cultura de impunidad que aún sobrevive”, explicó a Caras y Caretas Gastón Grisoni, dirigente de la organización.
QUE LA BRONCA TIRARON
La comisión especial creada por la ley de reparación integral ha recibido críticas y cuestionamientos desde su propia formación. Integrada por delegados de los ministerios de Educación, Economía y Salud, se complementó con sendos representantes de Crysol y Familiares de Desaparecidos. Su cometido fue “instruir, sustanciar y resolver” sobre los pedidos de amparo a la ley y para ello podía requerir toda la información y antecedentes necesarios como medios de prueba que confirmaran la condición de víctima de los solicitantes.
Los primeros que se sintieron excluidos de la reparación fueron grupos de uruguayos radicados en el exterior, quienes consideraron que su condición de exiliados no estaba amparada en la normativa. Reivindicaban la restitución e indemnización por daños materiales y psíquicos sufridos por su condición de parias y fundamentaban su alegato en el concepto “proyecto de vida” reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el que se reconoce el derecho a la realización integral de las personas durante el desarrollo de sus vidas.
También hubo críticas cuando, al asumir el nuevo gobierno del Frente Amplio, se produjeron sustituciones en los delegados de los ministerios ante la comisión especial. Esto implicó un nuevo comienzo, una vez que el grupo ya había pasado una etapa de adaptación, aprendizaje y coordinación para resolver casos que trascendían sus facultades originales y los colocaban en la necesidad de decidir si aplicaban normas del Código Civil, si admitían criterios de los asesores técnicos o tomaban resoluciones políticas ante determinados casos.
Un episodio particular fue el denunciado por Mario Nino De Negri, secuestrado en diciembre de 1975 en Buenos Aires, trasladado a Uruguay, devuelto a Argentina y regresado a Montevideo, donde quedó como desaparecido en centros de tortura durante ocho meses, antes de ser encarcelado en el penal de Libertad. Un peritaje le negó el amparo a la Ley 18.596 por considerar que no había sufrido lesiones gravísimas según lo estipulado en el Código Penal (enfermedad incurable, pérdida de un sentido, mutilación o deformación del rostro).
En su recurso contra el pronunciamiento, De Negri reclamó que se le reconociera por su condición de víctima del Departamento III del Servicio de Información y Defensa (SID) en el marco de la operación Cóndor, situación que no estaba contemplada en la ley y por tanto pedía un mecanismo de analogía que, en el formulario de petición, sólo consideró posible en opción “lesiones gravísimas”. La comisión terminó por admitir que el caso no estaba previsto en la ley y que la situación trascendía sus potestades. De Negri no pidió su certificado.
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