Página 12. 1 8 11. Por Mariana Carbajal
El Centro Ulloa, de la Secretaría de DD.HH. de la Nación, brinda asistencia integral a víctimas de abusos de fuerzas de seguridad, gatillo fácil, torturas y tratos crueles en cárceles y comisarías. Organizan un equipo para intervenir en casos de trata.
Se creó para intentar suavizar las huellas profundas en la salud psíquica y física de las víctimas del terrorismo de Estado –y de sus familiares– y acompañarlas en su recorrido como testigos en los juicios contra los represores.
Pero el Centro Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, amplió sus incumbencias. Y también brinda asistencia integral a víctimas de violaciones de los derechos humanos perpetradas en democracia: abusos de fuerzas de seguridad, gatillo fácil, torturas y tratos crueles en cárceles y comisarías.
Están organizando un equipo, además, que pueda intervenir en casos de trata. La atención no está centralizada en su sede, en la ciudad de Buenos Aires. Para cubrir todo el territorio del país, armaron una red de profesionales, con perspectiva de derechos humanos, de hospitales públicos en las diversas provincias.
“Si creamos este Centro de Asistencia no podemos solo abocarnos a las violaciones de derechos humanos del terrorismo de Estado. Hay muchas marcas en las fuerzas de seguridad, en las estructuras del Estado, de eso que ocurrió. Las marcas son tan profundas que por supuesto se siguen generando violaciones en la actualidad y no podemos dejar por fuera a esas víctimas.
La lógica de trabajo es la misma que aplicamos a las víctimas de terrorismo de Estado”, explica a Página/12 Fabiana Rousseaux, directora del Centro Ulloa. También ella tiene sus propias huellas del horror de aquellos años oscuros: su padre está desaparecido.
El Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de DD.HH. Dr. Fernando Ulloa se creó en octubre de 2010: sus incumbencias se ampliaron en febrero último por decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Funciona desde hace pocos meses en una casona con patio andaluz en el microcentro porteño, Esmeralda 138, en las mismas habitaciones que albergaron al extinto Banco General de Negocios, denunciado por la fuga de 250 millones de dólares, de los hermanos Rohm y en cuyo directorio también tenía participación el ex ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz.
El pasado y el presente deambulan y se chocan por los pasillos. Pero la casona respira el espíritu del psicoanalista Fernando Ulloa –a quien homenajea con su nombre–, fallecido hace tres años, a los 84 años, reconocido por su compromiso social y político, y sus aportes conceptuales y prácticos a la lucha por los derechos humanos.
En realidad, el Centro Ulloa es la continuación de otras iniciativas promovidas desde la Secretaría de Derechos Humanos para dar contención, acompañamiento y asistencia en salud mental a víctimas-testigos del terrorismo de Estado. “Pero estamos también empezando a trabajar con médicos. Este no es un tema solo de salud mental: cuando una persona, luego de testimoniar en cualquier causa, desarrolla una enfermedad autoinmune y se muere, como ha pasado, es un tema muy grave”, apunta Rousseaux.
–¿Lo ven como un patrón?
–Sí. Por eso hablamos de la importancia del acompañamiento del testigo: el testimonio en el juicio no es volver a contar sino volver a vivir. Y eso trae consecuencias. Algunas personas, como el papá del Negrito Avellaneda (Floreal tenía 15 años cuando fue secuestrado; su cuerpo mutilado apareció en la costa uruguaya en 1976) no podemos decir que murió después del testimonio. Pero como profesionales podemos decir que hay algo del cuerpo que se desadormece después de que toda su vida fue pensada en función de llegar a ese testimonio, a que se haga justicia. ¿Y luego qué viene? Lo vimos en otros casos, en otras provincias. Hay algo que se descongela en el cuerpo. Muchas de estas personas jamás han podido ir a hacerse estudios básicos, indispensables, como un electrocardiograma o una mujer estudios ginecológicos. Son cuerpos marcados por la memoria del horror. En el Centro escuchamos gente que llega derivada de un juzgado, de una fiscalía, que dice: “Yo tengo esta enfermedad hace muchos años, pero jamás pude ir a un médico”. No se animaron, tal vez, porque viven en pueblos chicos, donde el médico del lugar pudo estar vinculado con represores.
Una de las asesoras del Centro Ulloa es Alicia Stolkiner, titular de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Psicología de la UBA y profesora de posgrado en el Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús.
El equipo se integra con profesionales más jóvenes, como la psicóloga Juliana Serritella, coordinadora del Area de Terrorismo de Estado, y Virginia Delgado, psicóloga y psicopedagoga. “Cuando se funda este Centro, se establece un puente entre las violaciones de los derechos humanos durante el terror de Estado y las actuales, que tienen que ver con la actuación, aun en un marco democrático, de las fuerzas de seguridad de manera inadecuada”, puntualiza Stolkiner.
La formación de una red de profesionales en distintos hospitales, que puedan dar respuesta a víctimas de violaciones de derechos humanos, es una prioridad para la Secretaría de Derechos Humanos.
“El Programa Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado (CATE) –del cual depende el Ulloa– surge en 2005 con el objeto de volver a instalar el tema de la actualidad del terrorismo de Estado en la salud mental y en la población en general. No se trataba de un hecho del pasado, sino que retornaba sistemáticamente en las consultas y las profesionales daban una respuesta muy curiosa, sobre todo en el interior del país, cuando se acercaba una víctima de terrorismo de Estado tres décadas después a atenderse: ‘Vaya con los de los derechos humanos, esto es un problema de los derechos humanos, nosotros no tenemos nada que ver con el tema’.
Dentro de la Secretaría, planteamos la necesidad de que ningún profesional del país, que tenga una matrícula y que sea funcionario público también, pudiera decir que no tenía nada que ver con el problema del terrorismo de Estado, porque la gente, sobre todo en el interior de país, veía acotada su posibilidad de asistencia”, dice Rousseaux.
–¿Qué particularidad puede tener la intervención de profesionales de la salud mental o médicos de la red que han armado?
–Nuestra mirada particular y específica es pensar la representación subjetiva que cada uno tiene respecto de esa violación de derechos. A veces viene gente que uno puede interpretar que no ha sufrido una violación efectiva de derechos humanos en la definición estricta y, sin embargo, hay una interpretación subjetiva. Nos llamaron para intervenir en el primer juicio oral que se va a llevar adelante por el caso de Marita Verón en Tucumán, en el acompañamiento a las víctimas-testigos que van a declarar. Finalmente no nos vamos a ocupar, pero sí pensamos que tenemos que acompañar a víctimas de trata, que es un trabajo casi a la inversa del que hacemos con víctimas de terrorismo de Estado.
–¿Cuál es la diferencia?
–Por la posición subjetiva de las víctimas. Pareciera ser que lo que hay que construir es la condición de sujeto de derecho en ese caso. Nos parece muy importante –como en el caso de la causa de Automotores Orletti, que muchos testigos venían de Uruguay– qué pasa con el post testimonio y cómo nosotros sostenemos y armamos una red de contención luego de que declaren en el juicio, que es el momento más riesgoso y en el que tal vez la Justicia no piensa, porque está enfocada en el testimonio.Actualmente brindan asistencia a unas quinientas personas, víctimas del terrorismo de Estado. Hay una propuesta de hacer un espacio grupal para mujeres que han sufrido violaciones sexuales en los centros clandestinos.
Acompañamiento y contención
El Centro Ulloa también se dedica a la investigación. El Programa CATE (Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado), recuerda Fabiana Rousseax, se plantea como “una especie de difusión y reinstalación de la temática a nivel de producción teórica, rescatando también las conceptualizaciones de la década del ’70 y del ’80, no solo con los intelectuales y profesionales de la salud que en la Argentina habían trabajado esto, sino también con la gente de América latina, de los países que habían formado parte del Plan Cóndor, como Marcelo Viñar, psicoanalista uruguayo, que también fue referente, junto con Fernando Ulloa, de la conceptualización sobre estos temas”.
Cuando luego de un año de recorrido se disponen a presentar formalmente el Programa CATE en el marco de un seminario con la primera publicación, en ese momento, ese mismo día, desaparece Jorge Julio López. “Y ahí se da un giro rotundo en el trabajo que veníamos haciendo –indica la coordinadora del Ulloa–, porque ya no estábamos hablando solo de la actualidad de hechos del pasado y cómo estaban inscriptos y cómo retornaban, y qué huellas había de ellos, sino que estábamos hablando de la desaparición en ese momento de una persona, en el marco de un juicio, donde además la preocupación fundamental era cómo hacer para que no se cayeran los juicios.
Si desaparece un testigo en el marco de la reapertura del primer juicio, el primer temor era que los testigos renunciaran a su condición de testigos y se cayeran los juicios.
Hicimos una reunión especial de altas autoridades de derechos humanos de todas las provincias, para analizar el caso López y se pone a disposición el Programa CATE.
En ese momento Néstor Kirchner plantea que la respuesta no podía ser ya la protección de testigos víctimas del terrorismo de Estado sino alguna otra cuestión vinculada con cómo garantizar cierto acompañamiento y contención a los testigos en el marco del horror que esto había vuelto a meter por la ventana. Ahí se funda el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia a Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado en el 2007”.
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