La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Datos

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Teléfono: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@gmail.com

Horario de atención en nuestra sede social: de Martes a Jueves de 15:00 a 18 horas. Cuota social: $ 330.-

sábado, 11 de junio de 2022

Las mujeres construimos historia defendiendo la vida

El pasado jueves 9 de junio, con la presencia de la Directora de DDHH para el Pasado Reciente de Presidencia de la República Matilde Rodríguez Larreta, el Coordinador de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sr.  Pablo Ruiz, la Intendenta de Montevideo, Ing. Carolina anunció públicamente que el 27 de junio se llevará a cabo un concurso de ideas para construir el Memorial en homenaje a las ex presas políticas.


Intendenta de Montevideo Ing. Carolina Cosse


 Las mujeres construimos historia

defendiendo la vida



Graziela Rodríguez

Hoy, las mujeres ex presas políticas de Uruguay manifestamos nuestra alegría  con la presentación pública del Proyecto de Memorial que recuerda a las Ex  presas políticas de todo el país.

El Memorial de las mujeres AVANZA y finalmente veremos el resultado de  nuestra justa reivindicación.

Hace 3 años un grupo de ex presas comenzamos a reunirnos en Crysol con el  objetivo de materializar el reconocimiento de la lucha de miles de mujeres de  todo el país, militantes sociales, sindicales y políticas, perseguidas, detenidas,  torturadas, desaparecidas, asesinadas, durante la actuación ilegítima y el  Terrorismo de Estado entre 1968 a 1985. Todas ellas contribuyeron con su  lucha al retorno a la democracia.

Del mismo modo a todos aquellos niños y niñas que también fueron víctimas  de las mismas atrocidades que sus madres y padres.

Desde la vuelta a la Democracia en 1985 el Estado estuvo y sigue estando  omiso respecto al reconocimiento y visibilización de las mujeres.

En octubre de 2019, en este lugar que fuera cedido por resolución de la  Presidencia de la Asamblea General del Poder Legislativo de la anterior  legislatura, así como por el Decreto de la Junta Departamental de Montevideo  (No. 37388), se facultó a la Intendencia de Montevideo a erigir el memorial  en  este predio, donde se colocó la Piedra Fundamental bajo la consigna  “Las  mujeres construimos historia defendiendo la vida”.

Desde entonces estamos abocadas a lograr los apoyos necesarios para avanzar  en su construcción.

Agradecemos a las instituciones que nos acompañan  en este proceso, como es  el caso de la UDELAR a través de diferentes programas. También a aquellas  personas, sobre todo jóvenes, que se han acercado a trabajar con nosotras.

Ahora, después de 2 años de pandemia, el cambio de gobierno y las  dificultades para avanzar, el Gobierno Departamental de Montevideo y la  Intendenta Ing. Carolina Cosse, nos está habilitando la posibilidad de su  realización, lo que mucho agradecemos a ella y a todo su equipo en nombre de  nuestro colectivo.

Este Memorial de carácter nacional se levantará frente al Palacio Legislativo,  máximo órgano representativo del país y será un hito fundamental en la  transmisión de la MEMORIA y en nuestro compromiso de siempre en la  búsqueda de la VERDAD y la JUSTICIA.

Nuestro colectivo seguirá trabajando  para que este espacio se mantenga vivo  y sea un aporte para quienes no vivieron ese período. Para que se conozcan las  consecuencias trágicas del quiebre institucional.

Por último este Memorial, constituirá una reparación simbólica, que el Estado  aún hoy tiene pendiente, para con nosotras, para con nuestros padres y  madres, con nuestras hijas e hijos y para la sociedad en su conjunto que de  una forma u otra sufrió las consecuencias del Terrorismo de Estado.

NUNCA MAS TERRORISMO DE ESTADO
















Un memorial para homenajear y seguir 


forjando democracia plena



Presidente de Crysol Gastón Grisoni

Nos complace enormemente la perspectiva a corto plazo de poder contar, en este espacio tan importante de la ciudad, con un Memorial que recuerde y rinda homenaje a  las ex presas políticas de todo el país, a esas miles de uruguayas que de mútiples e infinitas maneras enfrentaron las Medidas Prontas de Seguridad, las militarizaciones, la dictadura cívico militar, el propio terrorismo estatal y que por ello estuvieron detenidas, privadas de su libertad, en la gran mayoría de los casos por largos períodos de tiempo.

La concreción de este Memorial por parte de la Intendencia de Montevideo, lo cual agradecemos enormemente, hará justicia con todas ellas y les dará un lugar propio que recuerde sus luchas, sus compromisos, sus sufrimientos y dolores, pero fundamentalmente su contribución a que en este país hayan libertades, haya derechos, haya legalidad, haya democracia.

A nivel mundial, Uruguay destaca como un país avanzado en materia de institucionalidad y Estado de derecho, como país democrático. La institucionalidad democrática que disfruta  nuestro país es una gran conquista del pueblo uruguayo.

Sin negar el contexto exterior favorable, fruto de la solidaridad internacional organizada, que influyó positivamente en que se hallara una salida política, la democracia fue una conquista popular. Es el resultado de  luchas, de  movilizaciones, de  resistencia, en forma individual y colectiva, en Montevideo y en el Interior, dentro y fuera de fronteras. En esa batalla histórica las mujeres supieron participar activamente en todos los planos y en todos los frentes.

Las mujeres uruguayas, desde diferentes roles y lugares, en todo el proceso del pasado reciente, jugaron un papel decisivo. Fueron detenidas desaparecidas, fueron asesinadas, fueron exiliadas, fueron  clandestinas, lucharon en el mayor anonimato, fueron “rehenas”, fueron presas políticas, incluso niñas y adolescentes, en Cárcel Central, en Cabildo, en Carlos Nery, en el Hogar Yaguarón, en el Buen Pastor, en el IMES, en el Blandengues, en la Cárcel de Paso de los Toros, en la Cárcel del Este, en Punta de Rieles, en los centros clandestinos de detención y tortura, en Boiso Lanza, en Prefectura, en el Fusna  y en diferentes  cuarteles de todo el país.

Ha pasado mucho tiempo desde el retorno a la democracia y es tiempo de que este Memorial rinda a homenaje a esas miles de luchadoras sindicales, estudiantiles, sociales y políticas, para que sigamos inspirándonos en la tarea de construir una democracia más justa, más digna y más plena.

En palabras de José Saramago, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás  no merezcamos seguir existiendo. Este memorial a las ex presas políticas del Uruguay será un recordatorio y un compromiso con las responsabilidades por verdad, memoria y justicia. 

martes, 7 de junio de 2022

Las mujeres fueron parte de la lucha popular


 
La institucionalidad democrática que disfruta nuestro país es una gran conquista del pueblo uruguayo. Sin negar el contexto exterior favorable, fruto de la solidaridad internacional organizada, que influyó positivamente en que se hallara una salida, la democracia fue una conquista popular. Es el resultado de luchas, de movilizaciones, de resistencia, en forma individual y colectiva, en Montevideo y en el Interior, dentro y fuera de fronteras. En esa batalla histórica las mujeres supieron participar activamente en todos los planos y en todos los frentes.



Los sectores populares demostraron una gran capacidad de sobreponerse a fuerzas muy superiores, de superar sus diferencias políticas e ideológicas, de unirse y de contribuir a la búsqueda de salidas constructivas.

Desde diferentes roles y lugares, en todo el proceso, las mujeres uruguayas jugaron un papel decisivo. Fueron detenidas desaparecidas, fueron asesinadas, fueron exiliadas, fueron clandestinas, lucharon en el mayor anonimato, fueron “rehenas”, fueron presas políticas, incluso niñas y adolescentes, en Cárcel Central, en Cabildo, en Carlos Nery, en el Hogar Yaguarón, en el Buen Pastor, en la Cárcel de Paso de los Toros, en la Cárcel del Este, en Punta de Rieles, en los centros clandestinos de detención y tortura, en Boiso Lanza, en Prefectura, en el Fusna y en diferentes cuarteles de todo el país. 

Doblemente criminalizadas

Durante el proceso iniciado el 13 de junio de 1968, las mujeres uruguayas y muy especialmente aquellas que estuvieron privadas de su libertad, las ex presas políticas, sufrieron doblemente el odio de los represores al servicio de los dueños del poder. Para ellos fueron un “botín de guerra” a su entera disposición y así actuaron. No les perdonaron haber quebrado el mandato machista y, en vez de cuidar su casa, sus hijos y familia, haber salido a cambiar el mundo, haber salido a enfrentar las Medidas Prontas de Seguridad de Jorge Pacheco Areco, la dictadura cívico militar y el terrorismo de Estado.

Los centros de reclusión, las cárceles, formales e informales, diseñados para la destrucción física, síquica y moral, fueron transformados, por su amor a la vida, a sus convicciones y valores, en centros de resistencia y enfrentamiento, basadas en la solidaridad diaria e inquebrantable, enfrentando, incluso, el hostigamiento directo, como autoridades carcelarias, de sus torturadores y abusadores como Jorge “Pajarito” Silveira y José “Nino” Gavazzo.

La democracia uruguaya no le debe nada a las Fuerzas Armadas, a las gremiales de los poderosos y dueños del país, a los sectores más conservadores de los Partidos Nacional y Colorado. Mucho menos al vocero oficial de la dictadura: el matutino El País. El plebiscito constitucional de 1980 puso al desnudo el proyecto institucional de nación que proyectaban y que pretendían legitimar, profundamente antidemocrático y antipopular. La histórica derrota que sufrieron generó las condiciones para un retroceso que cristalizó en el retorno a la democracia en 1985. 

Un memorial para la Memoria histórica del país


Desde hace años Crysol viene trabajando activamente para que exista un Memorial que reconozca y homenajee a las ex presas políticas, por su contribución a la reconquista de la democracia y de la libertad.

La Intendenta de Montevideo Ing. Carolina Cosse asumió el desafío de trabajar para que en la capital haya un Memorial que rinda homenaje a las ex presas políticas de todo el país por su contribución al restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho.

El jueves 9 de junio, a las 12.30 horas, en el Espacio Julia Arévalo, frente al anexo del Palacio Legislativo, habrá una sencilla ceremonia para dar comienzo a las trabajos de construcción del Memorial que será inaugurado a la brevedad.

El proceso iniciado el 13 de junio de 1968 y que desembocó en el terrorismo de Estado fue una tragedia que sufrió nuestro país para que los ricos fueran más ricos. El triunfo popular se basó en una activa y protagónica presencia femenina que Crysol siempre ha reivindicado.

Este Memorial es muy importante en la lucha contra el revisionismo histórico de los Cabildantes y del partido de la impunidad. Para afirmar la democracia y seguir avanzando en la construcción del Nunca Más terrorismo de Estado, este jueves, todos estaremos presentes.

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Opinando N° 8 – Año 11 – Martes 7 de junio de 2022

miércoles, 1 de junio de 2022

Reconocer y homenajear a las víctimas

 

Cuando los Estados violentan las normas de DDHH, como ocurrió en nuestro país durante el terrorismo estatal, deben proceder, entre otras acciones, a reparar a las víctimas de una manera integral. Asegurar el acceso a la justicia para que los hechos sean esclarecidos, identificados y sancionados los responsables, es la obligación básica y primaria.


Sara Youtchak. Una de las primeras detenidas en la Operación Morgan estuvo en Juan Paullier 1190

Los Estados y sus funcionarios tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos y las libertades de toda la ciudadanía. En caso contrario, cuando ocurren violaciones, ya sea por acción directa de sus funcionarios o por omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades básicas, tienen la obligación de reparar el daño ocasionado. La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General en diciembre de 2005, es el documento internacional que sintetiza las diferentes normas reparatorias aprobadas en diferentes épocas. Es el documento internacional más completo, el estándar de calidad, para exigir responsabilidades y evaluar los avances logrados.

Ley de Sitios de Memoria

Desde el retorno a la democracia en 1985, el Estado uruguayo aprobó numerosas leyes reparatorias para resarcir los daños ocasionados por sus funcionarios en el período predictatorial, dictatorial y durante el terrorismo desembozado, cuando las Fuerzas Armadas actuaban a cara descubierta en el ejercicio del gobierno.

La aprobación de la Ley 19.641, Ley de Sitios de Memoria,  en el año 2018, fue un jalón muy valioso y muy importante en el proceso de implementar la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. El proyecto base, que luego se convertiría en norma legal, tuvo como protagonistas a un conjunto de organizaciones sociales comprometidas con las causas de DDHH del pasado reciente. Entre ellas, obviamente, estuvo Crysol.

Como señala la norma en su artículo Nº 3: La declaración y creación de Sitio de Memoria Histórica consagra el recordatorio y reconocimiento de aquellos lugares donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales y que son utilizados como espacios abiertos al público para la recuperación, construcción y transmisión de memorias, así como forma de homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades.

Juan Paullier 1190: un centro de torturas

El Ministerio de Defensa Nacional ha puesto a disposición del público en general la posibilidad de visitar un local que fuera usado por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN)  para retener a ciudadanos por algunos meses. Al hacerlo, ha omitido informar a la ciudadanía que luego  de que la finca pasara a manos de las Fuerzas Armadas fue un centro represivo clandestino. Durante el despliegue de la Operación Morgan contra el Partido Comunista (PCU) a fines de 1975 y principios de 1976, el local fue empleado por el SID y la OCOA como centro de torturas y de cautiverio de decenas de ciudadanos que fueron detenidos y permanecieron secuestrados hasta que fueron “blanqueados” sometiéndolos a tribunales militares.

De acuerdo a las normas vigentes, el local sito en Juan Paullier 1190 que está en manos del Ministerio de Defensa Nacional y que fue un centro represivo de primer nivel durante el despliegue de la Operación Morgan contra el PCU,   debería ser señalizado como Sitio de Memoria en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. Así lo posibilita la normativa legal. Defenderemos las conquistas logradas frente a los empujes de los nostálgicos del proceso cívico militar y daremos, al respecto, las batallas que sean necesarias.

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Opinando N° 7 – Año 11 –  Miércoles 1º de junio de 2022


martes, 24 de mayo de 2022

Inoperancia judicial


 El próximo miércoles 25 de mayo se cumplen 50 años del asesinato de Luis Batalla en la ciudad de Treinta y Tres a manos de las Fuerzas Armadas. El expediente judicial aún sigue sin resolución.


En su momento conmovió a todo el país y tuvo impactos institucionales. El Ministro de Defensa Nacional fue interpelado y debió renunciar ante la gravedad de los hechos. Luis Batalla, militante conocido del Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue detenido por personal militar y falleció a los pocos días por muerte violenta, tal como constató la autopsia. Fue el primer asesinado por torturas cometido por las Fuerzas Armadas en el período iniciado el 13 de junio de 1968.

Prisión política y torturas

Otorgar potestades a la Justicia Militar para juzgar a los civiles fue una decisión del Parlamento de la época en el marco de la Declaración del Estado de Guerra Interna. En setiembre de 1971, por decreto, Jorge Pacheco Areco ya había atribuido a las Fuerzas Armadas la represión de las organizaciones que operaban al margen de la ley.

En base al mismo decreto creó  las Fuerzas Conjuntas supeditando a la Policía, estableció el Estado Mayor Conjunto y designó  a los  generales Gregorio Alvarez y Esteban Cristi en puestos claves de la estructura militar. La prisión masiva de ciudadanos, asociada a las torturas, las desapariciones, las incomunicaciones y la prisión prolongada pasaron a ser la metodología preponderante, sin descartar ninguna estrategia represiva.

El Dr. Julio María Sanguinetti

La dictadura cívico militar y la vigencia de la Ley de Caducidad aprobada en diciembre de 1986 fueron obstáculos reales e indudables para que el Poder Judicial pudiera cumplir con sus potestades constitucionales. La Ley de Caducidad supeditó a la Justicia al Poder Ejecutivo durante más de 20 años. Incluso, durante el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, la causa judicial por el asesinato de Luis Batalla fue amparada en la Ley de Caducidad aunque el crimen fue cometido en un período no contemplado por la norma legal.

Desde octubre de 2011 en que se aprobó la Ley 18 831 no existen más obstáculos legales. Se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. El Poder Judicial recuperó su autonomía. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de inconstitucionalidad genérico sobre ella que incluye los artículos 2 y 3, en un fallo histórico que debe seguir manteniéndose en lo sucesivo.

Lentitud judicial

A  casi 50 años de los hechos, el Poder Judicial aún no se ha expedido y la causa sigue abierta. Hay pedidos de procesamiento para los principales involucrados desde el año 2019.

Las actividades previstas de homenaje a Luis Batalla en su ciudad natal, sin la participación activa de las autoridades departamentales, son un grito militante para que el Poder Judicial se expida y que haya justicia. La investigación y el esclarecimiento de todas las graves violaciones a los derechos humanos es un requisito fundamental para que dichos crímenes no vuelvan a ocurrir. La democracia plena que la lucha del pueblo uruguayo ha conquistado demanda el funcionamiento a cabalidad del Poder Judicial.

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Opinando N° 6 – Año 11 –  Martes  24 de mayo de 2022

viernes, 22 de abril de 2022

Ocho mártires comunistas

 Medio siglo de impunidad


Por Virginia Martínez

Brecha – 21 4 2022

Luis Alberto Mendiola, Justo Sena, Héctor Cervelli, Raúl Gancio, José Abreu, Elman Hernández, Ruben Claudio López y Ricardo González Gentileza Diario El Popular

A 50 años de la matanza del Seccional 20 del Partido Comunista de Uruguay (PCU), no es una exageración decir que estamos ante el crimen más silenciado e impune de nuestra historia reciente. Los hechos ocurrieron así: la madrugada del 17 de abril de 1972 el Ejército y la Policía rodearon el local partidario de la avenida Agraciada y Valentín Gómez, en el Paso Molino, obligaron a salir a los militantes que estaban allí y los fusilaron cuando se asomaron a la puerta o lograron salir a la calle. 

Siete murieron desangrados o rematados cuando clareaba el día. Otro murió 11 días después en el Hospital Militar. Tres sobrevivieron. En el operativo también hirieron a un joven capitán del Ejército, que agonizó dos años con muerte cerebral. La violencia contra la 20 alcanzó a todo el barrio. 

Vehículos militares cercaron la zona, hombres uniformados y de civil armados a guerra se apostaron en las azoteas de la calles linderas y en el fondo del local. Pasada la medianoche, se apagaron las luces de Agraciada, se escucharon sirenas estridentes y comenzó un tiroteo que duró horas. La operación siguió hasta el mediodía siguiente. El barrio quedó bloqueado. A nadie se le permitió salir de la casa, ni siquiera para ir al trabajo. En la mañana trasladaron los cadáveres a la comisaría 18, en la calle Félix Olmedo, donde quedaron apilados, tapados con una lona. Mientras tanto, en los alrededores, seguían los allanamientos y las detenciones. 

La operación de ocultamiento y falseamiento de los hechos empezó el día de la masacre y ha impedido hasta el presente conocer en detalle lo que pasó y juzgar a los responsables penales del asesinato colectivo. En efecto, las pruebas se fueron borrando y ya casi no quedan protagonistas ni agonistas vivos. No se sabe cómo se organizó el operativo, quiénes participaron en él, de dónde partió la orden de matar ni cómo hirieron al capitán Wilfredo Busconi. 

Tampoco se ha profundizado en la responsabilidad política del crimen. El Parlamento de la época no quiso investigar. Los legisladores del Frente Amplio propusieron que se formara una comisión investigadora en la Cámara de Senadores. 

La convocaron en nueve oportunidades y en todas hubo que levantar la sesión por falta de cuórum. La vuelta a la democracia tampoco suscitó interés en el tema. Se constituyeron comisiones parlamentarias para investigar el secuestro y la desaparición de personas, el asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, y la muerte por envenenamiento de Cecilia Fontana de Heber, pero los asesinatos de la 20 quedaron en el olvido.


Escena de la masacre en la seccional 20 Gentileza Diario El Popular


La masacre forma parte del ciclo de muerte de una fecha hito, el 14 de abril, en la violencia política que precedió al golpe de Estado. Sin embargo, en todas las evocaciones queda fuera de la breve e intensa secuencia cronológica de aquel fin de semana trágico, que parece resumirse a una lógica contable de muertos por acción y reacción. En la acción están los asesinatos por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros de cuatro acusados de integrar el Escuadrón de la Muerte; en la reacción, los ocho militantes tupamaros asesinados ese día. Los hechos del Paso Molino han quedado fuera porque habitualmente se remarca la violencia que llevó a la aprobación del estado de guerra interno y esta matanza fue la primera consecuencia de esa declaración. La madrugada del 15 de abril, tras 24 horas de tenso debate, el Parlamento aprobó las medidas de excepción pedidas por el Poder Ejecutivo. En la ocasión, el senador Michelini anunció lo que iba a venir: «En estos días en el país va a haber un baño de sangre. Nadie se llame a engaño». Así fue.

 

En esos oscuros días también ocurrieron dos acciones simbólicas destinadas a durar en el tiempo. Por un lado, el gobierno convirtió a los acusados de integrar el Escuadrón de la Muerte en mártires nacionales. El presidente de la república de aquel entonces, Juan María Bordaberry, llamó a la ciudadanía por cadena de radio y televisión a asistir al entierro de Armando Acosta y Lara y al de los militares y los policías asesinados. Por otro, el entonces ministro de Educación y Cultura, Julio María Sanguinetti, los despidió como «uruguayos caídos en el más glorioso de los deberes: el de servir a la patria». Así se sentaron las bases de la que iba a ser la conmemoración más sentida de la dictadura, el Día de los Caídos en la Lucha contra la Sedición.

 

En forma simultánea, el Poder Ejecutivo situó a los obreros comunistas asesinados en la 20 en el campo de la subversión. La tarde misma de la matanza, la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas emitió un comunicado que fraguaba los hechos: los trabajadores habían recibido a balazos a las fuerzas del orden y habían caído en un enfrentamiento. 

Un mes más tarde, sin que mediara una investigación parlamentaria ni una investigación de la justicia civil o militar, el Poder Ejecutivo los incluyó en la nómina de los subversivos caídos. «En estos 18 muertos están incluidos los ocho muertos del club comunista de la calle Agraciada. Y los incluimos porque esos hombres enfrentaron la acción del Ejército con armas en la mano», dijo el ministro de Defensa Nacional, el general Enrique Olegario Magnani, cuando concurrió al Parlamento para pedir la prórroga del estado de guerra interno, esta vez sin plazo de vencimiento. 

Desde ese momento hasta la fecha no ha habido un acto público de reparación por parte del Estado para quienes fueron asesinados y calumniados. 

Además de atroces, por la alevosía y la crueldad con que se mató y se dejó morir, los asesinatos de la 20 constituyen el más vil ataque a una colectividad política que registra la historia del país. Conviene recordar que el PCU era un partido legal que había cumplido más de medio siglo de vida en Uruguay, que tenía una gran influencia en la vida cultural y en los sindicatos, y que contaba con dirigentes de proyección internacional, como Rodney Arismendi, en ese entonces uno de los legisladores con más experiencia de todo el Parlamento. 

De manera inversamente proporcional a la magnitud del crimen, poco hemos logrado como sociedad para reparar el daño, tanto material como simbólicamente. Una de las formas más elementales de la reparación es el conocimiento de la verdad y solo hemos logrado aproximaciones a lo sucedido. La Justicia tardó en actuar y, cuando lo hizo, solo consagró la impunidad. En 2001 los familiares de los muertos presentaron una denuncia en la Justicia ordinaria. El juez Rolando Vomero archivó la causa a pedido del fiscal Enrique Moller, con el argumento de que el operativo había sido ordenado por Magnani y que, como este había muerto, ya no había responsabilidad penal. 

En enero de 2014 el Ministerio de Educación y Cultura declaró monumento histórico la casa de Agraciada 3715, donde aún funciona el seccional comunista. Unos años antes, en mayo de 2001, la Junta Departamental de Montevideo resolvió llamar Ocho Mártires del Seccional 20 del Partido Comunista Uruguayo una plazoleta que está cerca de la casa, en la esquina de Agraciada y Pedro Lozano. Esos reconocimientos se suman a los actos que cada año hacen los comunistas para recordar a los muertos Luis Alberto Mendiola, José Abreu, Ricardo González, Ruben López, Elman Fernández, Raúl Gancio, Justo Sena y Héctor Cervelli, que aún esperan justicia y la rehabilitación de su memoria.

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domingo, 10 de abril de 2022

Carta al Sr. Presidente de la República

 

                               Montevideo, 6 de abril de 2022

 

Sr. Presidente de la República

Oriental del Uruguay.

Dr. Luis Alberto Lacalle Pou.

 

Estimado Presidente:

Como lo puso de manifiesto el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor que  Guido Manini Ríos ocultó a la justicia, la desaparición forzada de ciudadanos fue una práctica represiva bestial del Estado uruguayo. Fue una estrategia represiva institucional de las Fuerzas Armadas.

El estado uruguayo adhirió a la Carta Interamericana de DDHH al retornar a la democracia, mediante la ley 15.737,  y en un acto soberano aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de DDHH.

En noviembre del año pasado, dicha corte, en la sentencia Maidanik y otros, entre otras recomendaciones, impuso a Uruguay la obligación de continuar la búsqueda de los restos de los uruguayos detenidos desaparecidos.

Por disposición de la Ley 19.822 la búsqueda de los Detenidos Desaparecidos corresponde a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo que ha delegado la conducción de las actividades a los Doctores Mariana Mota y Wilder Tayler. Ambos han llevado a cabo su labor con solvencia, compromiso y responsabilidad.

Como colectivo, valoramos y reconocemos altamente el aporte que su gobierno ha venido brindando a la INDDHH al respecto. Ahora nos dirigimos a Ud. para  solicitarle su apoyo para que ambos puedan continuar al frente de la tarea más allá de que el Parlamento no llegara a renovar su mandato como directivos de la institución.

De acuerdo a los compromisos asumidos por Uruguay, la desaparición forzada de ciudadanos es una práctica represiva cruel y repugnante de carácter permanente que se sigue cometiendo hasta que se encuentren los restos de las personas o se diluciden totalmente las circunstancias.

Es público y notorio que las personas procesadas y condenadas, por las graves violaciones a los DDHH cometidas desde 1968 en adelante,  que se encuentran en la cárcel de Domingo Arena, en la Guardia Republicana y/o en prisión domiciliaria, son quiénes saben que ocurrió y además quiénes saben al respecto. Las evidencias y los indicios al respecto son indudables.

El Estado tiene la obligación por mandato de la Corte IDH y de su propio compromiso con las normas de DDHH de continuar la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos. Esperamos contar con su pleno respaldo a nuestra iniciativa al respecto.

En segundo lugar, solicitamos a Ud. formalmente que envíe, a la mayor brevedad posible, un proyecto de ley que permita que todas y todos los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones, además de acceder a la Pensión Especial Reparatoria, tal cual ha sido recomendado por varios Relatores Especiales de la ONU.

Tal como lo señala la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, al cumplir con sus obligaciones reparatorias con las víctimas y sobrevivientes del terrorismo estatal, no  puede obligar a las mismas a renunciar a otros legítimos derechos para acceder a dichos beneficios.

Remitir al Parlamento un proyecto de ley que permita que las ex presas y los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones será un importante aporte al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de respaldo a las normas de Derechos Humanos. Prestigiará al país y a su presidente. Será una contribución muy valiosa que el Partido Nacional realizará al proceso de afirmación del Estado de Derecho.

Desde la recuperación democrática, todas las  iniciativas de carácter reparatorio hacia las víctimas y sobrevivientes de la dictadura cívico militar fueron promovidas por el Partido Colorado y el Frente Amplio.

Sin otro particular, agradeciendo desde ya,  lo saludan atentamente,

 

Gastón Grisoni                                            Enrique Chalar

Presidente                                                   Secretario 

Muchachas de Abril 2025

Asado CRYSOL 2022

17° Asado de fin de año Crysol (2015)

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

Celebración del Día del Liberad@ 2013

2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

Homenaje a L@s Fusilad@s de Soca - 2010

Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

Asado Fin de Año 1 (clip corto)

Mesa para la Paz en Pan de Azúcar el 10 de Diciembre

María Ester Gatti

30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol



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Día del Liberad@

Día del Liberad@
Club Bohemios. 14 de marzo 2010

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social

Conferencia de Prensa en Crysol

Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@

Salsipuedes

Salsipuedes
Abril de 2010

Vocal

Vocal
Chela Fontora

Vicepresidente

Vicepresidente
Baldemar Taroco

Tesorero

Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz

Secretario

Secretario
Enrique Chalar

Presidente

Presidente
Gastón Grisoni