En homenaje a Eduardo Mondello

Nueva marca de la memoria en Maldonado

Publicado en Portal de Caras y Caretas - 9 3 15

Desde la mañana de este lunes 9 de marzo la vereda de la Rambla de los Argentinos a la altura de Sanabria, en plena Piriápolis, es testigo de una nueva “Marca de la Memoria”, la tercera del departamento de Maldonado. Esta intervención en la ciudad balnearia recuerda el lugar donde en 1976 fue secuestrado Eduardo Mondello.

Mondello, fotógrafo y militante social fue llevado de su domicilio, donde además funcionaba  su local fotográfico en la madrugada del 6 de marzo. Tres días más tarde, el 9 de marzo de 1976, Mondello murió mientras era torturado en dependencias del Batallón de Ingenieros Nº 4. Los militares entregaron el cuerpo a su padre, Pepe Mondello, en el Hospital Marítimo con la pretensión de que fuera velado en un cajón cerrado.

La orden fue desoída por los familiares y amigos que velaron a Mondello en la casa paterna de la calle Sanabria. Los testigos cuentan que los soldados de particular se quedaron afuera y controlaron a las personas que asistieron. El sepelio que también fue vigilado se realizó en el cementerio de Pan de Azúcar donde las fuerzas represivas siguieron desde lejos los movimientos de los presentes.

Hoy la causa judicial que busca los responsables de la muerte de Mondello se halla sin acusación, a pesar del tiempo transcurrido y de las declaraciones de militares reconociendo la muerte.

Está nueva Marca se instaló en el marco del programa Memoria de la Unidad de Derechos Humanos, la Intendencia de Maldonado. Allí se colocó una placa de mármol que recuerda a quien fue víctima de la Dictadura por pensar diferente.

Entre los presentes en el acto de recordación estuvieron la intendente de Maldonado, Susana Hernández; la directora General de Asuntos Legales, María del Carmen Salazar; Juan Faroppa, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el diputado Luis Puig juntos a autoridades del Municipio de Piriápolis; y familiares de Eduardo Mondello.

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Chiquito

Colocaron placa de homenaje al carmelitano Aldo Perrini en el cuartel de Colonia.

La diaria - 5 3 15 - Por Lucas Silva - Fotos Iván Franco

Aldo Chiquito Perrini nunca estuvo en un comité de base, y tampoco militó en un sindicato. El acto más sedicioso que cometió, en sus 34 años de vida, fue votar al Frente Amplio (FA) en las elecciones de 1971. Algunos dicen que llegó a colgar un cuadro del Che Guevara en su heladería de Carmelo, pero otros ni siquiera recuerdan ese dato. En algo, sí, coinciden todos: sus helados eran muy buenos, y la historia de su crimen, que todavía sigue impune, es una de las más trágicas de la última dictadura militar.

Algo pasó en Carmelo entre el 4 de enero y el 26 de febrero de 1974. No está claro si fue una demostración de fuerzas inútil, un experimento de alcance local o el simple delirio de una patota de mentes enfermas. Lo cierto es que en ese período unos 100 jóvenes carmelitanos fueron detenidos y llevados al Batallón de Infantería Nº4 de Colonia del Sacramento. La mayoría de ellos tenía entre 18 y 22 años; estudiaban, trabajaban y militaban en el Partido Socialista, el Partido Comunista o el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Perrini era un poco mayor que el promedio de los detenidos, tenía 34 años y el delantal de heladero puesto cuando un grupo de militares ingresó a su casa el 26 de febrero de 1974. Revolvieron todo y lo sacaron a golpes, mientras sus tres hijos (Dino, de seis años, Aldo, de cinco y Piero, de un año y medio) dormían. Lo llevaron encapuchado en un camión hasta el cuartel de Colonia. Cuentan sus compañeros que esa misma noche, mientras lo torturaban, Perrini pedía que lo dejaran volver a Carmelo para repartir helados, mientras gritaba: “¡Heladero, helado!”.

También dicen que reaccionó con todas sus fuerzas -le decían Chiquito, pero de pura ironía- cuando logró sacarse la venda de los ojos y ver cómo violaban a una muchacha de 17 años. Después de eso, los militares lo torturaron hasta su muerte.

En febrero de 2012, un periodista del semanario coloniense El Eco logró entrevistar a un ex soldado del Batallón Nº4, que aportó información pero no quiso identificarse.

“A Perrini lo mataron en la sala de interrogatorio. Lo mataron en el cuartel. Entonces lo sacan y lo pasan abajo, se prende la radio, y traen a la gente; los que estaban encargados eran el Oso Barneix y elFlaco Puigvert. Cuando le hacen el interrogatorio, a Chiquito lo mojan [le hacen el submarino en el tacho], después le ponen bolsas de agua en las manos, y con un magneto de teléfono de campaña le dieron manija y manija y no le aguantó el corazón. Le dieron la primera y no aguantó la segunda. Cuando quisieron acordar, el tipo se les muere”, confesó.

El Oso es Pedro Barneix. El Flaco es José Puigvert. También estuvieron involucrados en este homicidio Washington Perdomo y José Baudean, ambos fallecidos.

Milicos y socios

Carlos Pereira, de la Asociación de ex Pres@s Politíc@s de Uruguay (Crysol) Carmelo, fue uno de los detenidos en el Batallón Nº 4 y, como el resto de sus compañeros, no tiene una hipótesis contundente respecto de qué pasó concretamente en aquellos primeros meses de 1974. “La derecha en Carmelo era muy fuerte, había un núcleo importante de gente de la JUP [Juventud Uruguaya de Pie], andaba en la vuelta algún estanciero de peso y algún ex militar de la Marina. También había serviles y alcahuetes en Primaria y Secundaria. El motivo concreto de la represión militar en Carmelo no lo entendemos, pero esa base social de la derecha más conservadora existía y pesaba”, reflexionó.

Según Pereira, con la muerte de Perrini se cortaron las detenciones clandestinas de jóvenes en Carmelo. “Si a Chiquito no lo asesinaban iban a seguir trayendo gente, y quién sabe qué hubiera pasado. En ese sentido fue un héroe”, comentó.

Pereira fue uno de los oradores en el acto de homenaje a Perrini que se realizó ayer, antes del mediodía, afuera del Batallón Nº4 de Colonia. La actividad la impulsó la Comisión Especial creada por la Ley 18.596, que establece que en todos los sitios públicos donde se hayan producido violaciones a los derechos humanos, el Estado colocará “en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos”. En representación del Ejecutivo estuvieron el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Fernando Filgueira, y el director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, Roberto Caballero. La placa que se colocó dice: “En este edificio fue asesinado y torturado Aldo Perrini por la dictadura fascista cívico militar”.

En su discurso, Pereira remarcó que ninguno de los detenidos “andaba con una pistola 45 colgada del cinto” y que sus armas eran los “tachos con engrudo para las pintadas”. “No queremos que nadie nos quiera incluir en la teoría de los dos demonios”, dijo. En tanto, Gastón Grisoni, presidente de Crysol, dijo que el asesinato de Perrini es un crimen de lesa humanidad, y que por lo tanto es “inamnistiable, imprescriptible y no corresponde computar el período durante el que estuvo vigente la Ley de Caducidad en el cálculo prescripcional”.

Una resolución clave

En setiembre del año pasado, la defensa de Barneix presentó un recurso de casación contra el fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 1º Turno, que había habilitado su indagatoria en el marco de la causa que investiga la muerte de Perrini.

Tras ese fallo del TAP, en el que se argumentó que el período de vigencia de la Ley de Caducidad no puede computarse dentro del plazo de prescripción, la jueza penal de 7º Turno, Beatriz Larrieu, fijó la audiencia con Barneix.

La magistrada pretendía indagar al militar retirado, en el marco de un pedido de procesamiento en su contra que emitió la fiscal Ana María Telechea en 2012. El recurso de casación que presentó la defensa de Barneix fue elevado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para su consideración, y en ese momento permitió que el militar retirado no compareciera ante la Justicia.

“Estamos a la espera de la resolución de la Corte. Debería ser inminente y debería ser un rechazo [al recurso de casación]. La Corte tiene la posibilidad de enmendar su error al haber admitido el recurso; veremos si tiene autocrítica. La ley dice que este tipo de recursos no son admisibles. Sólo son admisibles si se presentan contra sentencias definitivas o sentencias que pongan fin al proceso, y no es ninguno de esos casos”, explicó el abogado denunciante, Oscar López Goldaracena. En definitiva, la SCJ resolverá si el crimen de Aldo Perrini prescribió -y en ese caso archivaría la causa- o si, por el contrario, hay que avanzar con el proceso en curso. “Es el punto de inflexión más fuerte para todas las causas vinculadas a los derechos humanos”, concluyó el abogado. Otra vez, como en el cuartel, la vida de Perrini; una historia que transcurre, caprichosamente, entre actitudes heroicas y la amenaza de villanos.

En el cuartel

“Batallón ‘Oriental’ de Infantería Mecanizado Nº4”, dice afuera el cartel. En la puerta, un grupo de militares jóvenes mira a quienes comienzan a llegar para presenciar el acto.

No es poca cosa: es la primera vez en Uruguay que se coloca una placa de homenaje a un asesinado en dictadura en un predio militar. Sin embargo, para el jefe del Batallón, el teniente coronel León Chebi, y para el comandante de la Brigada de Infantería Nº2, el coronel Gustavo Figueredo, fue un día normal para todos.

“Los militares no tenemos voz, voto ni opinión; nos limitamos a darle cumplimiento a las órdenes. Vino la orden de poner una placa y se puso la placa. Tampoco hacemos la lectura de si es o no un hecho histórico, eso es una apreciación periodística o política”, aclaró Figueredo. Casi sin inmutarse, el coronel agregó: “No cambió la rutina, la escala de mando está intacta y el Ejército tiene la frente en alto. Este Ejército no tiene nada que ver con lo que pasó en aquellos años”.

En pocas palabras

Faltaban pocos minutos para que empezara el acto. A pocos metros del muro blanco en el que se colocó la placa para homenajear a Aldo Perrini, estaban dos de sus tres hijos, que recién habían llegado desde Carmelo.

-Dino Perrini (DP): Nunca había estado acá, la verdad es nunca había podido mirar para adentro. Te da mucha tristeza estar en el lugar en el que mataron a tu viejo. Pero también son lágrimas...

-Piero Perrini (PP): Hay una mezcla de sensaciones.

-DP: Sí, porque también hay una satisfacción por toda la gente que nos sigue acompañando en esta causa para que, de una vez por todas, se haga justicia. No logramos entender, porque está todo en el expediente, está todo comprobado, pero los torturadores y los asesinos que mataron a papá siguen estando libres.

Ustedes eran muy chicos cuando lo asesinaron. ¿Cómo empezaron a enterarse de qué fue lo que pasó?

-DP: Yo me enteré cuando tenía 16 años, porque nuestra vieja nos había dicho que papá había muerto por un ataque al corazón, cuando venía viajando desde Colonia. Imaginate que, después, enterarnos de lo que había pasado nos cambió la vida. En aquel momento nos cambió la vida para mal; ahora nos está cambiando para bien, porque estamos logrando cosas. Nos equivocamos, hicimos cosas que no debíamos.

-PP: Éramos muy rebeldes, teníamos mucha rabia, pero ahora estamos tratando de hacer las cosas de otra manera. Ahora, lo que necesitamos es que alguien se dé cuenta de lo que está pasando, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia reaccionen y que haya justicia, porque la verdad ya está. Sin justicia no se puede cerrar esta historia, es la única manera de poder mirar algún día al cielo y pensar que nuestro padre está descansando realmente en paz. En algún punto, la herida va a quedar siempre abierta, pero lo que falta, antes que nada, es justicia.

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Justicia, justicia y más justicia

La transición  democrática iniciada en marzo de 1985 tiene aún importantes desafíos por delante para lograr la plena vigencia de las normas de derechos humanos y  de todas las disposiciones constitucionales inherentes a un sistema democrático republicano de gobierno.

La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el instrumento internacional más avanzado y más exhaustivo en cuanto a la definición de los derechos que tienen las personas que han sufrido graves violaciones. Al mismo tiempo es el documento que detalla de manera pormenorizada las obligaciones de los Estados para superar con justicia y dignidad situaciones como las vividas por nuestro país durante el terrorismo de Estado. 

A la hora de evaluar los avances, diagnosticar el estado de situación para identificar los desafíos a encarar, es el estándar de calidad, el patrón de medida para evitar los subjetivismos de derecha y de izquierda, los voluntarismos y los mesianismos.

La Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de la ONU establece cinco elementos básicos y esenciales para superar situaciones traumáticas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Verdad, justicia, memoria y reparación son aspectos sustanciales que resumen la labor que deben llevar adelante los estados de acuerdo a sus normas y disposiciones constitucionales para afirmar la normativa internacional, pacificar y reconciliar a las sociedades,  dignificar a las víctimas y evitar que los hechos puedan volver a repetirse.

La implementación de la Resolución 60/147 de la ONU no es una apuesta al pasado sino una inversión estratégica de largo aliento para construir sociedades armoniosas, pacíficas y civilizadas. El Relator Especial de la ONU, Pablo de Greiff, tiene la responsabilidad de supervisar y de asesorar a los países miembros en cuanto a la implementación de dicha norma en cada uno de los  países.

En Uruguay, en materia de verdad y justicia para las graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones, privación agravada de la libertad, torturas, abusos sexuales, secuestros de niños, más allá de los avances indudables que se han registrado, especialmente en los últimos diez años, solo un pequeño puñado de represores y golpistas ha sido enjuiciado y condenado, a diferencia de lo ocurrido en Argentina donde más de un millar de represores se encuentran en prisión luego del debido proceso. 

A pesar de que la detención masiva de ciudadanos asociada a las torturas y los malos tratos fue la metodología deliberadamente seleccionada por las fuerzas armadas para destruir a los opositores y de que varios militares han reconocido en tribunales haber participado en ellas, hasta el momento no ha habido ni un solo procesado por dicho delito.

Uruguay ha avanzado poco en materia de Verdad y Justicia, no solo por el pacto mafioso y criminal de los represores. Hay una gran zona de oscuridad y de impunidad debido a que quienes dieron el golpe de Estado y perpetraron las graves violaciones a los DDHH siguen teniendo una gran influencia. Aún conservan poder político, ideológico, económico, militar, en los medios de comunicación,  como para impedir que se apliquen las normas y las leyes que los condenarían. Sigue habiendo impunidad como resultado del poder, aunque no hagan ostentación de él, que siguen teniendo los terroristas estatales, que no son solamente quienes se agrupan en los desprestigiados centros militares.

Al Pepe lo que es del Pepe

Bajo amenazas y “ruido de sables” al retornar a la vida democrática lograron votar en diciembre de 1986 la ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta norma, aprobada sin los votos necesarios como amnistía, alteró el sistema institucional y supeditó al Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Consagró, en los hechos,  la impunidad para los responsables de las graves violaciones y de los crímenes cometidos durante el proceso iniciado en junio de 1968  que desembocó en el terrorismo de Estado desembozado.

Recién en octubre de 2009, a instancias de la fiscal Dra. Mirtha Guianze, la Suprema Corte de Justicia mediante la Resolución 365/2009 estableció la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso  Nibia Sabalsagaray y mantuvo dicho criterio para recursos posteriores.

Como resultado de dicho pronunciamiento,  en octubre de 2011, el Parlamento aprobó la ley 18 831 que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado y devolvió al Poder Judicial su autonomía e independencia. Luego de más de dos décadas de debilitamiento institucional y del Estado de Derecho, el Poder Judicial recobró su legítimo cometido de investigar, esclarecer, llegar a la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables y enjuiciarlos.

El restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado para las graves violaciones a los derechos humanos es el principal y más importante legado, aunque no el único, de la administración del presidente Mujica en lo referido al pasado reciente. Desde el punto de vista legal, desde octubre de 2011, no existen obstáculos legales para que la justicia actúe y cumpla con su razón de ser.

Ha sido acompañado de declaraciones y gestos poco enérgicas en materia de compromiso con las normas de DDHH,  de actitudes que hemos cuestionado como el mantenimiento de Fernández Huidobro como Ministro de Defensa a pesar de los obstáculos permanentes que tuvo hacia el accionar de la justicia o el  desconocimiento de la Recomendación de la Institución Nacional de DDHH de diciembre de 2012 sobre las leyes reparatorias.

Verdad, justicia, memoria y reparación

El nuevo gobierno ha anunciado el pasado viernes su intención de crear una Comisión de Trabajo para seguir avanzando en los temas referidos al pasado reciente con un particular énfasis en la temática de los Detenidos Desaparecidos. Ha anunciado su compromiso de colaborar activamente con el poder judicial para que el mismo pueda desempeñar su labor, nada fácil, por cierto, dado el pacto de silencio de los criminales y el paso del tiempo. También ha anunciado su intención de avanzar en otros aspectos importantes para superar los estragos del terrorismo de Estado.

La justicia no es ni ha sido nunca un obstáculo para llegar a la verdad. Ha sido precisamente la ausencia del pleno funcionamiento del poder judicial,  debido a la Ley de Caducidad durante más de dos décadas, lo que ha impedido mayores avances. La lucha por restablecer la pretensión punitiva del Estado estuvo siempre en primerísimo lugar en la agenda de las organizaciones sociales, habiendo convocado incluso un Referéndum en el año 2009 para lograrlo.

También ha anunciado su intención de avanzar en otros aspectos importantes para superar las secuelas nefastas  del terrorismo de Estado en materia de dignificación de las víctimas ante la sociedad, de forjar la memoria histórica de los hechos y de leyes reparatorias que atiendan las recomendaciones formuladas por la INDDHH y el Relator Especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff.

Nos congratulamos de que la temática de afirmar la normativa de DDHH figure en la agenda del próximo gobierno con un mensaje claro e indubitable al respecto y de que a tales efectos se vaya a conformar un grupo de trabajo específico que nuclea a reconocidas personalidades de diferentes ámbitos sociales.  Es un anuncio importante y trascendente. Es indudable la ausencia de protagonistas de primer nivel en la misma como el Pit – Cnt por poner solo un ejemplo.  No haber sido informados de la iniciativa con antelación y enterarnos por la prensa de que no seríamos convocados, con criterios que no compartimos, no le restan valor ni importancia ni mérito al anuncio gubernamental que consideramos muy auspicio y al cual apoyaremos activamente con propuestas e iniciativas.

La celebración del “Día del Liberado” (expreso político) el próximo Sábado 14 de marzo al cumplirse 30 años de la liberación de los últimos expresos políticos de la dictadura será una instancia de reafirmación de valores y de compromiso militante de nuestro colectivo. Para seguir avanzando.

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Opinando Nº 2 – Año 4 – Jueves 19 de febrero de 2015

El futuro en serio: que haya justicia

El reciente informe de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con algunas afirmaciones que no compartimos, ha puesto nuevamente al desnudo las inconsistencias  de la democracia uruguaya, más allá de las apariencias y de los símbolos exteriores de ella. Sin ser tremendistas, las normas de DDHH referidas al pasado dictatorial, tal vez lejano en el tiempo pero actual en la sensibilidad social,  no se aplican a cabalidad. El poder judicial, uno de los pilares del sistema democrático republicano de gobierno no cumple con sus cometidos básicos y esenciales  con auténtico compromiso.

A casi 30 años de la recuperación democrática, como resultado de elecciones que se llevaron a cabo con centenares de presos políticos en las cárceles y decenas de proscriptos para participar en ellas, más allá de las múltiples instancias electorales que se han celebrado, de la rotación de partidos en el gobierno, de la vigencia de las libertades y derechos consagrados por las disposiciones constitucionales, el Estado de Derecho aún no tiene sólidas bases, sus cimientos se siguen apoyando en arenas movedizas por dos grandes factores.

En primer lugar, como lo señala el informe de la CIJ, coincidente con lo señalado meses atrás por el Relator Especial de la ONU Pablo de Greiff, las normas y leyes de DDHH no se aplican con el rigor que merecen, se desconoce incluso la Resolución 60/147 de la ONU que es el estándar de calidad para situaciones como las que vivió Uruguay. Más allá de los avances indudables que se han registrado, especialmente en los últimos diez años, solo un pequeño puñado de represores y golpistas han sido enjuiciados y condenados, a diferencia de lo ocurrido en Argentina donde más de un millar de represores se encuentran en prisión luego del debido proceso.

En un lamentable deterioro institucional, durante más de dos décadas el Poder Judicial estuvo supeditado al Poder Ejecutivo para actuar en lo referido a las violaciones a los derechos humanos, como lo señaló la Resolución 365/2009 redactada por el Dr. Jorge Chediak, actual presidente de la SCJ. Luego de la aprobación de la Ley 18 831, en octubre de 2011, que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado han sido minúsculos los avances que se han registrado en las centenares de causas que las propias víctimas directas sobrevivientes o sus familiares han impulsado a su propio costo y esfuerzo, sin apoyo estatal de ningún tipo.

El segundo elemento a considerar, el más preocupante, es que quienes dieron el golpe de Estado y perpetraron las graves violaciones a los DDHH siguen teniendo un enorme poder político, ideológico, económico, militar, en los medios de comunicación, para impedir que se apliquen las normas y las leyes que los condenarían. Sigue habiendo impunidad como resultado del poder, aunque no hagan ostentación de él, que siguen teniendo los terroristas estatales, que no son solamente los cavernícolas y nostálgicos, cada vez más desprestigiados, que se agrupan en los centros militares.

Terrorismo de Estado: un proyecto de país

El terrorismo de Estado fue un “proyecto de país” de los sectores más reaccionarios, en el marco de una estrategia continental diseñada en EEUU, para impedir los cambios y las transformaciones de fondo que los trabajadores y sectores populares reclamaban. Fue un proyecto brutal para mantener un estatu quo injusto y de privilegios para pocos. Comenzó a gestarse el 13 de junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco estableció las Medidas Prontas de Seguridad para congelar los salarios, intervenir la enseñanza, militarizar a los trabajadores públicos,  reprimir al movimiento estudiantil y sindical, comenzando, paulatinamente, a vaciar de contenido la institucionalidad democrática.

Las Fuerzas Armadas fueron formalmente convocadas por el Decreto 566/71 de Jorge Pacheco Areco para combatir a la “subversión” mucho después de que la sangre de Líber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos regara  las calles montevideanas en defensa de la democracia y la libertad, que las torturas fueran frecuentes en la Policía,   que miles de trabajadores estatales hubieran sido militarizados y de que el Escuadrón de la Muerte cobrara las primeras víctimas.

Meses después, ya con el nombre de Fuerzas Conjuntas (la policía fue supeditada a las fuerzas armadas), fueron tácitamente autorizadas a torturar cuando por iniciativa del Poder Ejecutivo, que integraba el Dr. Julio María Sanguinetti, la Asamblea General del Parlamento, el 15 de abril de 1972, solamente con los votos de los legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional, declaró el Estado de Guerra Interno: suspensión de las garantías individuales, eliminación de los plazos legales para que las personas privadas de su libertad comparecieran ante un juez y sometimiento de todas ellas a tribunales militares (denominados Justicia Militar).

El resultado inmediato de la Declaración del Estado de Guerra Interno fue la ejecución por parte del Ejército de 8 militantes del Partido Comunista (PCU) en la Seccional 20 en la madrugada del lunes 17 de abril y el despliegue en todo el país de un plan represivo que incluyó la tortura masiva, sistemática y generalizada en las miles de detenciones que se registraron a partir de ese momento para aniquilar, en primera instancia, a las organizaciones que enfrentaban el proyecto reaccionario armas en mano. Luis Batalla, militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el 25 de mayo, fue el primer asesinado en la tortura en el Departamento de Treinta y Tres. Según cifras del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), más de 2.000 uruguayos fueron sometidos a la Justicia Militar, luego de ser bárbaramente torturados, durante el correr del año 1972.

Una vez recuperada la institucionalidad democrática, esos mismos sectores  políticos, con honrosas y dignas excepciones, promovieron y aprobaron  la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y batallaron a capa y espada por su mantenimiento, incluso luego de que la Suprema Corte de Justicia, en octubre de 2009, estableciera su inconstitucionalidad para el caso Nibia Sabalsagaray.

Justicia para llegar a la Verdad

Nuestra institucionalidad democrática, conquista de la resistencia y de la más amplia lucha popular, le confiere al Poder Judicial la responsabilidad exclusiva y monopólica del ejercicio sancionatorio de las infracciones a la ley. Con el auxilio de la Policía es él quién tiene que indagar las actividades y acciones con apariencia delictiva, esclarecer los hechos, llegar a la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables, enjuiciarlos y sancionarlos. La búsqueda de la verdad en todas las situaciones de delitos es una responsabilidad del Estado uruguayo en su conjunto, de sus tres poderes, específicamente del Poder Judicial, tal como lo establecen las disposiciones constitucionales vigentes.

El esclarecimiento de lo ocurrido con los casi 200 detenidos desaparecidos, delito que de acuerdo a la normativa internacional que Uruguay ha ratificado es de carácter permanente y se sigue cometiendo mientras no se hallen fehacientemente los restos, se aclaren las circunstancias de los hechos y se identifique a los responsables directos y la red de complicidades, es una responsabilidad constitucional del Poder Judicial ofreciendo las máximas garantías a todos los involucrados, tal como se ha hecho y se sigue haciendo en la Argentina y en Chile con resultados muy importantes y con cifras harto elocuentes.

No compartimos la tesis predominante en las máximas jerarquías gubernamentales de que la justicia impide llegar a la verdad o de que ella es un obstáculo para esclarecer lo ocurrido. Refleja una visión institucional equivocada aunque uno de los grandes logros de estos años haya sido el haber restablecido la plena independencia del poder judicial y la plena pretensión punitiva del Estado. Es una afirmación a contrapelo de la experiencia internacional y de lo ocurrido en Argentina y en Chile. Ha sido la falta de actuación de la justicia, debido a la resistencia de los terroristas estatales, a su miserable pacto de silencio, y a la vigencia de la Ley de Caducidad durante más de 20 años, lo que ha impedido mayores avances al respecto en nuestro país.

Los crímenes NO prescribieron

La Ley de Caducidad, vigente desde diciembre de 1986,  supeditó al Poder Judicial al Poder Ejecutivo con respecto a todas las violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado y cercenó el derecho constitucional de las víctimas sobrevivientes y de sus familiares a la justicia, tal como lo estableció la Resolución 365/2009 de octubre de 2009 de la SCJ, redactada por el actual presidente de la misma, Dr. Jorge Chediak.

Como lo señala la doctrina jurídica en forma unánime, aunque no se  considere Crímenes de Lesa Humanidad a la desaparición forzada, a los asesinatos políticos, a la tortura y a los abusos sexuales como correspondería,  el tiempo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad no  puede ni debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de las graves violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo desde el 15 de abril de 1972. Durante su vigencia estuvo cercenado para miles de uruguayos el derecho de acceder plenamente a la justicia. Al injustamente impedido no le corre el plazo.

Más y mejor democracia

Los expresos políticos sobrevivientes del horror tenemos la obligación moral de testimoniar lo ocurrido, de trabajar para que la tragedia de la dictadura nunca más se repita. Es una batalla que se libra en mejores condiciones trabajando unidos y organizados democráticamente como lo hacemos en Crysol desde hace más de una década. La lucha por justicia para que haya verdad es todo lo opuesto al concepto de venganza. Enfrentar la impunidad es el esfuerzo constante y permanente por afirmar la institucionalidad democrática, de profundizar la democracia conquistada, por expandirla, llevarla a su mayor expresión: es el único camino para avanzar en la justicia social, el progreso, las transformaciones de fondo, la liberación nacional y senderos con horizontes y utopías socialistas.

La implementación de la Resolución 60/147 de la ONU en todos los planos, la norma internacional de DDHH más avanzada y actualizada en cuanto a definir las obligaciones estatales y los derechos de las víctimas de graves violaciones, es el único camino que asegura la no repetición y permite mirar el futuro con ojos de esperanza.

Aunque se avanzó en aspectos importantes y valiosos en la administración que culmina, no se hizo todo lo que se debía hacer ni con la intensidad militante que correspondía. El próximo gobierno deberá hacerse cargo de los desafíos pendientes, incluso en los aspectos reparatorios, tal como lo señaló la Institución Nacional de DDHH (INDDHH), el Relator Especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff y recientemente la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Es la ruta a transitar para seguir superando el legado del terrorismo de Estado.

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Opinando Nº 1 – Año 4 – Viernes 6 de febrero de 2015

Causa Plan Cóndor en Italia

La información al instante

El testigo de la causa que investiga el Plan Cóndor en Italia Lewis Rostán criticó a la Secretaría de DDHH de Presidencia y al Ministerio de Defensa y a quienes acusó de no brindar información: “Chiarino por lo menos decía no tengo conocimiento”.

Montevideo Portal - 31 1 15

Lewis Rostán y el periodista de Agesor Roger Rodríguez declararán en la causa que investiga el Plan Cóndor y el asesinato de varios ciudadanos italianos durante las dictaduras de la década del setenta. Según informó Agesor, los testigos pidieron información a varios organismos del Estado pero el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia no se las dieron.

La documentación, que sí fue entregada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe ser presentada antes del 12 de febrero para que sea incorporada al expediente.

Vencido ese plazo, se podría habilitar la incorporación de nueva documentación el día que el testigo va a declarar, pero siempre con el aval del Tribunal que entiende en la causa.

Según dijo Rostán a Montevideo Portal en la Secretaría de Derechos Humanos no estaba Graciela Jorge y le dijeron que no podían darle la información en ese momento porque tenían otras prioridades.

En tanto en el Ministerio de Defensa, no le respondieron: “He pedido entrevistas con el ministro desde que asumió”, afirmó Rostán que dijo que para el nuevo gobierno que asume el 1º de marzo, esperaba “un cambio de criterios o de nombres”.

Consultado, sobre si desde el Ministerio de Defensa no se daba la información deliberadamente o se trataba de otro tipo de razones, Rostan respondió: “Yo no puedo juzgar la intención, pero no responden nada. Me hace acordar a Juan Vicente Chiarino, aunque Chiarino por lo menos decía ´no tengo conocimiento´.

En cuanto a la posibilidad de haber realizado un pedido de acceso a la información, tal como lo habilita la ley 18.381, Rostán señaló que no se hizo por la feria y también porque se pensó que no era necesario dado que el gobierno es querellante en la causa.

El juicio en primera instancia comenzará el próximo 12 de febrero en el Tribunal de Roma y en él estarán imputados un total de 32 personas, entre los que se encuentran los uruguayos Juan Carlos Blanco, el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, el general Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Ricardo Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Conrado Álvarez y Ernesto Soca.

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Nuevo impulso

Estudiantes de Derecho de la Udelar harán pasantías en causas vinculadas a los derechos humanos.

La diaria - 27 1 15

El Observatorio Luz Ibarburu, que hace el seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, elaboró un proyecto de convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), para que estudiantes de esa carrera hagan pasantías voluntarias y honorarias en causas relacionadas con denuncias por crímenes de la dictadura. La iniciativa fue presentada originalmente por el decano de ese servicio universitario y profesor grado cinco de técnica forense, Gonzalo Uriarte, que se reunió a finales de diciembre con Raúl Olivera, uno de los referentes del Observatorio Luz Ibarburu. Aunque todavía falta la aprobación del Consejo de la Facultad de Derecho, ambas partes confían en que este acuerdo institucional empezará a aplicarse durante este año lectivo.

"Es algo importante, porque es una tarea muy compleja. Nosotros tenemos registrados unos 250 expedientes y en muchos casos carecen de abogados patrocinantes de los denunciantes y de las víctimas. Son denuncias que se presentaron antes de que se aprobara la Ley de Caducidad, luego se archivaron y, como pasó el tiempo, no hay representantes legales. La idea es darles un nuevo impulso con gente más joven. Contar con una mirada nueva es algo muy relevante", explicó el abogado Pablo Chargoñia, integrante del Observatorio Luz Ibarburu.

Esta red de organizaciones sociales monitorea todas las causas judiciales vinculadas con los crímenes de la dictadura. Manejan información sobre cuáles son los expedientes que tienen avances y cuáles están más demorados; en qué casos hay duplicación de pruebas y qué pruebas de un expediente pueden servirle a otro.

En el Observatorio piensan que, en principio, el acuerdo con la Facultad de Derecho puede involucrar a unos 12 estudiantes, pero es posible que terminen siendo más, según el interés que concite. Está pensado para estudiantes de Técnica Forense, una materia que se imparte en el quinto año de la carrera de Abogacía.

Chargoñia recordó que el decano de Derecho expresó, en un seminario que organizó el año pasado el Observatorio Luz Ibarburu, que es importante rescatar una noción "vinculada con lo que se conoce como litigio estratégico, es decir, una mirada a largo plazo en materia de derecho". "En este caso concreto, implica desarrollar la noción que tiene el derecho internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes, y promover que los jurados nacionales adopten una tesitura favorable a la aplicación de ese derecho internacional. Incorporar estos aspectos en la formación de los estudiantes de derecho es fundamental, y es la base de este acuerdo. Muchas veces la formación se acota a patrocinar casos de divorcio o de pensiones alimenticias, y es importante darles otro vuelo, otra ambición a los estudiantes. En ese sentido, es un acuerdo muy importante”, explicó el abogado.

Por otra parte, está previsto, también en el marco de este acuerdo, que desde la Facultad de Derecho se brinden cursos de capacitación para las organizaciones que integran el Observatorio Luz Ibarburu. 

La lista es larga: en esta coalición participan Familiares de Detenidos Desaparecidos, PIT-CNT, HIJOS, Crysol, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la Fundación Mario Benedetti, el Servicio Paz y Justicia, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Sur, la Mesa Permanente contra la Impunidad, Pro Derechos, el colectivo Denunciantes de Octubre de 2011, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Fundación Zelmar Michelini, el Movimiento Educadores por la Paz, la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca y la Asociación Civil ex Trabajadores del Diario El Popular (1957/1973).

El Observatorio Luz Ibarburu patrocina unas 30 denuncias vinculadas con el terrorismo de Estado, entre las que se incluyen causas emblemáticas como las que se presentaron por torturas en el centro de detención clandestino 300 Carlos y en la sede del cuerpo de Fusileros Navales, el homicidio del militante comunista Álvaro Balbi y el caso de los fusilados de Soca, entre otros. Este año, además, contará con un equipo estable de cuatro abogados (Chargoñia, Silvia Antúnez, Florencia Retamosa y Natalia Jubin) y tiene pensado mudarse a un nuevo local en la esquina de Eduardo Acevedo y José Enrique Rodó, que fue donado por el PIT-CNT.

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"Hay 240 causas" de la dictadura "paralizadas por inacción" oficial

Wilder Tyler, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, considera que Defensa y la Suprema Corte frenan investigaciones

El observador - 25 1 15 - Por Lucía Núñez

Wilder Tyler, secretario general de la

Comisión Internacional de Juristas

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que integra la ONU, publicó el lunes un informe sobre los pasos dados en la recuperación democrática y resolución de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985), luego de que una misión de juristas estudió el caso uruguayo. Según el informe, Uruguay tiene un serio problema de derechos humanos “vista la forma como sus autoridades han abordado –sobre todo en el último período de gobierno–, los dilemas del pasado reciente y permitido que un importante grado de impunidad prevalezca en el país hasta este momento”. El secretario general de la CIJ, Wilder Tyler, habló con El Observador acerca de los resultados del informe.

¿Por qué estudiar el caso uruguayo? 

Esta organización ha seguido el caso uruguayo por décadas. Hacía tiempo que no se hacía una misión, pero empezamos a recibir una serie de pedidos, sobre todo de familiares de desaparecidos y abogados en causas de este tipo, que nos dijeron que estaban pasando una serie de cosas raras. Después tuvimos las sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que creó una conmoción porque estableció que no son crímenes de lesa humanidad los crímenes cometidos por la dictadura. Allí ya se empezó a generar un tanto de alarma. Este último episodio del ministro de Defensa (Eleuterio Fernández Huidobro) y las críticas a Serpaj, de alguna manera precipitó toda esta recepción sobre el tema.

¿Han tenido algún comentario sobre el informe por parte de las autoridades?

Aún no tuvimos respuesta del gobierno porque es muy reciente todo, pero nosotros vamos a tratar de seguir el diálogo. Yo creo que dentro de poco vamos a estar contactándonos con el gobierno del Frente Amplio para discutir, porque hay una legitimidad acá. Esta organización se preocupó durante muchísimos años por la suerte de las víctimas de la dictadura y nos parece importante ir ocupándonos ahora.

El informe trata de una nueva “tendencia de la inacción” a resolver los crímenes de la dictadura por parte del gobierno, ¿en qué consiste esta tendencia? 

Se han notado cosas que vienen, sobre todo, de las autoridades más altas a nivel presidencial. Una cosa que yo presencié, fue que el presidente de la República (José Mujica) dijo en un reportaje televisivo que la Justicia tiene “un olor a venganza” al hablar sobre este tema. Cosa que también sorprendió mucho porque, básicamente, nosotros vemos que es necesaria la Justicia para que no haya venganza. También que no se pronuncien en absoluto sobre el tema de la verdad. Después de esfuerzos que se hicieron durante un tiempo, los resultados para saber lo que pasó con los desaparecidos han sido muy magros. 

¿Cuáles son los principales obstáculos?

Por un lado, por el ministro de Defensa y la respuesta sistemática de que no existe información sobre ciertos temas, y que nos parece muy extraño porque las Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo son bien conocidas por ser instituciones que registran todo. Esto aunado al tema de la SCJ que, enfrentada a situaciones de este tipo, toma opciones que son las más conservadoras posibles para cerrar estos casos. Tiene que quedar claro que, para este tema, cortes de Justicia de otros países muy cercanos al nuestro, como Argentina o Chile, hicieron opciones de justicia, no de impunidad. De alguna manera, esto pone a Uruguay en contravención de la normativa internacional, de la cual es parte.

¿Qué intereses podría tener el gobierno en la búsqueda de impunidad?

En primer lugar, hay una falsa apreciación del valor de este tema. Hay quienes dicen la impunidad trae o acarrea tranquilidad y armonía social, cosa que está probado que es incorrecto. La impunidad acarrea antagonismo a nivel social. Está clarísimo que este tema no se liquida por decreto. Si el tema sigue vigente es porque hay una necesidad de que algo no ha sido terminado. El tema de los desaparecidos es un tema que no se termina hasta que no se sabe lo que pasó. En segundo lugar, las personas que están a cargo de esto, el presidente y el ministro, quizá ven esto como un tema nada más entre aquellos que estuvieron involucrados en el conflicto armado, digamos los tupamaros y las Fuerzas Armadas. Pero la verdad es que una enorme mayoría de las víctimas no estuvo involucrada en el conflicto armado, no fueron combatientes, sino que fueron víctimas civiles. Entonces, es incorrecto que se trate a todo el mundo como si hubieran sido combatientes. Los niños desaparecidos y las mujeres violadas, ¿de qué combatientes se nos habla? Es un tema en el que creo que hay una apreciación histórica muy equivocada de lo que fueron aquellos años.

Durante la investigación se habló con legisladores, ¿qué opiniones tienen al respecto?

Hubo diferentes versiones porque los investigadores hablaron con gente de todos los partidos políticos. No hablaron con la SCJ, no porque no quisieran, sino porque la corte no los recibió. A pesar de que se les pidió con anticipación, la corte dijo que estaba muy ocupada para hablar de estas cosas. 

¿Se extrajo alguna cifra de la cantidad de casos resueltos y los que quedaron sin resolver?

Hay una veintena de militares procesados para miles y miles de casos de tortura. Hay alrededor de 240 causas judiciales que se han ido paralizando progresivamente en este último período como resultado de algunas de las sentencias de la SCJ, por inacción de los fiscales y también porque este tema necesita que haya cierta iniciativa política de parte del gobierno. Si el gobierno empieza a decir que “la Justicia tiene mal olor” está claro que se desalienta el fenómeno.

¿Considera paradójico que sea el Frente Amplio desde el gobierno y con Mujica de presidente quien realiza lo que ustedes denuncian?

No solo es paradójico porque Mujica está en el gobierno, sino también porque es un gobierno que ha hecho mucho en materia de derechos humanos en otros ámbitos: derechos de los niños, las mujeres, matrimonio igualitario. Hay una cantidad de aspectos en los que se han avanzado y, de alguna manera, rechina que sobre un tema tan pesado, tan cargado, tan enraizado en la conciencia del país y del debate nacional, adopten una posición de este tipo. 

¿En qué sentido consideran la clemencia humanitaria (arresto domiciliario) como evidencia de la impunidad del gobierno? 

Nos llama la atención que, justamente, sean los presos que están en mejores condiciones. Además, desde el Derecho Internacional, la clemencia incluso está considerando si el violador de derechos humanos ayuda a esclarecer el destino de la víctima. Pero está claro que en estos casos no se trata de gente que esté ayudando a esclarecer nada. Más bien que hay un acto mafioso de no decir qué fue lo que pasó. Suena muy raro este tema de pedido de clemencia para individuos que no tienen la más mínima consideración por sus propias víctimas.

¿Cómo es el vínculo del gobierno con las ONG involucradas?

El tema fue generado por el ataque contra Serpaj que tuvo un efecto conmovedor en mis colegas. Nos preocupó que no hubiera reprimenda pública sobre esto por parte del presidente porque el ministro de Defensa representa al Estado y al gobierno y además tiene bajo sus órdenes nada más y nada menos que la fuerza. La verdad, fue un exabrupto antidemocrático que nos dejó a todos muy perplejos.

¿Seguirán analizando el tema?

Nos interesa mucho hablar con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez porque su gobierno hizo muchos progresos en esta materia. Queremos alentarlos a retomar aquel espíritu de trabajo que fue tan importante en Uruguay.

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