Editorial. La República. 22 9 10
El país está a punto de quitarse de encima una mancha oprobiosa que lo estigmatiza y que conspira contra su imagen internacional, además de llenar de vergüenza a su pueblo.
Hemos soportado 24 años de vigencia de la tristemente célebre Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Una ley que consagró la impunidad de los violadores de los derechos humanos que actuaron bajo el régimen dictatorial durante los 13 años que hubimos de padecerlo.
Blancos y colorados pactaron esa impunidad para los terroristas de Estado a poco de haber recuperado la normalidad institucional. Con el retorno de la democracia, ocurrió una avalancha de denuncias y demandas contra los terroristas de Estado planteadas ante los estrados judiciales correspondientes.
Las citaciones a comparecer en los juzgados a los denunciados fueron celosamente guardadas en un coffre-fort por el entonces comandante en jefe del Ejército ¬más tarde ministro de Defensa¬ general Hugo Medina, quien se negaba a dar curso a dichas citaciones. Ese desacato de los mandos militares surtió el efecto deseado ya que generó el clima propicio para que la mayoría de la dirigencia de los partidos tradicionales hiciera suya la preocupación castrense y ayudara a instalar en la población el temor de un nuevo quiebre institucional.
Bajo ese clima atemorizador se celebró el plebiscito contra la Ley 15.848 en abril de 1989, con el resultado por todos conocido: la norma resultó ratificada por la mayoría del electorado.
A partir de entonces siguió un largo período de aplicación abusiva de la ley bajo los dos gobiernos de Sanguinetti y el de Lacalle, fundamentalmente, merced a una interpretación torcida y abarcativa que impidió el cumplimiento cabal del artículo 4º de la norma, disposición que obligaba a investigar el paradero de los detenidos desaparecidos y de los niños nacidos en cautiverio e indebidamente secuestrados por los terroristas de Estado.
Asimismo, se pretendió extender el manto de la impunidad incluso a civiles responsables de crímenes de lesa humanidad que habían sido excluidos del beneficio otorgado a militares y policías.
Más cerca en el tiempo, hubo declaraciones claras y contundentes de organismos internacionales que se pronunciaron de manera inequívoca contra la Ley de Caducidad, al tiempo que la Suprema Corte de Justicia hacía lugar a una acción de inconstitucionalidad. Estas circunstancias, unidas al hecho histórico de que unos cuantos esbirros emblemáticos habían sido procesados luego que el Ejecutivo se pronunciara expresando que no estaban comprendidos en la ley, llevaron a impulsar un nuevo referendo contra la Ley de Caducidad que tampoco obtuvo el caudal de votos suficiente para su derogación.
Pero ahora la presión internacional se hace cada vez más fuerte. Hay varias denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas, la promovida por el poeta argentino Juan Gelman con motivo de la desaparición de su nuera María Claudia García, que obligan al Estado uruguayo a responder al respecto, por lo cual sería muy conveniente que el Parlamento eliminara de nuestra legislación una norma violatoria de preceptos incuestionables y contraria a pactos y convenciones internacionales ratificadas por Uruguay.
El Poder Legislativo tiene ahora la palabra. Deberá analizar y pronunciarse sobre el proyecto de ley interpretativa que el Frente Amplio presentará a la brevedad, por el cual se intenta enmendar la barbarie cometida en diciembre de 1986. Los partidos tradicionales deberán resolver si están dispuestos a un gesto de madurez y, por tanto, a acompañar la iniciativa, o si, por el contrario, prefieren mantener esa mácula oprobiosa que nos avergüenza.
Los votos para aprobar la ley interpretativa están. Sería altamente saludable que la oposición sumara los suyos.
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miércoles, 22 de septiembre de 2010
Otras causalidades
Gobierno se puso como meta aprobar ley interpretativa de la Caducidad antes del 25 de octubre.
La Diaria. 22 9. 10. Por Lourdes Rodríguez.
“Nos parece un avance que la Ley de Caducidad salga del ordenamiento jurídico, pero el tema de la impunidad es mucho más grande”, afirmó en diálogo con la diaria Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, organización que en una semana tendrá una reunión con Presidencia.
Para entonces espera respuestas a tres planteos: asignación de recursos a la Comisión Nacional de Seguimiento, la orden para retomar las excavaciones en el Batallón 14 y la implementación de políticas concretas para desclasificar archivos de la dictadura.
La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) definió ayer un plan de trabajo, según el cual el martes se citará una sesión extraordinaria de la cámara baja para darle al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad la entrada formal al Parlamento, con el respaldo del presidente José Mujica, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Está previsto además que el 29 y el 30 de setiembre se le dé tratamiento en la Comisión de Constitución y Códigos, y que la primera semana de octubre sea aprobada por el plenario.
Para entonces ya se habrá desarrollado la audiencia única en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda contra el Estado, fijada el 4 de octubre, por denegación de justicia en la investigación de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman en 1976.
No obstante, la resolución del presidente de la Corte IDH, Diego García Sayán, establece un plazo improrrogable hasta el 25 de octubre, para que las partes hagan las observaciones finales en alegatos escritos. La expectativa es que para esa fecha, que coincide con la del plebiscito rosado de un año atrás, la norma para dejar inaplicable la Caducidad tenga sanción definitiva.
En tanto, se conformó dentro de la bancada frenteamplista una subcomisión integrada por los diputados Carlos Coitiño (PVP), Felipe Michelini (Nuevo Espacio) y Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) para ajustar detalles en la exposición de motivos, con el objetivo de “profundizar el nivel político” de los argumentos. En la tarde de ayer, tras la reunión de bancada, los tres diputados convocaron a los coordinadores de los partidos de la oposición para informarles sobre los movimientos previstos.
Al encuentro asistió sólo el Partido Nacional, que estuvo representado por los diputados Pablo Iturralde (Alianza Nacional) y Jaime Trobo (Unidad Nacional). “No tengo comentarios. Nos dieron el texto, escuchamos y nada más”, señaló Iturralde a la diaria. El independiente Iván Posada explicó que se encontraba en la Comisión de Presupuesto, pero que el FA le hizo llegar el proyecto. En tanto, al cierre de esta edición no habían dado una respuesta en la secretaría del coordinador colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay), a la que el FA entregó una copia, según informaron a la diaria.
Que no se repita
“Aún falta para contestar cómo, cuándo, dónde y por qué”, decía la carta que Familiares escribió a Mujica el 1º de marzo. Fue la primera misiva que le tocó leer como presidente. El 27 de abril los recibió en la Torre Ejecutiva y los representantes hicieron especial hincapié en solicitar la reinstrumentación de la Comisión Nacional de Seguimiento, ya que el convenio con la Universidad de la República que la mantenía en funcionamiento venció al finalizar el mandato de Tabaré Vázquez.
El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, los volvió a convocar en junio: “Quedó en dar respuestas, pero aún no las hemos tenido”, indicó Errandonea. “Hay señales favorables pero no hay acciones concretas del gobierno”, añadió. Por eso, para la próxima semana aguardan avances en ese sentido.
Valora el envío al Parlamento del proyecto interpretativo, pero tampoco se hace “demasiada esperanza”. “La presión ha ido creciendo de todos lados; ahora, si el gobierno es más permeable a la presión internacional que a la nacional, bueno, tendrá que afrontar su decisión.
Las formas no me importan, me importa que no siga existiendo esta aberración en el ordenamiento jurídico uruguayo. Queremos saber qué pasó pero queremos también que nunca más pase. Pero tampoco hay que hacerse demasiada esperanza en que cuando esta ley se borre se vaya a acabar la impunidad”, expresó a la diaria Errandonea.
Para eso, indicó, es necesario implementar otras acciones. “Continuar la búsqueda de archivos. Los del departamento de Estado en Estados Unidos. Los de Defensa. Los del Servicio Información y Defensa ni se han tocado.
Los archivos microfilmados del Centro General para Oficiales de Reserva ya están sistematizados por los historiadores, están prontos para la publicación en web y no se puede hacer porque no hay autorización de Presidencia”, enumeró. Y añadió: “Tampoco ha dado la orden para entrar al Batallón 14, donde hay indicios de lo que pudo haber sido la Operación Zanahoria. Pasa el tiempo, y Familiares no tiene toda la vida. Ya llevamos 30 años buscando. Pero para esto se necesita voluntad política”.
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martes, 21 de septiembre de 2010
Las Abuelas anunciaron la identificación del nieto 102
LAS ABUELAS ANUNCIARON LA IDENTIFICACION DEL NIETO 102, QUIEN SE NEGO A LAS PRUEBAS DE ADN
“En el fondo, él desea saber quién es”
Estela Carlotto lo anunció ayer en la sede de Abuelas. Es el hijo de los militantes montoneros María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, secuestrados en 1977. No quisieron dar el nombre del joven ni de su apropiador.
Página 12. Por Alejandra Dandan
“El documento es de una persona que no existe –dijo Estela Carlotto– porque existe otra persona que va a tener que recuperarlo, y eso es obra de la Justicia.” La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo presentó así la noticia de la recuperación del nieto número 102. Un caso que no es sencillo, dijo, porque el joven no aceptó hacerse voluntariamente los análisis genéticos.
Después de muchos años y de varios fallos judiciales, confirmaron finalmente que es hijo de María Graciela Tauro y de Jorge Daniel Rochistein, dos militantes de Montoneros secuestrados el 15 de mayo de 1977. El joven, del que no se dijo su nombre, no estuvo en la casa de las Abuelas para la conferencia de prensa.
Hubo un dato en la causa que fue especialmente subrayado en Abuelas: la existencia de un allanamiento donde se fraguaron las pruebas con la intervención del mismo comisario que actuó en otros casos similares, como el de los hermanos Herrera Noble. “En el fondo, él desea saber quién es”, dijo Estela. “Y va a seguir amando a quien quiera.”
Las Abuelas, siguió, “no pueden decir como dicen livianamente algunos miembros del Poder Judicial cuando dicen ‘pobrecitos’, ‘déjenlos’”, explicó. “Este es un derecho de acción pública: si las Abuelas dicen ‘pobrecito’ están encubriendo un delito, siendo parte, siendo cómplices, por eso tenemos que llevarlo a la Justicia.”
La sala de la sede de Abuelas estaba repleta de cámaras, micrófonos de televisión y voces de cronistas de tonos extranjeros. “Estamos en un país en democracia –explicó Carlotto cuando le preguntaron por el rol de los medios–, donde no tenemos que tener miedo para hablar de una situación que no está resuelta. Los medios pueden ser portadores de la verdad o pueden ocultarla.”
Las Abuelas mencionaron la historia de la causa del nieto 102, pero sobre la identidad del joven apropiado señalaron pocos datos. El joven se crió como hijo natural de un integrante de un grupo de tareas de la Fuerza Aérea, la fuerza de seguridad que mantuvo secuestrada a su madre en Mansión Seré desde donde la llevaron a dar a luz a la ESMA.
Anoche, un cable de la agencia DyN divulgó el nombre del comodoro –prófugo de la Justicia desde hace años– que sería el apropiador del nieto recuperado. Pero, como solicitaron las Abuelas, Página/12 no lo dará a conocer para no obstaculizar el proceso de adaptación del joven a su nueva identidad.
Sus padres eran María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein. Ella era “La Gracie” entre sus familiares. Vivía en Bahía Blanca, tenía una hermana más chica, un padre tornero de los talleres del ferrocarril y propietario con su mujer de un quiosco de barrio. María Graciela estudió Bioquímica en la Universidad Nacional del Sur hasta tercer año, viajó a Buenos Aires, trabajó de empleada en una fábrica, era militante de la JUP y luego de Montoneros. Para sus compañeros era Raquel, Chela o Queda. Y era muy linda, dijo Estela, “tenía el cabello oscuro y ondulado”.
Jorge estudió Ciencias Económicas en la misma universidad. Su padre tenía una fábrica de carteras en Coronel Suárez, que luego mudó a Bahía Blanca. Jorge militaba en Montoneros. Entre sus compañeros era El Hippie, Ricardo o Iricardo.
Los dos se conocieron durante los años de militancia, se casaron el 30 de enero de 1976 en Buenos Aires, y con los primeros meses del golpe estuvieron en el Gran Buenos Aires. Cuando los secuestraron, el 15 de mayo, ella llevaba cuatro meses y medio de embarazo. Pasaron por la Comisaría 3ª de Castelar, ella estuvo en el centro clandestino de Mansión Seré desde donde la llevaron a la ESMA. En noviembre de ese año dio a luz a un varón, asistida por el médico militar Jorge Luis Magnacco.
Según consta en la causa judicial, a ambos los ejecutaron en forma sumarísima durante un enfrentamiento fraguado de guerrilleros con militares, un procedimiento habitual en la época.
De lo que pasó después, Abuelas casi no dio información. La investigación para recuperar al niño se inició hace unos diez años por los datos de un represor, parte del grupo de tareas donde operó el apropiador del niño. Esa persona estuvo con María Graciela y pudo contar quién se llevó a la criatura. Su testimonio sin embargo cobró valor porque aportó además los datos de otro niño apropiado.
Era el caso de Guillermo Francisco Gómez, que rápidamente se demostró que era nieto de Rosa Roisinblit. Ese apropiador, dijo Estela, “se animó por primera vez a hablar, cosa que ojalá todos los que participaron de la represión hicieran. Rosa lo supo hace ya diez años, en este caso demoró más porque el caso era mucho mas difícil”.
Como el joven se negó a realizar el estudio de ADN, el caso llegó a la Corte Suprema que se expidió contra la extracción obligatoria. Como sucede con el caso de los Noble Herrera, el tribunal consideró que se podían utilizar medidas alternativas para obtener la información genética. La causa estaba en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien ordenó un primer allanamiento para obtener muestras de sus objetos personales. “Como también sucedió en otros casos –explicó la presidenta de Abuelas–, las muestras fueron fraguadas y resultó imposible reconstruir el perfil genético.”
Los imputados supieron entre tres y cuatro días antes que se iba a hacer ese allanamiento. De acuerdo con los datos de la causa, le dieron a la Justicia un cepillo de dientes de la apropiadora. Canicoba volvió a convocar al joven. Esta vez, él mismo le compró ropa, ordenó el secreto de sumario y se aseguró de llamarlo después de un día de trabajo.
Lo convocó a su despacho y presenció el momento en el que se quitaba y cambiaba la ropa para asegurarse de que no hubiese otro error.
Cuando le preguntaron a la presidenta de Abuelas por esa medida y la relación con el caso Noble Herrera, ella respondió: “La Justicia debiera ordenar la extracción como lo hizo Canicoba”.
Pero las Abuelas mencionaron otro dato. El allanamiento que ordenó Canicoba se hizo en mayo de 2008 y estuvo a cargo del subcomisario Carlos Garaventa de la División de Seguridad de Estado de la Policía Federal. En mayo de este año, Garaventa intervino en el allanamiento de los Herrera Noble. “Casualmente –dijo Estela–, en ambos procedimientos intervino el mismo jefe policial”. Garaventa fue separado de la fuerza el mes pasado.
Con el avance de las investigaciones en Abuelas, ahora se sabe además que esa misma división estuvo a cargo de otro procedimiento fraguado en el año 2006 en el marco de la causa por la apropiación de Alejandro Sandoval Fontana por el gendarme Víctor Rei.
Alejandro estaba ayer en la sede de Abuelas. En su caso, la policía llamó 48 horas antes a su apropiador para avisarle del operativo. Rei llamó a Alejandro a Campo de Mayo para que pase a buscar un cepillo de dientes suyo, un peine, una remera y una toalla. Elementos a los que sumó además el cepillo de dientes de un hijo biológico con la intención de fraguar los resultados.
Alejandro declaró sobre el allanamiento hace dos meses en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación de la causa Noble Herrera. Pero declaró en una causa paralela.
“Permitime, que quiero decir una cosa”, le pidió a Estela el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. “En este caso, con todas las dificultades que tuvo, se llegó a saber la verdad: eso nos fortalece la idea de que a pesar de todas las medidas dilatorias la Justicia va a avanzar”, concluyó.
Subcomisario sumariado
Estela de Carlotto informó ayer que el subcomisario de la Policía Federal Carlos Garaventa fue responsable de los allanamientos en los que se habían fraguado muestras que impidieron identificar en su momento al nieto 102. El Ministerio de Justicia explicó que Garaventa, quien reportaba en la División de Seguridad del Estado, fue separado del cargo el pasado 23 de agosto a raíz de una denuncia promovida por Abuelas de Plaza de Mayo en la causa Herrera Noble.
El subcomisario dirigió el operativo que ordenó la jueza Sandra Arroyo Salgado para extraer muestras genéticas de la ropa de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín. En el informe entregado por Garaventa y que fue utilizado por Abuelas para su presentación, se indicó que el auto en el que viajaban Marcela y Felipe Noble Herrera no pudo ser interceptado “por la habilidad del conductor y la geografía del lugar que impidieron detener la marcha del vehículo”.
Así, pudieron llegar a su casa y cambiarse la ropa antes de que se recolectaran las muestras. En 2008, el juez Rodolfo Canicoba Corral también había tenido problemas con un allanamiento dirigido por Garaventa en el caso que involucraba al comodoro Juan Carlos Vázquez Sarmiento.
“Tras la denuncia de Abuelas se procedió a la separación y se le hizo un sumario interno y ahora sumaremos estos nuevos datos”, dijo a Página/12 el ministro de Justicia, Julio Alak. “No vamos a tolerar obstrucciones en los procesos investigativos”, destacó Alak.
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Argentina: represores victimizados
EL LUNES SE LEERAN LOS ALEGATOS POR LA U9
Página 12. 21 9 10. Por María Laura D’Amico
Usando como estrategia la negación y la victimización como artilugio, cuatro de los catorce imputados en el juicio de la Unidad 9 de La Plata prestaron declaración indagatoria intentando así demostrar su inocencia en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de los que están acusados.
Ellos son el ex director del penal, Abel Dupuy, los ex agentes penitenciarios Raúl Aníbal Rebaynera y José Luis Peratta y el ex médico del penal Enrique Leandro Corsi. Con sus testimonios, el Tribunal Oral Federal 1 dio por concluida la etapa de declaraciones y anunció la lectura de los alegatos para el próximo 27 de septiembre.
Durante más de tres horas, el lunes pasado Dupuy intentó explicarle al Tribunal su presunta inocencia: coautor de torturas a sesenta y seis personas; aplicación de tormentos a setenta y seis detenidos; partícipe necesario en cinco homicidios agravados, coautor de torturas seguidas de muerte en el caso de Alberto Pinto; partícipe necesario en privaciones ilegales de la libertad de cuatro personas y en las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas de otras tres.
Con voz débil y ayudándose con los apuntes que él mismo tomó durante los más de cinco meses de audiencias, el ex jefe del penal aseveró que “las sanciones se ajustaban a la reglamentación y jamás supe de las golpizas que escuché aquí sobre los que estuvieron en aislamiento”.
Luego abonó la teoría del complot postulada por el médico Carlos Jurio cuando declaró el 9 de agosto pasado y afirmó que “sin ninguna duda hay una manera de declarar, (los testigos) se pusieron todos de acuerdo. Sobre un total de mil ochocientos internos, sólo cuarenta dicen que les pegaron”. Y añadió: “Recuerdo que en el juicio por la verdad declararon con Leopoldo Schi-ffrin y en muchos casos yo pienso que fueron inducidos para eso”.
Cuando llegó el turno de Rebaynera, al día siguiente, argumentos similares al de Dupuy se oyeron en boca de quien fuera apodado El Nazi. Aseguró que “ninguno de los internos fue golpeado y no se los maltrató”. En referencia a las acusaciones de torturas denunciadas por los testigos, dijo que “es un complot.Hay muchos testimonios que están armados contra mí. Hay intereses económicos a través de los abogados de los organismos que viven de esto. Son idiotas útiles”.
En ausencia de los demás penitenciarios procesados –por pedido expreso de la defensa de Rebaynera al Tribunal– dijo que “Dupuy podría saber quién trasladó a (Dardo) Cabo y a (Rufino) Pirles”, haciendo alusión a dos ex detenidos que fueron asesinados en un supuesto intento de fuga. También afirmó que “todos sabemos que (Valentín) Romero no es Culito de Goma”, haciendo referencia al apodo con que numerosos testigos identificaron a ese imputado en sus relatos.
Y concluyó: “Lamento y pido disculpas a alguno que pueda decir que Rebaynera es un traidor, pero digo la verdad”.
A diferencia de los testimonios anteriores, la estrategia defensiva de Peratta consistió en la victimización. Contó que llegó a la U9 en diciembre de 1974, proveniente de la cárcel de Olmos, y dijo que cuando asumió Dupuy, la conducción del penal era una situación “complicada”, porque dos de sus cuñados eran militantes de organizaciones de izquierda, “entonces para esa gente yo soy zurdo”, señaló.
Más tarde, contó que lo echaron del Servicio Penitenciario porque, siendo jefe de Personal, permitió una visita a uno de los detenidos y, para evitar que le hicieran un sumario al jefe de visitas “porque era amigo mío”, firmó un documento en el que lo declaraban “imprescindible”.
Entonces empezó a trabajar en la Marina: “Navegué durante catorce años”, afirmó, y quebrando la voz contó que en una oportunidad, cuando él se encontraba mar adentro, su esposa perdió un embarazo de ocho meses. Finalmente, tras afirmar que lo que se está haciendo en contra suya en este juicio es “algo injusto”, dijo sentirse “víctima de los dos sistemas, tanto del militar como de este sistema”.
Por último, Corsi también declaró su inocencia, aunque no pudo concluir su relato aduciendo que lo aqueja un cuadro de “hipertensión, arritmia y dolor de ojos”. Dijo que nunca hizo guardias en la U9, no sabía de la existencia de los calabozo de castigo, que jamás vio a Alberto Pinto –un detenido que murió después de una operación, a causa de los golpes recibidos allí– y que tampoco conocía a Carlos Domingo Jurio, otro de los médicos que trabajaban en la Unidad y que se encuentra procesado.
El otro imputado en la causa que declaró semanas atrás ante el Tribunal que preside Carlos Rozanski es Ramón “El Manchado” Fernández, quien dijo sentirse “impotente” ante el relato de los testigos porque si él hubiese sabido que las torturas existían, “no las hubiese permitido”. En tanto, los restantes imputados (el ex subjefe de la unidad Isabelino Vega y los ex agentes Elvio Cosso, Valentín Romero, Víctor Ríos, Catalino Morel, Segundo Andrés Basualdo y Héctor “El Oso” Acuña y el médico Luis Domingo Favole) prefirieron no hacer uso de esa instancia de defensa.
Jueza dispuso el procesamiento con prisión del coronel Calcagno
Sentencia. "Coautoría de dos delitos de desaparición forzada".
Jueza dispuso el procesamiento con prisión del coronel Calcagno
Desaparición de Inzaurralde y Santana en Paraguay
La República. 21 9 10. Por Mauricio Pérez
La jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, dispuso el procesamiento con prisión del coronel (r) Carlos Calcagno, por "coautoría de dos delitos de desaparición forzada", por su presunta responsabilidad en la desaparición de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana.
La magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Mirtha Guianze y dispuso el enjuiciamiento del militar, hasta ahora detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 8 (Cárcel Especial para Militares), ante un pedido de extradición librado por la Justicia paraguaya.
Inzaurralde y Santana fueron detenidos en Asunción (Paraguay), junto a tres argentinos integrantes de grupos de izquierda, mientras planificaban la salida de un grupo de militantes del PVP hacia Europa, en virtud de la reciente ola de detenciones de personas vinculadas con dicha organización.
La detención de argentinos y uruguayos en Paraguay implicó el accionar conjunto de los servicios represivos de los tres países, en el marco de la concertación represiva del "Plan Cóndor", según expresa el fallo de la jueza Mota al cual accedió LA REPUBLICA.
En este sentido, documentos de la inteligencia paraguaya demuestran que entre el 5, 6 y 7 de abril de 1977, tras efectuarse las detenciones, existió una reunión entre integrantes de los servicios de seguridad de Paraguay y Argentina, y el jefe del servicio de Contrainformación de Uruguay, Carlos Calcagno, en Asunción. "Las actividades desplegadas por el grupo de trabajo y el material aportado por Calcagno refleja fielmente el sistema de coordinación y consulta que se había acordado al conformarse el 'Plan Cóndor'", expresa la jueza.
El fallo de la jueza Mota señala que Calcagno reconoció haber estado en Paraguay, pero deslindó su participación en el secuestro y detención de ambos militantes, por cuanto el objetivo de su viaje fue procurar información sobre el paradero de la bandera de los "33 Orientales", robada tiempo antes por la organización OPR 33, de la cual ambos militantes formaban parte.
Sin embargo, las actas de los interrogatorios contienen "un detallado cuestionario de todas sus actividades políticas, agrupaciones en que militaron, orientaciones filosóficas de las mismas (y) proyectos a desarrollar en los países en que dichas organizaciones políticas desplegaron sus acciones", y no hacen referencia al tema de la bandera.
"Tan minucioso interrogatorio, practicado por militares paraguayos, no podía haberse llevado a cabo sin la asistencia del indiciado desde que la actividad política de los grupos en que Inzaurralde y Santana habían integrado solo era conocida por sus propios militantes o por quienes se abocaron a su represión", estima el fallo.
El fin de los interrogatorios implicó el traslado de los detenidos hacia Argentina, siendo recluidos en el centro clandestino de detención "Club Atlético".
Sin embargo, "resulta presumible que Inzaurralde y Santana hubieran sido luego trasladados hacia Uruguay y ello por cuanto en el acuerdo que regía entre los países miembros del 'Plan Cóndor', cada país se hacía cargo del destino de sus nacionales", lo cual fue corroborado en otros expedientes judiciales tramitados en Uruguay, vinculados con el traslado clandestino de presos políticos, los cuales demuestran "una política de exterminio" contra los militantes del PVP, señala.
Incluso, la jueza Mota deja entrever que el destino final de ambos militantes fue definido en una reunión de la Junta de Comandantes en Jefe celebrada el 30 de abril de 1977, en la cual se analizó los testimonios recabados en Paraguay, tras la información brindada por "el único uruguayo que participó de los interrogatorios", es decir, Calcagno.
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Jueza dispuso el procesamiento con prisión del coronel Calcagno
Desaparición de Inzaurralde y Santana en Paraguay
La República. 21 9 10. Por Mauricio Pérez
La jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, dispuso el procesamiento con prisión del coronel (r) Carlos Calcagno, por "coautoría de dos delitos de desaparición forzada", por su presunta responsabilidad en la desaparición de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana.
La magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Mirtha Guianze y dispuso el enjuiciamiento del militar, hasta ahora detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 8 (Cárcel Especial para Militares), ante un pedido de extradición librado por la Justicia paraguaya.
Inzaurralde y Santana fueron detenidos en Asunción (Paraguay), junto a tres argentinos integrantes de grupos de izquierda, mientras planificaban la salida de un grupo de militantes del PVP hacia Europa, en virtud de la reciente ola de detenciones de personas vinculadas con dicha organización.
La detención de argentinos y uruguayos en Paraguay implicó el accionar conjunto de los servicios represivos de los tres países, en el marco de la concertación represiva del "Plan Cóndor", según expresa el fallo de la jueza Mota al cual accedió LA REPUBLICA.
En este sentido, documentos de la inteligencia paraguaya demuestran que entre el 5, 6 y 7 de abril de 1977, tras efectuarse las detenciones, existió una reunión entre integrantes de los servicios de seguridad de Paraguay y Argentina, y el jefe del servicio de Contrainformación de Uruguay, Carlos Calcagno, en Asunción. "Las actividades desplegadas por el grupo de trabajo y el material aportado por Calcagno refleja fielmente el sistema de coordinación y consulta que se había acordado al conformarse el 'Plan Cóndor'", expresa la jueza.
El fallo de la jueza Mota señala que Calcagno reconoció haber estado en Paraguay, pero deslindó su participación en el secuestro y detención de ambos militantes, por cuanto el objetivo de su viaje fue procurar información sobre el paradero de la bandera de los "33 Orientales", robada tiempo antes por la organización OPR 33, de la cual ambos militantes formaban parte.
Sin embargo, las actas de los interrogatorios contienen "un detallado cuestionario de todas sus actividades políticas, agrupaciones en que militaron, orientaciones filosóficas de las mismas (y) proyectos a desarrollar en los países en que dichas organizaciones políticas desplegaron sus acciones", y no hacen referencia al tema de la bandera.
"Tan minucioso interrogatorio, practicado por militares paraguayos, no podía haberse llevado a cabo sin la asistencia del indiciado desde que la actividad política de los grupos en que Inzaurralde y Santana habían integrado solo era conocida por sus propios militantes o por quienes se abocaron a su represión", estima el fallo.
El fin de los interrogatorios implicó el traslado de los detenidos hacia Argentina, siendo recluidos en el centro clandestino de detención "Club Atlético".
Sin embargo, "resulta presumible que Inzaurralde y Santana hubieran sido luego trasladados hacia Uruguay y ello por cuanto en el acuerdo que regía entre los países miembros del 'Plan Cóndor', cada país se hacía cargo del destino de sus nacionales", lo cual fue corroborado en otros expedientes judiciales tramitados en Uruguay, vinculados con el traslado clandestino de presos políticos, los cuales demuestran "una política de exterminio" contra los militantes del PVP, señala.
Incluso, la jueza Mota deja entrever que el destino final de ambos militantes fue definido en una reunión de la Junta de Comandantes en Jefe celebrada el 30 de abril de 1977, en la cual se analizó los testimonios recabados en Paraguay, tras la información brindada por "el único uruguayo que participó de los interrogatorios", es decir, Calcagno.
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Proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad ingresa hoy al Parlamento
Bancada. Diputados del Frente Amplio analizarán hoy su tratamiento legislativo
La República. 21 9 10.
El proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad comienza hoy el proceso parlamentario cuando la bancada de Diputados del FA reciba de la fuerza política el texto de la iniciativa, que cuenta con el respaldo expreso del propio presidente de la República, José Mujica.
Finalmente serán los legisladores del FA quienes impulsen el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad que procura, en caso de ser aprobado, erradicar sus efectos negativos.
El Poder Ejecutivo le dio la derecha a la fuerza política para que sea a través de sus legisladores quienes busquen aprobar este proyecto, con una mayoría simple de la Asamblea General.
Ayer, el presidente del FA, Jorge Brovetto informó en la Mesa Política, que en una reciente reunión mantenida con el presidente Mujica, el mandatario le dijo que compartía totalmente el texto del proyecto, y que lo autorizaba a manifestar que acompañaba la propuesta.
Una vez vencido el plazo que el Ejecutivo se dio para dirimir si enviaba la iniciativa, la fuerza política, a partir de hoy comenzará a analizar en la coordinación de bancada de Diputados, el tratamiento y los plazos que intentará darle a este proyecto, ya que se deberá de coordinar con el Senado para una convocatoria a Asamblea General en el breve plazo.
El dirigente del PVP, Carlos Coitiño indicó que es probable y necesario que el Parlamento Nacional apruebe el proyecto antes del 4 de octubre, día en que fue citada una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Quito-Ecuador. La familia Gelman denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo, en mayo de 2006.
El escrito interpuesto denunciaba la violación por parte del Estado uruguayo de los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, bajo el argumento de que la Ley de Caducidad impide el acceso a la verdad y la justicia por no permitir una verdadera investigación por el secuestro y desaparición de María Claudia García, señaló la abogada Ariela Peralta.
Es altamente probable que la Corte falle en contra del Estado uruguayo, disponiendo la obligatoriedad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, por estar violentando la legislación internacional.
En tal sentido, existe la intención, dijo Coitiño, que nuestro país comparezca a la audiencia de la Corte Interamericana en Quito con una ley aprobada que deje sin efectos la polémica ley 15.848 de la Caducidad, para tener una defensa más cómoda.
El proyecto interpretativo
El texto que estará a consideración de la bancada de diputados del FA del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad es el siguiente:
Art. 1.- Declárase como interpretación auténtica de la Constitución de la República (artículo 85 numeral 20) que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a la Constitución de la República por la vía del art. 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.
Artículo 2. Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, art. 12) que los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 15.848 violan los arts. 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República siendo en consecuencia inaplicables.
Artículo 3. En virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente ley:
a) toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley 15.848, continuará de oficio, por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendiddas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales.
b) sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles, hayan o no sido incluidos en la caducidad establecida en el art. 1 de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986, no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de promulgación de la presente ley.
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La República. 21 9 10.
El proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad comienza hoy el proceso parlamentario cuando la bancada de Diputados del FA reciba de la fuerza política el texto de la iniciativa, que cuenta con el respaldo expreso del propio presidente de la República, José Mujica.
Finalmente serán los legisladores del FA quienes impulsen el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad que procura, en caso de ser aprobado, erradicar sus efectos negativos.
El Poder Ejecutivo le dio la derecha a la fuerza política para que sea a través de sus legisladores quienes busquen aprobar este proyecto, con una mayoría simple de la Asamblea General.
Ayer, el presidente del FA, Jorge Brovetto informó en la Mesa Política, que en una reciente reunión mantenida con el presidente Mujica, el mandatario le dijo que compartía totalmente el texto del proyecto, y que lo autorizaba a manifestar que acompañaba la propuesta.
Una vez vencido el plazo que el Ejecutivo se dio para dirimir si enviaba la iniciativa, la fuerza política, a partir de hoy comenzará a analizar en la coordinación de bancada de Diputados, el tratamiento y los plazos que intentará darle a este proyecto, ya que se deberá de coordinar con el Senado para una convocatoria a Asamblea General en el breve plazo.
El dirigente del PVP, Carlos Coitiño indicó que es probable y necesario que el Parlamento Nacional apruebe el proyecto antes del 4 de octubre, día en que fue citada una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Quito-Ecuador. La familia Gelman denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo, en mayo de 2006.
El escrito interpuesto denunciaba la violación por parte del Estado uruguayo de los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, bajo el argumento de que la Ley de Caducidad impide el acceso a la verdad y la justicia por no permitir una verdadera investigación por el secuestro y desaparición de María Claudia García, señaló la abogada Ariela Peralta.
Es altamente probable que la Corte falle en contra del Estado uruguayo, disponiendo la obligatoriedad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, por estar violentando la legislación internacional.
En tal sentido, existe la intención, dijo Coitiño, que nuestro país comparezca a la audiencia de la Corte Interamericana en Quito con una ley aprobada que deje sin efectos la polémica ley 15.848 de la Caducidad, para tener una defensa más cómoda.
El proyecto interpretativo
El texto que estará a consideración de la bancada de diputados del FA del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad es el siguiente:
Art. 1.- Declárase como interpretación auténtica de la Constitución de la República (artículo 85 numeral 20) que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a la Constitución de la República por la vía del art. 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.
Artículo 2. Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, art. 12) que los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 15.848 violan los arts. 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República siendo en consecuencia inaplicables.
Artículo 3. En virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente ley:
a) toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley 15.848, continuará de oficio, por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendiddas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales.
b) sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles, hayan o no sido incluidos en la caducidad establecida en el art. 1 de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986, no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de promulgación de la presente ley.
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Hallan a otro hijo de desaparecidos en Argentina
El País. 20 9 10.
Un hombre nacido durante la dictadura argentina (1976-83) en el campo de exterminio de la ESMA, donde estaba detenida su madre, y apropiado luego por un militar, se convirtió en el caso número 102 en recuperar su identidad, informó el lunes la entidad Abuelas de Plaza de Mayo.
El hombre, que tiene ahora 32 años y es abogado especializado en medio ambiente, nació en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un tenebroso campo de concentración de la dictadura, luego de que sus padres fueran secuestrados el 15 de julio de 1977.
Estela de Carlotto, titular de las Abuelas de la Plaza de Mayo, dijo que la identidad del joven aún no fue revelada porque "está procesando la noticia de la desaparición de sus padres".
Los exámenes determinaron con 99,99% de certeza que es hijo del matrimonio conformado por María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, desaparecidos y asesinados durante el régimen militar.
Por esa apropiación ilegal está acusado el oficial de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien se encuentra prófugo.
La pareja secuestrada en 1977 fue alojada primero en el campo clandestino de detención llamado Mansión Seré, bajo custodia de la Fuerza Aérea, y luego trasladada a la ESMA, por donde pasaron unos 5.000 desaparecidos durante el régimen militar.
Un total de 102 hijos de desaparecidos durante la dictadura han recuperado su verdadera identidad en base a pacientes investigaciones de las Abuelas de Plaza Mayo, que estiman que fueron unos 500 en total los niños apropiados por uniformados o sus allegados en aquella etapa. ç
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lunes, 20 de septiembre de 2010
Heber quiere debatir la Caducidad
EL SENADOR HERRERISTA SOSTIENE QUE LA SALIDA DEMOCRÁTICA ESTUVO MAL HECHA
Últimas Noticias. 20 9 10.
El senador Luis Alberto Heber (Herrerista) propone discutir en profundidad dentro del Partido Nacional la derogación de la ley de Caducidad y aseguró que la salida democrática "estuvo mal hecha".
El senador herrerista dijo ayer a Ultimas Noticias que pretende que haya una discusión dentro del nacionalismo sobre la Caducidad, de la cual opinó que "no fue una ley blanca" y que "la hicieron para jorobar a nuestro partido".
"La impunidad se gestó en el Pacto del Club Naval y consolidó con la ley de Caducidad. En el Pacto del Club Naval ninguno de los actores puso sobre la mesa el tema de la impunidad. Se negoció con una dictadura fuerte, se tendría que haber esperado uno o dos años. Fue una salida renga", sostuvo Heber.
El senador dijo que espera que su partido alcance una postura común a través de un debate profundo. De todas formas, indicó que si no se llega a un acuerdo se podrá dar libertad a los legisladores para que cada cual adopte la medida acorde con su conciencia.
"El partido nacional tiene que hacer el esfuerzo de discutir el tema, no hay una única postura", afirmó.
Heber señaló que existen proyectos para la derogación de la ley impulsados por integrantes de su partido como el diputado José Carlos Cardoso.
El legislador señaló que la razón para convocar a las elecciones era que no participara Wilson Ferreira, que fue liberado cinco días después de las elecciones. "No fue un cambio en paz como dicen", sentenció Heber.
Desde el Frente Amplio, la Mesa Política ratificó el proyecto de ley elaborado con el Poder Ejecutivo para "hacer caer los efectos de la ley de Caducidad".
Este proyecto deberá ser presentado antes de octubre para evitar alguna condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La interpretación dejaría sin efecto los artículos 1, 3 y 7.
En abril de este año, la fuerza de izquierda conformó una comisión para elaborar varios proyectos de ley referentes a la posibilidad de eliminar, derogar o dejar sin efecto la ley de Caducidad.
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Últimas Noticias. 20 9 10.
El senador Luis Alberto Heber (Herrerista) propone discutir en profundidad dentro del Partido Nacional la derogación de la ley de Caducidad y aseguró que la salida democrática "estuvo mal hecha".
El senador herrerista dijo ayer a Ultimas Noticias que pretende que haya una discusión dentro del nacionalismo sobre la Caducidad, de la cual opinó que "no fue una ley blanca" y que "la hicieron para jorobar a nuestro partido".
"La impunidad se gestó en el Pacto del Club Naval y consolidó con la ley de Caducidad. En el Pacto del Club Naval ninguno de los actores puso sobre la mesa el tema de la impunidad. Se negoció con una dictadura fuerte, se tendría que haber esperado uno o dos años. Fue una salida renga", sostuvo Heber.
El senador dijo que espera que su partido alcance una postura común a través de un debate profundo. De todas formas, indicó que si no se llega a un acuerdo se podrá dar libertad a los legisladores para que cada cual adopte la medida acorde con su conciencia.
"El partido nacional tiene que hacer el esfuerzo de discutir el tema, no hay una única postura", afirmó.
Heber señaló que existen proyectos para la derogación de la ley impulsados por integrantes de su partido como el diputado José Carlos Cardoso.
El legislador señaló que la razón para convocar a las elecciones era que no participara Wilson Ferreira, que fue liberado cinco días después de las elecciones. "No fue un cambio en paz como dicen", sentenció Heber.
Desde el Frente Amplio, la Mesa Política ratificó el proyecto de ley elaborado con el Poder Ejecutivo para "hacer caer los efectos de la ley de Caducidad".
Este proyecto deberá ser presentado antes de octubre para evitar alguna condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La interpretación dejaría sin efecto los artículos 1, 3 y 7.
En abril de este año, la fuerza de izquierda conformó una comisión para elaborar varios proyectos de ley referentes a la posibilidad de eliminar, derogar o dejar sin efecto la ley de Caducidad.
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¿Los dictadores van a volver?
Página 12. 30 9 10. Por Irina Hauser
Una mañana de 1979 mi hermano entró en mi habitación con los ojos desorbitados: “¡Mamá está durmiendo con el tío Oscar!”, gritó. Yo tendría ocho años. El, siete. Juntos fuimos en puntitas de pie y espiamos desde la puerta. Mamá no estaba durmiendo con el tío. Era papá, que se había afeitado la barba. Esa barba tupida con la que siempre lo conocimos. “Qué extraño”, pensamos.
Gracias a que existe el feriado del 24 de marzo, hoy en las escuelas se habla de la última dictadura, incluso en los jardines de infantes. Así fue como mi hija de cinco años llegó a casa muy orgullosa de lo que había aprendido y me dijo: “¿Sabías que en la dictadura no dejaban a los varones usar el pelo largo, ni barba, ni dejaban escuchar cierta música, ni hacer arte?”.
Me quedé pasmada escuchándola y, como mencionó la cuestión de la barba, le conté la anécdota sobre mi viejo. Le divirtió, pero enseguida puso las cosas en su lugar: “Mamá, los dictadores eran muy malos, trataban muy mal a los que no tenían las mismas ideas que ellos”. Después se quedó pensativa. “¿Los dictadores van a volver? ¿Existen todavía?”, me preguntó.
El otro día una amiga me contó que su hija de cuatro años le había dicho lo mismo. La misma duda, el mismo temor. Con el agregado de una sensación de peligro quizá más palpable, ya que mi amiga es hija de desaparecidos. Mis cicatrices son otras, pero también están. Tardé años en entender el cambio de apariencia de mi papá, por qué me ponía a llorar cada vez que veía un militar, por qué en mi casa quemaban los libros, por qué me daba taquicardia pasar por el Regimiento Patricios.
Más allá de las historias personales, mi amiga y yo compartimos una sensación de alivio: por suerte, comentamos, les pudimos decir a nuestras hijas que la mayoría de los represores están presos. Y cientos están siendo enjuiciados, al fin. Qué bueno tener una respuesta tranquilizadora.
La semana pasada Angela Urondo, hija del escritor Francisco “Paco” Urondo y Alicia Raboy, me hizo notar que hay grietas que persisten. Una muy profunda está en Mendoza, donde en 1976 mataron a su papá y desaparecieron a su mamá.
En esa provincia los represores andan sueltos, los liberaron. Porque todavía hay jueces cómplices, que lo fueron durante el terrorismo de Estado y ahora intentan beneficiar a sus antiguos aliados. “Yo no me puedo ir de vacaciones a Mar del Plata pensando que en la sombrilla de al lado puede estar el hombre que torturó y secuestró a mi madre”, dijo Angela. Me estremeció. Me quedé pensando en todos los juicios que faltan. Y en cuánta gente repite últimamente que está harta de oír hablar de la dictadura.
“Quiero transmitirles seguridad a mis hijos, ¿cómo hago?”, planteó Angela en el Consejo de la Magistratura, que investiga a tres camaristas mendocinos por apañar crímenes de lesa humanidad. Uno de ellos, Luis Miret, dejó el cargo para evitar que lo destituyeran. Pero como la Presidenta todavía no decidió si acepta su renuncia, el jueves último lo suspendieron igual y lo mandaron a juicio político. Angela presenció la votación. Cuando volvió a su casa escribió en su blog: “La sensación es confusa. Parece felicidad, pero no es, es un poco menos de amargura”. Su blog se llama “Pedacitos”.
Ella, mi hija, mi amiga. Con sus palabras, me confirmaron la importancia de poder decirles a nuestros hijos (y a nosotras mismas) que ya está, ya pasó, ya pasó. Qué necesario es poder mostrarles que hay un cierre para esta historia. Todavía falta, y tal vez no estemos tan lejos.
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Una mañana de 1979 mi hermano entró en mi habitación con los ojos desorbitados: “¡Mamá está durmiendo con el tío Oscar!”, gritó. Yo tendría ocho años. El, siete. Juntos fuimos en puntitas de pie y espiamos desde la puerta. Mamá no estaba durmiendo con el tío. Era papá, que se había afeitado la barba. Esa barba tupida con la que siempre lo conocimos. “Qué extraño”, pensamos.
Gracias a que existe el feriado del 24 de marzo, hoy en las escuelas se habla de la última dictadura, incluso en los jardines de infantes. Así fue como mi hija de cinco años llegó a casa muy orgullosa de lo que había aprendido y me dijo: “¿Sabías que en la dictadura no dejaban a los varones usar el pelo largo, ni barba, ni dejaban escuchar cierta música, ni hacer arte?”.
Me quedé pasmada escuchándola y, como mencionó la cuestión de la barba, le conté la anécdota sobre mi viejo. Le divirtió, pero enseguida puso las cosas en su lugar: “Mamá, los dictadores eran muy malos, trataban muy mal a los que no tenían las mismas ideas que ellos”. Después se quedó pensativa. “¿Los dictadores van a volver? ¿Existen todavía?”, me preguntó.
El otro día una amiga me contó que su hija de cuatro años le había dicho lo mismo. La misma duda, el mismo temor. Con el agregado de una sensación de peligro quizá más palpable, ya que mi amiga es hija de desaparecidos. Mis cicatrices son otras, pero también están. Tardé años en entender el cambio de apariencia de mi papá, por qué me ponía a llorar cada vez que veía un militar, por qué en mi casa quemaban los libros, por qué me daba taquicardia pasar por el Regimiento Patricios.
Más allá de las historias personales, mi amiga y yo compartimos una sensación de alivio: por suerte, comentamos, les pudimos decir a nuestras hijas que la mayoría de los represores están presos. Y cientos están siendo enjuiciados, al fin. Qué bueno tener una respuesta tranquilizadora.
La semana pasada Angela Urondo, hija del escritor Francisco “Paco” Urondo y Alicia Raboy, me hizo notar que hay grietas que persisten. Una muy profunda está en Mendoza, donde en 1976 mataron a su papá y desaparecieron a su mamá.
En esa provincia los represores andan sueltos, los liberaron. Porque todavía hay jueces cómplices, que lo fueron durante el terrorismo de Estado y ahora intentan beneficiar a sus antiguos aliados. “Yo no me puedo ir de vacaciones a Mar del Plata pensando que en la sombrilla de al lado puede estar el hombre que torturó y secuestró a mi madre”, dijo Angela. Me estremeció. Me quedé pensando en todos los juicios que faltan. Y en cuánta gente repite últimamente que está harta de oír hablar de la dictadura.
“Quiero transmitirles seguridad a mis hijos, ¿cómo hago?”, planteó Angela en el Consejo de la Magistratura, que investiga a tres camaristas mendocinos por apañar crímenes de lesa humanidad. Uno de ellos, Luis Miret, dejó el cargo para evitar que lo destituyeran. Pero como la Presidenta todavía no decidió si acepta su renuncia, el jueves último lo suspendieron igual y lo mandaron a juicio político. Angela presenció la votación. Cuando volvió a su casa escribió en su blog: “La sensación es confusa. Parece felicidad, pero no es, es un poco menos de amargura”. Su blog se llama “Pedacitos”.
Ella, mi hija, mi amiga. Con sus palabras, me confirmaron la importancia de poder decirles a nuestros hijos (y a nosotras mismas) que ya está, ya pasó, ya pasó. Qué necesario es poder mostrarles que hay un cierre para esta historia. Todavía falta, y tal vez no estemos tan lejos.
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López, Graiver y la memoria
Página 12. 20 9 10. Por Adriana Meyer
Jorge Julio López está donde los represores querían que estuviera, y para eso lo sacaron de su casa de Los Hornos, lo privaron de ver la sentencia contra su verdugo y lo transformaron en un desaparecido.
Sabían muy bien que sus compañeros sobrevivientes de la dictadura no permitirían que su nombre, su historia, su valiente testimonio pasaran al olvido. Así se aseguraron de que sus víctimas completarían su propósito: reinstalar la noción de que en Argentina se puede volver a desaparecer como cuando ellos tenían el poder. Así demostraron que no lo perdieron del todo.
López desapareció primero en 1976, cuando la patota de Miguel Etchecolatz lo secuestró, y hace cuatro años lo volvieron a desaparecer cuando ya se había convertido en una pieza clave del enjuiciamiento a los represores bonaerenses. Ahora casi desapareció de los medios.
Con López sucede lo mismo que con el atentado a la AMIA: vuelve a ser noticia en los aniversarios. El Estado que fracasa, involuntariamente o no, en los esclarecimientos de estas tragedias genera algún anuncio para mostrar que estos casos siguen en la agenda, cuando en realidad nunca estuvieron con la magnitud que las víctimas hubieran pretendido.
Para estos cuatro años el poder político recibió a la familia de López, hizo declaraciones previsibles y elevó el monto de la recompensa a cambio de información. Más legítimas suenan las iniciativas por la memoria producidas por organismos de derechos humanos: marchas, murales, y otras expresiones artísticas inspiradas en el repetido e insatisfecho reclamo de “aparición con vida y castigo a los culpables”, al que este año se suma el de esclarecimiento del asesinato de la testigo Silvia Suppo y el rechazo a la criminalización de la protesta social.
López está en Wikipedia y en Facebook, aunque esta red social haya bloqueado la página que llegó a conseguir 27 mil adhesiones.
López tenía memoria, una memoria que ayudó con anotaciones volcadas en cuanto papel caía en sus manos. Por eso el 14 julio 1999 declaró en el Juicio por la Verdad de La Plata y relató que compartió celda con Juan e Isidoro Graiver, cuando estuvo detenido en la Unidad 9 de La Plata durante la dictadura. “Y fue un militar y le dijo: ‘Mirá Graiver, te vamos a sacar y te vamos a fusilar, porque vos fuiste el que les dio plata a los guerrilleros para que maten a nuestros soldados’, le dijo, esa noche”, contó el albañil.
López es un expediente judicial que se fue deshilachando hasta quedar en la nada, a pesar de la insistencia de los querellantes que nunca pudieron remontar en juzgados y fiscalías la negativa inicial de la policía para buscar en serio al testigo desaparecido. Es una causa producto de “una mezcla explosiva de inoperancia, complicidad y encubrimiento”, como la definió Adriana Calvo.
No hay imputados, mucho menos detenidos. No fue prioridad cuando debió serlo, y ahora menos, ya que en el mismo juzgado todos los recursos están destinados al caso Papel Prensa.
López nos recuerda que el aparato represivo no fue desmantelado y que los juicios avanzan pero sus testigos siguen en peligro.
“López es la noticia que nadie quiere escuchar”, decía Eduardo Aliverti en diciembre de 2006. Y vaticinaba la batalla contra el olvido. Pasados apenas tres meses, el locutor y periodista advertía que “la dirigencia partidaria, los medios de comunicación, los sindicatos, las organizaciones profesionales: se diría que todos, excepto algunos espacios, partidos de izquierda, organismos de derechos humanos y luchadores sueltos o agrupados, se han olvidado de López”.
Por entonces la familia de López le había enviado una carta al Presidente en la que también quiso conjurar el advenimiento de la amnesia colectiva. Su mujer y sus hijos habían implorado “que Tito (así lo llamaban ellos) no se convierta en el primer desaparecido/olvidado de la democracia”.
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Jorge Julio López está donde los represores querían que estuviera, y para eso lo sacaron de su casa de Los Hornos, lo privaron de ver la sentencia contra su verdugo y lo transformaron en un desaparecido.
Sabían muy bien que sus compañeros sobrevivientes de la dictadura no permitirían que su nombre, su historia, su valiente testimonio pasaran al olvido. Así se aseguraron de que sus víctimas completarían su propósito: reinstalar la noción de que en Argentina se puede volver a desaparecer como cuando ellos tenían el poder. Así demostraron que no lo perdieron del todo.
López desapareció primero en 1976, cuando la patota de Miguel Etchecolatz lo secuestró, y hace cuatro años lo volvieron a desaparecer cuando ya se había convertido en una pieza clave del enjuiciamiento a los represores bonaerenses. Ahora casi desapareció de los medios.
Con López sucede lo mismo que con el atentado a la AMIA: vuelve a ser noticia en los aniversarios. El Estado que fracasa, involuntariamente o no, en los esclarecimientos de estas tragedias genera algún anuncio para mostrar que estos casos siguen en la agenda, cuando en realidad nunca estuvieron con la magnitud que las víctimas hubieran pretendido.
Para estos cuatro años el poder político recibió a la familia de López, hizo declaraciones previsibles y elevó el monto de la recompensa a cambio de información. Más legítimas suenan las iniciativas por la memoria producidas por organismos de derechos humanos: marchas, murales, y otras expresiones artísticas inspiradas en el repetido e insatisfecho reclamo de “aparición con vida y castigo a los culpables”, al que este año se suma el de esclarecimiento del asesinato de la testigo Silvia Suppo y el rechazo a la criminalización de la protesta social.
López está en Wikipedia y en Facebook, aunque esta red social haya bloqueado la página que llegó a conseguir 27 mil adhesiones.
López tenía memoria, una memoria que ayudó con anotaciones volcadas en cuanto papel caía en sus manos. Por eso el 14 julio 1999 declaró en el Juicio por la Verdad de La Plata y relató que compartió celda con Juan e Isidoro Graiver, cuando estuvo detenido en la Unidad 9 de La Plata durante la dictadura. “Y fue un militar y le dijo: ‘Mirá Graiver, te vamos a sacar y te vamos a fusilar, porque vos fuiste el que les dio plata a los guerrilleros para que maten a nuestros soldados’, le dijo, esa noche”, contó el albañil.
López es un expediente judicial que se fue deshilachando hasta quedar en la nada, a pesar de la insistencia de los querellantes que nunca pudieron remontar en juzgados y fiscalías la negativa inicial de la policía para buscar en serio al testigo desaparecido. Es una causa producto de “una mezcla explosiva de inoperancia, complicidad y encubrimiento”, como la definió Adriana Calvo.
No hay imputados, mucho menos detenidos. No fue prioridad cuando debió serlo, y ahora menos, ya que en el mismo juzgado todos los recursos están destinados al caso Papel Prensa.
López nos recuerda que el aparato represivo no fue desmantelado y que los juicios avanzan pero sus testigos siguen en peligro.
“López es la noticia que nadie quiere escuchar”, decía Eduardo Aliverti en diciembre de 2006. Y vaticinaba la batalla contra el olvido. Pasados apenas tres meses, el locutor y periodista advertía que “la dirigencia partidaria, los medios de comunicación, los sindicatos, las organizaciones profesionales: se diría que todos, excepto algunos espacios, partidos de izquierda, organismos de derechos humanos y luchadores sueltos o agrupados, se han olvidado de López”.
Por entonces la familia de López le había enviado una carta al Presidente en la que también quiso conjurar el advenimiento de la amnesia colectiva. Su mujer y sus hijos habían implorado “que Tito (así lo llamaban ellos) no se convierta en el primer desaparecido/olvidado de la democracia”.
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Los jueces bajo la lupa
PEDIDO PARA QUE SE ABRAN LOS ARCHIVOS JUDICIALES
En “causa de los magistrados”, la fiscalía de Córdoba reclamó la apertura de los archivos de la dictadura. Se busca probar el rechazo de hábeas corpus.
Página 12. 20 9 10. Por Adrián Pérez
”Estoy seguro de que tiene que haber pedidos de hábeas corpus, tanto en la Justicia federal como de la provincia, sobre la desaparición de personas durante el terrorismo de Estado”, afirmó el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano.
En una presentación realizada el 9 de septiembre, Lascano le pidió al juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena –en el marco de la “causa de los magistrados” que ambos tramitan para investigar la presunta colaboración de funcionarios judiciales con los represores–, que la Justicia federal reclamara, ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, la apertura de los archivos de hábeas corpus que pudieran haber presentado los familiares de las víctimas de la represión ilegal en esa provincia. Esos archivos no se abrieron porque, hasta el momento, “nadie los pidió”, consideró el fiscal, y adelantó que se busca establecer cuál fue el trámite que recibieron los hábeas corpus y quién fue el magistrado que los tramitó.
El ex juez federal Miguel Angel Puga, y los ex fiscales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo figuran como imputados en el expediente conocido como la “causa de los magistrados”, que llegó a manos de Vidal Lascano luego de que los fiscales Graciela López de Filoñuk y Enrique Senestrari se apartaran de la causa.
A comienzos de 2008, el fiscal federal pidió todas las causas judiciales archivadas relacionadas con las 31 personas que habían sido asesinadas en la Unidad Penitenciaria 1 del barrio San Martín, acusados de haber infringido la Ley 20840 que la dictadura militar estableció como actividades subversivas.
Del análisis de esas causas, Vidal Lascano concluyó que Puga, Cornejo y Fuad Alí habían cometido delitos de lesa humanidad por no haber investigado las torturas denunciadas por los detenidos. “El juez (Alejandro) Sánchez Freytes consideró que esos delitos estaban prescriptos, porque no fueron considerados delitos de lesa humanidad, pero junto a los querellantes apelamos –reconoció el fiscal—.
Miguel Martínez, uno de los querellantes, pidió la nulidad de la resolución del juez porque no había sido notificado del desglose del expediente.” La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar a la nulidad y devolvió el expediente a Sánchez Freytes para que se pronunciara nuevamente, quien se apartó finalmente de la causa por haber adelantado su opinión. El dictamen quedó en pie y recayó en el juzgado de Daniel Herrera Piedrabuena.
“Junto al juez Herrera Piedrabuena estamos llamando a todos los testigos que están declarando en el juicio a Videla. De estos nuevos testimonios pueden aparecer situaciones que involucren a quienes habían sido deslindados de la ‘causa de los magistrados’”, dijo el fiscal federal, y agregó que cuando los hábeas corpus sean enviados “vamos a analizar qué clase de diligencia judicial les dieron a esos pedidos o si los cajonearon”. “Descuento que el juez va a hacer lugar a nuestro pedido”, concluyó.
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En “causa de los magistrados”, la fiscalía de Córdoba reclamó la apertura de los archivos de la dictadura. Se busca probar el rechazo de hábeas corpus.
Página 12. 20 9 10. Por Adrián Pérez
”Estoy seguro de que tiene que haber pedidos de hábeas corpus, tanto en la Justicia federal como de la provincia, sobre la desaparición de personas durante el terrorismo de Estado”, afirmó el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano.
En una presentación realizada el 9 de septiembre, Lascano le pidió al juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena –en el marco de la “causa de los magistrados” que ambos tramitan para investigar la presunta colaboración de funcionarios judiciales con los represores–, que la Justicia federal reclamara, ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, la apertura de los archivos de hábeas corpus que pudieran haber presentado los familiares de las víctimas de la represión ilegal en esa provincia. Esos archivos no se abrieron porque, hasta el momento, “nadie los pidió”, consideró el fiscal, y adelantó que se busca establecer cuál fue el trámite que recibieron los hábeas corpus y quién fue el magistrado que los tramitó.
El ex juez federal Miguel Angel Puga, y los ex fiscales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo figuran como imputados en el expediente conocido como la “causa de los magistrados”, que llegó a manos de Vidal Lascano luego de que los fiscales Graciela López de Filoñuk y Enrique Senestrari se apartaran de la causa.
A comienzos de 2008, el fiscal federal pidió todas las causas judiciales archivadas relacionadas con las 31 personas que habían sido asesinadas en la Unidad Penitenciaria 1 del barrio San Martín, acusados de haber infringido la Ley 20840 que la dictadura militar estableció como actividades subversivas.
Del análisis de esas causas, Vidal Lascano concluyó que Puga, Cornejo y Fuad Alí habían cometido delitos de lesa humanidad por no haber investigado las torturas denunciadas por los detenidos. “El juez (Alejandro) Sánchez Freytes consideró que esos delitos estaban prescriptos, porque no fueron considerados delitos de lesa humanidad, pero junto a los querellantes apelamos –reconoció el fiscal—.
Miguel Martínez, uno de los querellantes, pidió la nulidad de la resolución del juez porque no había sido notificado del desglose del expediente.” La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar a la nulidad y devolvió el expediente a Sánchez Freytes para que se pronunciara nuevamente, quien se apartó finalmente de la causa por haber adelantado su opinión. El dictamen quedó en pie y recayó en el juzgado de Daniel Herrera Piedrabuena.
“Junto al juez Herrera Piedrabuena estamos llamando a todos los testigos que están declarando en el juicio a Videla. De estos nuevos testimonios pueden aparecer situaciones que involucren a quienes habían sido deslindados de la ‘causa de los magistrados’”, dijo el fiscal federal, y agregó que cuando los hábeas corpus sean enviados “vamos a analizar qué clase de diligencia judicial les dieron a esos pedidos o si los cajonearon”. “Descuento que el juez va a hacer lugar a nuestro pedido”, concluyó.
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domingo, 19 de septiembre de 2010
La demora injustificada revictimiza
Ex presos políticos. Desarrollaron su asamblea anual de delegados. Crysol exige al Estado que cumpla con la Ley de Reparación Integral. Afirman que la "demora injustificada revictimiza".La República. 19 9 10. Por Daniela Fassanello.
A un año de aprobada la Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado, la organización de ex presos y presas políticos Crysol reclama el cumplimiento de su artículo número 10 que consagra la atención gratuita en el Sistema Integrado de Salud.
Ayer se llevó a cabo la asamblea nacional de ex presos y presas políticos Crysol en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y hasta allí llegaron decenas de ciudadanos desde distintos puntos del país para participar de la asamblea anual de delegados.
La misma, que se inició pasadas las 15 horas, lo hizo con un emotivo homenaje al recientemente fallecido compositor uruguayo Marcos Velázquez por el reconocido cantante y también compositor nacional Daniel Viglietti.
Tras el pequeño acto en el que se recordaron letras de Velázquez se dio comienzo a la lectura de los informes preparados por las comisiones de Crysol, uno referido a la salud y otro referido a la memoria y los derechos humanos.
Por último, se votó una propuesta de resolución de catorce puntos que reclama al gobierno del presidente José Mujica que se cumpla en su integridad con la Ley 18.596 aprobada hace un año y que repara de forma integral a todas las víctimas del terrorismo de Estado.
Los ex presos políticos exigen que se cumpla con el artículo número 10 que consagra la "atención gratuita y vitalicia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud". Su no cumplimiento es visto por Crysol como "una demora injustificada que revictimiza a quienes tanto sufrieron y tanto debieron aguardar para que el Estado uruguayo asumiera sus obligaciones en la materia".
El reclamo de Crysol se acompaña, además, con un informe de su comisión de Salud que concluye que "el Estado tiene que dar respuestas por los graves daños ocasionados por las violaciones a los derechos humanos".
"Desde la apertura democrática se han aplicado beneficios parciales e insuficientes, sobre todo en el ámbito de la restitución, la promulgación de algunas leyes que posibilitaron el reintegro al trabajo, sobre todo en el ámbito público. En cuanto a la salud por iniciativas del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la ex Mutualista Israelita del Uruguay (MIDU), con apoyo financiero de organizaciones internacionales, se realizó a quienes salían de las cárceles exámenes para comprobar el estado sanitario en que se encontraban los presos y presas".
Desde Crysol se realizó una evaluación en la que enfermedades infecciosas, degenerativas, neoplasias y psíquicas, así como enfermedades cardio vasculares, respiratorias, daño en los genitales, alteraciones renales, enfermedades neurológicas, indicadores de cáncer con evoluciones fulminantes, cicatrices y lesiones por heridas de bala o quemadura, padecimiento de alteraciones psiquiátricas que conducen a trastornos orgánicos, son parte de una larga lista que conforman y son parte del estado de salud de cientos de ex presos políticos de nuestro país.
En ese sentido es que reclaman con urgencia que el artículo 10 de la ley sea implementado rápidamente por el Ministerio de Salud Pública en todo el país. Crysol aprobó una movilización para el próximo miércoles 13 de octubre frente a las puertas del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de reclamar su rápida implementación. En ese marco es que también ven la necesidad de aprobar una nueva Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del terrorismo de Estado que cumpla con la Convención Internacional contra la Tortura.
Para el conjunto de Crysol la ley de reparación 18.596 promulgada el 19 de setiembre del año 2009 es aún insuficiente y si bien reconocen que es un "paso importante en el camino de superar los daños causados por el proceso iniciado a partir del 13 de junio de 1968" critican que no es una ley de reparación integral ya que" no cumple con estándares internacionales en la materia e incluye un artículo 22 injustificado".
Exigen en ese sentido que las Fuerzas Armadas asuman los crímenes que cometieron en la dictadura cívico militar y es por eso que que entienden que "establecer la verdad de lo sucedido con todos los detenidos desaparecidos, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, es un principio esencial de afirmación de la justicia" y que "las Fuerzas Armadas deben asumir ante el conjunto de la sociedad su responsabilidad institucional por dichos crímenes, dar toda la información que siguen ocultando a los familiares y a la sociedad, someter a tribunales de honor a los responsables de los mismos" con igual rigor con que se actúa ante fraudes y estafas económicas que son delitos de un rango inferior.
Por último, en la tarde de ayer la organización reclamó transformar el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) en un lugar de memoria y derechos humanos, y que el mismo sea gestionado por las organizaciones de víctimas del terrorismo de Estado.
En el mismo sentido expresaron la necesidad de que se establezca un Día Nacional de la Memoria en recordación y homenaje a todas las víctimas del terrorismo de Estado, y en el correr de este año presentarán un proyecto de ley para que el 14 de marzo sea oficializado por el Estado como Día del Liberado.
También decidieron exigir que la Institución de Derechos Humanos aprobada en el Parlamento nacional sea creada a la brevedad.
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sábado, 18 de septiembre de 2010
Asamblea Nacional de ex pres@s polític@s: Adelante Crysol !!!
Vista parcial de la mesa que condujo la asamblea.
Vista general de la asamblea.
Crysol homenajeando a Daniel Viglietti
por su constante y permanente apoyo al colectivo.
Daniel Viglietti homenajeando a Marcos Velázquez.
En la tarde de hoy, sábado 18 de septiembre de 2010, se llevó a cabo la Asamblea Nacional de ex presas y de ex presos políticos de Uruguay convocada por Crysol al cumplirse un año de la promulgación de la Ley de reparación 18 596.
El evento se llevó a cabo en la sede social de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), en el centro de Montevideo. Comenzó a las 15 horas.
Por encontrarse fuera del país, no asistió el Presidente de Crysol, cro. Baldemar Taroco.
El cro. Dr. Ricardo Ehrlich (Ministro de Educación y Cultura) se disculpó por no poder asistir y nos deseó éxito telefónicamente.
La asamblea fue presidida por los miembros de la Comisión Directiva de Crysol, Gastón Grisoni, Julio Martínez, José Silva, Brenda Falero y Carmen Vernier.
Delegaciones de diferentes puntos del país se hicieron presentes y participaron activamente en la asamblea deliberativa.
Antes de comenzar la asamblea se llevó a cabo un sencillo homenaje a Marcos Velázquez recientemente fallecido y a todas y a todos los ex presos políticos fallecidos desde la última reunión de este tipo con una breve actuación de Daniel Viglietti.
También se realizó un homenaje sorpresa al cro. Daniel Viglietti por su apoyo permanente desde siempre al colectivo. Se contó con una intervención especial del cro. José Alaníz (Pepe Veneno). Brenda Falero y Chela Fontora le entregaron una artesanía en agradecimiento y se vivieron momentos de intensa emoción.
Posteriormente y dando comienzo a la asamblea propiamente dicha, Gastón Grisoni, Secretario de la institución, presentó y fundamentó la propuesta de resolución que para la instancia fuera difundida previamente por Crysol.
Las diferentes comisiones (Caducidad, Salud, Memoria, Finanzas, Casa) presentaron sus respectivos informes y se procedió a la instancia de debate y de presentación de propuestas modificativas a la resolución.
A la hora 17,45 se procedió a votar la propuesta de resolución que fue aprobada por unanimidad recogiendo las diferentes sugerencias que fueron presentadas.
Resolución aprobada por la Asamblea Nacional de ex presos políticos de Uruguay
La Asamblea Nacional de ex presas y de ex presos políticos, reunida a instancias de Crysol, en el día de la fecha en la sede de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), resuelve:
1. A 25 años del retorno a la institucionalidad democrática como resultado de la resistencia y de la lucha del pueblo uruguayo al Terrorismo de Estado, son grandes las tareas y desafíos pendientes de resolución para erradicar definitivamente de la sociedad el legado nefasto de dicho período y afirmar un Estado de derecho pleno.
2. Anular y/o destruir técnicamente la Ley de Caducidad, por inmoral, injusta e inconstitucional, tal como lo reclaman más de 1.200.000 uruguayos y la Comisión Interamericana de DDHH, paso de enorme importancia y trascendencia para continuar desterrando la cultura de la impunidad, es el desafío más inmediato e irrenunciable.
3. Establecer la verdad de lo sucedido con todos los Detenidos Desaparecidos, el qué, cómo, cuándo, dónde y porqué, es un principio esencial de afirmación de la justicia. Las FFAA deben asumir ante el conjunto de la sociedad su responsabilidad institucional por dichos crímenes, dar toda la información que siguen ocultando a los familiares y a la sociedad, someter a tribunales de Honor a los responsables de los mismos con igual rigor con que se ultrajan ante fraudes y estafas económicas que son delitos de un rango inferior.
4. Lograr que todos los poderes del Estado uruguayo asuman las normas de DDHH con igual jerarquía que otras normas del sistema positivo, que se creen tribunales especializados para los mismos, que se tipifiquen los Delitos de Lesa Humanidad de acuerdo a los compromisos internaciones y a las leyes vigentes, que se pueda acceder a las historias clínicas de quienes estuvieron internados en el Hospital Central de las FFAA durante el proceso cívico militar, asegurar el acceso pleno a los archivos de la represión, brindar apoyo jurídico, psicológico y material a quienes inician juicios por dichos delitos, son esfuerzos destinados a mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos y cimentar un futuro esperanzador.
5. En este marco, aprobar una Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado que cumpla con la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos y Penas crueles, inhumanos y degradantes y con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es una demanda de nuestra organización que sigue teniendo plena vigencia.
6. La Ley de Reparación 18 596 promulgada el 19 de setiembre de 2009 es un paso importante en el camino de superar los daños causados por el proceso iniciado a partir del 13 de junio de 1968. No es una ley de reparación integral ya que no cumple con estándares internacionales en la materia e incluye un artículo 22 injustificado en una norma con tales características.
No obstante lo anterior proceder a su rápida y efectiva implementación, para que los beneficiarios de ella puedan acceder a lo consagrado por la ley, dotando a la Comisión Especial de los recursos materiales, humanos y financieros para su trabajo efectivo, merece el esfuerzo y la militancia del colectivo organizado actuando dentro de la Comisión Especial y fuera de ella.
7. A un año de la aprobación de la Ley 18 596, la no emisión por parte del Poder Ejecutivo del decreto reglamentario del Artículo 10 que consagra la atención gratuita y vitalicia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) para algunos grupos de víctimas del Terrorismo de Estado y jerarquiza jurídicamente las disposiciones del Decreto 268/08, es una demora injustificada que revictimiza a quienes tanto sufrieron y tanto debieron aguardar para que el Estado uruguayo asumiera sus obligaciones en la materia.
8. Realizar una concentración ante la sede del Ministerio de Salud Pública (MSP) el miércoles 13 de octubre de 2010, a la hora 15.00, en respaldo a la demanda de una rápida implementación del Artículo 10 (reparación en salud) de la ley 18 596.
9. Superar todas las injustas exclusiones, carencias, insuficiencias y omisiones de la Ley Jubilatoria 18 033, mediante una nueva ley, debe seguir en la agenda del colectivo organizado, del mismo modo que potenciar nuevamente el trabajo por una efectiva implementación de la labor de la Comisión Especial.
10. Facilitar el proceso de amparo a quienes estuvieron detenidos en centros clandestinos de detención en el exterior ante la no entrega de la documentación pertinente por parte de las FFAA debe recibir el máximo apoyo institucional actuando dentro y fuera de ella.
11. Modificar sustancialmente el decreto 106/2007 del Poder Ejecutivo para que los cónyuges de ex presos políticos fallecidos perciban la Pensión Especial Reparatoria del Artículo 11 (trasmitida como pensión de sobrevivencia) junto con sus propias jubilaciones o pensiones es un desafío impostergable para avanzar también en el camino de la justicia previsional.
12. En tanto la Pensión Especial Reparatoria del Artículo 11 de la Ley 18 033 es considerada una prestación previsional que genera pensión de sobrevivencia, debe ser asimilable a cualquier otra jubilación y generar, igual que las mismas, gastos de velatorio y expensas funerarias para los cónyuges en el Banco de Previsión Social (BPS).
13. Transformar el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) en un lugar de memoria y DDHH, gestionado por las organizaciones de víctimas del Terrorismo de Estado, es un requisito impostergable en la construcción de la Memoria Histórica de la lucha del pueblo por la libertad y como edificación del futuro.
14. En el mismo sentido, establecer un Día Nacional de la Memoria en recordación y homenaje a todas las víctimas del Terrorismo es una deuda pendiente de la democracia uruguaya para dar cumplimiento a las normas internacionales de DDHH y a lo establecido por la Ley de Reparación 18 596.
15. Lograr que el 14 de marzo sea oficializado por el Estado uruguayo como Día del Liberad@ es un reconocimiento de dignificación social colectiva a los miles de uruguayas y de uruguayos que sufrieron prisión y torturas por razones políticas, gremiales o ideológicas en el período iniciado a partir del 13 de junio de 1968.
16. Instalar a la brevedad la Institución Nacional de DDHH, creada a fines del año 2008 y cuyo nombre reivindicamos, como ámbito de defensa y protección de los derechos individuales y colectivos, contra toda forma de impunidad, dotándola del presupuesto acorde a su importancia y obligaciones es una necesidad de la sociedad civil y un compromiso para nuestro colectivo.
Montevideo, sábado 18 de septiembre de 2010
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Tierra de la Memoria
Con la coordinación de Memoria Abierta, por cuarta vez en los últimos cinco años se reúnen en Buenos Aires directores de museos, asociaciones y memoriales de toda América latina centrados en los derechos humanos.
Página 12.14 9 10. Por Angel Berlanga.
Con un foro público que pondrá sobre la mesa experiencias en Rosario, Santiago (Chile), Guatemala, Perú y El Salvador, el lanzamiento de un portal común y la participación de veinticinco entidades del continente, este Seminario Regional se propone, como plantea Patricia Tappatá de Valdez, directora de Memoria Abierta, ir más allá de los militantes y llegar “a los que no saben, a los que no creen, a los que a duras penas pueden decir en voz alta que su país atravesó una dictadura”.
Terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad, masacres, matanzas a cargo de paramilitares: ¿qué país de Latinoamérica no padeció, en las últimas tres o cuatro décadas, alguna o varias de estas gestas criminales? ¿Y cómo dar cuenta de lo ocurrido, de esas decenas de miles de asesinatos, de las organizaciones y responsables homicidas que los promovieron, de las víctimas secuestradas, torturadas, desaparecidas?
En sintonía con el resurgimiento con fuerza de la noción de lo continental en lo que va de este milenio (un fenómeno muy palpable desde lo político, económico y simbólico en entidades como Mercosur o Unasur), las organizaciones dedicadas a los derechos humanos en la región, que trabajan enfrentando a la impunidad y al olvido que abona más impunidad, estrechan sus vínculos, intercambian experiencias y encaran actividades conjuntas con la idea de robustecer lo continental, también, desde lo cultural y lo social.
En ese sentido, una prueba incontrastable será el IV Seminario Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia, que se pondrá en marcha mañana, aquí, en Buenos Aires, con la coordinación de Memoria Abierta y la participación de representantes de 25 entidades (museos, archivos, asociaciones, memoriales) pertenecientes a once países.
Museo de la Memoria, Chile
DONDE ESTUVO EL HORROR
Como para ir presentando alguna de las vertientes y la diversidad del encuentro –que durará tres jornadas y se desarrollará en varias sedes– será útil anotar la actividad a la que el público tendrá acceso: Museos de memoria en América Latina. Cinco experiencias en diálogo. Los que participan:
- El director del Museo de la Palabra y la Imagen de El Salvador, Carlos Henriquez Consalvi, mucho más conocido en su país como Santiago, periodista, escritor y fundador y voz de Radio Venceremos, de la insurgencia salvadoreña. El Museo, fundado por él, funciona como archivo, genera publicaciones de libros y revistas, y trabaja con comunidades indígenas.
- Germán Vargas, director de la Asociación Paz y Esperanza, una ONG peruana que trabaja sobre todo con sectores en extrema pobreza y sin acceso a la justicia, y que ha impulsado el establecimiento de dos sitios históricos en Ayacucho (Totos y Puttaca), epicentro del conflicto armado interno que duró dos décadas, con el ejército y Sendero Luminoso como protagonistas.
- Marcelino Hernández Gómez, dirigente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en Chiapas, un organismo civil que prioriza los derechos de pueblos indígenas, en especial en lo que hace a territorio, justicia, lucha contra la represión, búsqueda de desarme. Pertenece a la etnia tzeltal.
- Romy Schmidt Crnosija, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, Chile, autora del primer catastro de centros de detención y tortura del país y responsable de la recuperación para el Estado de varios ex centros de tortura, fue nombrada por Michelle Bachelet a comienzos de este año. La misión del Museo es dar a conocer los crímenes durante el pinochetismo, 1973-1990.
- Rubén Chababo, director del Museo de la Memoria de Rosario (que desde el próximo 10 de diciembre pasará a funcionar en el edificio de lo que fue el Segundo Cuerpo de Ejército durante la dictadura). Chababo (que escribe en estas páginas sobre el debate planteado de cara a la sociedad sobre la construcción del Museo) es uno de los primeros de América latina en trabajar sobre causas y consecuencias del accionar del Estado terrorista.
Laten la complejidad y la diversidad: entidades gubernamentales, ong, iniciativas de grupos; problemáticas actuales y/o ocurridas hace ya tiempo; países con juicios en marcha más allá de los años transcurridos (Argentina, por caso) y otros en los que se propicia impunidad: el viernes pasado, por citar un documento muy reciente, 26 entidades latinoamericanas repudiaron al gobierno peruano por decretar límites a la persecución penal de fuerzas armadas y policiales implicadas en graves violaciones a los derechos humanos.
Las diferencias históricas y de contexto, sin embargo, no empañan el núcleo de la búsqueda: cómo dar cuenta de los crímenes sistemáticos. Hombres y mujeres machacados por grupos de poder. Así que cada uno cuenta cómo es su problemática y cómo la afronta. ¿Cómo se construyen esos relatos, a quiénes están dirigidos, qué sentidos se ponen en juego para entender y pensar al respecto?
Las experiencias que responden a esas preguntas, planteadas para el foro, están sobre la mesa para ser compartidas. A partir de mañana estarán, además, sistematizadas: es que el encuentro servirá, también, para inaugurar el portal Sitios de Memoria en América latina, desde donde podrán intercambiar herramientas de trabajo, materiales e información sobre las tareas y recursos instrumentados por cada entidad.
Ya por fuera del foro público, en el seminario se trabajará sobre la representación de los momentos políticos claves, como transiciones a la democracia o momentos de fractura institucional, el rol del gobierno en la construcción del museo, narrativas históricas oficiales y de los museos, financiamientos, límites entre público y privado.
En el encuentro confluirán también trabajos de cada entidad en torno de imágenes emblemáticas de la historia reciente. Entre los participantes también están Iván Seixas, periodista y ex preso político, que representa a Memorial da Resistência de San Pablo, y Margarita Romero, sobreviviente de un centro clandestino durante la dictadura de Pinochet y presidenta de Parque por la Paz Villa Grimaldi, instalado donde funcionaba un cuartel de la DINA en el que estuvieron secuestradas Bachelet y su madre.
Es un claro rasgo de estas entidades: instalar memoriales y museos en los edificios emblemáticos de la represión. Hace seis años el ex presidente Néstor Kirchner recuperó el predio de la ESMA, donde hoy funciona el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, hecho concreto impensado poco tiempo atrás. El sitio y la hora parecen justos para hacer allí el Museo Nacional de la Memoria. Incluso, dadas las circunstancias y coordenadas, podría hablarse de cierto atraso.
El ojo que llora, Peru
DERECHOS HUMANOS Y CULTURA
“El desafío mayor es vincular los hechos del pasado con los contemporáneos, entendiendo que la memoria es fructífera si se establecen relaciones con los problemas más agudos que atraviesan las sociedades hoy”, dice Patricia Tappatá de Valdez, directora de Memoria Abierta desde que se fundó, diez años atrás, y cofundadora de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que tiene 247 miembros en seis continentes y 45 países.
“Porque de lo contrario –sigue– se convierte en un recuerdo que en general tiende a ser épico, o a veces nostálgico, pero no cumple el propósito de señalar luces y sombras de aquel pasado en el presente.” La transmisión de la memoria y la cultura política, los comportamientos autoritarios que subsisten en las democracias, el funcionamiento de los sitios de cara al público, son temas constantes de intercambio y reflexión.
“Nos interesa volver a mirar América latina hoy, porque nos parece que la región tiene una serie de posibilidades y perspectivas que no tenía hace una década –agrega–. De algún modo retomamos con mucha intensidad los lazos solidarios de los movimientos de derechos humanos que había entre distintos países a finales de los ’70 y los ’80, y a la vez buscamos nuevos vínculos. Nos interesa muchísimo la construcción horizontal.”
Tappatá de Valdez subraya que todos los sitios, museos e instituciones de la Red Latinoamericana están fuertemente anclados en la defensa de los derechos humanos y moviéndose hacia el terreno de la cultura.
“Esa plataforma, utilizada en sentido muy amplio, usando artefactos como el cine, video, documentos, muestras fotográficas, producción de libros, debe ser útil para cambiar muchos de los vínculos sociales y políticos que establecieron los ciudadanos con aquel pasado, para que el presente sea inclusivo, duradero, democrático –sostiene–.
Por otro lado, fortalecer los lazos en la región nos interesa porque trabajar juntos nos fortalece, porque creemos de verdad que aprendemos mucho unos de otros y porque las instancias de integración política no han tenido suficiente correlato en la sociedad civil: queremos ver cómo multiplicamos eso.”
La Red se plantea continuamente la ampliación de audiencias y públicos. “Si bien estamos anclados fuertemente en el núcleo duro de la defensa de los derechos humanos –concluye Tappatá de Valdez–, el objetivo es ir mucho más allá de los militantes. Nosotros les queremos hablar a aquellos que a duras penas pueden decir en voz alta que su país atravesó una dictadura.
A los que no saben, a los que no creen, a aquellos que están más lejos. Porque es mucho el esfuerzo de montar y gestionar lugares que tienen que estar abiertos al público, con programas para escuelas, mantenimiento, sólo para los que ya están convencidos. En ese sentido, hemos descubierto que la cultura en general, como plataforma de representación, es muy propicia”.
EL DIRECTOR DEL MUSEO DE LA MEMORIA DE ROSARIO: La condición humana
Por Ruben Chababo
¿Cómo convertir la voluntad de un sector directamente afectado, en una necesidad de la sociedad? ¿Cómo hacer para que ese relato ocupe un lugar, si no central de la escena cotidiana, al menos visible y al alcance de todos?
Construir un Museo de la Memoria que recuerde las causas y los efectos del Terrorismo de Estado sobre la sociedad civil, implica poder responder estas preguntas.
Pero mucho más que el imperativo de contar una historia este Museo debiera ser visto como el esfuerzo por recordar algo amenazado, como tantos otros episodios de la historia, por el olvido.
El museo es un vehículo de la memoria, no es la memoria. Un museo, ningún museo de pretendida proyección histórica, puede aspirar a contarlo todo y mucho menos a que todo el ayer se cobije en sus paredes.
Tampoco a que el relato o la evocación que se haga conforme por igual a todos los que forman parte de una sociedad. Una sociedad, cualquier comunidad humana, posee diferentes memorias y esas memorias poseen a su vez diferentes intensidades. Aquello que algunos recuerdan con estridencia otros lo han olvidado para siempre, lo que algunos eligen recordar, otros lo desechan, acomodando nombres, geografías, capítulos enteros del ayer en el desván del olvido.
En el caso preciso de museos que hacen centro en el recuerdo de hechos traumáticos o dolorosos padecidos por una comunidad, esto que aquí se dice, cobra aún mucho más fuerza.
En Lyon, por ejemplo, donde se erige el Museo de la Resistencia, la mitad de su población prefiere no mirar el lugar de emplazamiento de esa institución: su sola existencia les recuerda que hubo un ayer en el que esa ciudad, o parte importante de ella, colaboró para que fuera posible la deportación de miles de sus ciudadanos.
Y esto se repite por igual en la escena latinoamericana en la que memoriales y sitios de recordación tratan de despertar la conciencia de ciudadanos que prefieren ser poseedores de pasados sin el peso que implica cargar con el recuerdo de hechos tan dolorosos.
No podemos enjuiciar a quienes prefieren olvidar, pero sí podemos invitarlos a no ser indiferentes frente al dolor de los que memoran aquello que les fue arrebatado.
Estamos construyendo un Museo a partir de preguntas, a partir de interrogantes que se asientan sobre un puñado incuestionable de certezas.
Esas certezas son la evidencia histórica que no puede ni podrá ser negada: la existencia de un sistema concentracionario, la desaparición forzada de personas como práctica sistemática, la incógnita acerca del destino de centenares de niños nacidos en cautiverio, el calvario de familiares en busca de una respuesta que nunca fue otorgada.
Ese puñado de certezas alcanza como horizonte para que a partir de ellas formulemos un recorrido a través de una historia que desborda los años específicos que van del ’76 al ’83 y que nos hunde en la triste noche de tantas masacres olvidadas.
Una historia o relato que comprende a los hombres y mujeres devorados por la mano homicida del Estado en las huelgas del ’19, a las decenas de personas calcinadas por los bombardeos sobre Plaza de Mayo en 1955 o las almas vulneradas en las letrinas construidas por las tres A en los años previos al último golpe militar.
Forman todos esos hechos, capítulos diversos de lo que buscamos evocar. Un relato oscuro pero necesario de ser traído al presente, construido sobre una sintaxis que revela cuántas veces en nuestro país la condición humana fue vulnerada.
Estamos construyendo un Museo que pueda ser capaz de despertar el recuerdo de esos hechos, pero que también enseñe a las generaciones más jóvenes la importancia que supone el respeto y el cuidado de la vida y la dignidad humanas.
No estamos construyendo un Museo cerrado en sus lecturas, sino una institución que sobre a partir de la evocación de lo más triste de nuestro ayer invite a considerar y apreciar la importancia que supone la vida en libertad y democracia.
No construimos un Museo que deposita una fe ciega en la memoria. Pueblos y comunidades con memoria han vuelto a cometer los mismos y aún más atroces episodios que alguna vez juraron no repetir. Construimos un Museo que por el contrario, sabe de la labilidad de la memoria, que es consciente de que la condición humana es frágil y que es poderosa la tentación de destruir y dañar incluso lo más amado que se posee.
Por eso nuestra mirada y nuestra confianza apuestan a la educación como un pilar insoslayable para la construcción de cualquier sueño social a presente o a futuro. Al arte como herramienta sutil para nombrar lo que la lengua no alcanza a describir, a los documentos de la historia como marcas insoslayables a la hora de reconstruir el pasado.
No estamos construyendo un Museo del que podamos decir que la sencillez y la simpleza serán sus marcas diferenciales, mucho menos una Institución de la que podamos asegurar hoy lo que ella habrá de ser mañana. ¿Qué habrá de significarle la palabra dictadura a alguien nacido en el 2020? ¿Quién puede decirlo?
Sí estamos construyendo un Museo, ubicado en el centro mismo de la ciudad, a metros de una de las plazas más bellas que tenemos, que apuesta a recordarles a todos los ciudadanos que hubo un tiempo en el que el cielo de este país se oscureció por siete largos años y que esa belleza pudo convivir con el más oscuro de los infiernos, en el centro mismo de la ciudad, en el corazón mismo de la vida cotidiana.
Ese solo dato justifica cualquier desafío de memoración.
En esa sutil y poderosa evidencia se asienta la misión y el esfuerzo de la institución que estamos construyendo.
EL DIRECTOR DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA POLICIA NACIONAL DE GUATEMALA: Un archivo para el Nunca Más
Por Gustavo Meoño Brenner
En Guatemala habíamos terminado creyéndonos el cuento de que no existían archivos; que los militares los habían destruido antes de firmar la paz con la insurgencia.
Por ello, en julio de 2005 resultaba increíble, casi un sueño, tener la oportunidad de salvar, organizar y abrir al acceso público cerca de 80 millones de documentos generados por la Policía Nacional a lo largo de 115 años de historia.
Hoy, cinco años después, el sueño es una realidad. Ya solamente quedan fotografías de aquellos 7900 metros lineales de paquetes de documentos –casi ocho kilómetros– apilados en los múltiples recovecos, húmedos y oscuros, de un edificio casi abandonado.
La mayor parte de los documentos han recibido ya una atención archivística básica y casi 12 millones de folios han sido organizados, descritos archivísticamente y digitalizados para ponerlos a disposición de víctimas sobrevivientes, de familiares de víctimas, del Ministerio Público y de la más diversa gama de personas e instituciones interesadas en la investigación.
Para el colectivo que ha llevado adelante este esfuerzo, compuesto por 150 mujeres y hombres –jóvenes en su mayoría–, la mayor satisfacción radica en haber podido entregar en año y medio cerca de 85 mil copias de documentos en respuesta a más de 4 mil solicitudes de información.
En numerosos casos de familiares de víctimas, la información obtenida contiene las primeras respuestas a las interrogantes que los han mantenido en la angustia de la incertidumbre a lo largo de 25 o 30 años. Y ello tiene un evidente efecto reparador. Muchos de esos documentos han resultado de gran utilidad para los primeros juicios que se están llevando a cabo en contra de agentes y mandos de policía, acusados de delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.
Paine, un lugar para la memoria, Chile
Al valor innegable de un archivo histórico de esta naturaleza y magnitud, se agrega la importancia de estar depositado en un edificio en el que funcionó uno de los cuerpos de policía más represivos durante el gobierno militar del general Efraín Ríos Montt.
Existen múltiples testimonios sobre la práctica, entre 1982 y 1983, de las detenciones clandestinas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en ese tenebroso Sexto Cuerpo de la Policía Nacional. Resulta también muy gratificante haber logrado la recuperación de esos espacios para la causa de la memoria y la verdad, en el proceso que está convirtiendo a ese viejo edificio y al archivo histórico que alberga en un importante Sitio de Conciencia para Guatemala.
Cada día un número creciente de personas de todas las edades visita el Archivo Histórico de la Policía Nacional, para apreciar ese acervo –único e irrepetible– y conocer los procesos de trabajo que están permitiendo su recuperación. Uno de los mayores retos ahora es fortalecer la naturaleza memorial del lugar y dotarlo de los elementos museísticos necesarios.
Dentro de los planes para el próximo año se ha priorizado el trabajo con jóvenes estudiantes, promoviendo el conocimiento del archivo y el edificio del ex Sexto Cuerpo de la Policía Nacional, dentro de un programa que incluye proyección de documentales, conferencias y exposiciones.
Esta es nuestra contribución para que la memoria, la verdad y la justicia tengan el lugar que les corresponde en este país donde el genocidio perpetrado por los gobiernos militares dejó el saldo espantoso de 155 mil muertos y 45 mil detenidos desaparecidos. Es el aporte de este colectivo para que en Guatemala Nunca Más se repitan esas atrocidades.
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Página 12.14 9 10. Por Angel Berlanga.
Con un foro público que pondrá sobre la mesa experiencias en Rosario, Santiago (Chile), Guatemala, Perú y El Salvador, el lanzamiento de un portal común y la participación de veinticinco entidades del continente, este Seminario Regional se propone, como plantea Patricia Tappatá de Valdez, directora de Memoria Abierta, ir más allá de los militantes y llegar “a los que no saben, a los que no creen, a los que a duras penas pueden decir en voz alta que su país atravesó una dictadura”.
Terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad, masacres, matanzas a cargo de paramilitares: ¿qué país de Latinoamérica no padeció, en las últimas tres o cuatro décadas, alguna o varias de estas gestas criminales? ¿Y cómo dar cuenta de lo ocurrido, de esas decenas de miles de asesinatos, de las organizaciones y responsables homicidas que los promovieron, de las víctimas secuestradas, torturadas, desaparecidas?
En sintonía con el resurgimiento con fuerza de la noción de lo continental en lo que va de este milenio (un fenómeno muy palpable desde lo político, económico y simbólico en entidades como Mercosur o Unasur), las organizaciones dedicadas a los derechos humanos en la región, que trabajan enfrentando a la impunidad y al olvido que abona más impunidad, estrechan sus vínculos, intercambian experiencias y encaran actividades conjuntas con la idea de robustecer lo continental, también, desde lo cultural y lo social.
En ese sentido, una prueba incontrastable será el IV Seminario Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia, que se pondrá en marcha mañana, aquí, en Buenos Aires, con la coordinación de Memoria Abierta y la participación de representantes de 25 entidades (museos, archivos, asociaciones, memoriales) pertenecientes a once países.
Museo de la Memoria, Chile
DONDE ESTUVO EL HORROR
Como para ir presentando alguna de las vertientes y la diversidad del encuentro –que durará tres jornadas y se desarrollará en varias sedes– será útil anotar la actividad a la que el público tendrá acceso: Museos de memoria en América Latina. Cinco experiencias en diálogo. Los que participan:
- El director del Museo de la Palabra y la Imagen de El Salvador, Carlos Henriquez Consalvi, mucho más conocido en su país como Santiago, periodista, escritor y fundador y voz de Radio Venceremos, de la insurgencia salvadoreña. El Museo, fundado por él, funciona como archivo, genera publicaciones de libros y revistas, y trabaja con comunidades indígenas.
- Germán Vargas, director de la Asociación Paz y Esperanza, una ONG peruana que trabaja sobre todo con sectores en extrema pobreza y sin acceso a la justicia, y que ha impulsado el establecimiento de dos sitios históricos en Ayacucho (Totos y Puttaca), epicentro del conflicto armado interno que duró dos décadas, con el ejército y Sendero Luminoso como protagonistas.
- Marcelino Hernández Gómez, dirigente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en Chiapas, un organismo civil que prioriza los derechos de pueblos indígenas, en especial en lo que hace a territorio, justicia, lucha contra la represión, búsqueda de desarme. Pertenece a la etnia tzeltal.
- Romy Schmidt Crnosija, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, Chile, autora del primer catastro de centros de detención y tortura del país y responsable de la recuperación para el Estado de varios ex centros de tortura, fue nombrada por Michelle Bachelet a comienzos de este año. La misión del Museo es dar a conocer los crímenes durante el pinochetismo, 1973-1990.
- Rubén Chababo, director del Museo de la Memoria de Rosario (que desde el próximo 10 de diciembre pasará a funcionar en el edificio de lo que fue el Segundo Cuerpo de Ejército durante la dictadura). Chababo (que escribe en estas páginas sobre el debate planteado de cara a la sociedad sobre la construcción del Museo) es uno de los primeros de América latina en trabajar sobre causas y consecuencias del accionar del Estado terrorista.
Laten la complejidad y la diversidad: entidades gubernamentales, ong, iniciativas de grupos; problemáticas actuales y/o ocurridas hace ya tiempo; países con juicios en marcha más allá de los años transcurridos (Argentina, por caso) y otros en los que se propicia impunidad: el viernes pasado, por citar un documento muy reciente, 26 entidades latinoamericanas repudiaron al gobierno peruano por decretar límites a la persecución penal de fuerzas armadas y policiales implicadas en graves violaciones a los derechos humanos.
Las diferencias históricas y de contexto, sin embargo, no empañan el núcleo de la búsqueda: cómo dar cuenta de los crímenes sistemáticos. Hombres y mujeres machacados por grupos de poder. Así que cada uno cuenta cómo es su problemática y cómo la afronta. ¿Cómo se construyen esos relatos, a quiénes están dirigidos, qué sentidos se ponen en juego para entender y pensar al respecto?
Las experiencias que responden a esas preguntas, planteadas para el foro, están sobre la mesa para ser compartidas. A partir de mañana estarán, además, sistematizadas: es que el encuentro servirá, también, para inaugurar el portal Sitios de Memoria en América latina, desde donde podrán intercambiar herramientas de trabajo, materiales e información sobre las tareas y recursos instrumentados por cada entidad.
Ya por fuera del foro público, en el seminario se trabajará sobre la representación de los momentos políticos claves, como transiciones a la democracia o momentos de fractura institucional, el rol del gobierno en la construcción del museo, narrativas históricas oficiales y de los museos, financiamientos, límites entre público y privado.
En el encuentro confluirán también trabajos de cada entidad en torno de imágenes emblemáticas de la historia reciente. Entre los participantes también están Iván Seixas, periodista y ex preso político, que representa a Memorial da Resistência de San Pablo, y Margarita Romero, sobreviviente de un centro clandestino durante la dictadura de Pinochet y presidenta de Parque por la Paz Villa Grimaldi, instalado donde funcionaba un cuartel de la DINA en el que estuvieron secuestradas Bachelet y su madre.
Es un claro rasgo de estas entidades: instalar memoriales y museos en los edificios emblemáticos de la represión. Hace seis años el ex presidente Néstor Kirchner recuperó el predio de la ESMA, donde hoy funciona el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, hecho concreto impensado poco tiempo atrás. El sitio y la hora parecen justos para hacer allí el Museo Nacional de la Memoria. Incluso, dadas las circunstancias y coordenadas, podría hablarse de cierto atraso.
El ojo que llora, Peru
DERECHOS HUMANOS Y CULTURA
“El desafío mayor es vincular los hechos del pasado con los contemporáneos, entendiendo que la memoria es fructífera si se establecen relaciones con los problemas más agudos que atraviesan las sociedades hoy”, dice Patricia Tappatá de Valdez, directora de Memoria Abierta desde que se fundó, diez años atrás, y cofundadora de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que tiene 247 miembros en seis continentes y 45 países.
“Porque de lo contrario –sigue– se convierte en un recuerdo que en general tiende a ser épico, o a veces nostálgico, pero no cumple el propósito de señalar luces y sombras de aquel pasado en el presente.” La transmisión de la memoria y la cultura política, los comportamientos autoritarios que subsisten en las democracias, el funcionamiento de los sitios de cara al público, son temas constantes de intercambio y reflexión.
“Nos interesa volver a mirar América latina hoy, porque nos parece que la región tiene una serie de posibilidades y perspectivas que no tenía hace una década –agrega–. De algún modo retomamos con mucha intensidad los lazos solidarios de los movimientos de derechos humanos que había entre distintos países a finales de los ’70 y los ’80, y a la vez buscamos nuevos vínculos. Nos interesa muchísimo la construcción horizontal.”
Tappatá de Valdez subraya que todos los sitios, museos e instituciones de la Red Latinoamericana están fuertemente anclados en la defensa de los derechos humanos y moviéndose hacia el terreno de la cultura.
“Esa plataforma, utilizada en sentido muy amplio, usando artefactos como el cine, video, documentos, muestras fotográficas, producción de libros, debe ser útil para cambiar muchos de los vínculos sociales y políticos que establecieron los ciudadanos con aquel pasado, para que el presente sea inclusivo, duradero, democrático –sostiene–.
Por otro lado, fortalecer los lazos en la región nos interesa porque trabajar juntos nos fortalece, porque creemos de verdad que aprendemos mucho unos de otros y porque las instancias de integración política no han tenido suficiente correlato en la sociedad civil: queremos ver cómo multiplicamos eso.”
La Red se plantea continuamente la ampliación de audiencias y públicos. “Si bien estamos anclados fuertemente en el núcleo duro de la defensa de los derechos humanos –concluye Tappatá de Valdez–, el objetivo es ir mucho más allá de los militantes. Nosotros les queremos hablar a aquellos que a duras penas pueden decir en voz alta que su país atravesó una dictadura.
A los que no saben, a los que no creen, a aquellos que están más lejos. Porque es mucho el esfuerzo de montar y gestionar lugares que tienen que estar abiertos al público, con programas para escuelas, mantenimiento, sólo para los que ya están convencidos. En ese sentido, hemos descubierto que la cultura en general, como plataforma de representación, es muy propicia”.
EL DIRECTOR DEL MUSEO DE LA MEMORIA DE ROSARIO: La condición humana
Por Ruben Chababo
¿Cómo convertir la voluntad de un sector directamente afectado, en una necesidad de la sociedad? ¿Cómo hacer para que ese relato ocupe un lugar, si no central de la escena cotidiana, al menos visible y al alcance de todos?
Construir un Museo de la Memoria que recuerde las causas y los efectos del Terrorismo de Estado sobre la sociedad civil, implica poder responder estas preguntas.
Pero mucho más que el imperativo de contar una historia este Museo debiera ser visto como el esfuerzo por recordar algo amenazado, como tantos otros episodios de la historia, por el olvido.
El museo es un vehículo de la memoria, no es la memoria. Un museo, ningún museo de pretendida proyección histórica, puede aspirar a contarlo todo y mucho menos a que todo el ayer se cobije en sus paredes.
Tampoco a que el relato o la evocación que se haga conforme por igual a todos los que forman parte de una sociedad. Una sociedad, cualquier comunidad humana, posee diferentes memorias y esas memorias poseen a su vez diferentes intensidades. Aquello que algunos recuerdan con estridencia otros lo han olvidado para siempre, lo que algunos eligen recordar, otros lo desechan, acomodando nombres, geografías, capítulos enteros del ayer en el desván del olvido.
En el caso preciso de museos que hacen centro en el recuerdo de hechos traumáticos o dolorosos padecidos por una comunidad, esto que aquí se dice, cobra aún mucho más fuerza.
En Lyon, por ejemplo, donde se erige el Museo de la Resistencia, la mitad de su población prefiere no mirar el lugar de emplazamiento de esa institución: su sola existencia les recuerda que hubo un ayer en el que esa ciudad, o parte importante de ella, colaboró para que fuera posible la deportación de miles de sus ciudadanos.
Y esto se repite por igual en la escena latinoamericana en la que memoriales y sitios de recordación tratan de despertar la conciencia de ciudadanos que prefieren ser poseedores de pasados sin el peso que implica cargar con el recuerdo de hechos tan dolorosos.
No podemos enjuiciar a quienes prefieren olvidar, pero sí podemos invitarlos a no ser indiferentes frente al dolor de los que memoran aquello que les fue arrebatado.
Estamos construyendo un Museo a partir de preguntas, a partir de interrogantes que se asientan sobre un puñado incuestionable de certezas.
Esas certezas son la evidencia histórica que no puede ni podrá ser negada: la existencia de un sistema concentracionario, la desaparición forzada de personas como práctica sistemática, la incógnita acerca del destino de centenares de niños nacidos en cautiverio, el calvario de familiares en busca de una respuesta que nunca fue otorgada.
Ese puñado de certezas alcanza como horizonte para que a partir de ellas formulemos un recorrido a través de una historia que desborda los años específicos que van del ’76 al ’83 y que nos hunde en la triste noche de tantas masacres olvidadas.
Una historia o relato que comprende a los hombres y mujeres devorados por la mano homicida del Estado en las huelgas del ’19, a las decenas de personas calcinadas por los bombardeos sobre Plaza de Mayo en 1955 o las almas vulneradas en las letrinas construidas por las tres A en los años previos al último golpe militar.
Forman todos esos hechos, capítulos diversos de lo que buscamos evocar. Un relato oscuro pero necesario de ser traído al presente, construido sobre una sintaxis que revela cuántas veces en nuestro país la condición humana fue vulnerada.
Estamos construyendo un Museo que pueda ser capaz de despertar el recuerdo de esos hechos, pero que también enseñe a las generaciones más jóvenes la importancia que supone el respeto y el cuidado de la vida y la dignidad humanas.
No estamos construyendo un Museo cerrado en sus lecturas, sino una institución que sobre a partir de la evocación de lo más triste de nuestro ayer invite a considerar y apreciar la importancia que supone la vida en libertad y democracia.
No construimos un Museo que deposita una fe ciega en la memoria. Pueblos y comunidades con memoria han vuelto a cometer los mismos y aún más atroces episodios que alguna vez juraron no repetir. Construimos un Museo que por el contrario, sabe de la labilidad de la memoria, que es consciente de que la condición humana es frágil y que es poderosa la tentación de destruir y dañar incluso lo más amado que se posee.
Por eso nuestra mirada y nuestra confianza apuestan a la educación como un pilar insoslayable para la construcción de cualquier sueño social a presente o a futuro. Al arte como herramienta sutil para nombrar lo que la lengua no alcanza a describir, a los documentos de la historia como marcas insoslayables a la hora de reconstruir el pasado.
No estamos construyendo un Museo del que podamos decir que la sencillez y la simpleza serán sus marcas diferenciales, mucho menos una Institución de la que podamos asegurar hoy lo que ella habrá de ser mañana. ¿Qué habrá de significarle la palabra dictadura a alguien nacido en el 2020? ¿Quién puede decirlo?
Sí estamos construyendo un Museo, ubicado en el centro mismo de la ciudad, a metros de una de las plazas más bellas que tenemos, que apuesta a recordarles a todos los ciudadanos que hubo un tiempo en el que el cielo de este país se oscureció por siete largos años y que esa belleza pudo convivir con el más oscuro de los infiernos, en el centro mismo de la ciudad, en el corazón mismo de la vida cotidiana.
Ese solo dato justifica cualquier desafío de memoración.
En esa sutil y poderosa evidencia se asienta la misión y el esfuerzo de la institución que estamos construyendo.
EL DIRECTOR DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA POLICIA NACIONAL DE GUATEMALA: Un archivo para el Nunca Más
Por Gustavo Meoño Brenner
En Guatemala habíamos terminado creyéndonos el cuento de que no existían archivos; que los militares los habían destruido antes de firmar la paz con la insurgencia.
Por ello, en julio de 2005 resultaba increíble, casi un sueño, tener la oportunidad de salvar, organizar y abrir al acceso público cerca de 80 millones de documentos generados por la Policía Nacional a lo largo de 115 años de historia.
Hoy, cinco años después, el sueño es una realidad. Ya solamente quedan fotografías de aquellos 7900 metros lineales de paquetes de documentos –casi ocho kilómetros– apilados en los múltiples recovecos, húmedos y oscuros, de un edificio casi abandonado.
La mayor parte de los documentos han recibido ya una atención archivística básica y casi 12 millones de folios han sido organizados, descritos archivísticamente y digitalizados para ponerlos a disposición de víctimas sobrevivientes, de familiares de víctimas, del Ministerio Público y de la más diversa gama de personas e instituciones interesadas en la investigación.
Para el colectivo que ha llevado adelante este esfuerzo, compuesto por 150 mujeres y hombres –jóvenes en su mayoría–, la mayor satisfacción radica en haber podido entregar en año y medio cerca de 85 mil copias de documentos en respuesta a más de 4 mil solicitudes de información.
En numerosos casos de familiares de víctimas, la información obtenida contiene las primeras respuestas a las interrogantes que los han mantenido en la angustia de la incertidumbre a lo largo de 25 o 30 años. Y ello tiene un evidente efecto reparador. Muchos de esos documentos han resultado de gran utilidad para los primeros juicios que se están llevando a cabo en contra de agentes y mandos de policía, acusados de delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.
Paine, un lugar para la memoria, Chile
Al valor innegable de un archivo histórico de esta naturaleza y magnitud, se agrega la importancia de estar depositado en un edificio en el que funcionó uno de los cuerpos de policía más represivos durante el gobierno militar del general Efraín Ríos Montt.
Existen múltiples testimonios sobre la práctica, entre 1982 y 1983, de las detenciones clandestinas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en ese tenebroso Sexto Cuerpo de la Policía Nacional. Resulta también muy gratificante haber logrado la recuperación de esos espacios para la causa de la memoria y la verdad, en el proceso que está convirtiendo a ese viejo edificio y al archivo histórico que alberga en un importante Sitio de Conciencia para Guatemala.
Cada día un número creciente de personas de todas las edades visita el Archivo Histórico de la Policía Nacional, para apreciar ese acervo –único e irrepetible– y conocer los procesos de trabajo que están permitiendo su recuperación. Uno de los mayores retos ahora es fortalecer la naturaleza memorial del lugar y dotarlo de los elementos museísticos necesarios.
Dentro de los planes para el próximo año se ha priorizado el trabajo con jóvenes estudiantes, promoviendo el conocimiento del archivo y el edificio del ex Sexto Cuerpo de la Policía Nacional, dentro de un programa que incluye proyección de documentales, conferencias y exposiciones.
Esta es nuestra contribución para que la memoria, la verdad y la justicia tengan el lugar que les corresponde en este país donde el genocidio perpetrado por los gobiernos militares dejó el saldo espantoso de 155 mil muertos y 45 mil detenidos desaparecidos. Es el aporte de este colectivo para que en Guatemala Nunca Más se repitan esas atrocidades.
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Eduardo Galeano recibe premio Stig Dagerman en Suecia
Por Agencia EFE
Copenhague, 12 sep (EFE).- El escritor uruguayo Eduardo Galeano recibió hoy en la localidad sueca de Laxön (norte), el premio Stig Dagerman, uno de los más prestigiosos galardones literarios en Suecia.
Galeano fue distinguido con el galardón, llamado "Un día al año", por estar "siempre y de forma inquebrantable del lado de los condenados", por escuchar y transmitir su testimonio mediante la poesía, el periodismo, la prosa y el activismo, según el jurado.
Durante el acto de entrega, el autor uruguayo leyó fragmentos de su obra "El libro de los abrazos", que acaba de ser traducida al sueco, y participó en un coloquio con escritores de este país escandinavo.
El galardón, dotado con 50.000 coronas suecas (unos 6.900 dólares), fue otorgado por primera vez en 1996 y lleva el nombre de Stig Dagerman (1923-1954), autor anarquista y uno de los principales escritores suecos de la década de 1940.
Con él se distingue a personas y organizaciones que siguiendo el espíritu de Dagerman defienden la importancia y la accesibilidad a la palabra libre.
En el palmarés del premio figuran, entre otros, la austríaca Elfriede Jelinek (2004) y el francés Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008), que ganaron justo ese año el Nobel de Literatura.
Galeano tiene previsto pronunciar este martes una conferencia en la Universidad de Estocolmo sobre "Los pecados mortales en el mundo al revés".
LOS CAMINOS DEL VIENTO
Por Eduardo Galeano
Querido Stig:
Ojalá seamos dignos de tu desesperada esperanza.
Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano.
Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común.
Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las Madres de Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.
Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados.
Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta luego.
Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo.
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Copenhague, 12 sep (EFE).- El escritor uruguayo Eduardo Galeano recibió hoy en la localidad sueca de Laxön (norte), el premio Stig Dagerman, uno de los más prestigiosos galardones literarios en Suecia.
Galeano fue distinguido con el galardón, llamado "Un día al año", por estar "siempre y de forma inquebrantable del lado de los condenados", por escuchar y transmitir su testimonio mediante la poesía, el periodismo, la prosa y el activismo, según el jurado.
Durante el acto de entrega, el autor uruguayo leyó fragmentos de su obra "El libro de los abrazos", que acaba de ser traducida al sueco, y participó en un coloquio con escritores de este país escandinavo.
El galardón, dotado con 50.000 coronas suecas (unos 6.900 dólares), fue otorgado por primera vez en 1996 y lleva el nombre de Stig Dagerman (1923-1954), autor anarquista y uno de los principales escritores suecos de la década de 1940.
Con él se distingue a personas y organizaciones que siguiendo el espíritu de Dagerman defienden la importancia y la accesibilidad a la palabra libre.
En el palmarés del premio figuran, entre otros, la austríaca Elfriede Jelinek (2004) y el francés Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008), que ganaron justo ese año el Nobel de Literatura.
Galeano tiene previsto pronunciar este martes una conferencia en la Universidad de Estocolmo sobre "Los pecados mortales en el mundo al revés".
LOS CAMINOS DEL VIENTO
Por Eduardo Galeano
Querido Stig:
Ojalá seamos dignos de tu desesperada esperanza.
Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano.
Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común.
Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las Madres de Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.
Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados.
Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta luego.
Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo.
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viernes, 17 de septiembre de 2010
Aterrizan
Piden procesamientos por el homicidio de Chaves Sosa, en 1976.
La Diaria. 17 9 10. Por Lourdes Rodríguez.
Están citados para hoy a las 14.00, en el juzgado de Misiones y 25 de Mayo, el ex aviador José Uruguay Araújo Umpiérrez -que en 1976 ocupaba el cargo de subdirector del Servicio de Información de Defensa y es señalado como coordinador del segundo vuelo- y los entonces tenientes Enrique Rivero y Alejandro López para ser notificados del pedido de procesamiento por el homicidio de Ubagesner Chaves Sosa, en junio de 1976.
Chaves Sosa fue capturado el 28 de mayo y trasladado a esa unidad militar, en la que murió a consecuencia de los apremios físicos durante el interrogatorio.
Los tres habían declarado en calidad de indagados el 24 de agosto ante la fiscal Ana María Tellechea y la jueza Mariana Mota. Comparecieron un día antes de que la viuda del militante del Partido Comunista, Isidora Musco, regresara, 34 años después, a la Unidad de Servicios de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”, donde fue asesinado su esposo y en la que ella también estuvo presa, pero esa vez como denunciante y por orden judicial. Lo hizo acompañada de la hija de ambos, Valentina Chaves, también denunciante, y de tres testigos que reconocieron en el establecimiento el lugar del crimen.
Tras la instancia de prueba en Boiso Lanza, la jueza tomó declaraciones a más testigos. En esta jornada Mota podría determinar si hace o no lugar a los pedidos de procesamiento por parte de la representante del Ministerio Público, según informaron fuentes del caso. La denuncia por el homicidio de Chaves Sosa fue radicada en 2008, a casi tres años de que el cuerpo fuera hallado enterrado con cal y sin las falanges -en noviembre de 2005-, en una chacra de Pando.
Su hallazgo se produjo siguiendo los datos aportados en un informe por la Fuerza Aérea Uruguaya, entregado a Tabaré Vázquez por el entonces comandante en jefe, Enrique Bonelli. Se trató de la primera identificación de los restos de una persona desaparecida durante la dictadura.
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Día del Liberad@
Club Bohemios. 14 de marzo 2010
Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social
Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@
Salsipuedes
Abril de 2010
Vocal
Chela Fontora
Vicepresidente
Baldemar Taroco
Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz
Secretario
Enrique Chalar
Presidente
Gastón Grisoni